El economista, eso sí, advierte que el país tiene una serie de desafíos para ingresar al primer mundo, como la desigualdad y mejorar la educación.
Felipe Morandé es desde julio del año pasado el embajador chileno ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El economista de la UC cuenta que durante su periplo en el organismo con sede en París, Francia, ha podido confirmar “in situ” que la percepción que tiene el mundo desarrollado sobre Chile ha cambiado, que hoy lo vuelven a mirar como el alumno aventajado de la clase en América Latina.
Todo esto, en medio de un crecimiento económico que habría alcanzado el 4% en 2018.
Sin embargo, el diplomático también es consciente de los desafíos que tiene el país para considerarse plenamente como un integrante del “primer mundo”, siendo los principales la desigualdad y la calidad de la educación, dice. El exministro de Transportes y otrora gerente de Estudios del Banco Central, también anticipa los proyectos en los que la OCDE asesorará a Chile este año.
– Chile probablemente creció 4% el año pasado, liderando el crecimiento en América Latina. ¿Cómo se percibe al país en la OCDE?
– Existe plena conciencia del fuerte repunte que ha mostrado la inversión privada desde el año pasado, el que se atribuye tanto a las mejores perspectivas de la inversión minera como al mejor clima de negocios asociado a un programa de gobierno que pone foco en el crecimiento económico y en destrabar inversiones.
Se valora la recuperación de la austeridad fiscal, la modernización tributaria propuesta y la reforma al sistema de pensiones, en tanto todas estas políticas cuadran con las recomendaciones de la OCDE.
– ¿Se percibe a nivel de la OCDE un despertar de Chile en materia económica?
– Se aprecia un Gobierno que tiene un programa que, con sus reformas, apunta en la dirección correcta para que Chile avance más rápido al desarrollo pleno.
En la OCDE se promueve el concepto de “crecimiento inclusivo”, que no es otra cosa que orientar las políticas hacia un mayor crecimiento económico, pero al mismo tiempo nivelar la cancha de las oportunidades para todos los que no se benefician directamente con ese mayor crecimiento y proteger el medio ambiente. La virtud es implementar políticas que puedan ser amistosas con estos objetivos en forma simultánea. Y creo que la búsqueda de un desarrollo “integral” que plantea el Gobierno está inspirada en ese equilibrio.
– ¿Cuánto preocupa la desaceleración de la economía chilena que se ha visto desde la segunda parte del año pasado?
– Se ve como algo normal tomando en consideración el enfriamiento de la economía mundial a partir del segundo trimestre del año pasado. Chile es una economía cuya suerte está muy vinculada a los ciclos de la economía mundial.
Por otra parte, la OCDE evalúa positivamente el foco de la modernización tributaria en aumentar la inversión, sin que se deterioren las cuentas públicas, por lo que su implementación se juzga como un paso relevante en la dirección de conseguir un aumento en el crecimiento de más mediano plazo, tal vez a partir de 2020.
– En 2020 nuestro país cumple 10 años en la OCDE. ¿Cuánto le falta al país para considerarse desarrollado?
– Si lo medimos en términos de PIB per cápita, estamos bastante próximos, posiblemente a no más de 4 a 5 años si mantenemos tasas de crecimiento como las del año pasado. En varios otros aspectos, el país tiene ya un nivel de desarrollo alto, como la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil, la cobertura de la educación universitaria, la solidez de instituciones como el Banco Central, la estabilidad financiera, el Estado de Derecho, etc.
Pero hay varios otros en que nos falta mucho. No obstante los avances en las últimas tres décadas, la distribución del ingreso sigue siendo muy desigual comparada con los países OCDE, lo que refleja un enorme déficit de capital humano y una consecuente baja productividad laboral.
– ¿Cuáles son los principales temas que Chile debe resolver para ser un país desarrollado?
– Todas las fichas que pongamos en mejorar la calidad de la educación y en implementar un cambio copernicano en materia de capacitación laboral nos acercarán a ser un país más plenamente desarrollado. Esto es hoy casi un “desde”, considerando los desafíos y oportunidades que plantea la revolución digital y el envejecimiento de la población.
Agregaría una imprescindible modernización del Estado, al estilo neozelandés, y un fuerte impulso a la innovación -a todo nivel-, a la ciencia, a la tecnología.
Regulación y género: los proyectos en carpeta
– ¿Cuáles son los objetivos de la representación ante la OCDE para este año?
– Este año querríamos que aumentara la presencia de ministros y jefes de servicios como expositores en conferencias de alto nivel, que aumentaran los proyectos de asesoría OCDE que se justifiquen, facilitar el apoyo de la OCDE a la presidencia chilena de la APEC y empujar para que cerremos nuestros compromisos post acceso.
– ¿En qué proyectos la OCDE asesorará a Chile este año?
– Está en marcha un proyecto del Ministerio de Economía sobre armonización regulatoria entre Chile y otros países relevantes, en cuatro sectores: alimentos, puertos, productos farmacéuticos y telecomunicaciones. Las recomendaciones que emerjan de aquí están pensadas como una herramienta para promover la inversión en estos sectores.
En diciembre se firmó un proyecto entre Hacienda y la OCDE sobre la modernización de ChileAtiende Por otra parte, se está pronto a materializar un estudio para el Ministerio de la Mujer que medirá la importancia del trabajo no remunerado que realizan en el hogar principalmente mujeres.
En educación, a nuestra participación en la prueba PISA agregamos la prueba Piaac (adultos) y Talis (profesores), en la que actualmente estamos participando en la versión específica de profesores de primera infancia.
Impuesto digital: OCDE propone aplicar IVA
– ¿Cómo percibe la OCDE las reformas del gobierno, en especial pensiones e impuestos?
– La OCDE ha dado su apoyo explícito al proyecto de modernización tributaria en cuanto a su propósito de fomentar la inversión privada, de simplificar el sistema y de hacerlo más equitativo horizontalmente, entre otras cosas, y ha ofrecido su asesoría para perfeccionar la propuesta de un impuesto digital.
En cuanto a la reforma de pensiones, la OCDE valora el aumento propuesto a la tasa de cotización, los incentivos para extender la vida laboral y el sustancial incremento en el pilar solidario. También aplaude la extensión de las cotizaciones obligatorias a los trabajadores independientes y la introducción de más competencia en la industria de los fondos de pensiones, aunque señalan que sobre esta última materia se pueden realizar mejoras.
– La OCDE envió una carta al ministro Larraín mostrando algunas objeciones respecto al diseño del impuesto digital. ¿Está de acuerdo con esas aprensiones?
– La OCDE tiene el mandato de generar un acuerdo global respecto de la aplicación de impuestos a la renta de los servicios digitales cuando ellos involucran a más de un país para el año 2020. No es una tarea fácil porque hay posiciones disímiles entre Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, y otros países. Pero no hay reparo ninguno a la aplicación del IVA, ahí donde exista, a la venta de estos servicios.
La OCDE cree que en Chile debiese aplicarse el IVA en lugar del 10% propuesto por el Gobierno y esperar el acuerdo macro 2020 para el caso del impuesto a la renta. Pero el camino de tener un impuesto especial de baja tasa lo han seguido ya algunos países europeos, por lo que existe el precedente. En todo caso, este es un asunto donde el Gobierno está conversando con la OCDE.
Fuente: Diario Financiero, enero 29 de 2019
Modernizar el sistema de licencias médicas
29/01/2019 – Una mirada detallada al sistema de pago de las licencias médicas y los recursos que involucra se ha vuelto impostergable. Al menos así lo ha entendido el gobierno, que ha puesto en marcha un plan de automatización y modernización de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, más conocida como Compin.
Entre 2012 y 2017 el número de licencias subió en más de un millón, lo que significó un aumento del 80% en el gasto por subsidio.
En 2017 se gastaron US$ 1.800 millones en pago de licencias médicas, de los cuales US$ 570 millones corresponden a licencias injustificadas de acuerdo a cálculos de Inmune, una empresa del Grupo Alto.
Hasta marzo del año pasado en Chile aún un 65% de las licencias se emitía en papel, lo que derivaba en un proceso de pago lento y de difícil fiscalización. Para subsanar esto, la Subsecretaría de Salud Pública se propuso como meta llegar este año a un 70% de licencias emitidas electrónicamente y para lograrlo, puso un límite de tres talonarios en papel (cada uno trae 50 licencias) como máximo por cada médico. El resto de licencias que se otorgue tendrá que ser necesariamente de forma electrónica.
La realidad del Compin complica aún más las cosas: cuenta con 150 médicos en todo el país, que deben procesar, cada uno, 500 licencias diarias en promedio.
La importancia de que este sistema funcione bien no afecta sólo al Estado. Se calcula que en promedio se pierden 2,4 días por trabajador, por abuso de licencias médicas. La ausencia injustificada de un trabajador también aumenta los costos porque se acumulan vacaciones, antiguedad, se incurre en gasto al capacitar a su reemplazante -además de que éste tiene menor productividad- y la compañía debe costear beneficios adicionales como seguros colectivos, de invalidez y sobrevivencia, cesantía y mutual, entre otros.
Así las cosas, una reforma como la que propone la subsecretaría se ha vuelto indispensable y debe contar con el apoyo de todo el aparato estatal y de los gremios involucrados –isapres, médicos- para poder avanzar lo más rápido posible.