El IPI estuvo impulsado, principalmente, por el positivo desempeño de las manufacturas. En cambio, la actividad del comercio creció 8,1% en el tercer mes del año.
El Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mostró una expansión interanual de 0,8%. Esto, en medio del consenso de las expectativas -tanto de autoridades como del mercado- que apuntan a una desaceleración del crecimiento.
La producción industrial en el país venía de anotar dos meses consecutivos de caídas, al contraerse 3% en febrero -su peor desempeño desde diciembre de 2020- y 1,2% en enero.
El crecimiento de marzo, explicó el INE, se debió a las incidencias positivas de dos de los tres sectores que componen el IPI, siendo el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue el que más influyó en el resultado al presentar un aumento de 3,3% respecto a igual mes del año pasado.
«Esto, principalmente a raíz del incremento en elaboración de productos alimentaciones, debido a una mayor producción de pan», señaló la entidad estadística.
Le siguió en incidencia el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), que creció 1,4% en relación con marzo de 2021. Ello, explicado por el hecho de que dos de las tres actividades que lo componen anotaron aumentos, en especial la electricidad.
En contraste, el Índice de Producción Minera (IPMin) descendió 2,2% interanualmente, debido a una menor actividad registrada en la minería metálica, producto de la baja en la extracción y procesamiento de cobre.
Comercio
Por su parte, el INE también entregó buenas noticias para el comercio, dado que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes un alza de 8,1% en el tercer mes del año, incidido por el crecimiento en tres divisiones que lo componen.
Comercio al por menor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- fue la que más aportó en la variación interanual del IAC, al anotar un incremento de 11,4%. «En esta división destacó el alza en venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados», indicó la entidad.
A su vez, comercio al por mayor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- creció 5,2%, influyendo, principalmente, el aumento en venta al por mayor de otros enseres domésticos.
Mientras que comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas anotó un alza de 9,1%, debido, fundamentalmente, a mayores ventas de vehículos automotores.
En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes se incrementó 1,5% en doce meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un descenso de 2,9% respecto al mes anterior y un aumento interanual de 2,4%.
Fuente: Emol economía, abril 29 de 2022
“Tras un año muy intensivo en diseño, ya partimos las primeras construcciones” que modernizarán el 70% del área destinada a la atención ambulatoria, señala el nuevo gerente general de la entidad, Juan Luis Moreno.
En enero pasado, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) inició una nueva etapa con el nombramiento de Juan Luis Moreno al frente de la gerencia general. Con una trayectoria de nueve años en diferentes cargos en esa entidad, el ingeniero comercial UC y MBA de la London Business School, asumió funciones tras un cuidado plan de sucesión que se inició en 2019 con la identificación de los candidatos y luego con una acabada preparación del sucesor de Cristóbal Prado.
El proceso de cambio también consideró la instalación de un nuevo equipo –conformado tanto por ejecutivos que ya tenían responsabilidades en la ACHS como por fichajes externos- a cargo de un porcentaje importante de las gerencias de división, renovando la composición del Comité Ejecutivo.
“Tenemos la motivación, capacidades y responsabilidad de ser parte de la solución al problema de la salud pública en Chile”.
En sus primeras definiciones al frente de ACHS, Moreno señala que “junto con seguir asegurando una gestión impecable -activo que no podemos descuidar-, el hecho de liderar esta organización en el contexto que vivimos requiere algunos énfasis en la mirada de futuro, como vincularnos de manera más intensa con el entorno, participar en la discusión pública, poner nuestras capacidades a disposición de encontrar mejores soluciones a los problemas que enfrenta el país y generar alianzas”.
Una misión que aborda, dice, desde su prioridad por “buscar espacios de diálogo, interna y externamente, para incorporar más visiones e ideas a las propuestas de una manera muy abierta”.
Planes en infraestructura
La tarea de Moreno tiene entre sus ejes continuar la ejecución del ambicioso plan de desarrollo de su infraestructura de atención de salud. Aquí el hito principal ha sido la modernización el Hospital del Trabajador de Santiago con una inversión global de US$ 140 millones. “Considera dos edificios nuevos conectados entre sí, de los cuales el primero ya está hecho y ahora estamos iniciando la construcción del segundo. Realizar este proyecto sobre un hospital en operación ha implicado un gran desafío ya que, por ejemplo, durante la pandemia decidimos no demoler ningún espacio que pudiera limitar nuestra capacidad de proveer camas críticas para pacientes Covid”, relata Moreno. Finalmente, dice, pudimos “ajustar la hoja de ruta para así cumplir con el término del proyecto establecido hacia fines de 2023”.
En paralelo, la entidad comenzó a implementar en 2021 el plan de modernización de la Red de Agencias ACHS, que apunta a intervenir el 70% de los 91.000 m2 que totalizan sus 86 centros de atención ambulatoria en el país con una inversión global de US$ 150 millones.
Luego de un primer año “muy intensivo en diseño, arquitectura y definición de estándares”, el ejecutivo señala que en 2022 “ya partimos con las primeras construcciones, fase que va a ir aumentando en intensidad de intervenciones, obras y remodelaciones de centros durante 2023 y en 2024, que es cuando apuntamos a terminar este otro gran proyecto que tenemos”.
Es así que a las dos nuevas sedes en ejecución en Calama y Los Andes, se suman otros “17 centros en etapa de arquitectura o de preparación para la licitación, más una serie de remodelaciones en curso”.
El ejecutivo aclara que más que aumentar la capacidad de atención de esta red, el foco está en mejorar la experiencia de los pacientes con acciones como ampliar las áreas de admisión, modernizar las áreas de kinesiología e imagenología, mejorar los flujos de circulación y rediseñar los boxes en línea con los nuevos estándares de la práctica médica.
Además, la ACHS tiene en su horizonte la tarea de imprimir su sello en la Red de Clínicas Regionales -integrada por siete instituciones, una de ellas dedicada a la neurorehabilitación en Santiago- tras adquirir la participación de 50% que pertenecía a la Mutual de Seguridad en una operación por $ 38 mil millones en 2020. “Lo que viene son inversiones –relevantes, pero marginales respecto a lo que involucró la compra- en infraestructura para acercar sus estándares a los de nuestras clínicas, en proyecto ambicioso en materia de integración como parte de nuestra red”, indicó.
“El foco es que los pacientes Fonasa que no
están teniendo acceso puedan atenderse con nosotros”
Además de optimizar el cumplimiento de los objetivos propios de su misión bajo la Ley 16.744, la ACHS puso en marcha un proyecto de Salud No Laboral “con el único interés de aportar a los desafíos en salud pública del país”, explica Moreno. La iniciativa -en fase piloto tras su autorización por la SUCESO en julio- es un “proyecto inédito en la atención primaria, que entrega atenciones ambulatorias en traumatología y salud mental con un modelo basado en la interacción entre médicos generales y especialistas apoyados en tecnología y telemedicina”, dice.
A partir de esa primera experiencia de la estrategia iniciada en 2021 en la Red de Agencias ACHS, Moreno señala que “ahora tenemos una autorización para ampliarla a 40 centros a partir de este mes, y sobre la base de nuestro expertise buscamos modelos más eficaces y accesibles de atención a pacientes”.
Este programa se inscribe en el objetivo general de la ACHS de aumentar su presencia en las prestaciones generales de salud para la población, apuntando a ampliar las opciones para los beneficiarios del seguro público.
“Nuestro foco es generar capacidad para que los pacientes Fonasa que no están teniendo acceso hoy, ya sea en el sistema público o en el privado, puedan atenderse con nosotros”, destaca Moreno, quien detalla que este programa -iniciado en un primer grupo de centros en agosto del año pasado- a la fecha ya ha realizado en torno a 3.000 atenciones entre salud mental y traumatología. “Esto nos tiene muy entusiasmados y existe una muy buena evaluación de experiencia”, añade.
– ¿Cómo opera actualmente la colaboración de la ACHS con Fonasa?
-Operamos en la modalidad de libre elección de Fonasa, a través de la cual un trabajador afiliado a ésta, o un paciente, puede elegir dónde atenderse. Dado que la gran mayoría de los prestadores privados son de nivel tres, y por lo tanto tienen un copago más alto que el de Fonasa nivel uno, eso puede ser una barrera de acceso para algunos pacientes. Entonces, el paciente que decide ir a un centro y atenderse con esta modalidad tiene el beneficio de un precio más accesible. A nivel general, funcionamos hace varias décadas con Fonasa en nuestro hospital atendiendo pacientes en intervención quirúrgica y también tenemos la modalidad de pago asociado a diagnóstico de salud (PAD).
– ¿En qué etapa se encuentra el programa que se está implementando en la red de centros?
-Estamos en una fase de capacidad acotada para probar el modelo. Nuestro foco este año es asegurar que el modelo funciona y cubre necesidades de pacientes que no tienen acceso, pero que a la vez convive de manera óptima con nuestros pacientes de la ley.
-¿Cuál es el próximo objetivo del plan?
– Queremos poder llegar a convertirlo en un prestador Fonasa a nivel uno, para que los pacientes que no están teniendo acceso puedan venir. No queremos competir con los pacientes que está atendiendo el sector público o que son atendidos a través de Fonasa en el sector privado, sino que queremos generar capacidad para los que no están teniendo acceso. Y creo que a través de estos modelos de atención también vamos a tener una propuesta atractiva desde la perspectiva sanitaria.
-¿Qué otros proyectos hacia la salud pública están viendo?
-Siempre hemos buscado la forma de transferir toda nuestra eficiencia a precio. Por lo tanto, tenemos un foco en que la actividad quirúrgica no ley pueda estar disponible para pacientes Fonasa; por ejemplo, ya 60% de las atenciones de la red de Clínica Regional corresponden a Fonasa. Por lo tanto, también tenemos un esfuerzo desde lo quirúrgico hospitalario para priorizar nuestra capacidad.
-La ACHS participa en la provisión de atenciones de mayor complejidad para el sistema público a través de la licitación que hizo Fonasa el año pasado, adjudicándose el mayor porcentaje ¿Cómo se ha desarrollado ese proceso?
-Respecto a las listas de espera, tenemos dos experiencias muy positivas. La primera en 2018, en que se nos asignó de manera directa un universo de pacientes para que resolviéramos sus intervenciones quirúrgicas, y en esa oportunidad operamos a 3.000 personas. Y en la licitación del año pasado fuimos el prestador privado que tuvo el mayor porcentaje de adjudicación con un 58% de los cupos. Ese proceso se definió un precio máximo y nosotros fuimos a un 40% menos que ese precio y por eso obtuvimos mayores cupos.
En nuestro hospital y en nuestra red de clínicas regionales hemos hecho un poco más de 2.000 cirugías de gente que llevaba mucho tiempo en lista de espera con muy buenos resultados.
Reforma al sistema de salud
En el marco de las definiciones que el país está adoptando para transformar el sistema de salud, Moreno subraya que “en la ACHS tenemos la motivación, capacidades y responsabilidad de ser parte de la solución al problema de la salud pública en general en Chile. No creemos en la competencia entre el sector público y el sector privado, y sí en la complementariedad”.
-¿Cuál es su visión de la forma en que se está llevando a cabo la discusión para definir la futura estructura del sistema de salud?
– Para todos los que somos parte del sistema de salud no nos puede ser indiferente que hoy tenemos un sistema que no está funcionando óptimamente. Las dificultades que tienen muchos millones de chilenos y chilenas para acceder a resolver su problema de salud se establecen en una situación de desequilibrio que no se puede sostener por mucho tiempo, por lo tanto que hay que hacer ajustes. En eso creo que hay bastante consenso y es la opinión nuestra también.
Desde esa convicción, creemos que los actores privados tenemos un rol relevante en complementarnos. Creo que el problema de acceso a la salud que tienen muchos de nuestros compatriotas solo se puede resolver si es que trabajamos de manera más integrada entre el sistema público y el privado. Ninguno por sí solo va a ser capaz de resolverlo.
-¿De qué manera debiera potenciarse la complementariedad público-privada en salud?
-Por ejemplo, el gran aprendizaje respecto a cómo se enfrentó una emergencia sanitaria como la pandemia integrando las capacidades públicas y privadas, creemos que es el camino para abordar el problema de la salud. Nosotros hemos hecho muchas propuestas y también acciones que apuntan en esa dirección: hemos trabajado con Fonasa en dos oportunidades para poner nuestras capacidades a disposición de resolver la situación de pacientes que están esperando por una intervención quirúrgica.
-Al interior de la Convención Constituyente ya se aprobaron las normas generales derecho a la salud y está en discusión el rediseño de la estructura de los prestadores y aseguradores privados en función de un sistema universal público. ¿Cuál es su visión sobre los cuidados y factores que deberían tenerse en cuenta en este proceso?
– Restringir la participación de cualquier actor implica, a su vez, restringir las capacidades del sistema de salud en Chile, que hoy tiene una problemática de acceso y para eso, tenemos que buscar sistemas que den el acceso en función de la necesidad que tengan los pacientes y no de la capacidad que tengan para pagar. Pero creo que restringir participación de actores va a agudizar el problema y creemos en una solución en la que participen conjuntamente actores públicos y privados.
Fuente: Diario Financiero, abril 29 de 2022
La ministra Jara señaló que los resultados del Informe Anual de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo estuvieron influidos por la baja tasa de comparación de 2020, año marcado por las restricciones a la movilidad.
El Gobierno dio a conocer este jueves el Informe Anual de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2021, el cual reporta las cifras del ejercicio pasado sobre accidentabilidad en el trabajo, o en el trayecto, de fatalidades y de enfermadades de origen laboral.
Entre las principales conclusiones del estudio destaca que la tasa de accidentabilidad registrada el año pasado alcanzó a 2,6 accidente de trabajo por cada 100 trabajadores. Si bien el resultado representa un aumento de 0,4 punto respecto al período anterior, dicha alza se explica por la baja tasa de comparación de 2020, año en el cual las restricciones de movilidad y cuarentenas, producto de la pandemia, afectaron fuertemente el mercado del trabajo y la presencialidad laboral.
Sobre esto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara señaló «es necesario destacar, más allá del alza puntual de 2021, la baja sostenida que ha presentado este indicador como tendencia durante los últimos diez años. Es algo positivo que nos permite señalar que hay una mejora en las condiciones y espacios laborales».
Por otro lado, los accidentes de trabajo aumentaron de 113.202 a 135.715 y afectaron, principalmente, a hombres, en el 72% de los casos, mientras que los accidentes de trabajo de las mujeres representaron el 28%.
Respecto de los accidentes en el trayecto, y dada la mayor movilidad experimentada por los trabajadores en 2021, se observó un incremento del 15%, llegando a 45.601 casos, casi 6 mil más que el año anterior. La diferencia por sexo en el caso de accidentes de trayecto es menor, siendo un 56% en hombres y un 44% en mujeres.
En cuanto a los accidentes laborales de trabajo y trayecto con resultado de muerte, se ve un aumento de 35 casos respecto al año 2020, alcanzando las 339 personas fallecidas en 2021.
En materia de enfermedades profesionales, el número de denuncias creció en 18,4% comparado con 2020, llegando a 241.968, en las que se incluyen los casos de covid-19 confirmados; covid-19 contacto estrecho y, en menor medida, covid-19 sospechosos.
No obstante, al excluir los casos asociados a coronavirus, igualmente se observa un alza de un 14,3% en las denuncias en el resto de los diagnósticos respecto al año anterior y de 18,9% respecto de 2019, año sin efectos ocasionados por la pandemia.
«Es necesario destacar, más allá del alza puntual de 2021, la baja sostenida que ha presentado este indicador como tendencia durante los últimos diez años. Es algo positivo que nos permite señalar que hay una mejora en las condiciones y espacios laborales»
Jeannette Jara, ministra del Trabajo
Respecto a la calificación de origen, del total de las denuncias el 67% fueron calificadas como de origen laboral, porcentaje mayor al 56% del año 2020 continuando la influencia de la cobertura del Seguro de los casos de covid-19 contactos estrechos, de covid-19 confirmados y covid-sospechosos, que en el 88%, 70% y 25% de las denuncias, respectivamente, fueron calificadas como de origen laboral.
Así, del total de enfermedades de origen laboral (excluyendo los casos de coronavirus por contacto estrecho y sospechosos), el 60,1% corresponde a casos de covid-19 confirmados, un 20,6% de casos de salud mental, un 8,3% a enfermedades musculoesqueléticas y un 10,9% asociados a otros diagnósticos. Si se excluyen los casos asociados a la pandemia que fueron confirmados, las enfermedades de salud mental representan un 51,5% del total de enfermedades laborales.
Las enfermedades laborales se distribuyen en un 40% en el caso de las mujeres y un 60% en el caso de los hombres.
Sin considerar los contagios por covid-19, los principales diagnósticos para las mujeres son las enfermedades de salud mental (64%), dermatológicas (15%) y musculoesqueléticas (12%). Para los hombres las principales enfermedades tienen relación a los diagnósticos de salud mental (38%), musculoesqueléticas (31%) y audiológicas (13%).
Fuente: Emol economía, abril 29 de 2022
Si en enero de 2023 el sueldo mínimo sube a $ 410.000, desde ese mes y hasta abril el aporte del gobierno será de $ 32.000 por cada funcionario.
Casi cinco horas estuvieron reunidas las autoridades del Ministerio de Economía -lideradas por el titular de la cartera, Nicolás Grau, y la susbecretaria Javiera Petersen- y los gremios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) hasta que alcanzaron un acuerdo sobre el apoyo que se entregará a las firmas para que puedan pagar un salario mínimo más alto, que subirá un primer peldaño en mayo, y que en agosto llegará a $ 400.000.
Pasadas las 17:00, Petersen comenzó a leer lo convenido, que establece un subsidio base para las MiPyme de $ 22 mil por trabajador que antes de mayo ganaba el mínimo. El mismo aporte se entregará entre mayo y abril de 2023 si en enero el salario mínimo se mantiene en $ 400.000.
Pero, si se ajusta a $ 410 mil en enero de 2023 -lo que pasaría si la inflación supera el 7%-, el subsidio subirá a $ 32 mil, y los detalles serán especificados en un anexo.
La propuesta anterior del Ejecutivo planteaba que las empresas se hicieran cargo del aumento equivalente a la inflación, y que el gobierno subsidiara el “alza real”, o sea sobre el IPC.
El ministro reconoció que el que el subsidio sea estable y no dependa de la inflación de cada mes se acogió en pos de la mayor estabilidad para las MiPyme. Y aclaró que si una empresa contrata trabajadores cuando el beneficio ya esté vigente, va a subir el subsidio proporcionalmente a la cantidad de personas que contrataron.
Detalló que el monto total de la iniciativa también será mayor, pero que su costo fiscal estará especificado en el proyecto de ley que ingresará al Congreso mañana. Tanto el alza del salario mínimo como el subsidio a las MiPyme ingresarán como un mismo proyecto de ley.
Lo que sí se mantiene desde el plan original es que la Tesorería será la encargada de pagar el aporte, y que su entrega se hará de la misma forma que se hizo con el Bono PYME.
Otro punto clave para los gremios fue que en el acuerdo se incluyeran preocupaciones de largo plazo, que se comenzarán a abordar el viernes en el Consejo Consultivo PYME. Ahí se abordarán temas como la reducción de jornada laboral, la modificación de la Ley de Pago a 30 días, la reforma a la Ley de Compras Públicas, y las medidas anunciadas en el plan “Chile Apoya”. El gobierno también se comprometió a estudiar alternativas de refinanciamiento de los Fogape adquiridos en pandemia.
Los que no firmaron
Firmaron el acuerdo la Asech, Conupia, CNDC, la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Asexma, Convergencia Nacional de Gremios Pyme y Cooperativas de Chile, Unapyme, Aneet Chile, y Mipymes A.G.
La Multigremial Nacional de Emprendedores, Fedetur y Conapyme decidieron restarse de la firma. El primer gremio valoró la instancia de diálogo, pero no estuvieron de acuerdo con la propuesta final, ya que acusan que el gobierno no se está haciendo de cargo de toda la inflación de 2022.
Su presidente, Juan Pablo Swett, agregó que “el subsidio debe prolongarse por mucho más tiempo que un año, porque si no en abril de 2023 las MiPyme tendrán un aumento mucho más fuerte del salario mínimo del que no podrán hacerse cargo”.
Según detallaron dirigentes PYME, uno de los puntos que retrasó la discusión fue que el gobierno planteó que el subsidio fuera decreciendo en el tiempo. Puntualmente, se proponía que en mayo el aporte del gobierno fuera de $ 15.000, pero fuera bajando los dos meses siguientes. En agosto -cuando se llegara a los $ 400.000- el subsidio volvería a subir, ahí a $ 29.000, pero iría disminuyendo hasta abril de 2023.
La idea de que el subsidio fuera decreciendo no fue bien recibida por los dirigentes PYME, y finalmente las partes optaron por un monto fijo a lo largo del tiempo -como impulsaban algunos gremios-, y no por ajustar el subsidio cuando se produzca el aumento general en agosto.
El ministro Grau destacó que “el resultado de este subsidio que estamos haciendo para las MiPyme es no solamente un buen acuerdo por quienes lo componen, sino que el diseño ahora es mejor”. Destacó que “cuando se conversa con quienes están a cargo de emprendimientos, con quienes están ahí, mejora la política pública”, y agregó que “el hecho de tener un Gobierno que escucha y que tiene participación social y que escucha a los gremios no es un asunto cosmético”.
“Estamos convencidos de que un proyecto que aumenta el salario mínimo y que está firmado por la CUT y el mismo proyecto tiene un acuerdo con las MiPyme para ayudarlos a cubrir ese aumento, es una señal importante para el país de que somos capaces de ponernos de acuerdo y una señal importante para el Parlamento”, insistió la autoridad.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Ya se ha recuperado cerca del 90% de los puestos perdidos debido a la pandemia. De hecho, los trabajos formales en la industria manufacturera retornaron a niveles previo al Covid-19.
La cifra significó un descenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) frente al mismo lapso de 2021, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (8%), dijo el INE en un comunicado.
Así, en los primeros tres meses del año, se crearon 59.630 empleos. Se trata del décimo aumento consecutivo después de las caídas que se observaron durante los trimestres móviles febrero – abril 2021 y marzo – mayo 2021, hace casi un año.
Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre mayo – julio), los datos permiten ver que se ha registrado un aumento acumulado de 867.239 hombres y 748.955 mujeres ocupadas, lo que deja un alza total de 1.616.194 personas ocupadas a nivel nacional. En suma, ya se ha recuperado el 87,2% de las plazas laborales que se perdieron como consecuencia de la paralización económica que generó la crisis sanitaria.
“Es el nivel más alto de recuperación”, dijo la directora del INE, Sandra Quijada, agregando que actualmente existe un repunte importante de personas que han entrado a la fuerza de trabajo y algún porcentaje que ha transitado a la inactividad habitual.
Al observar los datos sin ajuste estacional, se constata un aumento acumulado de 903.169 ocupaciones formales y 821.200 informales, lo que deja un alza total de 1.724.369 personas ocupadas.
Como contraparte, las personas desocupadas disminuyeron un 20,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-23,1%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,2%).
¿Quiénes impulsaron las cifras?
El alza de las personas ocupadas fue incidida por las mujeres (10,5%) y luego por los hombres (6,2%).
Por sector económico, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (9,9%), actividades de salud (15,6%) y construcción (11,4%).
Quijada también destacó la recuperación de trabajos formales en los sectores de industria manufacturera, en donde se superó el nivel previo a la pandemia (131,9% de ocupados) y actividades de salud que fue uno de los pocos sectores que en el peor momento de la pandemia registró aumentos en vez de disminuciones.
Bajo la lupa de la categoría ocupacional, en el resultado influyó el crecimiento de las personas asalariadas formales (7,9%) junto con por el segmento de cuenta propia (8,2%) e informales (9,7%).
En este contexto, de hecho, la tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, lo que implicó un incremento de 0,6 pp. en doce meses, con avances sobre 10% tanto en hombres como mujeres.
Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y desocupación se situaron en 59,5% y 54,9%, respectivamente, lo que implicó aumentos de 2,2 pp. y 3,5 pp., en cada caso.
En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,1%, influida únicamente por las personas inactivas potencialmente activas (-29,7%).
Con relación a los inactivos potencialmente activos, los datos mostraron que éstos mantuvieron su dinámica decreciente en 12 meses. Así, totalizaron 850.820 personas, lo que significó una disminución respecto al trimestre móvil anterior de 4,4% (38.734 personas).
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 11,2%.
De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 3%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio para los hombres fue 38,9 y para las mujeres, 33,1 horas.
Diferencias respecto a la encuesta de la UC
Consultada respecto a los datos que ha mostrado el sondeo realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Quijada enfatizó que se trata de mediciones distintas que no deben ser comparadas debido a utilizan metodologías diferentes.
Según explicó la directora del INE, ellos como servicio muestran en sus datos “un dinamismo más parsimonioso”, debido a la metodología y los periodos analizados. “Nosotros monitoreamos el dinamismo del mercado laboral durante todo el periodo, no durante un periodo puntual, no con una foto tan acotada como lo hace la encuesta de la UC”.
Así, Quijada enfatizó que, si bien los dos instrumentos aportan a mirar lo que está pasando en el mercado laboral, “la estadística oficial es la del INE, y tiene una película de lo que pasa durante el trimestre más que una foto puntual”.
En la conferencia realizada por la directora, también se refirió al proceso de trabajo en torno al Censo 2023: “Estamos trabajando para que eso suceda durante el próximo año, y este año estamos trabajando la prueba censal”, dijo, agregando que prontamente se entregarán más antecedentes al respecto.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Primer rompehielos de la Armada presenta 59% de avance y podría estar listo en diciembre de este año
La nave construida por Asmar, que albergará a 86 tripulantes y 34 científicos, además de poseer una autonomía de 60 días, podrá ser usada por la institución marina a fines de 2024.
Desde 2018, en Talcahuano se construye el primer buque rompehielos que es fabricado en el país, el cual podrá romper una capa de hielo de hasta un metro de espesor, permitiendo a la Armada de Chile realizar múltiples tareas de logísticas e investigaciones.
El denominado «Proyecto Antártica I» actualmente presenta un 59% de avance «por lo que ya es posible observar la conformación y estructura general del buque, cuyas dimensiones son impactantes», señala el director de Asmar, empresa que lleva a cabo la fabricación del navío, Jaime Sotomayor.
La construcción del buque rompehielo es el resultado de un codiseño entre Vard Marine, la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada y Asmar.
Con esta iniciativa, la Armada de Chile podrá realizar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones científicas de Chile en la Antártica.
El barco, que está siendo construido en la planta principal de la industria Asmar, tendrá una clasificación Ice Class PC5, que le permitirá quebrar una capa de hielo de hasta un metro de espesor, de un año de antigüedad, cubierto con hasta 20 centímetros de nieve, y a una velocidad de tres nudos.
Sus dimensiones comprenden de una eslora de 111 metros, una manga de 21 metros y un calado de 7,2 metros, siendo capaz de operar a una temperatura de -30 grados Celsius. Tendrá un alcance de 14.000 millas náuticas, autonomía para operar 60 días y podrá llegar a una velocidad máxima de 15 nudos.
Una vez operativo, el buque podrá disponer de una dotación de 86 tripulantes y podrá transportar a 34 científicos. Tendrá la capacidad para transportar 19 contenedores de 20 pies, 400 metros cúbicos de combustible y 400 metros cúbicos de carga pallets.
Para investigaciones, los científicos tendrán a bordo equipos de ecosondas, sonares, perfilador de fondo, perfilador de corrientes y posicionador acústico de alta precisión para desarrollar estudios de oceanografía física, química, geológica y geofísica. Además, el buque contará con laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, como también elementos para la recolección, almacenamiento y conservación de muestras del mar y del fondo submarino en cámaras frigoríficas.
Dentro de las labores de búsqueda, el navío podrá operar en caso de siniestros marítimos, aéreos o terrestres en la Antártica, empleando para ello helicópteros embarcados, botes de rescate y una enfermería con capacidad quirúrgica.
«Durante los próximos meses esperamos poder finalizar la instalación de bloques, continuar avanzando en la instalación de sistemas y las terminaciones de departamentos interiores. El próximo hito importante es el lanzamiento del casco al mar», señaló Jaime Sotomayor.
Asmar proyecta lanzar el buque rompehielo al mar entre diciembre de este año y enero de 2023, mientras que la Armada podrá disponer de su uso a fines del año 2024.
Maqueta del rompehielo. Crédito: Asmar
Fuente: Emol economía, abril 26 de 2022
Consensus Forecast actualizó sus perspectivas de largo plazo para el PIB chileno. Proyecciones de Producto, consumo e inversión para 2022 y 2023 también se redujeron.
Luego de un crecimiento histórico cercano al 12% durante 2021, el panorama económico para este año y los siguientes se ha deteriorado de forma relevante, con perspectivas que incluso hablan de una recesión que podría iniciarse a fines de este año y extenderse hacia 2023.
¿La razón? En lo interno, la alta base de comparación y la ausencia de factores que impulsaron la alta expansión de la economía, como los retiros anticipados de fondos previsionales y las masivas transferencias estatales entregadas durante los últimos dos años; mientras que nivel externo aún impera la incertidumbre por la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania.
Un escenario de estancamiento económico para Chile que no será un fenómeno aislado del actual bienio, sino que promete extenderse a la próxima década.
Así lo consideran los bancos de inversión, departamentos de estudios y consultoras encuestadas por Consensus Forecast, que entregaron sus perspectivas macroeconómicas para el país a diez años.
Así, los 26 consultados prevén que en promedio el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá un 2,1% entre 2022 y 2032, una rebaja si se compara con la última revisión de largo plazo (octubre), cuando preveían un 3,4%. Eso sí, dicha estimación incorporaba el crecimiento del PIB sobre el 10% para el 2021.
Consensus Forecast entrega estimaciones de más largo aliento en dos oportunidades al año: en abril y octubre.
La trayectoria alcanzará su punto más bajo de crecimiento el próximo año, con un avance de apenas 1%, para luego crecer sobre el 2% hasta el final del horizonte de proyección. ¿El punto más alto? El 2,4% de expansión el 2027.
Las apuestas para los componentes del Producto también se revisaron a la baja. Por una parte, el consumo privado crecerá en promedio un 2% en los próximos diez años, una rebaja desde el 4,3% previsto en octubre pasado. Eso sí, esos datos incorporaban el histórico crecimiento del 2021, con un avance esperado superior al 15%.
Al igual que el PIB, el consumo tendrá su punto más bajo de crecimiento en 2023, para luego normalizarse a tasas de expansión levemente superiores al 2% hasta el 2032.
Por el lado de la inversión, también se anotó una rebaja: en la próxima década, los consultados proyectan un crecimiento promedio de 1,4% en el lapso, menor al 3,8% de hace seis meses, que incluía los cálculos para el 2021, año en que se preveía una variación de 13,1% para el indicador.
Corto plazo
Para este año, el mercado redujo a 2% su proyección de crecimiento del PIB, una décima menor al mes previo.
Así, el dato se ubica sobre el rango medio del Banco Central (1,5%) para el actual período y por debajo del 3,5% que prevé el Ministerio de Hacienda y que actualizará el próximo 3 de mayo.
Las perspectivas oscilan entre un avance de 3,3% (Citigroup) y una contracción de 0,8% de parte de S&P Global Market Intel (ver tabla).
Para el próximo año, en tanto, las apuestas se redujeron en dos décimas a 1%, todavía sobre la media que prevé el instituto emisor para el año siguiente (0,3%).
Las apuestas para el consumo se redujeron en cuatro décimas para este año, a 1,8%, y en dos décimas a 0,4% el próximo año.
Mientras que, para la inversión, se espera un avance de 0,4% en el actual ejercicio (un punto menos que en marzo) y una caída de 0,3% el próximo. El mes pasado preveían un aumento de 0,6%.
Fuente: Diario Financiero, abril 26 de 2022
En caso de que la inflación supere el 7% a diciembre de 2022, el ingreso básico se incrementará en 410.000 a contar de enero de 2023.
Este lunes, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Unidad Central Unitaria de Trabajadores, donde establecieron un reajuste de $50.000 mil pesos en el salario mínimo y otras medidas para compensar el aumento de la inflación.
En una mesa de trabajo, donde participaron los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), junto con el presidente de la CUT, David Acuña, y el secretario del organismo, Eric Campos, estos acordaron un alza de $50.000 mil pesos en 2022 para todo trabajador entre los 18 y 65 años.
«Para nosotros es motivo de satisfacción no solo por tratarse de la primera negociación formal que tenemos con la CUT, sino que también por la materialización de una parte importante de la agenda del Presidente Gabriel Boric. En este acuerdo tenemos tres grandes componentes, uno es el reajuste del salario mínimo, otro es la serie de medidas para compensar la inflación y en tercer lugar tenemos acuerdos en materia de trabajo decente», dijo el ministro Mario Marcel.
En una primera instancia, a contar del 1 de mayo de este año, se incrementará el ingreso mínimo mensual a $380 mil pesos. Posteriormente, a contar del 1 de agosto del 2022 se incrementará hasta $400 mil pesos.
En caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2022 supere el 7%, el salario mínimo se incrementará en $410.000 a contar de enero de 2023.
«El ingreso mínimo mensual para menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneraciones se reajustará en las mismas proporciones y fechas», estipula el acuerdo.
El Estado otorgará una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas destinadas a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo.
Protección frente a la inflación
Dentro de los acuerdos alcanzado en la mesa de trabajo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, se estableció un Observatorio del Valor al Público de la canasta básica de alimentos, que será implementando por el Servicio Nacional de Consumidor.
Este organismo reportará públicamente al Consejo Superior Laboral. En caso de detectar anomalías en el comportamiento de los precios, se informará a la Fiscalía Nacional Económica.
Asimismo, se estableció un beneficio, el cual será compensatorio al aumento del valor de la canasta básica de alimentos. Este se calculará mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos.
Este se otorgará por causante de Asignación Familiar y se pagará entre mayo y diciembre de este año, cuyo monto tendrá, de manera excepcional, un mes adicional por trabajador con carga.
Promoción del trabajo decente
Este lunes, el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al seguro de desempleo.
Para ello se creará una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para así considerar su diseño y gradualidad.
En esa línea, durante el 2023, se enviará al Parlamento una iniciativa que modifique las normas sobre derecho colectivo del trabajo, considerando el ámbito y nivel de la negociación colectiva.
Por último, se propondrá al Poder legislativo la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fuente: Emol economía, abril 25 de 2022
Análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP mostró que 15,6% de los asalariados es parte de alguna modalidad de subcontratación.
La legislación laboral en el el país se apresta a enfrentar una serie de cambios de aprobarse la nueva Constitución. Ya pasaron al borrador del nuevo texto propuestas en el sentido de garantizar la libertad sindical, el derecho a huelga y la posibilidad de que los trabajadores -a través de organizaciones sindicales- puedan participar en las decisiones de las empresas.
Una idea que no logró el quórum de dos tercios del pleno de la Convención Constitucional -y, por ende, volvió a comisión para una nueva redacción- fueron los límites que desde algunos sectores se querían establecer a la subcontratación o tercerización. Es decir, a aquella modalidad utilizada por las empresas para delegar en terceros ciertos procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero que usualmente no forman parte de su giro directo (core business).
Pero, ¿qué tan extendida es esta práctica en Chile? ¿Es efectivamente un tipo de trabajo precarizado? ¿Qué dicen las cifras? Estas fueron parte de las preguntas que respondió un análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, basado en la la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Bajo el título “Tercerización en Chile: magnitudes y características de las relaciones laborales multipartitas”, el economista identificó que los asalariados adscritos a alguna de las modalidades correspondientes a subcontratación sumaron 1.003.867 en el trimestre diciembre 2021 – febrero 2022, lo que equivale a 15,6% del total de personas con contrato.
La prevalencia de esta figura, que tiene como contraparte los 5.411.877 de quienes tienen una relación laboral directo con la compañía en que se desempeñan, llega a 25,7% en el sector público, mientras que en en el ámbito privado alcanza a 13,6%.
Por rubro económico, minería es el rubro que lidera en subcontratación, ya que el 52,3% de los asalariados está bajo esta modalidad.
Otras ramas con una alta participación de trabajadores tercerizados son suministro de electricidad y gas, enseñanza y salud, con niveles de 35,9%, 26,2% y 26,1%, respectivamente.
¿Precarización?
Para Bravo, el debate en torno a la tercerización se debe realizar a la luz de la evidencia, ya que ésta demuestra que los empleos tercerizados “no tienen una mayor precariedad”.
De hecho, las cifras dan cuenta de que la tasa de ocupación informal para el segmento de asalariados tercerizados es de 10,3%, la que constrasta con el 15,6% en el caso de aquellos no tercerizados.
Con respecto a la estabilidad laboral, las cifras indican que el porcentaje de contratos indefinidos es menor en el segmento de tercerizados es de 58,7% en comparación a 73,5% en los no tercerizados.
Según complementa Bravo, los trabajadores tercerizados exhiben mejores indicadores en materia de seguridad social respecto a sus contrapartes, ya que en el caso de la subcontratación existe en la legislación laboral la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria.
¿Qué significa esto? que la empresa principal (mandante) está obligada a responder por las deudas laborales y previsionales en que hayan incurrido sus contratistas o subcontratistas con sus trabajadores, por lo que tienen menos posibilidades de que nadie responda por sus cotizaciones.
De ahí que Bravo plantee que las cifras no sugieren necesariamente que los empleos asalariados tercerizados tengan un menor grado de seguridad social y, por ende, de formalidad.
A su juicio, otro elemento necesario a analizar para saber si existe precarización laboral, es la existencia de brechas de ingresos entre asalariados tercerizados y no tercerizados.
Conforme a las cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE del año 2020, el promedio del ingreso de la ocupación principal entre asalariados tercerizados fue de $615.042, mientras que entre los asalariados no tercerizados dicha cifra fue de $ 728.790. Una diferencia de 18,5%.
Bravo explica que la diferencia salarial radica en que entre los trabajadores tercerizados hay una proporción mayor de trabajadores en ocupaciones de baja calificación y una proporción menor en ocupaciones de alta calificación en comparación a los trabajadores no tercerizados.
“Quienes ejercen ocupaciones de baja calificación tienen una menor capacidad de generación de ingresos considerablemente menor a los de alta calificación”, explica el economista.
Consultado respecto a si debe o no limitarse en la Constitución el uso de esta modalidad laboral, Bravo es claro: este es un aspecto que debe ser regulado en la legislación laboral, y no en la carta fundamental.
“Cuando uno mira las normas que se han aprobado, uno ve que hay aspectos demasiado específicos sobre el mercado laboral, y la Constitución no debe transformarse en otro Código del Trabajo, porque para eso existe la legislación laboral, para ver todos los aspectos detallados del mercado laboral”, enfatiza.
Los trabajadores por turno,
otra mirada al mercado laboral
Un análisis realizado por el INE mostró que las personas ocupadas que trabajan bajo algún sistema de turno en el país sumaron 618.677 en el trimestre diciembre-febrero 2022, lo que representa un 7,1% del total. El valor más bajo observado fue en agosto-octubre de 2020, con 480.206 personas, agregó el reporte.
De todos quienes laboran por turno, el 73,1% correspondió a hombres (452.008) y el 36,9% a mujeres (166.669). Si se compara con el conjunto de ocupados por sexo, los primeros son el 5,2%y las segundas el 1,9%.
La revisión de las cifras por sector económico muestra que este esquema se encuentra concentrado en las ramas de minería, actividades de salud, industria manufacturera y transporte, los cuales -por sus características productivas- requieren un funcionamiento continuo.
Coherente con lo anterior, las regiones que presentaron las mayores participaciones relativas de personas ocupadas con turnos fueron Antofagasta (24,2%), Atacama (20,4%) y Tarapacá (13,6%).
El total de horas trabajadas por los ocupados bajo sistema de turno, luego de aplicar los ajustes correspondientes -señala el INE-, tiene una distribución similar a la de horas habituales por los ocupados nocturno, permitiendo su homologación.
De todas formas, las personas ocupadas que declaran el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales representaron al 11,5% del total de la población ocupada. Segúnsexo, los hombres ocupados representaron al 12%, mientras que en las mujeres ocupadas al 10,8%.
Fuente: Diario Financiero, abril 25 de 2022
Las redes del presidente Gabriel Boric con el empresariado en Chile son exiguas. El más cercano exponente del sector para el presidente es Pablo Zamora, ex NotCo, recién nombrado director de Fundación Chile. Los encargados de armar los puentes son Lucía Dammert y Diego Pardow, ambos asesores del segundo piso, quienes por estos días definen qué empresarios serán los invitados a la gira a EE.UU. en junio próximo.
La desconexión quedó en evidencia en plena campaña presidencial. Cuando el equipo de Gabriel Boric se repartió las responsabilidades y roles que cada uno debía tener, la falencia quedó al descubierto: no había nadie que tuviera redes estrechas con el mundo empresarial.
El único que cubría de cierta manera ese frente era Diego Pardow, entonces coordinador programático de Gabriel Boric. Si bien la trayectoria del abogado y expresidente ejecutivo del think tank Espacio Público ha estado ligada principalmente a la academia y a las políticas públicas, en su paso como abogado asociado por el estudio de Enrique Barros (entre 2002 y 2005) y luego por Ferrada Nehme (del 2008 al 2020), tuvo vínculos con grandes grupos empresariales.
“No había muchos puntos naturales de conexión. Y para agudizar el contraste, era muy distinto a la relación de Piñera con los empresarios. Pardow era quizás el que tenía el menor costo de entrada. Más códigos de información”, explica una persona que participó en el equipo programático de Gabriel Boric.
El abogado fue entonces el encargado de reunirse con los gremios, compañías multinacionales, grupos empresariales y asociaciones varias para dar a conocer el programa y para que el entonces candidato lograra tender puentes con ese mundo.
Y aunque Gabriel Boric participó de foros empresariales y se reunió con la CPC, la Sofofa y también con organizaciones como Icare y Endeavor, entre otros, lo cierto es que hasta hoy todavía no existen lazos consolidados desde el gobierno con el mundo de los negocios.
“Es una relación en construcción”, reconoce un cercano a esta administración.
Gabriel Boric siempre ha mirado de lejos a ese mundo. Su padre, Luis Boric, es ingeniero de Enap y militante DC, y en su entorno familiar no hay muchos empresarios. Esto no quita que no entienda el rol de la empresa en la sociedad, pero es un vínculo que está recién empezando a formar, aclara un asesor.
Aún así, desde que asumió el 11 de marzo pasado, el mandatario no ha sostenido ningún encuentro formal con ningún empresario o gremio, salvo por la gira en Argentina, donde, según quienes asistieron, se mostró interesado y cordial con los invitados y donde empezó a generar las confianzas que se esperan con ansias desde el gremio.
Consultados por DF MAS, los grandes grupos empresariales del país confirman que ninguno de sus fundadores ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Boric desde que asumió como presidente. Desde la Sofofa y la CPC dicen que aunque han pedido audiencias, todavía no logran concretar el encuentro y más de un empresario sigue recordando el que no hayan sido invitados al cambio de mando, el 11 de marzo.
Desde el gobierno replican: “La agenda ha sido dificilísima, con la cantidad de reuniones protocolares y las urgencias del día a día, no hay tiempo, pero eso debería empezar a cambiar ”. Y confirman que serán agendados en los próximos días.
Hasta ahora, la relación del gobierno con el empresariado la llevan principalmente los ministerios, en particular Hacienda, Economía y Trabajo y Secretaría General de la Presidencia, quienes tienen la misión de consolidar las conversaciones que cada uno tiene con los empresarios para traspasar al presidente esa información.
La gira a EE.UU. y las diferencias con Sutil
Si en la época de Sebastián Piñera la encargada de hacer el nexo entre el presidente y los gremios empresariales era su jefa de gabinete, Magdalena Díaz, en la administración Boric quienes asumieron ese rol son principalmente la jefa del segundo piso, Lucía Dammert, y el abogado Diego Pardow. Son ellos quienes revisan las audiencias y ordenan esa agenda.
De hecho, ya están en pleno diseño de la próxima gira presidencial a Estados Unidos, donde Boric participará de la Cumbre de los Estados Americanos que se inicia el próximo 6 de junio en Los Ángeles.
Aunque todavía no se ha extendido ninguna invitación, desde Presidencia confirman que se espera que participen representantes del mundo de la innovación y también de la agricultura, las dos grandes actividades que caracterizan al estado de California. De hecho, actualmente se está definiendo si se extenderá la invitación al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, o se optará por otro actor de este sector para que acompañe al presidente.
Y aunque todavía no está claro si los líderes de Sofofa o de CPC asistirán, el mandatario habría confirmado a los empresarios que lo acompañaron en el viaje a Argentina, que en su próxima gira serían incluidos los grandes gremios.
De hecho, fuentes de La Moneda dicen que en la última gira Sofofa estaba entre los invitados. Pero en vez del presidente del gremio Richard von Appen, fue la consejera Rosario Navarro la escogida para cumplir con los criterios de paridad de género. Sin embargo, la vicepresidenta de Sonda no pudo asistir: se encontraba en Estados Unidos en esa fecha.
El caso de la CPC fue diferente. Uno de los problemas con que se encontró el equipo de Gabriel Boric fue que todos los presidentes de rama hoy son hombres, y lo otro es que se quería evitar un episodio como el vivido durante la campaña, en el cual tras una reunión con el entonces candidato, el presidente de la CPC, Juan Sutil, realizó un punto de prensa donde criticó la participación del Partido Comunista en la alianza de gobierno.
La alocución no habría caído bien en el equipo del mandatario: días previos había estallado la colusión del gas, y ambas partes habían acordado que el encuentro sería para buscar espacios de comunión y no para marcar diferencias ni críticas.
“No tenemos ninguna relación directa con el presidente. No hemos podido concretar ninguna reunión. No conocemos su agenda y más allá de eso no podemos hacer, pero sí creo que es fundamental entender que en situaciones complejas, y especialmente en aquellas donde el país va a requerir de ciertas transformaciones, hay que concordar, y para eso hay que sentarse a conversar”, dice Sutil. De todas maneras, el líder gremial añade que sí han tenido reuniones con los ministros Siches, Grau, Marcel y Jeannette Jara, con quien trabajan en conjunto en el Consejo Superior Laboral, instancia de diálogo para buscar acuerdos en materia previsional y laboral.
¿A quién escucha?
Hoy por hoy, el empresario más cercano al presidente Gabriel Boric es Pablo Zamora, el fundador de NotCo, quien salió del día a día de la FoodTech en 2020.
Se conocieron en 2012, cuando ambos fueron elegidos por El Mercurio dentro de los 100 jóvenes líderes. Desde esa época, en la que Boric era presidente de la Fech y Pablo Zamora un emprendedor que vivía en Estados Unidos, empezaron a forjar una amistad que se ha ido estrechando con los años.
Aunque el ex NotCo no milita en ningún partido, tiene afinidad con el Frente Amplio y, por lo mismo, se empezó a topar con el actual mandatario en varios espacios en común. “Hemos conversado frecuentemente. Tengo una relación muy estrecha con él y también con el ministro Grau. Me interesa que las temáticas sobre innovación estén sobre la mesa y estoy agradecido de que estos asuntos hoy estén en la agenda”, dice Zamora.
El bioquímico, que acaba de ser nombrado como director de la Fundación Chile, jugó un rol importante en la campaña, desde donde articuló una red de emprendedores tecnológicos que funciona hasta el día de hoy. Es además una especie de asesor informal del presidente Boric, quien le pide su opinión sobre diferentes materias, entre ellas, cómo incentivar el emprendimiento, reactivación económica y también cómo el Estado puede dinamizar la economía a través de la modernización de sus instituciones.
Con el presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri, también han ido forjando una relación. No conversan comúnmente, pero tras la participación de Boric en Enade y la invitación a Gazmuri a la gira en Argentina, han ido generando mayor confianza. “Mi relación con el presidente ha sido muy fluida desde cuando era candidato. Me ha sorprendido su empatía”, afirma el presidente de Icare, organización con la cual actualmente el gobierno participa en la iniciativa Grupos Compromisos (ver recuadro).
Gabriel Boric también se ha mostrado impresionado por los planteamientos de Asimet, gremio liderado por Dante Arrigoni, otro de los que acompañó al presidente a Buenos Aires. “Lo invitamos al foro de la industria el año pasado y parece que caló hondo nuestro mensaje porque en el discurso de apertura del encuentro empresarial en Argentina mencionó nuestro foro y la necesidad de aumentar la industria en nuestro país”.
Arrigoni también ha tenido una estrecha relación con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y entre los planteamientos que han conversado está la creación de un Consejo de la Industria, compuesto por representantes regionales y de diversas asociaciones de empresas, que guíe la estrategia industrial del país y dependa de una nueva institucionalidad: la Subsecretaría de la Industria.
“Con el presidente nos vamos a reunir nuevamente. Nos pidió que le explicáramos mejor nuestra estrategia, pero principalmente con su equipo quedamos de trabajar y estamos coordinando las reuniones”, agrega Arrigoni.
Los socios de Unholster, Cristóbal Huneeus y Antonio Díaz-Araujo, también serían voces que el presidente escucha con atención. La empresa especializada en Data Science, Análisis de Datos, Desarrollo de Software fue la encargada chequear varios de los nombres para el gabinete del nuevo gobierno.
Empresas B y pluralidad
Otro foco de interés del mandatario en el mundo empresarial son las empresas B y aquellas con liderazgo femenino. Josefa Monge, presidenta de Sistema B, explica que durante la campaña se reunieron algunas veces con Diego Pardow y Giorgio Jackson. Pero fue durante la gira que conoció por primera vez al presidente.
“Fue muy cercano y entusiasta de las empresas B, muy apañador de lo que hacemos, nos presentaba siempre explicando por qué estábamos en su comitiva. La sensación que queda es de mucha apertura y de la búsqueda de una narrativa hacia el mundo empresarial. Que puede ser que la estén ensayando todavía”, dice.
Pero aunque algunos indican que ella es una de las personas que Gabriel Boric escucha, Monge es cauta: “Las empresas B tuvimos un protagonismo generoso para nuestro tamaño en la gira, pero desde ahí a que estemos ‘pauteando’ al gobierno, estamos muy lejos de eso. Sí creo que cuando encuentren esa épica sobre propósito e impacto, tendremos mucho que aportar. Si queremos una recuperación económica postpandemia, sería iluso pensar que la vamos a hacer sin la empresa. La solución son más y mejores empresas”.
Una visión similar tiene Fernanda Vicente, quien también asistió a la gira. “Tengo la sensación de que quieren entender cómo funcionan las compañías chilenas, pero no contado por los mismos líderes de siempre. No quieren defensas corporativas, sino comprender bien cómo funciona la dinámica interna desde los actores no tradicionales, lo que me parece un approach interesante”, dice la presidenta de Mujeres del Pacífico.
La decisión de prescindir de los tradicionales grupos de poder del mundo de los negocios fue absolutamente premeditada. Desde el entorno de Gabriel Boric confirman que la idea era mostrar la pluralidad de miradas que existen entre los empresarios chilenos. “Nos dimos cuenta en la campaña de que la voz del mundo empresarial era mucho más plural que como se presenta, que son un grupo heterogéneo con diferencias de opinión. En la opinión pública hay una caricatura instalada del empresario y la idea era salir de eso y visibilizar esas otras voces”, dicen.
«Me interesa participar»
Fue en enero pasado, a raíz de su participación en Enade. Ahí el presidente Gabriel Boric se hizo parte de la iniciativa levantada por Icare con el apoyo de la CPC para desarrollar grupos de trabajo en base a siete compromisos para resolver lo que han llamado “dolores ciudadanos”.
Salud, adulto mayor, agua, cambio climático, territorio y ciudades, mejores empresas y educación son las diferentes temáticas que deberán discutir, analizar e intentar resolver estos grupos con la colaboración del Estado. Por esta razón, desde presidencia ya tienen definido quiénes serán las personas que desde el gobierno se integrarán a estos equipos de trabajo.
“Esto parte como un documento que entregamos en enero, se lo mostré al Presidente y me dijo ´me interesa participar´. Estamos ya trabajando para en junio tener proyectos concretos que el gobierno pueda hacer suyos”, explica Lorenzo Gazmuri.
Fuente: Diario Financiero, abril 23 de 2022