El Tribunal de alzada consideró que la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se adoptó con infracción a la norma legal.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sentencia que acogió demanda de desafuero maternal y que autorizó al empleador, la empresa de ventas y servicios Roym Limitada, a despedir a la trabajadora amparada por fuero maternal.

La sentencia sostiene que para dilucidar la pretendida infracción de esta norma cabe recordar que la necesidad de probar no es una obligación, sino una carga, toda vez que la primera ‘implica la subordinación de un interés del obligado al interés de otra persona, so pena de sanción si la subordinación no se efectúa; la carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a otro interés del mismo.’ ‘El litigante no está, pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero si no proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no serán acogidas por el juez.’ (Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General, página 409. Tomo segundo. Alessandri Somarriva y Vodanovic).

La resolución agrega que si bien en ciertos casos se ha constatado la dificultad de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, unánimemente se ha aceptado que ésta le toca rendirla al que sostiene una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situación adquirida. Así surgió la antigua regla de que el demandante es quien debe tener sobre su responsabilidad presentar las pruebas del hecho que alega a su favor, enunciándose en el derecho romano de dos maneras: onus probandi incumbit actori (la carga de la prueba incumbe a la parte actora) o onus probandi incumbit ei qui dicit (la carga de la prueba incumbe al que afirma). Y esto no puede ser de otra manera precisamente a partir de lo que se ha dicho, esto es, que el actor pretende introducir un cambio en la situación existente, de manera que hasta que se demuestre lo contrario, se entenderá que el demandado debe conservar las ventajas de su situación.

A continuación, el fallo señala que de esta forma, el demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor no necesita presentar prueba alguna. Pero, si el demandante acredita los presupuestos fácticos en que funda su pretensión, la situación anterior se invierte. El actor deberá justificar los hechos constitutivos, que son aquellos que producen el nacimiento de un derecho o de una situación jurídica que antes no existía y que son el apoyo de su demanda, encontrándose el demandado, por su parte, en la necesidad de probar los hecho sextintivos, impeditivos o modificativos capaces de justificar el rechazo dela demanda.

Añade que en este entendido, y dada la formulación protectora del artículo 174, no admite discusión que la carga de probar los fundamentos de la pretensión, esto es la situación de excepción que permitía acceder al desafuero recaía en el dueño de la acción, esto es el actor, pues es él quien pretender dejar sin efecto la protección legal conferida al efecto. Tanto es así, que el juez de la audiencia preparatoria redactó el hecho controvertido en términos tales que –correctamente- pone en el demandante el peso de probar la ‘conveniencia de otorgarse la autorización al empleador demandante para poner término a la relación laboral con la trabajadora. Causales que harían procedente dicho término’ (sic).

Por último, concluye que en consecuencia cuando el sentenciador decide acoger la demanda argumentando que la trabajadora no acreditó la conveniencia de mantener el fuero, no solo desconoce la carga probatoria que por resolución ejecutoriada se había decidido imponer al actor, sino que además la naturaleza de la acción que dedujo, que le imponía probar la necesidad de la autorización que peticiona, pues el tribunal estaba llamado a ejercer en uno u otro sentido la facultad que la ley le entrega, única y exclusivamente en atención al examen, conforme las reglas de la sana crítica, de los antecedentes incorporados en la etapa procesal pertinente, alumbrado todo ello por la normativa nacional e internacional citada.

Desvinculaciones, en tanto, no han mostrado un incremento significativo, de acuerdo a datos del servicio.

 Pero los trabajadores no han recurrido sólo para informar atrasos y/o ausencias. Según el Ministerio del Trabajo, 2.827 personas han presentado una denuncia ante la DT en el último mes, ya sea por no pago de remuneraciones, vulneración a la integridad psíquica o incumplimiento de contratos.Cercanos a la DT explicaron que en los próximos meses las denuncias podrían mostrar un fuerte aumento, producto que durante el último mes el servicio no ha funcionado a su real capacidad, por lo cual no han podido procesar ni recibir todas las denuncias.“Las cifras no muestran un aumento significativo de los despidos en este período, sin embargo, es difícil que ello pueda sostenerse en el tiempo si la violencia y los actos vandálicos no se detienen”, dijo Arab.“Muchas empresas, especialmente pymes, que han sido muy afectadas en su normal funcionamiento, tendrán graves problemas para llegar a fin de mes y pagar los sueldos, y obviamente para mantener los puestos de trabajo. Por lo mismo, desde el Gobierno estamos impulsando varias acciones de apoyo, pero todo será insuficiente si los destrozos y desmanes no se detienen”, dijo.

De acuerdo a la última información de la DT sobre esta materia, durante octubre 38.569 personas fueron notificadas de su desvinculación.

Con respecto a las personas que han sido desvinculadas por sus empleadores -producto de los daños que han sufrido sus lugares de trabajo-, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, sostuvo que los datos aún no muestran un incremento significativo de desvinculaciones.

Entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre, 303 personas han recurrido a la DT por no pago de remuneración íntegra; 210 han denunciado recibir un pago parcial o incorrecto; 178 han acusado incumplimiento y/o modificación unilateral del contrato de trabajo; 98 han acusado vulneración del derecho a la integridad psíquica; 103 han denunciado el no pago de las horas extraordinarias; entre otras causas.

Un total de 45.331 constancias por atrasos y/o ausencias por parte de trabajadores ha recibido la Dirección del Trabajo en medio de la crisis social que vive el país. De acuerdo a datos del servicio liderado por Mauricio Peñaloza, 14.388 de los registros de una situación excepcional ante la autoridad laboral se hicieron a través del portal “Mi DT” entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, mientras que 27.423 mediante la plataforma antigua del servicio y 3.520 de forma presencial.

Fuente: Diario Financiero, noviembre 28 de 2019

Benjamín Costa Navarro, socio de Estudio Navarro Abogados

«…Las empresas pueden acomodarse a los tiempos actuales utilizando las herramientas que dispone la ley, sin perjuicio de otras que en la medida de lo posible puedan acordar con los trabajadores en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos individuales (…), respetando siempre como límite la función protectora del derecho laboral…»

Atendida la compleja situación nacional en las últimas semanas, se ha hecho necesario que las empresas busquen vías alternativas para soslayar los efectos del impacto, en particular en lo referido a la jornada laboral de sus trabajadores, aplicando las normas de flexibilidad que permite nuestra legislación para otorgar facilidades atendidas dificultades y situaciones de fuerza mayor. Es en este contexto que hemos recomendado la implementación de algunas herramientas que dispone el ordenamiento jurídico-laboral vigente para que puedan adaptarse al escenario actual y planificarse en el corto y mediano plazo.

Una de las mayores dificultades observadas durante estas semanas ha sido el traslado hacia los lugares de trabajo. En este sentido, existen actualmente alternativas que otorga nuestra legislación al empleador para flexibilizar la jornada laboral. Así, por ejemplo, el artículo 12 del Código del Trabajo permite adelantarla o retrasarla en 60 minutos, con lo cual en algunas ocasiones podría evitarse el registro de atrasos masivos en las empresas. En este caso señalado por el artículo 12, para que proceda la modificación unilateral de la jornada es necesario que se dé el aviso correspondiente al trabajador con, a lo menos, 30 días de anticipación. No obstante, las partes, de común acuerdo, podrían pactar una distribución de jornada distinta para los mismos efectos.

En este mismo orden, la Inspección del Trabajo, por medio de su facultad normativa, ha señalado que como excepción a la necesaria certeza que debe tener el trabajador respecto de la jornada de trabajo que le corresponde, podrán las partes del contrato convenir que este último elija el momento de inicio de la jornada dentro de una franja de tiempo máxima de una hora, ajustándose automáticamente el momento de salida según la hora efectiva de ingreso.

Por otro lado, en el caso de empresas que han sido saqueadas, quemadas o vandalizadas, impidiéndose con ello su normal funcionamiento o el de alguno de sus establecimientos, sucursales, tiendas, bodegas u otros, el mismo artículo 12 citado permite al empleador unilateralmente modificar la funciones o el lugar de trabajo, siempre que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad y que ello no importe menoscabo para el trabajador.

En casos de mayor gravedad, en los cuales no exista la posibilidad de reubicar a los trabajadores por el tiempo que duren las reparaciones u otros es posible recurrir a la facultad que otorga la ley al empleador para imponer feriado colectivo. Los empleadores podrán determinar que en sus empresas o establecimientos, o en parte de ellos, se proceda anualmente a su cierre por un mínimo de 15 días hábiles para que el personal respectivo haga uso del feriado en forma colectiva. Esta herramienta de administración procede para todos los trabajadores de la empresa o de una sección de ella que lo requiera, debiendo otorgarlo incluso a aquellos que aún no cumplen un año al interior de ella.

De este modo, las empresas pueden acomodarse a los tiempos actuales utilizando las herramientas que dispone la ley, sin perjuicio de otras que en la medida de lo posible puedan acordar con los trabajadores en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos individuales de trabajo, tales como disminuir la jornada, anticipar días de vacaciones o suspender transitoriamente los efectos del contrato, respetando siempre como límite la función protectora del derecho laboral, que es fundamento de una de sus características particulares, como es que se trata de un contrato dirigido, esto es, que la ley determina en algunas materias fundamentales el contenido máximo o mínimo que debe tener.

Fuente: El Mercurio Legal, noviembre 26 de 2019

Gremios empresariales pidieron a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, avanzar en una agenda pro empleo.

«La reunión de hoy fue muy constructiva porque nos permitió conocer cuál es el diagnóstico que cada uno tiene respecto de las distintas ramas que representan. Pero también ir avanzando en encontrar espacios de solución, espacios de mejora, y entonces tenemos un trabajo que comienza y que tenemos que desarrollar a fin de poder ir encontrando los mecanismos para poder avanzar en materias que son tan significativas para el mundo del trabajo».

Así resumió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, el encuentro de este jueves con representantes de los distintos gremios empresariales que integran la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

«El mundo del trabajo es un mundo que nos convoca a todos, todos somos parte de él, y tenemos que avanzar para poder tener y poder seguir construyendo lo que nosotros queremos en nuestro país», agregó Zaldívar.

Por su parte, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, señaló que el mundo empresarial tiene la completa disposición a avanzar en una agenda para impulsar el mercado laboral en medio del complejo escenario económico.

«Nos hemos puesto de acuerdo y también hemos expresado nuestro compromiso para trabajar en una agenda proempleo, trabajar proactivamente. Le hemos entregado hoy día algunas ideas a la ministra, muy distinto a propuestas, porque las propuestas las queremos construir entre todos y para todos», dijo Swett.

En esa línea, el líder empresarial agregó que «entendemos profundamente que las soluciones que requiere este país, en donde se ha juntado y se ha dado la mano, la importancia de lo urgente, hoy día van en una misma mano. Tenemos que trabajar colaborativamente», acotó.

Fuente: Diario Financiero, noviembre 21 de 2019

El Tribunal acogió la acción judicial, tras dar por acreditado que la empresa no adoptó las medidas de seguridad para evitar accidentes, como el que afectó al demandante.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda de autodespido presentada por trabajador que sufrió graves quemaduras mientras realizaba labores de limpieza de una campana de cocina de restorán ubicado en la comuna de Maipú, en abril del año pasado.

La sentencia sostiene conforme la prueba aportada por la demandada, no se logra acreditar que esta habría adoptado todas las medidas de seguridad para evitar accidentes del trabajo como el sufrido por el actor, ni aun las mínimas y evidentes, siendo de su cargo hacerlo, desde que no se le informó el método de trabajo seguro al demandante para ejecutar labores de limpieza de la cocina, específicamente de la campana, la que se encuentra en altura, lo que da cuenta de una negligencia absoluta, total descuido e incluso desprecio por el resguardo de la integridad física de sus trabajadores, pues además, dichas labores debían ejecutarla mientras la cocina se encontraba funcionando -con la cocina prendida- mientras el maestro de cocina iba sacando los platos, con las máquinas freidoras con aceite caliente, siendo evidente que por más zapatos antideslizante que pudieran entregarle, estaban no solo en riesgo cualquiera persona que ejecutara dichas funciones en esas condiciones, sino que la propia demandada crea un riesgo innecesario al ordenar, permitir o no dejar más alternativa para limpiar la cocina cuando esta se encuentra funcionando para atender a los clientes, siendo la empleadora la única en condiciones de detener la atención de público del restaurant y, en consecuencia, el trabajo de la cocina, por el periodo necesario para efectuar las labores de limpieza dentro de la jornada laboral del demandante, lo que no se acreditó haber efectuado. Así como tampoco se acreditó haber dado dicha instrucción al actor como al maestro de cocina.

La resolución agrega que cabe tener presente que se trata de un riesgo evidente, lógico, previsible y creado por la empleadora, pues esta es quien debe distribuir y coordinar el trabajo, de modo tal, que no exponga al riesgo a sus trabajadores y, el demandante de autos llevaba trabajando cerca de 13 años para la misma empresa y en las mismas funciones, conforme la propia demandada lo reconoce en su contestación y así se lee de su contrato de trabajo y, según lo expusieron los testigos que trabajan para la demandada, el trabajo de limpieza de la cocina habitualmente se hacía en dichas condiciones, era normal, el mismo garzón lo vio limpiando ese día, cuando iba a retirar los platos a la cocina para su distribución en las mesas, por lo que sostener un desconocimiento de su parte -empleadora- respecto a la forma, momento, lugar y condiciones en las cuales se ejecutaban estas labores resulta inatendible; sostener que el actor desobedeció órdenes respecto de la forma como debía ejecutar dichas funciones -las que no describe en la contestación- en circunstancias que siempre dichas labores se desarrollaban así y todos sabían, lo permitían, es contrario a la lógica, más si no era la primera vez que realizaba labores de limpieza con la cocina funcionando, y ninguna amonestación por el incumplimiento de dichas órdenes se acompañó al juicio. Luego, con los hechos asentados y la testimonial de la propia demandada unida su contestación, se concluye que era una orden de esta ejecutar las funciones durante la jornada laboral del actor y mientras la cocina se encontraba funcionando, o no otorgó otras condiciones para desarrollar dicha labor.

Añade que ahora bien, en ese contexto en que los riesgos se extremaron por una organización inadecuada, imprudente y temeraria del trabajo, los peligros y sus consecuencias eran del todo previsibles y evidentes.

A continuación, el fallo indica que la jurisprudencia mayoritaria se encuentra conteste en señalar que aun cuando el artículo 69 de la Ley 16.744 no determina el grado de culpa del cual debe responder el empleador en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional al resguardar el deber de seguridad que le impone el legislador al empleador en el artículo 184 del Código del Trabajo, no de bienes patrimoniales, sino que la propia vida, integridad física y psíquica y salud de los trabajadores, el grado de culpa del cual debe responder el empleador es la culpa levísima, es decir la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, según lo prevé el artículo 44 del Código Civil, en este caso, al no haber confeccionado, entregado y capacitado a los trabajadores y en específico al actor, respecto del método de trabajo seguro para limpiar la cocina, campana de extracción, y al no organizar el trabajo de modo tal de no permitir que dichas funciones se efectúen en circunstancias de evidente riesgo, siendo la única parte de la relación contractual llamada a suspender las labores de la cocina durante la limpieza de la misma, a fin de adoptar las medidas aun mínimas que eran necesarias para evitar accidentes de sus trabajadores, cabe entonces concluir que la empresa emplazada obró con culpa incluso grave -desde no adoptó ni el más evidente de los cuidados, cerrar la cocina- no atender público mientras se efectúan labores de limpieza y organizar el trabajo de modo tal, que quien efectuara dicha labor no se expusiera a quemaduras de ningún tipo, esperando que se enfrié el aceite, comida, líquidos, quemadores etc., lo que era evidente, y por ello debe responder de los perjuicios ocasionados al trabajador.

Por tanto, concluye:

I.- Que, se acoge, la demanda deducida, en contra de la empresa INVERSIONES LUNA LIMITADA, sólo en cuanto:

II.- Se declara que el auto despido de fecha 31 de octubre de 2018, se encuentra ajustado a derecho, habiendo la demandada incurrido en las causales previstas en el artículo 160 N° 5 y 7 del Código del Trabajo;

III) Que, se condena a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y compensaciones:

A) $50.000.00, por el daño moral sufrido por el señor Osvaldo César Ayenao Lienaf con ocasión del accidente del trabajo sufrido el 16 de abril de 2018;

B) $365.009, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;

C) $4.015.099, por concepto de indemnización por años de servicios;

D) $3.212.079, por concepto de incremento de un 80% por sobre la indemnización por años de servicios;

E) $144.000, por compensación de feriado proporcional;

IV.-Que, la suma ordenada pagar por concepto de daño moral se reajustarán conforme a la variación del Índice de Precios del Consumidor, desde la fecha en que el presente fallo quede firme y ejecutoriado y hasta su pago efectivo, devengando intereses corrientes. En cuanto a la compensación de feriado proporcional, se reajustarán de conformidad al artículo 63 del Código del Trabajo y, en cuanto a las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, años de servicios y su respectivo incremento, se reajustarán conforme al artículo 173 del Código del ramo.

V.- Que, no habiendo resultado totalmente vencida la demandada, no se condenará en costas a esta última.

Fuente: Diario Constitucional, noviembre 20 de 2019