Según estudio realizado por Econsult, encargado por gremio Asimet:
Minería y agro serían las áreas más impactadas con propuesta constitucional
«Existe un conjunto de elementos que llevan a catalogar tales sectores como los más afectados», señalan autores. Entre estos están derechos de agua, naturaleza, y otros.
La propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará en un par de semanas más generará una serie de cambios que terminarán impactando a diversos sectores productivos del país. Según un estudio realizado por Econsult, encargado por el gremio Asimet, con la propuesta de Carta Magna, la minería, el silvoagropecuario y la pesca serían los más impactados. En su conjunto, estos tres sectores representan un 60% de las exportaciones, un 20% del empleo y un 20% del PIB.
«Existe un conjunto de elementos que llevan a catalogar tales sectores como los más afectados, entre los que se encuentran: derechos de agua, derechos de la naturaleza, restauración de tierras, entre otros elementos», explican desde Econsult.
Por ejemplo, señalan, en el caso de derecho de propiedad no existe garantía de que la indemnización en caso de expropiación sea al contado y al precio de mercado. «Las inversiones en mercado. «Las inversiones en estos sectores se verán afectadas, paralizando su crecimiento. Por lo tanto, habría menos exploración minera y menos inversión forestal», sostiene. También está la restitución de tierras, donde explica que extensiones de tierras pueden ser potencialmente expropiadas para ser entregadas a grupos de representación indígena, sin tener claro si se paga precio de mercado ni al contado. «Los sectores de minería y forestal son especialmente afectados por este tema», señalan.
En el caso de los derechos de agua, plantea que la minería y el sector silvoagropecuario son altamente dependientes del agua, por lo que no pueden realizar sus labores si no tienen acceso. «Los nuevos derechos de agua dependerían de autorizaciones de uso administrativas, las que serán revocables, incomerciables y entregadas por una agencia estatal. Dado esto, se entrega una mayor incertidumbre a un insumo vital para esas industrias», plantean.
«Existe un consenso de que Chile necesita cambios a su institucionalidad, para mejorar el orden político y avanzar en beneficios sociales».
DANTE ARRIGONI
PRESIDENTE ASIMET
Las concesiones también tendrían un impacto, ya que según explican, el sistema se vería debilitado, pues por simple mayoría se pueden eliminar concesiones. «La certeza de la concesión es clave para la actividad minera», explican.
Dada la importancia de la minería en la actividad económica, el estudio realizó una simulación que considera una caída del 20% en inversión de cobre para el periodo 2022-2030. Esto implicaría una baja anual de 711 mil toneladas de producción; una baja de US$ 1200 millones fiscales anuales; la destrucción de 110 mil potenciales empleos; una caída de US$ 6.700 millones en envíos.
Con todo, entre las conclusiones del informe se destaca que el Borrador Constitucional presenta graves aspectos estructurales, entre ellos, inestabilidad institucional y macroeconómica, propiedad privada desprotegida, irresponsabilidad fiscal y problemas regulatorios. «Estos temas pueden afectar potencialmente a toda la actividad económica del país. Menos empleos, menos ingresos de las familias, mayor inflación y necesidad de más impuestos regresivos.
Los resultados de estudio serán expuestos este miércoles, en una nueva edición del Foro Anual de la Industria, que tendrá un foco especial en el plebiscito constitucional.
Para el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, existe un consenso de que Chile necesita cambios a su institucionalidad, para mejorar el orden político y avanzar en beneficios sociales. «También debería existir consenso en que para alcanzar ese objetivo el país necesita recursos, crecimiento sostenido, ser un país más rico. El cómo lo hacemos podemos discutirlo y llegar a acuerdos, pero el objetivo de generar recursos para cumplir esta meta es indiscutible. La gran pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿cuál es la mejor institucionalidad que nos permitirá crecer a largo plazo, generar recursos para poder financiar y sostener las demandas sociales que aspiramos para todos los chilenos?», señala el dirigente gremial.
Para Arrigoni, el proceso constituyente no debería terminar la noche del 4 de septiembre con ganadores ni perdedores, ni con la percepción de un país dividido en dos, donde un sector sacará provecho del otro. «Si bien ese día los chilenos elegirán o no una nueva Constitución para el país, en cualquiera de las dos opciones será necesario alcanzar grandes acuerdos, porque necesitamos seguir con el proceso constituyente y fijarnos un rumbo que cuente con el aval de todos los chilenos para avanzar hacia una democracia estable que nos permita alcanzar el desarrollo», señala Arrigoni.
Fuente: El Mercurio, agosto 23 de 2022