Si en enero de 2023 el sueldo mínimo sube a $ 410.000, desde ese mes y hasta abril el aporte del gobierno será de $ 32.000 por cada funcionario.
Casi cinco horas estuvieron reunidas las autoridades del Ministerio de Economía -lideradas por el titular de la cartera, Nicolás Grau, y la susbecretaria Javiera Petersen- y los gremios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) hasta que alcanzaron un acuerdo sobre el apoyo que se entregará a las firmas para que puedan pagar un salario mínimo más alto, que subirá un primer peldaño en mayo, y que en agosto llegará a $ 400.000.
Pasadas las 17:00, Petersen comenzó a leer lo convenido, que establece un subsidio base para las MiPyme de $ 22 mil por trabajador que antes de mayo ganaba el mínimo. El mismo aporte se entregará entre mayo y abril de 2023 si en enero el salario mínimo se mantiene en $ 400.000.
Pero, si se ajusta a $ 410 mil en enero de 2023 -lo que pasaría si la inflación supera el 7%-, el subsidio subirá a $ 32 mil, y los detalles serán especificados en un anexo.
La propuesta anterior del Ejecutivo planteaba que las empresas se hicieran cargo del aumento equivalente a la inflación, y que el gobierno subsidiara el “alza real”, o sea sobre el IPC.
El ministro reconoció que el que el subsidio sea estable y no dependa de la inflación de cada mes se acogió en pos de la mayor estabilidad para las MiPyme. Y aclaró que si una empresa contrata trabajadores cuando el beneficio ya esté vigente, va a subir el subsidio proporcionalmente a la cantidad de personas que contrataron.
Detalló que el monto total de la iniciativa también será mayor, pero que su costo fiscal estará especificado en el proyecto de ley que ingresará al Congreso mañana. Tanto el alza del salario mínimo como el subsidio a las MiPyme ingresarán como un mismo proyecto de ley.
Lo que sí se mantiene desde el plan original es que la Tesorería será la encargada de pagar el aporte, y que su entrega se hará de la misma forma que se hizo con el Bono PYME.
Otro punto clave para los gremios fue que en el acuerdo se incluyeran preocupaciones de largo plazo, que se comenzarán a abordar el viernes en el Consejo Consultivo PYME. Ahí se abordarán temas como la reducción de jornada laboral, la modificación de la Ley de Pago a 30 días, la reforma a la Ley de Compras Públicas, y las medidas anunciadas en el plan “Chile Apoya”. El gobierno también se comprometió a estudiar alternativas de refinanciamiento de los Fogape adquiridos en pandemia.
Los que no firmaron
Firmaron el acuerdo la Asech, Conupia, CNDC, la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Asexma, Convergencia Nacional de Gremios Pyme y Cooperativas de Chile, Unapyme, Aneet Chile, y Mipymes A.G.
La Multigremial Nacional de Emprendedores, Fedetur y Conapyme decidieron restarse de la firma. El primer gremio valoró la instancia de diálogo, pero no estuvieron de acuerdo con la propuesta final, ya que acusan que el gobierno no se está haciendo de cargo de toda la inflación de 2022.
Su presidente, Juan Pablo Swett, agregó que “el subsidio debe prolongarse por mucho más tiempo que un año, porque si no en abril de 2023 las MiPyme tendrán un aumento mucho más fuerte del salario mínimo del que no podrán hacerse cargo”.
Según detallaron dirigentes PYME, uno de los puntos que retrasó la discusión fue que el gobierno planteó que el subsidio fuera decreciendo en el tiempo. Puntualmente, se proponía que en mayo el aporte del gobierno fuera de $ 15.000, pero fuera bajando los dos meses siguientes. En agosto -cuando se llegara a los $ 400.000- el subsidio volvería a subir, ahí a $ 29.000, pero iría disminuyendo hasta abril de 2023.
La idea de que el subsidio fuera decreciendo no fue bien recibida por los dirigentes PYME, y finalmente las partes optaron por un monto fijo a lo largo del tiempo -como impulsaban algunos gremios-, y no por ajustar el subsidio cuando se produzca el aumento general en agosto.
El ministro Grau destacó que “el resultado de este subsidio que estamos haciendo para las MiPyme es no solamente un buen acuerdo por quienes lo componen, sino que el diseño ahora es mejor”. Destacó que “cuando se conversa con quienes están a cargo de emprendimientos, con quienes están ahí, mejora la política pública”, y agregó que “el hecho de tener un Gobierno que escucha y que tiene participación social y que escucha a los gremios no es un asunto cosmético”.
“Estamos convencidos de que un proyecto que aumenta el salario mínimo y que está firmado por la CUT y el mismo proyecto tiene un acuerdo con las MiPyme para ayudarlos a cubrir ese aumento, es una señal importante para el país de que somos capaces de ponernos de acuerdo y una señal importante para el Parlamento”, insistió la autoridad.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Ya se ha recuperado cerca del 90% de los puestos perdidos debido a la pandemia. De hecho, los trabajos formales en la industria manufacturera retornaron a niveles previo al Covid-19.
![Foto: Agencia Uno](https://www.df.cl/noticias/site/artic/20220428/imag/foto_0000000620220428084502/Untitled_design_8.gif)
La cifra significó un descenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) frente al mismo lapso de 2021, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (8%), dijo el INE en un comunicado.
Así, en los primeros tres meses del año, se crearon 59.630 empleos. Se trata del décimo aumento consecutivo después de las caídas que se observaron durante los trimestres móviles febrero – abril 2021 y marzo – mayo 2021, hace casi un año.
Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre mayo – julio), los datos permiten ver que se ha registrado un aumento acumulado de 867.239 hombres y 748.955 mujeres ocupadas, lo que deja un alza total de 1.616.194 personas ocupadas a nivel nacional. En suma, ya se ha recuperado el 87,2% de las plazas laborales que se perdieron como consecuencia de la paralización económica que generó la crisis sanitaria.
“Es el nivel más alto de recuperación”, dijo la directora del INE, Sandra Quijada, agregando que actualmente existe un repunte importante de personas que han entrado a la fuerza de trabajo y algún porcentaje que ha transitado a la inactividad habitual.
Al observar los datos sin ajuste estacional, se constata un aumento acumulado de 903.169 ocupaciones formales y 821.200 informales, lo que deja un alza total de 1.724.369 personas ocupadas.
Como contraparte, las personas desocupadas disminuyeron un 20,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-23,1%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,2%).
¿Quiénes impulsaron las cifras?
El alza de las personas ocupadas fue incidida por las mujeres (10,5%) y luego por los hombres (6,2%).
Por sector económico, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (9,9%), actividades de salud (15,6%) y construcción (11,4%).
Quijada también destacó la recuperación de trabajos formales en los sectores de industria manufacturera, en donde se superó el nivel previo a la pandemia (131,9% de ocupados) y actividades de salud que fue uno de los pocos sectores que en el peor momento de la pandemia registró aumentos en vez de disminuciones.
Bajo la lupa de la categoría ocupacional, en el resultado influyó el crecimiento de las personas asalariadas formales (7,9%) junto con por el segmento de cuenta propia (8,2%) e informales (9,7%).
En este contexto, de hecho, la tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, lo que implicó un incremento de 0,6 pp. en doce meses, con avances sobre 10% tanto en hombres como mujeres.
Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y desocupación se situaron en 59,5% y 54,9%, respectivamente, lo que implicó aumentos de 2,2 pp. y 3,5 pp., en cada caso.
En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,1%, influida únicamente por las personas inactivas potencialmente activas (-29,7%).
Con relación a los inactivos potencialmente activos, los datos mostraron que éstos mantuvieron su dinámica decreciente en 12 meses. Así, totalizaron 850.820 personas, lo que significó una disminución respecto al trimestre móvil anterior de 4,4% (38.734 personas).
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 11,2%.
De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 3%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio para los hombres fue 38,9 y para las mujeres, 33,1 horas.
Diferencias respecto a la encuesta de la UC
Consultada respecto a los datos que ha mostrado el sondeo realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Quijada enfatizó que se trata de mediciones distintas que no deben ser comparadas debido a utilizan metodologías diferentes.
Según explicó la directora del INE, ellos como servicio muestran en sus datos “un dinamismo más parsimonioso”, debido a la metodología y los periodos analizados. “Nosotros monitoreamos el dinamismo del mercado laboral durante todo el periodo, no durante un periodo puntual, no con una foto tan acotada como lo hace la encuesta de la UC”.
Así, Quijada enfatizó que, si bien los dos instrumentos aportan a mirar lo que está pasando en el mercado laboral, “la estadística oficial es la del INE, y tiene una película de lo que pasa durante el trimestre más que una foto puntual”.
En la conferencia realizada por la directora, también se refirió al proceso de trabajo en torno al Censo 2023: “Estamos trabajando para que eso suceda durante el próximo año, y este año estamos trabajando la prueba censal”, dijo, agregando que prontamente se entregarán más antecedentes al respecto.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Primer rompehielos de la Armada presenta 59% de avance y podría estar listo en diciembre de este año
La nave construida por Asmar, que albergará a 86 tripulantes y 34 científicos, además de poseer una autonomía de 60 días, podrá ser usada por la institución marina a fines de 2024.
Desde 2018, en Talcahuano se construye el primer buque rompehielos que es fabricado en el país, el cual podrá romper una capa de hielo de hasta un metro de espesor, permitiendo a la Armada de Chile realizar múltiples tareas de logísticas e investigaciones.
El denominado «Proyecto Antártica I» actualmente presenta un 59% de avance «por lo que ya es posible observar la conformación y estructura general del buque, cuyas dimensiones son impactantes», señala el director de Asmar, empresa que lleva a cabo la fabricación del navío, Jaime Sotomayor.
La construcción del buque rompehielo es el resultado de un codiseño entre Vard Marine, la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada y Asmar.
Con esta iniciativa, la Armada de Chile podrá realizar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones científicas de Chile en la Antártica.
El barco, que está siendo construido en la planta principal de la industria Asmar, tendrá una clasificación Ice Class PC5, que le permitirá quebrar una capa de hielo de hasta un metro de espesor, de un año de antigüedad, cubierto con hasta 20 centímetros de nieve, y a una velocidad de tres nudos.
Sus dimensiones comprenden de una eslora de 111 metros, una manga de 21 metros y un calado de 7,2 metros, siendo capaz de operar a una temperatura de -30 grados Celsius. Tendrá un alcance de 14.000 millas náuticas, autonomía para operar 60 días y podrá llegar a una velocidad máxima de 15 nudos.
Una vez operativo, el buque podrá disponer de una dotación de 86 tripulantes y podrá transportar a 34 científicos. Tendrá la capacidad para transportar 19 contenedores de 20 pies, 400 metros cúbicos de combustible y 400 metros cúbicos de carga pallets.
Para investigaciones, los científicos tendrán a bordo equipos de ecosondas, sonares, perfilador de fondo, perfilador de corrientes y posicionador acústico de alta precisión para desarrollar estudios de oceanografía física, química, geológica y geofísica. Además, el buque contará con laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, como también elementos para la recolección, almacenamiento y conservación de muestras del mar y del fondo submarino en cámaras frigoríficas.
Dentro de las labores de búsqueda, el navío podrá operar en caso de siniestros marítimos, aéreos o terrestres en la Antártica, empleando para ello helicópteros embarcados, botes de rescate y una enfermería con capacidad quirúrgica.
«Durante los próximos meses esperamos poder finalizar la instalación de bloques, continuar avanzando en la instalación de sistemas y las terminaciones de departamentos interiores. El próximo hito importante es el lanzamiento del casco al mar», señaló Jaime Sotomayor.
Asmar proyecta lanzar el buque rompehielo al mar entre diciembre de este año y enero de 2023, mientras que la Armada podrá disponer de su uso a fines del año 2024.
Maqueta del rompehielo. Crédito: Asmar
Fuente: Emol economía, abril 26 de 2022
Consensus Forecast actualizó sus perspectivas de largo plazo para el PIB chileno. Proyecciones de Producto, consumo e inversión para 2022 y 2023 también se redujeron.
Luego de un crecimiento histórico cercano al 12% durante 2021, el panorama económico para este año y los siguientes se ha deteriorado de forma relevante, con perspectivas que incluso hablan de una recesión que podría iniciarse a fines de este año y extenderse hacia 2023.
¿La razón? En lo interno, la alta base de comparación y la ausencia de factores que impulsaron la alta expansión de la economía, como los retiros anticipados de fondos previsionales y las masivas transferencias estatales entregadas durante los últimos dos años; mientras que nivel externo aún impera la incertidumbre por la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania.
Un escenario de estancamiento económico para Chile que no será un fenómeno aislado del actual bienio, sino que promete extenderse a la próxima década.
Así lo consideran los bancos de inversión, departamentos de estudios y consultoras encuestadas por Consensus Forecast, que entregaron sus perspectivas macroeconómicas para el país a diez años.
Así, los 26 consultados prevén que en promedio el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá un 2,1% entre 2022 y 2032, una rebaja si se compara con la última revisión de largo plazo (octubre), cuando preveían un 3,4%. Eso sí, dicha estimación incorporaba el crecimiento del PIB sobre el 10% para el 2021.
Consensus Forecast entrega estimaciones de más largo aliento en dos oportunidades al año: en abril y octubre.
La trayectoria alcanzará su punto más bajo de crecimiento el próximo año, con un avance de apenas 1%, para luego crecer sobre el 2% hasta el final del horizonte de proyección. ¿El punto más alto? El 2,4% de expansión el 2027.
Las apuestas para los componentes del Producto también se revisaron a la baja. Por una parte, el consumo privado crecerá en promedio un 2% en los próximos diez años, una rebaja desde el 4,3% previsto en octubre pasado. Eso sí, esos datos incorporaban el histórico crecimiento del 2021, con un avance esperado superior al 15%.
Al igual que el PIB, el consumo tendrá su punto más bajo de crecimiento en 2023, para luego normalizarse a tasas de expansión levemente superiores al 2% hasta el 2032.
Por el lado de la inversión, también se anotó una rebaja: en la próxima década, los consultados proyectan un crecimiento promedio de 1,4% en el lapso, menor al 3,8% de hace seis meses, que incluía los cálculos para el 2021, año en que se preveía una variación de 13,1% para el indicador.
Corto plazo
Para este año, el mercado redujo a 2% su proyección de crecimiento del PIB, una décima menor al mes previo.
Así, el dato se ubica sobre el rango medio del Banco Central (1,5%) para el actual período y por debajo del 3,5% que prevé el Ministerio de Hacienda y que actualizará el próximo 3 de mayo.
Las perspectivas oscilan entre un avance de 3,3% (Citigroup) y una contracción de 0,8% de parte de S&P Global Market Intel (ver tabla).
Para el próximo año, en tanto, las apuestas se redujeron en dos décimas a 1%, todavía sobre la media que prevé el instituto emisor para el año siguiente (0,3%).
Las apuestas para el consumo se redujeron en cuatro décimas para este año, a 1,8%, y en dos décimas a 0,4% el próximo año.
Mientras que, para la inversión, se espera un avance de 0,4% en el actual ejercicio (un punto menos que en marzo) y una caída de 0,3% el próximo. El mes pasado preveían un aumento de 0,6%.
Fuente: Diario Financiero, abril 26 de 2022
En caso de que la inflación supere el 7% a diciembre de 2022, el ingreso básico se incrementará en 410.000 a contar de enero de 2023.
Este lunes, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Unidad Central Unitaria de Trabajadores, donde establecieron un reajuste de $50.000 mil pesos en el salario mínimo y otras medidas para compensar el aumento de la inflación.
En una mesa de trabajo, donde participaron los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), junto con el presidente de la CUT, David Acuña, y el secretario del organismo, Eric Campos, estos acordaron un alza de $50.000 mil pesos en 2022 para todo trabajador entre los 18 y 65 años.
«Para nosotros es motivo de satisfacción no solo por tratarse de la primera negociación formal que tenemos con la CUT, sino que también por la materialización de una parte importante de la agenda del Presidente Gabriel Boric. En este acuerdo tenemos tres grandes componentes, uno es el reajuste del salario mínimo, otro es la serie de medidas para compensar la inflación y en tercer lugar tenemos acuerdos en materia de trabajo decente», dijo el ministro Mario Marcel.
En una primera instancia, a contar del 1 de mayo de este año, se incrementará el ingreso mínimo mensual a $380 mil pesos. Posteriormente, a contar del 1 de agosto del 2022 se incrementará hasta $400 mil pesos.
En caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2022 supere el 7%, el salario mínimo se incrementará en $410.000 a contar de enero de 2023.
«El ingreso mínimo mensual para menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneraciones se reajustará en las mismas proporciones y fechas», estipula el acuerdo.
El Estado otorgará una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas destinadas a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo.
Protección frente a la inflación
Dentro de los acuerdos alcanzado en la mesa de trabajo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, se estableció un Observatorio del Valor al Público de la canasta básica de alimentos, que será implementando por el Servicio Nacional de Consumidor.
Este organismo reportará públicamente al Consejo Superior Laboral. En caso de detectar anomalías en el comportamiento de los precios, se informará a la Fiscalía Nacional Económica.
Asimismo, se estableció un beneficio, el cual será compensatorio al aumento del valor de la canasta básica de alimentos. Este se calculará mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos.
Este se otorgará por causante de Asignación Familiar y se pagará entre mayo y diciembre de este año, cuyo monto tendrá, de manera excepcional, un mes adicional por trabajador con carga.
Promoción del trabajo decente
Este lunes, el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al seguro de desempleo.
Para ello se creará una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para así considerar su diseño y gradualidad.
En esa línea, durante el 2023, se enviará al Parlamento una iniciativa que modifique las normas sobre derecho colectivo del trabajo, considerando el ámbito y nivel de la negociación colectiva.
Por último, se propondrá al Poder legislativo la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fuente: Emol economía, abril 25 de 2022
Análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP mostró que 15,6% de los asalariados es parte de alguna modalidad de subcontratación.
La legislación laboral en el el país se apresta a enfrentar una serie de cambios de aprobarse la nueva Constitución. Ya pasaron al borrador del nuevo texto propuestas en el sentido de garantizar la libertad sindical, el derecho a huelga y la posibilidad de que los trabajadores -a través de organizaciones sindicales- puedan participar en las decisiones de las empresas.
Una idea que no logró el quórum de dos tercios del pleno de la Convención Constitucional -y, por ende, volvió a comisión para una nueva redacción- fueron los límites que desde algunos sectores se querían establecer a la subcontratación o tercerización. Es decir, a aquella modalidad utilizada por las empresas para delegar en terceros ciertos procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero que usualmente no forman parte de su giro directo (core business).
Pero, ¿qué tan extendida es esta práctica en Chile? ¿Es efectivamente un tipo de trabajo precarizado? ¿Qué dicen las cifras? Estas fueron parte de las preguntas que respondió un análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, basado en la la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Bajo el título “Tercerización en Chile: magnitudes y características de las relaciones laborales multipartitas”, el economista identificó que los asalariados adscritos a alguna de las modalidades correspondientes a subcontratación sumaron 1.003.867 en el trimestre diciembre 2021 – febrero 2022, lo que equivale a 15,6% del total de personas con contrato.
La prevalencia de esta figura, que tiene como contraparte los 5.411.877 de quienes tienen una relación laboral directo con la compañía en que se desempeñan, llega a 25,7% en el sector público, mientras que en en el ámbito privado alcanza a 13,6%.
Por rubro económico, minería es el rubro que lidera en subcontratación, ya que el 52,3% de los asalariados está bajo esta modalidad.
Otras ramas con una alta participación de trabajadores tercerizados son suministro de electricidad y gas, enseñanza y salud, con niveles de 35,9%, 26,2% y 26,1%, respectivamente.
¿Precarización?
Para Bravo, el debate en torno a la tercerización se debe realizar a la luz de la evidencia, ya que ésta demuestra que los empleos tercerizados “no tienen una mayor precariedad”.
De hecho, las cifras dan cuenta de que la tasa de ocupación informal para el segmento de asalariados tercerizados es de 10,3%, la que constrasta con el 15,6% en el caso de aquellos no tercerizados.
Con respecto a la estabilidad laboral, las cifras indican que el porcentaje de contratos indefinidos es menor en el segmento de tercerizados es de 58,7% en comparación a 73,5% en los no tercerizados.
Según complementa Bravo, los trabajadores tercerizados exhiben mejores indicadores en materia de seguridad social respecto a sus contrapartes, ya que en el caso de la subcontratación existe en la legislación laboral la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria.
¿Qué significa esto? que la empresa principal (mandante) está obligada a responder por las deudas laborales y previsionales en que hayan incurrido sus contratistas o subcontratistas con sus trabajadores, por lo que tienen menos posibilidades de que nadie responda por sus cotizaciones.
De ahí que Bravo plantee que las cifras no sugieren necesariamente que los empleos asalariados tercerizados tengan un menor grado de seguridad social y, por ende, de formalidad.
A su juicio, otro elemento necesario a analizar para saber si existe precarización laboral, es la existencia de brechas de ingresos entre asalariados tercerizados y no tercerizados.
Conforme a las cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE del año 2020, el promedio del ingreso de la ocupación principal entre asalariados tercerizados fue de $615.042, mientras que entre los asalariados no tercerizados dicha cifra fue de $ 728.790. Una diferencia de 18,5%.
Bravo explica que la diferencia salarial radica en que entre los trabajadores tercerizados hay una proporción mayor de trabajadores en ocupaciones de baja calificación y una proporción menor en ocupaciones de alta calificación en comparación a los trabajadores no tercerizados.
“Quienes ejercen ocupaciones de baja calificación tienen una menor capacidad de generación de ingresos considerablemente menor a los de alta calificación”, explica el economista.
Consultado respecto a si debe o no limitarse en la Constitución el uso de esta modalidad laboral, Bravo es claro: este es un aspecto que debe ser regulado en la legislación laboral, y no en la carta fundamental.
“Cuando uno mira las normas que se han aprobado, uno ve que hay aspectos demasiado específicos sobre el mercado laboral, y la Constitución no debe transformarse en otro Código del Trabajo, porque para eso existe la legislación laboral, para ver todos los aspectos detallados del mercado laboral”, enfatiza.
Los trabajadores por turno,
otra mirada al mercado laboral
Un análisis realizado por el INE mostró que las personas ocupadas que trabajan bajo algún sistema de turno en el país sumaron 618.677 en el trimestre diciembre-febrero 2022, lo que representa un 7,1% del total. El valor más bajo observado fue en agosto-octubre de 2020, con 480.206 personas, agregó el reporte.
De todos quienes laboran por turno, el 73,1% correspondió a hombres (452.008) y el 36,9% a mujeres (166.669). Si se compara con el conjunto de ocupados por sexo, los primeros son el 5,2%y las segundas el 1,9%.
La revisión de las cifras por sector económico muestra que este esquema se encuentra concentrado en las ramas de minería, actividades de salud, industria manufacturera y transporte, los cuales -por sus características productivas- requieren un funcionamiento continuo.
Coherente con lo anterior, las regiones que presentaron las mayores participaciones relativas de personas ocupadas con turnos fueron Antofagasta (24,2%), Atacama (20,4%) y Tarapacá (13,6%).
El total de horas trabajadas por los ocupados bajo sistema de turno, luego de aplicar los ajustes correspondientes -señala el INE-, tiene una distribución similar a la de horas habituales por los ocupados nocturno, permitiendo su homologación.
De todas formas, las personas ocupadas que declaran el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales representaron al 11,5% del total de la población ocupada. Segúnsexo, los hombres ocupados representaron al 12%, mientras que en las mujeres ocupadas al 10,8%.
Fuente: Diario Financiero, abril 25 de 2022
Las redes del presidente Gabriel Boric con el empresariado en Chile son exiguas. El más cercano exponente del sector para el presidente es Pablo Zamora, ex NotCo, recién nombrado director de Fundación Chile. Los encargados de armar los puentes son Lucía Dammert y Diego Pardow, ambos asesores del segundo piso, quienes por estos días definen qué empresarios serán los invitados a la gira a EE.UU. en junio próximo.
La desconexión quedó en evidencia en plena campaña presidencial. Cuando el equipo de Gabriel Boric se repartió las responsabilidades y roles que cada uno debía tener, la falencia quedó al descubierto: no había nadie que tuviera redes estrechas con el mundo empresarial.
El único que cubría de cierta manera ese frente era Diego Pardow, entonces coordinador programático de Gabriel Boric. Si bien la trayectoria del abogado y expresidente ejecutivo del think tank Espacio Público ha estado ligada principalmente a la academia y a las políticas públicas, en su paso como abogado asociado por el estudio de Enrique Barros (entre 2002 y 2005) y luego por Ferrada Nehme (del 2008 al 2020), tuvo vínculos con grandes grupos empresariales.
“No había muchos puntos naturales de conexión. Y para agudizar el contraste, era muy distinto a la relación de Piñera con los empresarios. Pardow era quizás el que tenía el menor costo de entrada. Más códigos de información”, explica una persona que participó en el equipo programático de Gabriel Boric.
El abogado fue entonces el encargado de reunirse con los gremios, compañías multinacionales, grupos empresariales y asociaciones varias para dar a conocer el programa y para que el entonces candidato lograra tender puentes con ese mundo.
Y aunque Gabriel Boric participó de foros empresariales y se reunió con la CPC, la Sofofa y también con organizaciones como Icare y Endeavor, entre otros, lo cierto es que hasta hoy todavía no existen lazos consolidados desde el gobierno con el mundo de los negocios.
“Es una relación en construcción”, reconoce un cercano a esta administración.
Gabriel Boric siempre ha mirado de lejos a ese mundo. Su padre, Luis Boric, es ingeniero de Enap y militante DC, y en su entorno familiar no hay muchos empresarios. Esto no quita que no entienda el rol de la empresa en la sociedad, pero es un vínculo que está recién empezando a formar, aclara un asesor.
Aún así, desde que asumió el 11 de marzo pasado, el mandatario no ha sostenido ningún encuentro formal con ningún empresario o gremio, salvo por la gira en Argentina, donde, según quienes asistieron, se mostró interesado y cordial con los invitados y donde empezó a generar las confianzas que se esperan con ansias desde el gremio.
Consultados por DF MAS, los grandes grupos empresariales del país confirman que ninguno de sus fundadores ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Boric desde que asumió como presidente. Desde la Sofofa y la CPC dicen que aunque han pedido audiencias, todavía no logran concretar el encuentro y más de un empresario sigue recordando el que no hayan sido invitados al cambio de mando, el 11 de marzo.
Desde el gobierno replican: “La agenda ha sido dificilísima, con la cantidad de reuniones protocolares y las urgencias del día a día, no hay tiempo, pero eso debería empezar a cambiar ”. Y confirman que serán agendados en los próximos días.
Hasta ahora, la relación del gobierno con el empresariado la llevan principalmente los ministerios, en particular Hacienda, Economía y Trabajo y Secretaría General de la Presidencia, quienes tienen la misión de consolidar las conversaciones que cada uno tiene con los empresarios para traspasar al presidente esa información.
La gira a EE.UU. y las diferencias con Sutil
Si en la época de Sebastián Piñera la encargada de hacer el nexo entre el presidente y los gremios empresariales era su jefa de gabinete, Magdalena Díaz, en la administración Boric quienes asumieron ese rol son principalmente la jefa del segundo piso, Lucía Dammert, y el abogado Diego Pardow. Son ellos quienes revisan las audiencias y ordenan esa agenda.
De hecho, ya están en pleno diseño de la próxima gira presidencial a Estados Unidos, donde Boric participará de la Cumbre de los Estados Americanos que se inicia el próximo 6 de junio en Los Ángeles.
Aunque todavía no se ha extendido ninguna invitación, desde Presidencia confirman que se espera que participen representantes del mundo de la innovación y también de la agricultura, las dos grandes actividades que caracterizan al estado de California. De hecho, actualmente se está definiendo si se extenderá la invitación al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, o se optará por otro actor de este sector para que acompañe al presidente.
Y aunque todavía no está claro si los líderes de Sofofa o de CPC asistirán, el mandatario habría confirmado a los empresarios que lo acompañaron en el viaje a Argentina, que en su próxima gira serían incluidos los grandes gremios.
De hecho, fuentes de La Moneda dicen que en la última gira Sofofa estaba entre los invitados. Pero en vez del presidente del gremio Richard von Appen, fue la consejera Rosario Navarro la escogida para cumplir con los criterios de paridad de género. Sin embargo, la vicepresidenta de Sonda no pudo asistir: se encontraba en Estados Unidos en esa fecha.
El caso de la CPC fue diferente. Uno de los problemas con que se encontró el equipo de Gabriel Boric fue que todos los presidentes de rama hoy son hombres, y lo otro es que se quería evitar un episodio como el vivido durante la campaña, en el cual tras una reunión con el entonces candidato, el presidente de la CPC, Juan Sutil, realizó un punto de prensa donde criticó la participación del Partido Comunista en la alianza de gobierno.
La alocución no habría caído bien en el equipo del mandatario: días previos había estallado la colusión del gas, y ambas partes habían acordado que el encuentro sería para buscar espacios de comunión y no para marcar diferencias ni críticas.
“No tenemos ninguna relación directa con el presidente. No hemos podido concretar ninguna reunión. No conocemos su agenda y más allá de eso no podemos hacer, pero sí creo que es fundamental entender que en situaciones complejas, y especialmente en aquellas donde el país va a requerir de ciertas transformaciones, hay que concordar, y para eso hay que sentarse a conversar”, dice Sutil. De todas maneras, el líder gremial añade que sí han tenido reuniones con los ministros Siches, Grau, Marcel y Jeannette Jara, con quien trabajan en conjunto en el Consejo Superior Laboral, instancia de diálogo para buscar acuerdos en materia previsional y laboral.
¿A quién escucha?
Hoy por hoy, el empresario más cercano al presidente Gabriel Boric es Pablo Zamora, el fundador de NotCo, quien salió del día a día de la FoodTech en 2020.
Se conocieron en 2012, cuando ambos fueron elegidos por El Mercurio dentro de los 100 jóvenes líderes. Desde esa época, en la que Boric era presidente de la Fech y Pablo Zamora un emprendedor que vivía en Estados Unidos, empezaron a forjar una amistad que se ha ido estrechando con los años.
Aunque el ex NotCo no milita en ningún partido, tiene afinidad con el Frente Amplio y, por lo mismo, se empezó a topar con el actual mandatario en varios espacios en común. “Hemos conversado frecuentemente. Tengo una relación muy estrecha con él y también con el ministro Grau. Me interesa que las temáticas sobre innovación estén sobre la mesa y estoy agradecido de que estos asuntos hoy estén en la agenda”, dice Zamora.
El bioquímico, que acaba de ser nombrado como director de la Fundación Chile, jugó un rol importante en la campaña, desde donde articuló una red de emprendedores tecnológicos que funciona hasta el día de hoy. Es además una especie de asesor informal del presidente Boric, quien le pide su opinión sobre diferentes materias, entre ellas, cómo incentivar el emprendimiento, reactivación económica y también cómo el Estado puede dinamizar la economía a través de la modernización de sus instituciones.
Con el presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri, también han ido forjando una relación. No conversan comúnmente, pero tras la participación de Boric en Enade y la invitación a Gazmuri a la gira en Argentina, han ido generando mayor confianza. “Mi relación con el presidente ha sido muy fluida desde cuando era candidato. Me ha sorprendido su empatía”, afirma el presidente de Icare, organización con la cual actualmente el gobierno participa en la iniciativa Grupos Compromisos (ver recuadro).
Gabriel Boric también se ha mostrado impresionado por los planteamientos de Asimet, gremio liderado por Dante Arrigoni, otro de los que acompañó al presidente a Buenos Aires. “Lo invitamos al foro de la industria el año pasado y parece que caló hondo nuestro mensaje porque en el discurso de apertura del encuentro empresarial en Argentina mencionó nuestro foro y la necesidad de aumentar la industria en nuestro país”.
Arrigoni también ha tenido una estrecha relación con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y entre los planteamientos que han conversado está la creación de un Consejo de la Industria, compuesto por representantes regionales y de diversas asociaciones de empresas, que guíe la estrategia industrial del país y dependa de una nueva institucionalidad: la Subsecretaría de la Industria.
“Con el presidente nos vamos a reunir nuevamente. Nos pidió que le explicáramos mejor nuestra estrategia, pero principalmente con su equipo quedamos de trabajar y estamos coordinando las reuniones”, agrega Arrigoni.
Los socios de Unholster, Cristóbal Huneeus y Antonio Díaz-Araujo, también serían voces que el presidente escucha con atención. La empresa especializada en Data Science, Análisis de Datos, Desarrollo de Software fue la encargada chequear varios de los nombres para el gabinete del nuevo gobierno.
Empresas B y pluralidad
Otro foco de interés del mandatario en el mundo empresarial son las empresas B y aquellas con liderazgo femenino. Josefa Monge, presidenta de Sistema B, explica que durante la campaña se reunieron algunas veces con Diego Pardow y Giorgio Jackson. Pero fue durante la gira que conoció por primera vez al presidente.
“Fue muy cercano y entusiasta de las empresas B, muy apañador de lo que hacemos, nos presentaba siempre explicando por qué estábamos en su comitiva. La sensación que queda es de mucha apertura y de la búsqueda de una narrativa hacia el mundo empresarial. Que puede ser que la estén ensayando todavía”, dice.
Pero aunque algunos indican que ella es una de las personas que Gabriel Boric escucha, Monge es cauta: “Las empresas B tuvimos un protagonismo generoso para nuestro tamaño en la gira, pero desde ahí a que estemos ‘pauteando’ al gobierno, estamos muy lejos de eso. Sí creo que cuando encuentren esa épica sobre propósito e impacto, tendremos mucho que aportar. Si queremos una recuperación económica postpandemia, sería iluso pensar que la vamos a hacer sin la empresa. La solución son más y mejores empresas”.
Una visión similar tiene Fernanda Vicente, quien también asistió a la gira. “Tengo la sensación de que quieren entender cómo funcionan las compañías chilenas, pero no contado por los mismos líderes de siempre. No quieren defensas corporativas, sino comprender bien cómo funciona la dinámica interna desde los actores no tradicionales, lo que me parece un approach interesante”, dice la presidenta de Mujeres del Pacífico.
La decisión de prescindir de los tradicionales grupos de poder del mundo de los negocios fue absolutamente premeditada. Desde el entorno de Gabriel Boric confirman que la idea era mostrar la pluralidad de miradas que existen entre los empresarios chilenos. “Nos dimos cuenta en la campaña de que la voz del mundo empresarial era mucho más plural que como se presenta, que son un grupo heterogéneo con diferencias de opinión. En la opinión pública hay una caricatura instalada del empresario y la idea era salir de eso y visibilizar esas otras voces”, dicen.
«Me interesa participar»
Fue en enero pasado, a raíz de su participación en Enade. Ahí el presidente Gabriel Boric se hizo parte de la iniciativa levantada por Icare con el apoyo de la CPC para desarrollar grupos de trabajo en base a siete compromisos para resolver lo que han llamado “dolores ciudadanos”.
Salud, adulto mayor, agua, cambio climático, territorio y ciudades, mejores empresas y educación son las diferentes temáticas que deberán discutir, analizar e intentar resolver estos grupos con la colaboración del Estado. Por esta razón, desde presidencia ya tienen definido quiénes serán las personas que desde el gobierno se integrarán a estos equipos de trabajo.
“Esto parte como un documento que entregamos en enero, se lo mostré al Presidente y me dijo ´me interesa participar´. Estamos ya trabajando para en junio tener proyectos concretos que el gobierno pueda hacer suyos”, explica Lorenzo Gazmuri.
Fuente: Diario Financiero, abril 23 de 2022
Este año la economía nacional crecería un 1,5%, para desacelerarse a 0,5% en 2023. En ambos períodos la expansión del país estaría por debajo de la media global y de América Latina.
Un duro aterrizaje sufrirá la economía chilena tanto este año como el próximo. Así lo han anticipado diferentes actores en los últimos meses, a quienes ahora se suma el Fondo Monetario Internacional (FMI). La entidad prevé que en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se expandirá solo un 1,5%, mientras el año que viene el crecimiento llegaría a 0,5%.
El pronóstico se revisó a la baja en la actualización del Panorama Económico Mundial (WEO, su sigla en inglés), que la entidad publica en medio de sus reuniones de primavera junto al Banco Mundial. A fines de enero, el Fondo estimaba que el PIB nacional creciera un 1,9% este año, similar al alza contemplada en ese entonces para 2023.
El cuadro delineado ahora queda en medio de la proyección que el Banco Central presentó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), que contempla que la economía chilena se expanda entre 1% y 2% este año, para moderarse a un rango que iría entre una caída de 0,25% y un alza de 0,75% en 2023.
El panorama del FMI dejaría a Chile por debajo del pronóstico para la economía mundial y de América Latina. Tanto este año como el próximo, el crecimiento global se moderaría a 3,6% -desde el alza de 6,1% de 2021-, y en la región la expansión llegaría a 2,5% tanto en 2022 como en 2023.
La inflación también será una preocupación para la economía nacional y global en los años que vienen. El Fondo estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedie 7,5% en 2022 en Chile, para moderarse a 4,5% en 2023. El dato estimado para este año queda por debajo del 8,2% que estima el IPoM como media, pero el panorama del FMI para el período que viene es superior al 3,4% que proyecta el Central.
En el plano fiscal, el organismo internacional estima que el saldo de la cuenta corriente se moderará a una contracción de 4,5% este año, para seguir acotándose a una baja de 3,4% en 2023. En lo laboral, en 2022 el desempleo bajaría desde el año pasado, pero promediaría 7%, para descender a 6,9% el año que viene.
Ingresos per cápita
Hace cuatro años, el FMI apostaba a que 2022 sería el año en que el PIB per cápita de Chile -medido en dólares corrientes a paridad de poder de compra- superaría los US$ 30.000. Pero con un estallido social y una pandemia de por medio el panorama ha cambiado, y ahora el organismo estima que en 2024 la economía nacional superará ese umbral, llegando a US$ 30.186.
Con esto, el Fondo adelantó su apuesta para el período en que Chile llegará a US$ 30.000, ya que en su actualización de octubre pasado estimaba que el umbral se cruzaría en 2025, y hace un año se inclinaba por alcanzar dicho hito en 2026.
La entidad ahora prevé que los ingresos per cápita nacionales lleguen a US$ 28.526 en 2022, y hacia adelante, el avace anual sería de más o menos US$ 1.000, para llegar -se espera- a US$ 33.455 en 2027, el último año que contempla el análisis del Fondo.
En Sudamérica, Chile seguiría liderando y sería el primero en alcanzar los US$ 30.000 per cápita. Uruguay lo lograría en 2025 y al año siguiente vendría el turno de Argentina. El resto de la región estaría más bien por debajo de Chile y los países ya mencionados. En cinco años Brasil tendría un PIB per cápita de US$ 20.439, y Colombia de poco más de US$ 23.000.
Ecuador llegaría recién a US$ 15.163 al cierre del ejercicio, y México a US$ 26.469 para el mismo 2027.
Ese año, los ingresos per cápita nacionales se codearían con los de Serbia y Uruguay: el primero alcanzaría los US$ 33.231 en 2027, y el segundo treparía a US$ 33.295.
Preocupaciones globales
El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió ayer que “las perspectivas económicas mundiales se han visto seriamente afectadas, en gran parte debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia”. Afirmó que, “más allá de su impacto humanitario inmediato y trágico, la guerra frenará el crecimiento económico y aumentará la inflación”, y agregó que “los riesgos económicos generales han aumentado considerablemente, y las compensaciones de política se han vuelto aún más desafiantes”.
Para este año, el ajuste a la baja para la economía mundial fue de 0,8 puntos porcentuales, como consecuencia del impacto directo del conflicto bélico. El PIB para la Unión Europea se recortó en 1,1 pp. por los efectos indirectos de la guerra, convirtiéndose en el segundo mayor contribuyente a la revisión general a la baja. Entre las grandes potencias el cambio fue más modesto: el FMI revisó el panorama para el PIB de EEUU en 0,3 puntos, y para China el recorte fue de 0,4 unidades.
Gourinchas alertó que “la inflación se ha convertido en un peligro claro y presente para muchos países”, y planteó que, incluso antes de la invasión, se disparó gracias al aumento de los precios de las materias primas y los desequilibrios entre la oferta y la demanda.
Fuente: Diario Financiero, abril 20 de 2022
El número de trabajadores ocupados llegó a 9,16 millones en abril, superior a lo registrado antes de la llegada del coronavirus al país.
Luego de tres meses sin realizarla, la Universidad Católica volvió con su encuesta de empleo este martes, mostrando una diagnóstico del mercado laboral chileno durante la primera semana de abril y dando cuenta de cifras positivas, sobre la recuperación de los empleos.
El número total de ocupados, según el sondeo, es de 9,16 millones de personas, superando así por primera vez el número trabajadores ocupados registrados antes de que la pandemia de covid-19 se instalara en el país en marzo de 2020.
El nivel de empleo durante la primera semana de abril es, en total, 96 mil empleos superior al existente previo a la llegada del coronavirus a territorio nacional.
La tasa de empleo, además, se recuperó con fuerza llegando a 57,2%. Es decir, solo resta subir 1 puntos porcentual (pp.) para retomar el nivel que el mercado laboral chileno exhibía en la era prepandemia (58,2%).
En todo caso, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, Davide Bravo, comentó que si bien se recuperó el nivel de ocupados previo al arribo del coronavirus, han pasado dos años desde el inicio de la crisis sanitaria y la población en edad de trabajar ha aumentado en 447 mil personas.
Por ende, comentó que para tener la misma tasa de ocupación prepandemia se requeriría tener un número total de 9,33 millones de ocupados. En concreto, aun faltan por recuperar otros 165 mil empleos.
Por género, las mujeres registraran un nivel de ocupación de 3,97 millones de trabajadoras, superior a las 3,84 millones anotadas antes de marzo de 2020. Como la tasa de ocupación femenina es de 48,6% en abril y este nivel supera el prepandemia, las mujeres se recuperaron de la crisis antes que los hombres.
Estos últimos, apuntaron un nivel de ocupación de 5,19 millones, casi igual a los 5,23 millones previos a la crisis. La tasa de ocupación masculina, en tanto, escaló a 66,2% en abril, inferior en 2,4 pp., a la era antes del covid. Los hombres aún deben recuperar 188 puestos de trabajo, 36 mil para llegar al mismo número y otros 152 mil por el aumento de la población activa.
David Bravo «Las mujeres no solamente recuperaron los empleos que habían perdido durante la pandemia, además dieron cuenta del aumento de la población femenina y están un poco por arriba incluso. Hay empleos adicionales. Las mujeres ya llegaron a la meta, es una muy buena noticia», recalcó, añadiendo que «los que aún tienen un rezago son los hombres».
Por otra parte, el nivel de empleos asalariados se ubicó 1,6% por debajo a la época prepandemia y la cifra de trabajadores de casa particular es todavía un 5,9% inferior. Distinta es la situación de los trabajadores por cuenta propia, que superaron que registro anterior a la crisis en 215 mil personas, quedando un 9,6% por arriba.
A su vez, la tasa de participación laboral sigue siendo inferior, esta vez en 2,2 pp. a lo que era antes del covid-19. Con todo, se ha recuperado en 13,4 puntos desde julio de 2020 -cuando el coronavirus golpeaba más duro al mercado laboral- y está en el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, anotando una recuperación del 86%.
Asimismo, un total de 569 mil personas declaró que habría estado buscando trabajo si existiera la crisis sanitaria: 224 mil hombres y 345 mil mujeres. Bravo, además, destacó que a medida que la tasa de participación laboral se acerca a sus niveles pre crisis, disminuye la «distorsión» de la tasa de desempleo, que se ubicó en 6,1% en abril, y en 8,2% si se le agregan las personas que buscarían trabajo sin pandemia.
En tanto, durante la primera semana de abril, un 13,8% de los ocupados trabajó al menos una hora en modalidad de trabajo remoto, es decir, u total de 1,26 millones de trabajadores.
Bravo: «Son buenas noticias»
El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, destacó que «son buenas noticias, en el sentido de que recuperamos la totalidad de los empleos que se perdieron en la pandemia. De hecho, tenemos cerca de 100 mil empleos por sobre el nivel que teníamos antes. Esta es la foto al 10 de abril».
«La meta de la tasa es volver a tener 58,2%, vemos que es 57,2%. Es un salto bien importante, dos puntos en la tasa de ocupación. Ese salto se traduce en que ya pasamos el número absoluto de empleos que teníamos antes de la pandemia, porque todavía quedan empleos por recuperar precisamente porque en el camino aumentó la población», añadió.
Además, el economista destacó que la Región Metropolitana recuperó su situación anterior a la crisis. Esto, «no solamente en número sino que su tasa, casi dos puntos superior. La Región Metropolitana dio por superada la pandemia», aseguró, con una tasa de ocupación que llegó a 61,9%, cuando antes del arribo del covid-19 era de 60,1%.
Fuente: Emol economía, abril 19 de 2022
Para los abogados, la baja cantidad de sanciones responde a diversas causas, entre las que se cuentan el mismo desconocimiento del derecho y reducidas denuncias.
En abril de 2020 comenzó a regir en el país la Ley de Teletrabajo, la cual permitió que empleadores y trabajadores pudieran acordar que los servicios y prestaciones de una persona se realicen desde un lugar distinto al de la empresa.
Dentro de las diversas exigencias incluidas la norma, un aspecto que fue muy bien recibido en el mercado laboral fue la incorporación de la figura del derecho a desconexión en este nuevo esquema. ¿Qué significa esto? Que el empleador deberá respetar los tiempos de descanso de sus trabajadores, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.
La nueva legislación, que cobró mayor importancia dada el escenario de confinamiento al que obligó la propagación de la pandemia, estableció que el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.
Además, el empleador no podrá establecer comunicaciones ni dar órdenes en días de descanso o vacaciones de los trabajadores.
Sin embargo, a pesar de que fue un derecho ampliamente difundido por las exautoridades laborales, al parecer los trabajadores aún no dimensionan su existencia, según se desprende de las cifras de multas que ha implementado la Dirección del Trabajo.
De acuerdo a datos del servicio, que fueron solicitadas por el equipo laboral del estudio jurídico de Albagli Zaliasnik (AZ), entre julio de 2020 y febrero de 2022, se han cursado sólo 16 multas relacionadas con el derecho a desconexión en el teletrabajo.
Así, el informe “Sanciones cursadas sobre trabajo a distancia o teletrabajo (Ley N° 21.220)” de la DT indica que se han cursado cuatro multas por no respetar dicho derecho, todas aplicadas en 2021.
Las otras 12 son por no consignar en el pacto de trabajo a distancia o de teletrabajo el definido tiempo de desconexión.
Factores en juego
Para los abogados, la baja cantidad de sanciones puede responder a diversos factores, como poco conocimiento en torno a este derecho, falta de fiscalización y escasas denuncias, entre otras.
Para Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ, un aspecto que podría explicar la acotada cantidad de multas es que no se ha logrado entender a cabalidad en qué consiste y cuáles son los alcances de este derecho.
“Los límites en este trabajo híbrido o deslocalizado es que el trabajador no logra fijar una frontera clara entre lo que es responder un correo fuera de su jornada y si eso invade o no su vida privada”, afirma.
Por lo mismo, sostiene que un desafío en esta materia es delimitar los contornos de este derecho. “Cómo se hace efectivo, cuáles son las medidas de resguardo. Esto es un desafío, las cifras hablan de ese desafío”, agrega Arredondo.
En el caso de Jaime Salinas, abogado de Salinas Toledo, hay diversas variables detrás de bajadas multas asociadas al derecho a desconexión.
Por un lado, el abogado dice que se trata un derecho que beneficia al personal que no está sujeto horario, y que cuenta con mayor autonomía y responsabilidad, es decir, involucra usualmente a jefaturas, subgerencias y gerencias, los que gestionan con mayor libertad sus propios tiempos dentro del día.
De ahí, estima, no está dentro de sus principales preocupaciones atender a la desconexión en sentido estricto, “la que ven, usualmente, como un asunto que ellos mismos tienen que manejar”.
En segundo lugar, considera Salinas, dada esa autonomía, es poco probable que existan denuncias al derecho desconexión, ya que se trata de un segmento de trabajadores orientados al logro de objetivos más que al cumplimiento de horarios.
Una visión similar tiene Luis Lizama, de Lizama Abogados, quien agrega otro aspecto relacionado con que muchas de las empresas implementaron el teletrabajo por la contingencia sanitaria, por lo cual no tienen interiorizado el cumplimiento de todas las exigencias de la ley.
“El empleador tuvo que mandar al trabajador a su casa y, probablemente, algunos acuerdos que se adoptaron fue que les iban a proveer de internet, escritorios, cosas como esa, pero no todos los trabajadores asumieron que tendrían este derecho”, señala.
Las observaciones del Consejo Superior
Laboral para mejorar la legislación
En abril de 2021, el Consejo Superior Laboral -instancia tripartita de diálogo que creó la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet- realizó una evaluación positiva de la normativa, pero planteó que hay desafíos en materia de implementación del teletrabajo desde el punto de vista del respeto a los tiempos de conexión y desconexión, la entrega de herramientas e implementos de trabajo, el pago de los costos de operación y funcionamiento asociados a esta modalidad, así como también mejor preparación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Tras el análisis, el consejo señaló que se requiere seguir fortaleciendo el cambio cultural que ha implicado esta modalidad de trabajo y la fiscalización, de manera tal de resguardar la delimitación entre los espacios personales y laborales, el cumplimiento de las jornadas laborales y el derecho a desconexión, entre otros.“Es importante resguardar correctamente la seguridad y salud de los trabajadores, no solo desde la perspectiva física, sino también desde la perspectiva de la salud mental”, estableció el documento.
Fuente: Diario Financiero, abril 18 de 2022