Covington & Burling y Steptoe son algunas de las firmas especializadas en litigios que miran con atención el caso chileno desde 2019, ante la ola de consultas recibidas por parte de inversionistas con presencia local.
Litigantes británicos y norteamericanos cuentan que no es un fenómeno reciente las consultas y solicitudes de análisis que han recibido de parte de sus pares locales e inversionistas nacionales y extranjeros para conocer los mecanismos de protección de inversiones disponibles frente a eventuales cambios regulatorios y constitucionales que puedan afectar sus negocios. El estallido social fue el detonante y de ahí solo se ha profundizado. Eso es lo que cuentan Nicole Duclos, la litigante chilena socia de la firma norteamericana Covington & Burling que defendió a Hyundai en su conflicto con el MOP, y Matthew Coleman, socio de la firma inglesa Steptoe & Johnson, quien hace poco más de un mes estuvo de paso en Chile participando de una charla en el estudio Prieto para también abordar las particularidades de los distintos mecanismos existentes para proteger inversiones.
“Los inversionistas chilenos también buscan conocer cómo deben estructurar sus futuras inversiones a fin de contar con la protección de tratados internacionales”.
Nicole Duclos, socia Covington & Burling
“Los inversionistas también quieren saber cómo deben operar en el futuro”
Nicole Duclos sigue de cerca la actualidad local, y ha sido protagonista de seminarios locales orientados a abordar temas como los mecanismos de protección de inversiones realizados post estallido social, específicamente uno organizado por Amcham y el estudio Bofill Escobar Silva que, el año pasado reunió a un selecto grupo de litigantes internacionales entre los que estaban representantes de Jones Day, Dechert, Freshfields, White & Case, entre otros. Así como mantiene contacto con estudios chilenos frente a la creciente actividad en torno a los cambios legales que podrían profundizarse.
-¿Desde cuándo Chile esté en el radar de estudios internacionales especializados en litigios de inversión?
-Ha estado en el radar desde el estallido social en octubre de 2019. Este interés se mantuvo durante el proceso eleccionario del 2021, y se ha acentuado durante la Convención Constitucional. Cabe señalar, además, que ciertas reformas constitucionales y legales, como el retiro de rentas vitalicias y el proyecto de ley de royalty minero, se suman a los cambios que han generado interés entre aquellos que invierten en el país y los estudios que los representan.
-¿Cuáles son las motivaciones o preguntas con que llegan los inversionistas?
-Los inversionistas quieren entender cuáles son sus opciones legales y, en particular, sus derechos bajo el derecho internacional.
Este fenómeno no es exclusivo de Chile. Lo observamos en otras jurisdicciones de Latinoamérica en las que se observan reformas legales y regulatorias que van de la mano de cambios políticos, económicos y sociales, como es el caso de México, Perú y, potencialmente, Colombia.
-¿Cuáles son las herramientas o mecanismos que generan más interés?
-Los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio suscritos por Chile. Estos tienen la particularidad de que los inversionistas extranjeros tienen el derecho a iniciar acciones directas en contra del Estado de Chile en el evento de que éste no cumpla con sus obligaciones de protección a las inversiones. Ahora bien, dichas acciones no son demandas judiciales ante las cortes chilenas, sino que en arbitrajes internacionales fuera de Chile.
-¿Cuáles son las consultas más específicas que hacen los inversionistas?
-Por una parte, monitorean los cambios constitucionales, legales y regulatorios que podrían impactar sus inversiones. Por otra, identificar cuáles son los tratados bajo los cuales podrían invocar protección y, de ser necesario, iniciar un arbitraje internacional. Asimismo, los inversionistas han querido saber cómo debiesen invertir en el futuro a fin de contar con la protección de dichos tratados.
Estas preguntas no sólo se las han planteado los inversionistas extranjeros, sino que también los inversionistas chilenos, quienes, quizás por primera vez, han querido saber cómo deben estructurar sus futuras inversiones a fin de contar con la protección de tratados internacionales de inversión.
“Algunas firmas de abogados chilenas están interesadas en trabajar con oficinas internacionales con experiencia en litigios contra Estados”.
Matthew Coleman, socio lider en litigios de Steptoe & Johnson
“Existe la posibilidad de que un número significativo de inversionistas extranjeros presenten demandas contra Chile”
Matthew Coleman no puede dejar de hacer un paralelo entre lo vivido en el Brexit y la incertidumbre que generó el proceso, no solo en el minuto del referéndum, sino por las consecuencias que trajo. Y alerta que en Chile la situación es aún más compleja pues lo que se está intentando es un reordenamiento mucho más extenso del orden constitucional existente.
-¿Cómo observa el proceso constitucional chileno?
– Cuando veo el proceso en curso en Chile para reescribir la Constitución, con el resultado final de someterlo a referéndum, no puedo evitar compararlo con mi propia experiencia de vivir en el Reino Unido durante el Brexit y ahora el período posterior. Un período de gran incertidumbre y narrativas contrapuestas en el Reino Unido.
Lo que se está intentando en Chile es un reordenamiento mucho más extenso del orden constitucional existente, y nuevamente la decisión final será determinada por medio de un referéndum. Sospecho que si se realizan cambios a la Constitución, todos sus efectos no se conocerán hasta muchos años después de que se realicen esos ajustes. Por lo tanto, hay un elemento de incertidumbre en lo que está haciendo Chile y cuál será el resultado final.
-En un proceso que aún no finaliza ¿Por qué acudir a un asesor legal extranjero ahora?
– La incertidumbre, y una posible pérdida futura, es lo que está haciendo que muchos inversionistas consulten con firmas de abogados (locales e internacionales) para obtener una mejor comprensión del proceso que se lleva a cabo en Chile, cómo ese proceso puede afectar sus inversiones y qué alternativas tienen para litigar contra Chile como una cuestión de derecho internacional si los cambios a la Constitución les causan pérdidas financieras.
-Para un estudio como el suyo, ¿por qué es de interés venir a Chile y escuchar a los inversionistas?
-El derecho internacional es de particular interés para las firmas de abogados como la mía, ya que consideramos que existe la posibilidad de que un número significativo de inversionistas extranjeros presenten demandas contra Chile si sufren pérdidas como consecuencia de los cambios a la Constitución. Sé que los abogados en Chile también están considerando los mismos temas.
-¿Las firmas locales ya han tomado contacto con uds.? ¿Cuáles?
-Algunas firmas de abogados chilenas están interesadas en trabajar con oficinas internacionales que tienen experiencia en la presentación de demandas contra Estados en otras jurisdicciones, por su alta especialización. Y por otro lado, a las firmas de abogados internacionales les interesa trabajar con firmas locales, por su profundo conocimiento del proceso constitucional y otros asuntos domésticos relevantes. (Sobre con quiénes han conversado, prefirió no revelarlo).
–¿Cuáles son las preguntas que hoy se hacen los inversionistas extranjeros sobre la situación chilena?
-En su nivel más básico, quieren saber cómo los cambios a la Constitución afectarán sus inversiones. Ellos realizan inversiones en función de una tasa de rendimiento esperada, que en parte está determinada por el entorno regulatorio, y en la expectativa de que sus derechos de propiedad estarán protegidos por la ley. A algunos les preocupa que sus inversiones puedan ser expropiadas. También quieren saber si tendrán recursos bajo las leyes chilenas e internacionales para recuperar sus pérdidas de Chile y si hay algo que deberían hacer ahora para asegurarse de que están protegidos contra acciones gubernamentales adversas que puedan ocurrir en el futuro.
-En ese escenario ¿Cuáles diría que son los mecanismos de resolución de disputas de inversión más recomendados y los que generan mayor interés?
-Suponemos que no habrá remedios que los inversionistas extranjeros (o incluso nacionales) puedan buscar en los tribunales de Chile si hay cambios a la Constitución que les causen pérdidas. La razón por la que digo esto es porque (presuntamente) una nueva constitución, y la legislación subsidiaria posterior, facultarán al Gobierno de Chile para tomar las medidas particulares que decida tomar. Por lo tanto, los inversores extranjeros deberán recurrir a los mecanismos que existen en el ámbito del derecho internacional.
-¿Cuáles son esas opciones?
– Chile ha suscrito más de cincuenta tratados de inversión vigentes con otros Estados, también ha suscrito una serie de tratados de libre comercio que contienen protecciones similares a las que se encuentran en los tratados de inversión. Estos son los mejores instrumentos legales que los inversionistas extranjeros tienen a su disposición para recuperar pérdidas derivadas de medidas gubernamentales adversas.
Es importante destacar también que Chile se compromete a someter las disputas de inversión entre él y los inversionistas extranjeros a arbitraje internacional vinculante. Por lo tanto, los inversionistas podrán presentar demandas contra el Estado mediante arbitraje internacional si el país no cumple con sus obligaciones en virtud de tratados y tratados de libre comercio.
Es importante recordar que estos tratados y acuerdos de libre comercio no solo brindan protección a los inversionistas extranjeros que invierten en Chile. Por ejemplo, existe un tratado de inversión entre España y Chile. Bajo ese tratado, los inversionistas chilenos que invierten en España están cubiertos por las protecciones del tratado y los inversionistas españoles que invierten en Chile también están protegidos.
-A la fecha ¿ qué tipo de empresas o industrias son las que más han consultado?
– Las empresas de servicios públicos (agua, electricidad, etc.) y las empresas mineras, y los inversionistas que invierten en esas empresas.
Fuente: Diario Financiero, mayo 26 de 2022
El 95,6% de las expediciones viajó a naciones con las que Chile tiene suscrito Tratados de Libre Comercio
El comercio exterior chileno alcanzó los 67.767 millones de dólares entre enero y abril de 2022, lo que es igual a un 20% más que en igual período del pasado año. En tanto, la economía creció en el primer trimestre un 7,2% comparado con los mismos 90 días de 2021.
Los envíos llegaron a 182 países. Nunca mejor dicho el que los bienes chilenos son comercializados por todo el planeta. Las Naciones Unidas tiene reconocidos a 193 Estados, aunque hay algunos muy importantes que no forman parte de la ONU por diversas razones como Taiwán, Puerto Rico, Palestina o Kosovo y/o algunas islas.
Del total de compradores de productos nacionales, 96 incrementaron sus adquisiciones. Las mayores alzas en valor exportado correspondieron a las entregadas en China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, México, Brasil, Singapur y Colombia.
Hay más. El 95,6% de las expediciones viajó a naciones con las que Chile tiene suscrito Tratados de Libre Comercio. Así, China compró por precio de 13.558 millones de dólares.
Por cierto, el Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, conminó a sus homólogos de la Unión Europea a acometer de modo definitivo la ratificación de las modernizaciones de los Acuerdos comerciales con Chile y México, como, también, suscribir el tratado con Mercosur. Albares, indicó» no hay una región en el mundo que se alinee con Europa desde América Latina, pero Europa le está dando la espalda constantemente… Insistiré en que necesitamos finalizar, ratificar y definitivamente avanzar acuerdos comerciales con Chile y México.» Y por supuesto Mercosur», dijo.
Si miramos por zonas geográficas, Asia es el receptor del 61% de las exportaciones chilenas, un 21% más que en igual lapso de tiempo del anterior ejercicio. A renglón seguido figuran América del Norte (17%), Latinoamérica (12%) y Europa (9%).
Ascensos destacados fueron las remesas a: Corea del Sur (+ 690 millones de dólares), la Alianza del Pacífico (325 millones), Mercosur (195 millones) y el P4- Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei Darussalam (109 millones).
A su vez hubo retrocesos en Bolivia (-39 millones de dólares), Australia (-36 millones), Turquía (-35 millones), EFTA (-35 millones) y la Unión Europea (-10 millones).
Igualmente, los servicios experimentaron una subida de un 16% alcanzando los 453 millones de dólares en estos meses iniciales de 2022. Los más utilizados han sido los de mantenimiento y reparación de aviones, el hosting para sitios web y correo electrónico, apoyo técnico en computación e informática, comercialización de espacios publicitarios en sitios web y la administración de carteras de inversión en el extranjero.
Otros servicios que sobresalieron fueron los de filmación de películas, investigación y desarrollo en la química, la biología y la agronomía, y el diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías web. Estados Unidos tuvo una participación del 39% del total de los envíos. A continuación, se ubican Perú y Colombia con cuotas del 19% y 7%, respectivamente.
Como saben, de norte a sur Chile está dividido en 16 regiones, cada una hace considerables esfuerzos por colocar sus mercancías en el extranjero. En este comienzo de 2022 trece anotan mejoras respecto de 2021, las más efectivas son Antofagasta (2.117 millones de dólares), Biobío (+643 millones), Tarapacá (+ 617 millones), Los Lagos (+ 486 millones) y Valparaíso (+ 468 millones).
¿Qué venden cada una? La oferta general es más amplia y está en evolución permanente, aunque los volúmenes más demandados los acaparan unas cuantas referencias. Del límite norte al extremo sur continental hay algo más de 4.300 kilómetros, esto es hoy lo más solicitado de cada «región del fin del mundo»:
Arica y Parinacota: ácidos bóricos, cátodos de cobre refinado y aceites de pescado. Tarapacá: minerales de cobre, yodo, sal, molibdeno y cables de cobre. Antofagasta: cátodos de cobre, minerales de cobre, carbonatos de litio. Atacama: cátodos de cobre, pellets de hierro, manufacturas de plomo y uvas sultaninas frescas. Coquimbo: minerales de cobre, concentrados de molibdeno sin tostar, uvas red globe, minerales de hierro, uvas sultaninas, pigmentos y uvas black seedless. Valparaíso: cátodos de cobre, ánodos de cobre, uvas frescas, cajas de cambio y aguacates.
Región Metropolitana: servicios, lingotes de oro y cátodos de cobre. O’Higgins: cátodos de cobre, carne de porcino congelada, ciruelas frescas, uvas frescas, cerezas y nectarines frescos. Maule: cartulinas, manzanas royal gala, celulosa cruda de coníferas, avellanas, jugo de manzana, jaleas, purés de frutas, cerezas y pulpa de durazno. Ñuble: celulosa, madera aserrada, madera contrachapada, perfiles y molduras y tableros MDF. Semillas de girasol y de nabo, sacos de papel, cerezas congeladas, frambuesas congeladas y espárragos congelados.
Bío-Bío: madera contrachapada, los perfiles y molduras de madera y puertas y marcos de madera, entre otros muchos. La Araucanía: celulosa de coníferas, avenas, tableros OSB y carne bovina. Los Ríos: madera en plaquitas, la celulosa de eucaliptus, el queso gouda, pasta de madera para disolver, leche en polvo, carraghenina y bulbos de tulipán en reposo vegetativo. Los Lagos: de salmones, truchas y aceites de pescado. Aysén: zinc, filetes de salmón, merluza austral y lana. Magallanes: salmón, metanol, bacalao de profundidad y carne de ovinos.
En el periodo un total de 4.899 empresas registraron ventas al exterior, un 2% menos que en 2021. El 47% de las exportadoras son MiPYME (2.324), forjaron el 2,2% del importe expedido por el país. En contrapartida, el 97,5% del montante despachado fue elaborado por 2.198 firmas de tamaño grande.
Fuente: www.wolfypablo.com, mayo 26 de 2022
De acuerdo a datos de Mercer Chile, en alianza con la Red de Recursos Humanos, el 83% de las firmas ya realizó algún tipo de incremento salarial en lo que va del año.
El alza de la inflación, en el último tiempo, se ha instalado como el gran tema tanto en los hogares como en el ambiente laboral. De hecho, su impacto en los bolsillos de las y los chilenos -que se traduce en un menor poder adquisitivo- se ha posicionado como uno de los más relevantes en el marco de las negociaciones colectivas vistas este año.
Y las interrogantes sobre la materia se repiten al interior de las compañías a nivel gerencial, como entre los mismos trabajadores: ¿Subirán más los precios en el país? ¿Hasta cuándo se extenderá dicha alza y la preocupación? son parte de las dudas.
Los presupuestos iniciales de las firmas contemplaban un avance salarial promedio de 4,18%, que posteriormente fue ajustado, señala el sondeo.
Un sondeo de Mercer Chile, en el que participaron 135 empresas con presencia nacional, un 83% de corroboró que ya realizó algún tipo de incremento salarial en lo que va del presente ejercicio, siendo las firmas participantes de la industria de high tech las que en su totalidad han realizado este reajuste.
Conforme a esta medición, que contó con la colaboración de la Red de Recursos Humanos, los incrementos salariales en las firmas se dan, principalmente, por tres factores: uno, el mérito de los trabajadores; dos, condiciones del mercado; y, finalmente, ajustes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Decidor en este contexto de presiones en el valor de los productos, el 69% de las empresas afirmó que aplicará el incremento por razones de inflación durante estos meses.
En abril este indicador alcanzó una variació anual de 10,5%, un nivel no visto en el país en décadas.
“Dado el contexto económico que se está atravesando para las organizaciones es muy importante dar este incremento salarial entendiendo que los trabajadores lo necesitan cada vez más”, dice Agustina Bellido, líder de carrera en Mercer Chile.
Sin embargo, en varios casos serán suspendidos los aumentos determinados por la variable de mérito -ligada a la evaluación de desempeño del empleado-, particularmente en la industria de servicios (no financieros), automotriz, transporte y logística e ingeniería y construcción.
¿Y cuánto será el aumento?
Con respecto a la magnitud de los incrementos por IPC, el sondeo arrojó que los incrementos salariales totales presupuestados para 2022 con este factor serán del 6,44% en promedio.
Sin embargo, ese número no era el inicial, ya que los presupuestos iniciales de las firmas contemplaban un avance salarial promedio de 4,18%, que posteriormente fue ajustado.
En cuanto a la periodicidad de las prácticas de incremento salarial por inflación, un 24% de las empresas llevó a cabo el ajuste salarial en el mes de enero, y la segunda ola de incrementos se realizará en el mes de julio, con un 13% de las preferencias. Respecto a los incrementos por mérito, un 34% se llevó a cabo en el mes de abril.
Al considerar las otras variables para realizar reajustes de sueldo además del IPC -es decir mérito y ajuste de mercado-, los datos muestran que para este año los meses donde más se realizan ajustes de salarios serán principalmente en los meses de enero, abril, marzo, julio y diciembre.
Además, se calcula que las empresas, en promedio, darán dos incrementos salariales al año.
Las perspectivas
La encuesta también preguntó sobre las proyecciones para el 2023, del total de las empresas participantes, un 79% indicó que sí darán incrementos salariales, tanto por inflación y/o por mérito.
Sin embargo, en promedio el porcentaje de aumento salarial total para el próximo año es de 6,53%, es decir menos de lo que se presupuesta de inflación para este año.
“Podemos ver que el próximo año habrá un aumento de sueldo para los trabajadores, sin embargo, el porcentaje de la incrementación sería más baja que la del 2022, principalmente porque las empresas no tienen claridad de cómo seguirán los ajustes económicos, dado las alzas e inflación del mundo y el país”, finaliza la ejecutiva de Mercer.
Fuente: Diario Financiero, mayo 26 de 2022
Gesto del mandatario se dio en el marco de la promulgación del nuevo salario mínimo. También lo sumó a gira a EEUU.
Un nuevo espacio consultivo inaugurará el Ministerio de Economía este viernes. A fines de abril la cartera liderada por Nicolás Grau puso en marcha una instancia para trabajar de la mano de las Micro, Pequeñas y Medianas (MiPyme), y ahora será el turno de las grandes firmas.
La instancia, a la que se refirió el domingo en Mesa Central de Canal 13, tiene como propósito iniciar un proceso de diálogo que permita abrir oportunidades y “sostener una relación de colaboración con este relevante sector de la economía”, explicaron desde la cartera. La inflación e inversiones, aspectos de interés tanto para el equipo económico del gobierno como para el sector privado, serán temas del primer encuentro.
El funcionamiento específico de la mesa se conversará en esta primera reunión, pero el plan de Economía es que el trabajo se dé de manera similar a lo que ocurre con el Consejo Consultivo MiPyme, que está trabajando en acciones de corto, mediano y largo plazo de cara a la reactivación económica, junto con dar soluciones a preocupaciones estructurales del sector.
El ministro Grau liderará la reunión de la que también está contemplada que participe la subsecretaria del ramo, Javiera Petersen. Por el lado de los invitados, en total son 15 los gremios y entidades convocadas a la sesión inaugural de la mesa de diálogo, y ya confirmaron su asistencia los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas de Chile (Asimet), de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex).
Se sumarán los titulares de las seis ramas de la CPC: Sofofa, Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Asociación de Bancos (ABIF), Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Chilena de la Construcción. Y también se extendió la invitación al presidente del Consejo Minero y de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), además de Macarena Navarrete en representación de Icare y Amcham, a Josefa Monge por Empresas B, y a Manuela Sánchez de parte de BCI, CAP y Mall Plaza.
La señal del Presidente
La cita se concretará en medio de la señal de acercamiento con el gran empresariado que envió ayer el Presidente Gabriel Boric en medio de la ceremonia de promulgación de la ley que eleva el sueldo mínimo a $ 400 mil en agosto, al invitar al líder de la CPC, Juan Sutil -presente en la ocasión-, a que asista a la cuenta pública del 1 de junio en el Congreso.
Es el momento, dijo el mandatario, en que se expresen las opiniones y con diálogo se enfrenten los desafíos del país.
Lo propio hizo con los gremios PYME, que también estaban en La Moneda.
Pero no fue el único gesto hacia Sutil, pues una vez terminada la actividad conversó un par de minutos con Sutil, a quien invitó a su gira a los Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas.
Junto con agradecer el gesto, Sutil señaló que queda por resolver si va a Estados Unidos o acompaña a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a la OIT en Ginebra.
El Presidente Boric viajará a Los Ángeles, donde se desarrollará la Cumbre de Las Américas, que también contempla un foro de CEO de empresas de la región.
Fuente: Diario Financiero, mayo 24 de 2022
A través de un dictamen, el servicio reconoce la existencia de la citada instancia, pero sostiene que no existe un procedimiento establecido en el Código del Trabajo en torno a sus negociaciones y procedimientos.
Una historia que no para y sigue sumando diversas temporadas y capítulos, como una serie de televisión. En eso parece haberse transformado la discusión en torno a los grupos negociadores, es decir, aquella instancia que surge en empresas sin sindicatos para relacionarse con el empleador.
En julio de 2018 el exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza, emitió un dictamen en el que reconoció esa figura como sujetos que pueden negociar colectivamente -símil de un sindicato-, pese a que se trataba de una materia que quedó sin regulación en la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet luego de que esta pasara por el Tribunal Constitucional en 2016.
En ese momento, el TC eliminó la titularidad sindical del proyecto, lo que significó el reconocimiento de la existencia de los grupos a la par de los sindicatos. Sin embargo, la entidad no definió la forma de negociación, plazos o requisitos.
Para llenar dicho vacío, Peñaloza en su dictamen consignó como instrumentos colectivos válidos los acuerdos suscritos por ellos, señalando que el servicio tenía el deber de registrarlos. Un pronunciamiento que generó polémica y molestia al interior del mundo laboral, el cual llevó el tema a la justicia, escalando -pero sin suerte- incluso hasta la Corte Suprema.
Una negociación “atípica”
Si bien la discusión ya parecía cerrada, el nuevo director del Trabajo, el abogado Pablo Zenteno, volvió a analizar el tema a raíz de la consulta de una empresa y para sorpresa de los actores laborales, dejó sin efecto lo señalado por Peñaloza y retomó la doctrina inicial planteada por el exdirector del Trabajo en la segunda administración de Bachelet, Christian Melis.
Los grupos negociadores, dice el texto, al tratarse de entidades que no están proscritas en la actual legislación, solo pueden desarrollar un procedimiento de negociación de “carácter atípico” debido a la inexistencia de normas legales que regulen dicho aspecto.
“La única vía plausible para la materialización de la negociación colectiva es el desarrollo de un procedimiento de naturaleza atípica en que las propias partes se otorgan las reglas pertinentes, circunstancia que tendrá una serie de implicancias y efectos necesarios de advertir”, señala el dictamen.
Para Zenteno, la ausencia de un procedimiento legal implica que la DT no está habilitada para determinar la forma en que se ejerce la voluntad colectiva en este caso, siendo una materia exclusiva del legislador.
“La inexistencia de lo anterior impide su nacimiento y, por tanto, la calificación de instrumento colectivo regido por el libro IV del Código del Trabajo a los acuerdos celebrados por un grupo negociador”, indica el dictamen. Esto significaría que tampoco se pueden registrar como instrumentos bajo las reglas del Código del Trabajo.
Desde la perspectiva del actual líder del servicio, la DT es “incompetente” para determinar cómo deberán llevarse a efecto estas negociaciones ante la ausencia de un marco legal que interpretar.
Si bien para la Dirección del Trabajo el derecho a negociar colectivamente radica en todos y cada uno de los trabajadores, el legislador solo ha tipificado dos procedimientos de negociación, los cuales se encuentran destinados en su ejercicio exclusivamente a uno o más sindicatos.
Para el exdirector del Trabajo, Christian Melis, en este nuevo pronunciamiento se vuelve a una doctrina “que nunca debió cambiar”. A su juicio, se volvió a la definición adecuada al tema, pues se trata de una materia sobre la que la DT no puede pronunciarse, ya que su regulación le compete a los legisladores.
De acuerdo a datos del servicio, en 2020 se registraron 2.443 instrumentos colectivos, los que involucraron a 324.922 personas.
De dicha cifra, solo 134 instrumentos fueron acuerdos de grupos negociadores, los que involucraron a 7.803 trabajadores.
Servicio activa mesa tripartita para
incentivar cumplimiento de Ley laboral
Una reunión que culminó con el acuerdo para avanzar en la definición de estrategias para la consecución plena del trabajo decente en el país sostuvieron ayer el director del Trabajo, Pablo Zenteno, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.
Tras la cita, la autoridad explicó que invitó a la CPC y a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a conformar una mesa de monitoreo de incumplimiento laboral y fiscalizaciones, para avanzar en el cumplimiento de la legislación laboral.
La idea, precisó el director, es presentarle a los actores un diagnóstico del servicio, en el cual se identificó a los sectores con más falencias en materia laboral, y sobre esa base avanzar en la búsqueda de soluciones.
“La idea es que sin renunciar a nuestras herramientas y con el acompañamiento técnico de la OIT, identifiquemos en un breve plazo por qué se están produciendo los incumplimientos, ordenar y ver la búsqueda de soluciones entre las contrapartes y que pueda encontrarse una solución masiva, de carácter amplio a las problemáticas que ahí se producen”, dijo Zenteno, agregando que si no es posible encontrar soluciones, “nosotros tendremos que seguir haciendo uso de manera más intensiva de nuestras herramientas de fiscalización y sanción”.
Sutil, por su lado, valoró la conversación y la conformación de la instancia de trabajo. “Esto es el inicio de un camino que tiene el compromiso tripartito de avanzar”, sostuvo.
Fuente: Diario Financiero, mayo 20 de 2022
Entre enero y marzo el PIB subió 7,2%. Este año crecería entre 0,75% y 2,5%, y para 2023 el grueso de los analistas contempla un rango de una caída de 0,5% a un alza de 2%.
La desaceleración de la economía chilena quedo aún más en evidencia en el primer trimestre. Las Cuentas Nacionales publicadas ayer por el Banco Central mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 7,2% frente a enero-marzo de 2021 y acusó una baja de 0,8% frente al último cuarto de dicho año.
La presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, señaló que las cifras “confirman una tendencia de desaceleración que se venía observando”, laque está “más o menos en línea” con lo previsto.
Eso sí, la economista detalló que, al analizar el dato por el lado de la demanda, “es probable que por ahí se observe algún ajuste más lento del que teníamos en la proyección”.
Aires recesivos
De todas formas, el avance del 7,2% del PIB sorprendió a analistas, quienes anticipaban una variación de 7,9% para la partida de año.
Esto, para el economista senior de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, refleja que el ajuste de la economía será “algo más intenso” a lo sugerido inicialmente.
El experto planteó que la caída trimestral ratifica que, en el escenario más probable, en el segundo cuarto la economía entrará en recesión técnica. Por ahora, sigue proyectando un alza del PIB de 1,5% este año y 0,5% el que viene, pero recalcó la probabilidad cada vez mayor de un baja del crecimiento en 2023, debido a bajas de la inversión y consumo privado.
Y el menor dinamismo es transversal a juicio de la economista jefa de Tanner Investments, Claudia Sotz, con un consumo que cede.
En la misma línea, Sergio Godoy, economista jefe de STF Capital, indicó que las cifras están mostrando un ajuste en el exceso de gasto observado el año pasado, explicado por las políticas macro expansivas -fiscal y monetaria- y los retiros de los fondos de pensiones.
Y aunque la analista de Euroamerica, Martina Ogaz, espera ese ajuste, aún ve el consumo y comercio con un dinamismo importante. La economista ratificó su rango de 1,5% a 2,5% para el Producto este año, y para 2023 contempla entre una merma de 0,5% a un alza de igual magnitud.
¿Y la inversión?
El primer trimestre la expansión de la formación bruta de capital fijo (FBCF) fue de 8,8%, pero el consenso es que el año terminará en números rojos.
Ogaz lo asocia a la mayor incertidumbre, tasa de política monetaria y un escenario externo que se ha complejizado.
Sotz resalta que la FBCF se verá aún más impactada por el escenario internacional de mayores costos y disrupción de cadenas de suministros, entre otros factores. La economista prevé que este año cierre con una contracción de 3,5%, la que se moderaría a una merma de 0,1% en 2023.
Godoy profundizó la magnitud de la caída esperada para este año: ahora estima que será de 3,1%, frente al 2,2% previo
Correa es más optimista para este año, y anticipa que la FBCF cerrará 2022 con un crecimiento modesto, de 0,5%. Pero, el año que viene, anticipa una caída de 2,5%.
Fuente: Diario Financiero, mayo 19 de 2022
Según el informe SABE se observa un 55,1% de los interesados y un 52,7% de las postulaciones que había en marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia.
Las empresas no están encontrando trabajadores. Así se desprende del último informe del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE) -actualizado al 31 de marzo-, el cual mostró que en dicho mes hubo un total de 370.944 postulates activos, los que realizaron 803.727 postulaciones, lo que significa una reducción de 7,5% y 7,2% respecto al mes anterior.
De acuerdo con el documento, que se elabora al alero del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y con el apoyo de investigadores de la Universidad de Chile y la UDP-, las empresas están realizando menores requerimientos de experiencia y mejoras en sus ofertas salariales para atraer nuevos talentos, pero la estrategia parece insuficiente.
En el detalle, se observa un 55,1% de los postulantes y un 52,7% de las postulaciones que había en marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia.
Respecto a la oferta, el informe indicó que en marzo se publicaron 101.681 avisos únicos en los cinco portales de trabajo analizados, correspondientes a 262.909 vacantes. Al comparar con el mismo mes del año pasado, se observa un aumento de 43,6% y 63,4%, respectivamente.
“Hay un gran incremento con respecto al inicio de la pandemia: la cantidad de avisos es 2,8 veces lo que era en el primer mes de pandemia en Chile (36.771 en marzo de 2020) y la de vacantes es de 2,2 veces de lo que era en ese entonces (118.883)”, dice el reporte.
Para el director de SABE, Benjamín Villena, la escasez de postulantes es reflejo de que las prioridades de los trabajadores cambiaron producto de la crisis sanitaria.
“Efectivamente, el periodo de tiempo que la gente estuvo en cuarentena, sin poder salir de sus casas, cambió la estructura y el tipo de actividades que las personas realizan o están dispuestas a realizar”, dice.
De hecho, asegura que hay un porcentaje importante de trabajadores que buscan más flexibilidad y trabajo a distancia, además de mejores salarios, y que hoy las empresas no ofrecen ese tipo de condiciones.
“La situación económica del país no permite a las empresas llegar a ofrecer esas condiciones, y tenemos este desencuentro entre lo que las empresas pueden ofrecer y lo que las personas requieren en este momento. Creo que eso explica la falta de postulantes que tenemos hoy”, sostiene.
Para el director nacional del Sence, Ricardo Ruiz De Viñaspre, la baja demanda hace necesario mantener políticas públicas como el IFE Laboral Apoya y Subsidio Protege Apoya, “porque eso ayuda a la participación laboral sobre todo en las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y hombres mayores de 55 años”.
Fuente: Diario Financiero, mayo 19 de 2022
Las cifras con ajuste estacional dieron cuenta de una desaceleración de 0,8% del PIB en el primer trimestre, informó el Banco Central.
La desaceleración se confirma: El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 7,2% en el primer trimestre comparado con el mismo período del año pasado, con un impulso de 13% de la demanda, informó el miércoles el Banco Central, en una variación que fue menor a las estimaciones de analistas.
«En tanto, cifras con ajuste estacional dieron cuenta de una desaceleración de 0,8% del PIB en el primer trimestre. El efecto calendario resultó igual a 0,1 puntos porcentuales, explicado por un día hábil adicional respecto a igual trimestre del año 2021», indicó el Banco Central en su informe Cuentas Nacionales.
La variación del PIB en el primer trimestre se ubicó debajo de lo esperado por el mercado, que anticipaba una expansión de 7,9% para los primeros tres meses de 2022 de acuerdo con una encuesta de Bloomberg y como resultado del cierre preliminar del Imacec. Según el análisis, esto se explicó, principalmente, “por la actualización de los indicadores de coyuntura y al proceso de conciliación de los cuadros de oferta y utilización de las cuentas nacionales trimestrales”.
El instituto emisor detalló que gran parte de las actividades registraron cifras positivas en el primer cuarto de 2022, y las mayores incidencias al alza llegaron desde los servicios -sobre todo personales, transporte y empresariales- y el comercio. Esto, en contraste con los sectores que retrocedieron: minería, actividad agropecuario-silvícola y pesca. El documento también precisó que, en términos desestacionalizados, la desaceleración frente al PIB del último trimestre del año pasado se explica por lo ocurrido con la actividad minera y el comercio.
¿Y el gasto?
Las Cuentas Nacionales revelaron que, desde la perspectiva del gasto, el PIB creció en respuesta a la mayor demanda interna -que subió un 13%-, algo que se compensó, en parte, por una caída en las exportaciones netas.
El gasto interno fue impulsado por el consumo de los hogares, que se expandió un 13,9% en el primer trimestre del año, una cifra menor a lo observado en los últimos tres trimestres, como consecuencia del impulso de lo que se destinó a servicios -destacando los de salud, restaurantes y hoteles y transporte- y bienes no durables -vestuario y combustible-. El consumo de bienes durables aumentó liderado por las compras de automóviles y, en menor medida, de muebles.
El consumo de gobierno se expandió un 9,1% en el período enero-marzo, en línea con una mayor prestación de servicios de educación. Con todo, el consumo total del período llegó a 13,3%.
Por el lado de la inversión, la expansión de la formación bruta de capital fijo (FBCF) fue de 8,8%, incidida por sus dos componentes: inversión en maquinaria y equipo y construcción y otras obras. El resultado de la FBCF en maquinaria y equipo mostró una mayor inversión en maquinaria de uso industrial y vehículos de carga, como camiones y camionetas. El segundo ítem fue consecuencia de un aumento en la edificación habitacional y, en menor medida, de una reactivación de proyectos de inversión ligados a la minería.
Para el comercio exterior, los resultados fueron “disímiles”, alertó el informe, ya que las exportaciones de bienes y servicios se redujeron un 1,4% y las importaciones aumentaron un 17,5%.
En el caso de los envíos, la merma se atribuyó a las menores ventas al extranjero de cobre y fruta, lo que contrastó con los embarques de productos químicos y celulosa aumentaron, que no lograron compensar del todo la baja registrada el primer trimestre.
Si bien las importaciones siguieron en números azules, dieron cuenta de una desaceleración desde los tres trimestres anteriores. El período estuvo marcado por las mayores internaciones de maquinaria y equipos, como automóviles, maquinaria de uso industrial y camiones. También contribuyeron las compras de combustibles y vestuario y calzado.
En el primer cuarto del año, el ahorro bruto total ascendió a 27,4% del PIB en términos nominales, compuesto de un ahorro nacional de 20,5% del PIB y de un ahorro externo del 7% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
Zoom sectorial
Entre enero y marzo, la actividad agropecuario-silvícola cayó un 4,7%, por una menor producción de cultivos anuales y hortalizas. Para la pesca, la contracción de 11,2% se explicó por menores capturas de peces y, en menor medida, a una caída en la producción de la acuicultura. La minería también se redujo en el primer trimestre, un 4%, incidida sobre todo por la menor extracción de cobre.
En contraste, la actividad industrial continuó creciendo, pero con menor dinamismo que en los períodos anteriores, ya que anotó un alza de 1% como consecuencia de la elaboración de productos metálicos, maquinaria y equipos celulosa, papel e imprentas; y bebidas y tabaco.
La actividad de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (EGA) se expandió un 8,2%, destacando la incidencia de la generación eléctrica. Y la construcción creció un 3,2%, en línea con una mayor edificación habitacional.
Las ventas minoristas lideraron el alza de la actividad comercial, que exhibió un alza de 7,4%, el que -eso sí- fue menor al observado en trimestres anteriores. El transporte saltó un 21,5% en el primer trimestre, explicado sobre todo por la baja base de comparación, mientras que la actividad comunicaciones y servicios de información aumentó un 11,3% anual.
Por último, los servicios empresariales crecieron un 13% mientras que los personales lo hicieron en 19,5%, y la educación pública y salud privada lideraron los servicios personales.
Fuente: Diario Financiero Online, mayo 18 de 2022
Informamos que el 16 de mayo de 2022, entró en vigencia el Acuerdo de Integración Comercial entre Ecuador y Chile, que también será conocido como el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 75.
Este acuerdo, que cuenta con un total de 24 capítulos, fue suscrito producto por el interés de ambos países en modernizar y profundizar la relación bilateral. Incluye disciplinas de última generación, propias de la agenda del siglo XXI y la era digital; que establecen estándares adicionales en facilitación de comercio, aspectos regulatorios, servicios, comercio electrónico, entre otras.
Además, incorporó nuevas materias con un enfoque inclusivo, tales como: género; micro, pequeñas y medianas empresas; medio ambiente; asuntos laborales; cadenas regionales y globales de valor; y encadenamientos productivos, llevando de esta manera la relación bilateral al nivel más profundo de la integración. Igualmente, ambos países avanzaron en la liberalización comercial
Compartimos con el nuevo Instrumento Comerciar, preparado con ProEcuador con varias gráficas, el enlace es:
ACUERDO DE INTEGRACIÓN REGIONAL ECUADOR – CHILE – Google Drive
Cabe destacar que la concreción de este acuerdo comerciar reafirma la voluntad de ambos países de trabajar aún más en el crecimiento comerciar bilateral y promover su diversificación de manera sostenible y sustentable.
Mayo 17 de 2022
Los sistemas de gestión a cargo de recolectar y valorizar residuos aún deben concretar acuerdos con municipalidades. A la fecha, pocas empresas están adheridas a uno de estos sistemas y actores alertan de “desinformación”.
Las metas de la Ley REP para envases y embalajes entran en vigencia en septiembre de 2023.
La entrada en vigencia de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes -segundo producto prioritario- de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) está fijada para septiembre de 2023. La carrera es contra el tiempo, afirman desde el sector, y señalan que existen una serie de retos que sortear, sobre todo, a nivel de los sistemas de gestión colectivos domiciliarios y no domiciliarios.
La Ley REP establece la creación de estos sistemas de gestión colectivos, los que estarán a cargo del reciclaje de envases y embalajes, para que las empresas importadoras y productores, logren cumplir las metas de recolección y valorización.
A la fecha, tres “Gran Sistema de Gestión Colectivo” -Gransic, que integran a 20 o más empresas- han iniciado sus trámites de autorización para operar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Representantes de los Gransic señalan que hay “incertidumbre” respecto de los plazos totales de su tramitación, a lo que se suman algunos retos, como el trabajo conjunto -hoy muy incipiente- que deberán realizar con las municipalidades del país, y con las personas para que comprendan cómo funciona la ley.
Además, Todos Reciclamos, uno de los tres Gransic, alerta que menos de un 5% de un total de 14.000 empresas se han adherido a un sistema de gestión, hasta ahora.
Los tiempos del TDLC
Para que un sistema colectivo reciba la autorización para funcionar, pasa por cuatro etapas clave: su conformación, la tramitación para operar en el TDLC, la revisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de su plan de gestión -el cual deberá ser presentado en septiembre de este año- y la inscripción legal de la empresa de gestión de residuos.
El primero en iniciar los trámites fue ReSimple, sistema de gestión de residuos domiciliarios y no domiciliarios, al alero de AB Chile -gremio de alimentos y bebidas- que ingresó al Tribunal en abril de 2021.
Isidro Pereda, gerente de proyecto de ReSimple, cuenta que tuvieron su audiencia final con el TDLC en marzo de este año, etapa que podría “demorar seis meses en tener un veredicto, y que depende netamente del tiempo que se tome en la revisión de todos nuestros antecedentes”.
Frente a una posibilidad de prórroga, indica que están expectantes a lo que vaya ocurriendo en el proceso. “El decreto de metas de envases y embalajes se publicó en marzo y en abril entramos con toda la documentación al TDLC, porque de lo contrario no llegábamos con los plazos. Sabíamos que este proceso puede tomar hasta 15 meses”, dice.
En el caso de TodosReciclamos, de la francesa New Hope Ecotech, la situación ha sido similar. Rodrigo Sagaceta, líder estratégico de la firma y coordinador del Gransic de residuos domiciliarios, señala que el sistema de gestión comenzó su tramitación en enero de este año.
Hoy están a la espera de la fecha de audiencia pública para continuar avanzando en lo jurídico, sobre la cual Sagaceta dice que “hay que respetar los tiempos del Tribunal. Hay distintos procedimientos internos, el aporte de antecedentes ya terminó y no podemos acelerarlo. Consideramos que estamos bien con los tiempos”.
En la misma etapa está ProREP, Gransic de residuos no domiciliarios constituido en febrero pasado por la alemana RIGK.
Pedro Álamos, gerente de ProREP, cuenta que han visto retrasos. “Estamos bastante ajustados, pero creemos que vamos a llegar. Dependemos del TDLC. Al final el trabajo no depende 100% de nosotros, lo que nos da un poco de incertidumbre”, explica.
Al respecto, el MMA no tiene en sus planes realizar una prórroga de plazos. “Una prórroga requeriría modificar los decretos supremos, y lo que queremos como Ministerio es que la ley se aplique lo antes posible”, señala el jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Saieg.
Municipalidades y comunidad
Una arista importante de la Ley REP será la aplicación de la legislación en la práctica. En el caso de los residuos domiciliarios de envases y embalajes, esto se relaciona con el trabajo que los Gransic desarrollen con las municipalidades.
Sagaceta cuenta que “nos vamos a acoplar al trabajo que los municipios ya vienen desarrollando, porque hoy no podemos llegar y entrometernos. Hay convenios que se van a establecer con ellos, y estos van a poder decidir cuáles sistemas de gestión ingresan a su territorio. Entre diciembre y enero de 2023 pretendemos tener definidos a los municipios con los que trabajaremos”.
Otro reto que prevén para el próximo año es el trabajo con las comunidades.
Desde ReSimple, Pereda dice que “la participación de la persona es crítica. Los pilotos que hemos hecho en distintas comunas han arrojado que las tasas de participación de reciclaje llegan hasta el 50%-60%, y las tasas de rechazo bordean el 10% e incluso han llegado al 30%”.
“Para llegar a las metas, necesitamos que sobre el 75% de la gente recicle y que las tasas de rechazo estén por debajo del 15%”, sostiene Pereda.
Para Sagaceta, lo que se vendrá será “una etapa mucho más activa” en cuanto al reciclaje. “Antes estábamos hablando solo de empresas, 2022 va a terminar este tema, y va a empezar todo lo que es el vínculo con los municipios, cómo llegamos al ciudadano, cómo a través del municipio vamos a informar, por lo que será clave un trabajo educacional de por medio”, argumenta.
Retraso en empresas
De acuerdo a los tres Gransic, la incorporación de las empresas a los sistemas de gestión ha estado marcada por la “desinformación y lentitud” en el proceso.
Frente a esta situación, los Gransic han tomado la iniciativa de apoyar a las firmas a través de capacitaciones, asesorías gratuitas y difusión de información para que comprendan los plazos y sepan quiénes son los afectados por la Ley REP.
En el caso de ReSimple, “hemos estado ayudando a las empresas para que sepan qué es lo que deben tener levantado para entrar a un sistema de gestión, que es una tarea que puede tomar entre dos a tres meses. Hay muchas que aún no saben que están afectas a la ley o que no entienden bien de qué trata”.
Sagaceta menciona que “las empresas tienen que entender que ahora van a tener que cuantificar e identificar las materialidades. Lógicamente va a haber un porcentaje importante que va a quedar fuera del proceso por desinformación. A ellos se les denomina free riders, y van a ser multados”.
En el caso de los residuos no domiciliarios, ProREP también detecta dificultades. “Nosotros tenemos solo 36 empresas, pero son miles las que debiesen hacerlo. Hay una desinformación muy grande y en el fondo creemos que muchas se van a sumar al final. Además, creen que esta ley se va a aplazar o que habrá como una especie de marcha blanca, lo que no es así”, afirma Álamos.
Fuente: Diario Financiero, mayo 17 de 2022