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Envíos bajaron 6,5%, mientras las importaciones 18,6%, dando cuenta de los efectos de la paralización global que provocó el coronavirus en los mercados internacionales. Los puertos también reflejaron una menor actividad.
Valparaíso registra caída de más de 50% en su actividad portuaria
Una fuerte baja en carga en comercio exterior, especialmente en importaciones, se registró en el primer trimestre en los principales puertos del país, como San Antonio y Valparaíso.
Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, en marzo las importaciones que ingresaron por San Antonio -medidas en valor- cayeron 17% anual, mientras que en el caso de Valparaíso retrocedieron 53% en igual lapso.
Si se toma todo el período enero-marzo, en Valparaíso bajaron 50% y San Antonio 11%. En volumen, en tanto, las mermas fueron de 20% y 1,9%, respectivamente.
Estos puertos ya registraban fuertes bajas en carga en los dos primeros meses del año, golpeada por el estallido social y la debilidad de la economía. Ahora, se suma el efecto que el coronavirus ha tenido en el comercio exterior.
Desde los puertos indican que, pese a la contingencia, las operaciones se han mantenido sin mayores problemas, dado que han implementado una serie de medidas para cautelar la salud y seguridad de los trabajadores y así mantener la continuidad operacional y garantizar la cadena de abastecimiento al país.
En el caso de la Empresa Portuaria San Antonio, se instaló un poste sanitizador de camiones en el paso bajo nivel del Nuevo Acceso hacia el recinto portuario. La medida tiene por objetivo sanitizar de manera más expedita a los camiones que circulan por dicha ruta, evitar congestión vehicular y figura como una optimización del protocolo, debido a que en este nuevo punto todos los camiones que pasan son asperjados (limpiados) obligatoriamente.
DP World, que opera Puerto Central, también dispuso fuertes medidas de prevención, seguridad e higiene en el terminal portuario en San Antonio, que implican restricción de accesos, trabajos con distanciamiento y grupos reducidos, entre otros. Gracias a ello, han estado trabajando a plena capacidad.
Compras de bienes durables se deploman y suman 13 meses de bajas
Las importaciones totales chilenas anotaron una fuerte caída de 18,6% en marzo frente a igual período del año pasado, al sumar US$4.776,31 millones, según las cifras del Banco Central. La variación es casi idéntica al retroceso que registró en octubre pasado, mes que estuvo marcado por el inicio del estallido social.
Al mirar los tipos de compras, las de bienes de consumo se contrajeron 23,5% interanual, el mayor retroceso desde marzo de 2019.
Dentro de las importaciones de consumo, los de bienes durables fueron los más afectados en este período, con un desplome de 35,9%.
Con esta variación son 13 los meses de caídas consecutivas, la mayor racha de retrocesos seguidos desde la iniciada en diciembre de 2013, cuando encadenó retrocesos por 19 meses. Esto precedió a un deterioro de las cifras de crecimiento, y que estuvo alineado con la evolución de la confianza de los consumidores.
Dentro de este ítem, el producto más afectado fue las internaciones de vehículos, que retrocedieron 58% en el mes, mientras que los televisores disminuyeron 56,7%.
Pese a que la importación de celulares en las primeras semanas de marzo mostró un deterioro, finalmente logró terminar el mes con un incremento de 2%, siendo uno de los pocos que subió en esta categoría.
Fuente: Pulso – La Tercera, abril 08 de 2020
A través de una declaración suscrita desde el PPD hasta el PC se establecen cuatro puntos que permitirían «salvar vidas, otorgar protección para las familias y cuidar la economía».
Tras haber sostenido este lunes una reunión con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de cara a una nuevo paquete económico para enfrentar los efectos del COVID-19, los timoneles de la oposición suscribieron hoy una declaración pública con una serie de medidas que estiman indispensables para enfrentar la crisis, entre las que incluso mencionan salvar de la quiebra empresas estratégicas o de importancia para el país.
En esta nueva propuesta opositora, los partidos restringen las necesidades más imperiosas a cuatro puntos que de implementarse permitirían «salvar vidas, otorgar protección para las familias de Chile y cuidar la economía», señalan.
En sentido, proponen resguardar los ingresos de las familias a través de una Renta Básica de Emergencia, Seguro Familiar u otro instrumento, para todos quienes se queden sin ingresos, hasta el final de la emergencia; la postergación de pagos y prohibición de corte de los servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria y de cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras, sin intereses, contraídas con Bancos e instituciones financieras, casas comerciales; y, proteger a las PYME, empleos y economía, «evitando una recesión más profunda y duradera», a través de un proyecto de ley de apoyo estatal a las empresas en período de crisis, que debería ser ingresado al Congreso con urgencia.
Por último, los representantes de los partidos de oposición, plantean cuidar los empleos, prohibiendo el despido de trabajadores «y de ser necesario, salvando empresas estratégicas o de importancia para el país de la quiebra, evitando efectos negativos en el resto de la población mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por parte del Estado de participación en el mayor valor de dichas empresas rescatadas».
En una de las declaraciones de más amplio respaldo de la opositor, los firmantes de la declaración son Carlos Maldonado, presidente Partido Radical; Álvaro Elizalde, presidente Partido Socialista; Heraldo Muñoz, presidente Partido por la Democracia; Catalina Pérez, presidenta Revolución Democrática; Gael Yeomans, presidenta Convergencia Social; Javiera Toro, presidenta Partido Comunes; Luis Felipe Ramos, presidente Partido Liberal; Guillermo Tellier, presidente Partido Comunista; Jaime Mulet, presidente Partido Federación Regionalista Verde Social; Camilo Lagos, presidente Partido Progresista; y Fuad Chahín, presidente Partido Demócrata Cristiano.
Fuente: Diario Financiero, abril 07 de 2020
Iniciativa busca evitar los despidos en las compañías que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la llamada Ley de Protección del Empleo, la cual busca resguardar los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores en el complejo escenario económico que ha provocado el coronavirus en el país.
La norma, que hoy entró en vigencia, permite que los trabajadores -manteniendo la relación laboral vigente con su empleador- puedan acceder a los beneficios del Seguro de Cesantía cuando los actos de la autoridad, como el establecimiento de cuarentenas obligatorias o cierres de empresa, impidan al trabajador prestar sus servicios.
¿Qué permite?
Así, la norma ofrece tres alternativas para hacer frente a la compleja situación laboral: suspensión del contrato por acto de autoridad; pacto de suspensión de contrato; y pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.
La suspensión del contrato por acto de autoridad contempla que se suspenda la relación laboral o contrato por el solo efecto de la Ley, cuando la autoridad declara la paralización de las actividades económicas de manera temporal, para el país o una zona particular.
¿Qué significa esto? Los empleadores deberán continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, y los trabajadores «recibirán remuneraciones con cargo al Seguro de Cesantía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el caso de empleados de casa particular. Esto según la gradualidad de pago del Seguro, partiendo en 70% de los ingresos de los últimos 3 meses», explican desde el Ministerio del Trabajo.
La segunda opción, que corresponde a los pactos de suspensión de contrato, es similar a la primera pero rige para los empleadores cuya actividad se vea afectada, total o parcialmente, por la crisis Covid-19, permitiendo a estos acordar con sus trabajadores la suspensión temporal de sus contratos.
Las empresas que se acojan a esta alternativa deberán continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, y los trabajadores recibirán remuneraciones también con cargo al Seguro de Cesantía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el caso de empleados de casa particular.
La última alternativa es la realización de pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo. Los empleadores que opten por esta medida podrán acordar con sus trabajadores de manera individual o colectiva la reducción de hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo.
¿Qué efectos tiene esta opción? Según explica el portal protecciondelempleo.cl, el empleador pagará la remuneración de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas y las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada.
El trabajador, por su parte, recibirá un complemento adicional a su sueldo de hasta un 25% con cargo al Seguro de Cesantía. Además, se mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos.
Un aspecto relevante que contempla la norma es que no se podrá despedir a los trabajadores por razones de fuerza mayor.
Beneficiados y exigencias
Según han explicado las autoridades, la ley beneficia a los trabajadores que cotizan para el Seguro de Cesantía y las trabajadoras de casa particular, que se vean afectados por las implicancias negativas que ha generado la llegada del Covid-19 al país.
Asimismo, el portal del Gobierno explica que también «podrán acogerse con efecto retroactivo aquellas personas que hayan celebrado pactos o iniciado procesos de desvinculación a partir del 18 de marzo de 2020«.
¿Quiénes no pueden acceder a los beneficios de la norma? Los trabajadores que no se rijan por el Código del Trabajo, y aquellos que no estén afiliados al Seguro de Desempleo; aquellos que hayan celebrado con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley; y los trabajadores que se encuentren percibiendo subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciban dicho subsidio.
Respecto a las exigencias para acogerse a las alternativas que ofrece la nueva norma, para la suspensión del contrato «los trabajadores deben registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses, o seis cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. De estas, las dos últimas cotizaciones deben ser con el mismo empleador», explica el portal protecciondelempleo.cl.
En el caso de los pactos de reducción de jornada, la ley exige tener contrato indefinido con diez cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, con el mismo empleador. En el caso de los trabajadores con contrato a plazo, se les exige tener cinco cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas.
Con relación a los trámites que deben realizarse para acceder a los beneficios, la norma establece que el trabajador no debe realizar ningún trámite. «Será el empleador el encargado de solicitar la suspensión de contrato de manera online ante la AFC, o ante la DT, en caso de pacto de reducción de jornada laboral. El trabajador que quede excluido, por alguna razón, podrá hacer la solicitud directamente ante la AFC», explica el portal habilitado por el Ministerio del Trabajo.
Sólo en el caso de las trabajadoras de casa particular, el trámite lo debe hacer el trabajador directamente en la AFP donde cotiza mensualmente.
Más información en torno a la norma, en www.protecciondelempleo.cl
Fuente: Diario Financiero, abril 06 de 2020
Sergio Lehmann
Cuando todo sugería que la economía mundial mostraría un buen dinamismo, de la mano del acuerdo comercial entre EEUU y China, llegó con una fuerza inusitada el coronavirus que ha paralizado parte importante de la actividad económica global. Enfrentamos un complejo escenario que conllevará un costo económico elevado, con alto impacto en el mercado laboral y en las empresas, especialmente en pequeñas y medianas, que por su naturaleza son más vulnerables.
La recesión mundial ya es un hecho y, como respuesta, buena parte de los países han implementado masivos estímulos. Del lado monetario, las tasas de interés han alcanzado nuevos mínimos históricos, al tiempo que se ha buscado fortalecer el canal crediticio. Los planes del lado fiscal involucran cifras siderales, de entre 5% a 20% del PIB dependiendo de la economía, buscando proteger a los sectores más expuestos. Así, han comenzado a escribirse nuevos capítulos en los textos de economía.
Por lo pronto, en materia sanitaria la estrategia apunta a acorralar al Covid-19 de forma de reducir los contagios y superar la emergencia. Mirando hacia adelante, surgen lecciones que debemos asumir con responsabilidad, al tiempo que comienzan a instalarse cambios culturales profundos en nuestra sociedad. Como bien decía Einstein, en una de sus tantas célebres reflexiones: «En las crisis nace la inventiva, la creatividad». Sin crisis, no hay desafíos. Debemos trabajar duro, especialmente una vez que retomemos la normalidad, de forma de recuperar con rapidez la actividad económica.
A nivel global, la magnitud del impacto sanitario y económico que estamos sufriendo muestra que no estábamos preparados para lo que vino. Al inicio se actuó con displicencia, lo que ha conducido a situaciones muy duras en algunos países. En palabras de Yuval Noah Harari: «Hemos sido testigos de un rotundo fracaso colectivo de liderazgo mundial». El nacionalismo que ha emergido con fuerza en algunos países ha socavado la cooperación internacional como estrategia para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Puede ser que aprendamos la lección y se refuerce la globalización como el camino para avanzar hacia el desarrollo, contrariamente a lo que algunas voces han comenzado a pregonar, y se fortalezca la seguridad sanitaria.
La cuarentena que se ha ido aplicando selectivamente en nuestro país, así como las restricciones impuestas al comercio, van a cambiar de forma definitiva la manera en que trabajamos y nos relacionamos. Se advertían ya avances en el uso de aplicaciones digitales, al tiempo que se fortalecían los canales de distribución, a veces tímidamente, mientras el teletrabajo aparecía como algo excepcional. Pues a contar de ahora, esa evolución se acelerará dramáticamente. Como nunca, las empresas deben prepararse velozmente a un cambio cultural inminente. Algunas se han adelantado, producto de la adaptación que sobre la marcha han debido hacer dado el escenario que dibuja la crisis.
Hemos enfrentado este tremendo shock en medio de la crisis social, y por tanto en una posición económica debilitada. Esto nos debería llevar a la reflexión, dando cuenta de los elementos más esenciales de una sociedad. Debemos valorar con mayor fuerza la institucionalidad, la cooperación, el respeto por el prójimo, de forma de fortalecer los pilares que nos permitan responder efectivamente a situaciones complejas y no comprometer nuestro camino al desarrollo. Vemos, entonces, que se han abierto oportunidades en este escenario desafiante; no dudemos en hacerlas propias.
Fuente: Diario Financiero, abril 06 de 2020
Un 91% de los encuestados estima algún nivel de impacto. Análisis constata que las compañías fomentan el teletrabajo y el 52% de los directores indica que su primera prioridad ha sido la seguridad y bienestar de los colaboradores.
No hay empresa en el mundo que, dentro de sus mapas de riesgo, contemplara algo como lo que está sucediendo hoy, reconoce Alfredo Enrione, director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, de la Universidad de los Andes.
El organismo realizó un estudio para conocer qué están haciendo las empresas nacionales ante la crisis sanitaria y sus expectativas, el que contó con la participación de 60 directores a través de videoconferencia y dos líderes del Boston Consulting Group, una encuesta online y conversaciones con directivos, altos ejecutivos y consultores.
Entre las principales conclusiones del análisis, está que las firmas están pasando por tensiones importantes en el cortísimo plazo, las que –explica Enrione- están relacionadas con “cómo continuar con sus operaciones para salvar la empresa y seguir sirviendo a sus clientes, y, por otro lado, cuidar a su gente y su salud”.
En el primer punto, agrega que “el foco está en sostener la continuidad operacional mediante el uso de tecnologías y nuevos sistemas, reforzando la capacidad de suministros, por ejemplo”, mientras que para lo segundo se han ido implementando protocolos para evitar contagios, asistencia médica y home office.
De hecho, según el estudio, el 39% de los participantes reconoció que, en sus empresas, entre el 51% y 100% de sus colaboradores están en modo teletrabajo, mientras un 39% reconoció que entre el 25% y 50% está operando en esa modalidad.
“La tecnología ha sido clave en términos de poder mantener una comunicación. Probablemente va a ser la tecnología la que nos va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo podemos volver a ir retomando la actividad, cómo proteger a nuestra gente, definir a qué personas es conveniente protegerlas en sus casas y qué empleados podrán ir volviendo a los lugares de trabajo poco a poco”, anticipa Enrione.
La crisis –agrega- “está acelerando a una velocidad inimaginable todo el proceso de transformación digital que las empresas habían planificado, pero que estaban llevando de forma más gradual”.
No es un shock de corto plazo
Sin embargo, la visión de lo que significará esta crisis en el futuro de la organización no es positiva. Un 91% de los consultados estiman que tendrá un efecto negativo o muy negativo en el valor de la empresa en la que participan.
Además, retomar el normal funcionamiento no será cosa de semanas. El 64% estima que tomará entre tres y seis meses; el 20% entre seis y 12 meses, mientras 13% opina que el proceso se extenderá por más tiempo.
“La duración de la crisis evidentemente tiene, y tendrá, un impacto en el valor de las empresas. Hasta el minuto, se observa que la crisis está siendo larga y, por esto, va a tener un efecto duradero. De hecho, muchas empresas -particularmente medianas y pequeñas- es probable que desaparezcan. Esto no es un shock de corto plazo, sino que es algo que nos va a impactar por un buen tiempo”, indica.
Enrione agrega que las empresas se están centrando –después de los temas de seguridad, salud y continuidad operacional- en proteger la liquidez y la caja.
“Esta es una tremenda prioridad, porque es una manera de ganar oxígeno y poder sobrevivir bajo el agua, en momentos donde no hay ingresos o están muy mermados. La caja es el oxígeno que mantiene a las compañías sobreviviendo”, recalca el experto, quien detalla que 13% de los directores señalan que su principal prioridad de las últimas semanas ha sido preocuparse de la liquidez y de la cadena de pago.
La comunicación con los representantes de empresas dio cuenta de que ha existido una preparación de la caja para escenarios de restricción de liquidez y potenciales problemas de la cadena de pago, por ejemplo, realizando pruebas de estrés financiero con distintos supuestos.
Fuente: Diario Financiero, abril 06 de 2020
¿Sabía qué?
- Las exportaciones chilenas de servicios no tradicionales totalizaron US$1.279 millones en 2019, lo que equivale a un alza anual de 6,6%, alcanzando así el máximo histórico de las exportaciones de este sector.
- Desde 2003 a 2019, los envíos se han septuplicado creciendo a una tasa promedio anual de 12,4%.
- Las empresas exportadoras de servicios pasaron de 202 en 2003 a 690 en el último año, mientras que la cantidad de destinos se expandió de 64 en el año 2003 a 137 en 2019.
- Las exportaciones de servicios no tradicionales equivalen al 3,5% de los envíos no cobre del país y cerca del 13% de la fuerza laboral exportadora (aproximadamente 161 mil personas).
- El mercado de destino más relevante para las exportaciones chilenas de servicios es la Alianza del Pacífico con el 34% de participación, le siguen Estados Unidos (28%) y la Unión Europea (13%).
- En 2019, la Región Metropolitana, acumuló el 80% de las exportaciones nacionales de servicios, porcentaje equivalente a más de US$ 1.021 millones. Le sigue Valparaíso con el 10% (US$ 70 millones) y Biobío con el 6% (US$ 21 millones).
- Los servicios que marcaron récord histórico durante el 2019 fueron Tics, Servicios Financieros (US$134 MM), Investigación y Desarrollo (US$ 58 MM) y Servicios de Publicidad (US$ 11 MM).
Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, abril 06 de 2020
Esta medida reduce el costo de consumir electricidad en ciertos horarios y permite a las empresas reacomodar mejor sus turnos de operación a las restricciones generadas para
A las facilidades de pago que están ofreciendo las empresas para que el 40% más vulnerable de la población pueda cancelar las cuentas de la luz, el Gobierno sumó una nueva medida para enfrentar los impactos económicos y sociales que está provocando la expansión del coronavirus en Chile, luego de que diversos actores presionaran para discutir en torno a las denominadas «horas punta».
Tras el análisis técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció la noche de este viernes que se determinó postergar la entrada en vigencia de las tarifas de horas punta hasta junio y mantenerla hasta fines de septiembre, como es habitual.
Las horas punta son aquellas en las que el sistema eléctrico presenta sus mayores niveles de consumo. Actualmente, estas corresponden al período comprendido entre las 18.00 y 22.00 horas, entre abril y septiembre. Esta medición comenzaba a regir el 1 de abril, por lo que estudiar cambios en esta materia, exigía una pronta respuesta por parte de la autoridad.
El control de demanda en horas de punta entrega una señal de precio en períodos de mayor exigencia del sistema, para que los clientes racionalicen su consumo eléctrico. También, la importante caída que ha tenido la demanda eléctrica en las últimas semanas –alrededor de 10%- genera la holgura necesaria para liberar esta medición de forma excepcional.
«Esta medida excepcional tiene dos beneficios: por una parte, será un alivio económico para muchas pymes, industrias y comercios que podrán seguir operando de acuerdo a las tarifas estándar, sin el recargo de las horas punta. Esto redunda en un fuerte impulso a la economía en tiempos de crisis como los que estamos viviendo», explicó Jobet en un comunicado.
La autoridad agregó que, además, a nivel de clientes residenciales, esta medida es un alivio en la cuenta de la luz, al eliminar el recargo de invierno durante abril y mayo. «Hay que considerar que las personas están pasando más tiempo en sus casas, por lo que es esperable que consuman más energía», indicó.
Según explicó, «existen industrias que no pueden parar frente a la crisis porque cumplen roles esenciales para el abastecimiento y la tranquilidad de todo el país». Por esto, con esta medida excepcional «estamos contribuyendo a mantener la cadena de abastecimiento para las familias chilenas».
«Contactadas tras esta decisión, a efectos de coordinar con ellas su correcta puesta en marcha, las empresas del sector eléctrico manifestaron su disposición a contribuir al éxito de esta medida excepcional y extraordinaria, entendiendo el complejo momento que vive el país», detalló el secretario de Estado.
Fuente: Diario Financiero, abril 04 de 2020
En un contexto en el que cada mes con restricciones le puede restar un 1% al PIB, dijo que el nivel de tasa de 0,5% se mantendrá por más de un año.
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, reiteró ayer su expectativa de que la economía local comenzará a dejar en el tercer trimestre de este año los nocivos efectos de la expansión del coronavirus, y que dicha recuperación se extenderá hasta los siguientes.
En el marco de una teleconferencia con socios y ejecutivos de Icare, el economista profundizó en el contenido del Informe de Política Monetaria (IPoM) que presentó el miércoles ante la comisión de Hacienda del Senado, el cual asume que el Producto Interno Bruto (PIB) acusará una caída de 1,5% a 2,5% este ejercicio para luego crecer entre 3,75% y 4,75% en 2021 y de 3% a 4% en 2022.
Dentro de los elementos a considerar para el repunte destacó que“este es un shock que frena muy rápido la actividad, que afecta a las cadenas logísticas, a las empresas, pero que no destruye necesariamente capital y empleo”. Esto último, advirtió, es lo que se debe evitar, por lo que es fundamental “cómo nos manejamos durante estos meses”.
Así, reiteró que el mayor daño a la economía se registrará en el segundo trimestre del año, conforme se mantengan las actuales medidas más restrictivas de aislamiento social. Sus cálculos apuntan a que por cada mes que persista este escenario de cuarentena -que incluye la obligatoriedad de confinamiento en algunas comunas del país-, se pierde alrededor de 1% del PIB del año, lo que significará caídas en la actividad mensual de 12% o 14%. De hecho, mencionó que en la segunda mitad de marzo la contracción de la actividad fue mayor a la que se registró en la segunda quincena de octubre, posterior al estallido social.
“Proyectar una recuperación rápida descansa en que la mayoría de las empresas y los trabajadores sean capaces de retomar sus actividades, a medida que se controla la expansión del virus y se van retirando las medidas de control”, señaló.
En este escenario, el presidente del ente emisor reparó en dos aspectos centrales para que se dé: el primero, es mantener encauzado por la vía institucional el conflicto social; y, el segundo, es evitar la quiebra de empresas para que no se origine un deterioro profundo en el empleo.
En este último punto, reconoció que el financiamiento hacia las personas y las empresas es fundamental. “Si al final, cuando se terminen estas medidas restrictivas, tenemos a las empresas en pie y tenemos a los trabajadores listos para volver a su trabajo, aun cuando esto sea de manera gradual, la recuperación de la actividad puede ser relativamente rápida”, destacó.
A su juicio, el problema al que hoy se enfrentan los gobiernos y los bancos centrales en el mundo, es evitar que se origine un efecto dominó desde el shock que reciben las empresas hacia el sector financiero.
Ante esto, mencionó que la alternativa de que se le permita al ente emisor comprar bonos del Fisco en el mercado secundario reforzaría aún más su labor.
En este contexto, señaló que el actual nivel de 0,5% de la TPM está en el mínimo técnico para el sistema financiero local y en “el límite de lo prudente”.
Explicó que a diferencia de otros países el mínimo técnico de TPM no es 0% por las características del sistema financiero chileno que si bien es un mercado profundo en comparación con el de países emergentes, no llega a los niveles de aquellos más desarrollados.
A su vez dijo que el actual nivel de tasa “extraordinariamente baja” se mantendrá probablemente por más de un año, lo que ayudará a estimular la economía.
“Hemos dado una señal de persistencia del impulso expansivo de la economía, que no es para el próximo mes, no es hasta la próxima RPM, no es hasta el final de las medidas de contención sanitaria”, señaló.
Fuente: Diario Financiero, abril 03 de 2020
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó ayer la llamada Ley de protección del empleo, la cual busca proteger los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores en el complejo escenario económico que ha provocado el coronavirus en el país.
De esta forma, la iniciativa -que vivió una compleja tramitación en el Senado como en la Cámara de Diputados- contempla desde la suspensión de la relación laboral hasta la realización de acuerdos de reducción de jornada en pos de evitar pérdidas de trabajos.
Pero ¿cuál es el detalle de la norma? ¿Qué exigencias contempla? son algunas de las dudas que han surgido, y que fueron abordadas por los equipos jurídicos de Albornoz & Cía -estudio liderado por el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz-; el equipo laboral de Deloitte, y por el equipo de Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia Abogados.
Suspensión temporal de la relación laboral
La norma contempla la suspensión laboral en dos escenarios: producto de la orden de la autoridad que implique paralización de actividades; o por acuerdo entre empleadores y trabajadores de una empresa cuya actividad se ha visto afectada por la crisis sanitaria.
En este caso, explica Albornoz & Cía, «los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, excepcionalmente, tendrán derecho retirar fondos de la Cuenta Individual por Cesantía o del Fondo de Cesantía Solidario», para continuar recibiendo ingresos.
La ley tiene efecto retroactivo, es decir, los trabajadores afiliados al seguro cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades desde la declaración del Estado de Catástrofe podrán acceder a las prestaciones de la nueva norma.
– ¿Cómo y cuánto financiará el seguro?
Se girarán recursos de la Cuenta Individual por Cesantía, compuesta por aportes del empleador (1,6% en contratos indefinidos o 2,8% en contratos a plazo fijo o por obra o faena), y del trabajador con contrato indefinido (0,6%). El primer giro corresponderá al 70% de la remuneración, el segundo al 55%, el tercero al 45% e irá decreciendo paulatinamente. Sin embargo, se estableció que los trabajadores de menores ingresos -salario mínimo- recibirán 70% en los tres primeros meses.
– ¿Quién paga las cotizaciones en estos casos?
«El empleador, con excepción del seguro social de la Ley N° 16.744 (accidentes laborales)», explica Albornoz & Cía.
– ¿Se terminar la relación laboral durante este período?
Sí, pero sólo invocando la causal de necesidades de la empresa o desahucio.
– ¿Se puede descontar de las indemnizaciones el aporte del empleador a la cuenta individual del seguro de cesantía del trabajador que haya accedido a este beneficio?
Los trabajadores que hayan recibido los beneficios estipulados en el texto aprobado por el Congreso, no les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley N° 19.728. ¿Qué significa esto? Según explicaron desde Albornoz & Cía, «no se les podrá descontar de las indemnizaciones por años de servicio el aporte de AFC realizado por el empleador, pero solo de aquellas cotizaciones que fueron parte de dichas prestaciones.
Beneficios para trabajadoras del hogar
Según una minuta elaborada por el equipo de Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia Abogados, en el evento de la declaración o acto de autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad, los trabajadores de casa particular verán suspendidas sus relaciones laborales y podrán acceder a la indemnización a todo evento financiada con el aporte del empleador.
«En este caso, la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva deberá girar de la cuenta del trabajador, el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total si este fuere inferior y los empleadores estarán obligados a continuar pagando y enterando las cotizaciones de salud y del seguro de invalidez y sobrevivencia», explicaron.
Reducción de la jornada laboral
El texto también contempla que las empresas puedan acordar con sus trabajadores, de manera individual o colectiva, reducir hasta un 50% la duración de la jornada laboral, recibiendo el trabajador además de la remuneración disminuida, un complemento de la remuneración con cargo al Seguro de Cesantía (de hasta el 25%).
Para esto, el empleador se debe encontrar en alguna de las siguientes situaciones, según explicaron desde Deloitte. La primera, el empleador contribuyente de IVA, que a contar de octubre de 2019, haya experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas a Impuestos Internos en un período cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda de un 20% calculado respecto del promedio de sus ventas declaradas en el mismo lapso de 3 meses del ejercicio anterior. Otro caso es que esté en situación de pérdida financiera al 31 de diciembre; o en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia conforme a la ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis; entre otras.
– ¿Se puede contratar nuevos trabajadores durante el pacto de reducción?
«No podrán contratar si realizan iguales o similares funciones desarrolladas por aquellos que hubieren suscrito dichos pactos. Esta limitación se circunscribirá al número de trabajadores que haya suscrito el pacto. Si el empleador se viere en la necesidad de contratar nuevos trabajadores para otras funciones, deberá ofrecer primero la vacante a aquellos con contrato de trabajo vigente, en la medida que tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el o los cargos que se buscan cubrir», explica Albornoz & Cía.
– ¿Cuánto puede durar el pacto de reducción temporal de jornada?
Depende del contrato. Para trabajadores con contrato indefinido, cinco meses continuos; con contrato a plazo fijo, por obra, trabajo o servicio determinado, tres meses continuos.
– ¿Qué cotizaciones previsionales debe pagar el empleador?
Cotizaciones previsionales y de seguridad social de la remuneración imponible convenida en el pacto.
– ¿Qué pasa cuando termina el pacto?
Según Albornoz & Cía, una vez finalizado el plazo establecido, se restablecerán las condiciones contractuales originalmente convenidas, de pleno derecho.
Fuente: Diario Financiero, abril 02 de 2020
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participó vía streaming de una charla organizada por IRADE titulada “Economía y Empresas: ¿cómo seguimos?”, ocasión en la cual les envió un mensaje a las empresas de la Región del Bío Bío y los gremios aclarando que la actual crisis sanitaria, si bien se espera sea un paréntesis, tendrá efectos adversos para la economía nacional.
“Lo que es claro es que Chile va a tener una recesión este año y se explica sencillamente porque vamos a tener un segundo trimestre muy complicado. Hay que estar preparado: el shock va a ser potente”, advirtió la autoridad nacional.
Briones puntualizó que el Banco Central presentó su Informe de Política Monetaria y que los principales indicadores apuntaban a que la economía chilena podría tener una caída en su PIB, en un rango entre el 1,5% el 2,5%, inclusive.
“Nosotros como Ministerio de Hacienda vamos a entregar nuestras cifras y proyecciones en los días que vienen, junto con el Informe de Finanzas Públicas como nos mandata la ley”, anunció el ministro.
Para ver la charla completa haga clic aquí: