Realizar mejoras al rendimiento del equipo productivo, así como la reposición de equipos antiguos por nuevos de mejor rendimiento, son algunas de las inversiones que las empresas del sector metalúrgico metalmecánico tienen contemplado realizar en el próximo trienio. Así lo dio a conocer el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, durante una conferencia a la que fue invitado a exponer el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo.
Según informó el dirigente gremial, un 70% de las empresas del sector tiene contemplado realizar algún tipo de inversión durante ese periodo, no obstante, un 43,2% de los consultados confirmó que este año su inversión será inferior a la realizada en 2022. De acuerdo a la muestra, un 32,4% señaló que este año la inversión será superior que el periodo anterior, mientras que un 16,2% afirmó que se mantendrá igual.
Respecto de las principales razones que ponen en duda la decisión de inversión para los próximos años, un 67,6% de las empresas señaló la incertidumbre en torno a la economía nacional; un 44,1% mencionó la escasez de medidas que impulsen a la industria manufacturera; un 41,2% expuso como trabas las incertezas políticas y económicas en el mundo, y un 29,4% indicó como factor anti-inversión la falta de políticas de seguridad para el control del orden público.
En relación a las expectativas económicas de las empresas para 2023, un 51,4% las calificó de “regular”, un 32,4% dijo tener “buenas” expectativas, y un 13,5% señaló que para este año son “malas”.
Al comentar la encuesta realizada a los socios de ASIMET, Arrigoni destacó la importancia de incentivar la inversión en nuevas tecnologías para que la industria no pierda competitividad: “Como ASIMET hemos insistido en la importancia de que la nueva propuesta de reforma tributaria en la que está trabajando el Gobierno incluya incentivos a la inversión y el ahorro, principalmente porque es la forma más eficiente de generar empleos formales y de calidad para los chilenos. Especial llamado hacemos al ministro de Hacienda para que se pongan los incentivos en medidas que tengan impacto en inversiones para la nueva industria 4.0”, sostuvo.
Más adelante, el timonel de ASIMET destacó la importancia de que los países fomenten entornos favorables para incentivar la inversión, señalando que debemos reflexionar respecto de si Chile presenta hoy las mejores condiciones para que ello ocurra. “La reducción de la jornada laboral a 40 horas, la reforma a las pensiones y ahora subir el sueldo mínimo el próximo año a 500 mil pesos, sin duda que van en el camino para mejorar la calidad de vida de los chilenos… pero, ¿existe una contraparte de medidas ideadas para que las empresas que compiten con productos importados puedan hacer frente a los mayores costos que implicarán esas iniciativas legales?”, se preguntó.
En relación al tema de la seguridad, Arrigoni también alertó sobre las consecuencias de no tomar medidas a tiempo, señalando que en una economía donde se respetan las leyes y el estado de derecho las empresas tienen más confianza para invertir y desarrollarse, ya que se garantiza la seguridad jurídica, la protección de los derechos de propiedad y el control del orden público. “Esto contribuye a aumentar la productividad ya que se incentiva la toma de decisiones de inversión de largo plazo, como también la de innovar y de mejorar la calidad de los productos”, aseguró.
La industrialización del litio: una buena noticia para la manufactura
Al referirse a la Estrategia Nacional del Litio, el presidente de ASIMET señaló que el alto precio del mineral es una situación extraordinaria, y que, por lo tanto, hay que actuar rápido, y explotar la riqueza al mayor valor posible. “No hay nada más estratégico para Chile que incrementar su riqueza a través de la activa participación del sector privado, el que, al aumentar su actividad económica, genera significativos aportes al fisco. En el caso del litio, el mayor valor para el Estado de Chile está en recaudar, por medio de impuestos y royalty a la explotación, a través de un modelo de colaboración publico privada que ha funcionado con éxito. Tratar de innovar en este modelo puede atrasar procesos que son vitales para el desarrollo del país”, indicó.
Agregó que la buena noticia para la industria nacional es que se haya considerado como uno de los ejes centrales de esta estrategia el promover la producción de productos con valor agregado, con el fin de convertir la materia prima en nuevos productos de alto valor tecnológico. “El litio debe ser la piedra angular para la generación de encadenamientos productivos que incorporen a las empresas chilenas, en una industria paralela a la extracción, con conocimiento y tecnología nacionales que otorguen empleos de calidad a los chilenos. Estos productos ¡se pueden hacer en Chile! Pero para ello necesitamos otra estrategia: una Estrategia Industrial que impulse al sector manufacturero, entregándole las herramientas y condiciones para poder desarrollar todo su potencial para competir así con las economías más avanzadas del mundo”, concluyó.
Fuente Diario Estrategia, abril 25 de 2023
Se trata de una iniciativa que busca que las empresas, ante este tipo de situaciones, activen un diálogo con sus organizaciones sindicales para diseñar planes de reconversión laboral.
La semana pasada, la comisión de Trabajo del Senado inició el análisis de un proyecto que busca proteger el empleo ante despidos masivos.
La propuesta, impulsada por los senadores socialistas Isabel Allende, José Miguel Insulza, Gastón Saavedra, la PPD Loreto Carvajal, y la representante de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, busca regular las desvinculaciones que, en la gran y mediana empresa, involucren al 10% o más del total de la planilla o afecten a más de 1.000 trabajadores de un mismo empleador, en un período de 90 días corridos.
“Permitiría establecer un diálogo entre los trabajadores y la empresa para así, en conjunto, buscar la posibilidad de mantener los empleos, en la medida que ello sea factible”.
Giorgio boccardo, subsecretario del Trabajo.
Dicha regulación, dice el proyecto, será aplicable a la gran y mediana empresa.
El objetivo de la iniciativa es que los empleadores deban iniciar un proceso de consulta con las organizaciones sindicales previo a la implementación de los despidos, así como el deber de comunicar el inicio de este a la Dirección del Trabajo.
Como parte de esa dinámica, que será previa y obligatoria, se deberá abordar con los trabajadores las necesidades que determinan la decisión de los despidos masivos, y las medidas para evitarlos, reducirlos o atenuar sus consecuencias, a través de acciones de apoyo destinadas a la reconversión o readaptación de las personas afectadas.
La consulta deberá tener una duración no inferior a 45 días hábiles, que serán prorrogables por igual término, y el empleador no podrá proceder con los despidos hasta finalizado dicho proceso.
En los primeros cinco días, dice la propuesta, el empleador deberá comunicar a los trabajadores los motivos de la decisión de despidos; el número y los cargos de los trabajadores que serán despedidos; el período en que se realizarán las desvinculaciones; los criterios que se utilizarán para definir a las personas que serán afectadas; las condiciones de salida que se ofrecerán a las personas; y toda la información que sirva de sustento a la medida.
También se propone que exista una fiscalización especial destinada a evaluar la pertinencia y calidad de la capacitación, en el caso que los empleadores hayan utilizado franquicia tributaria con la finalidad de facilitar su reconversión o readaptación laboral de su personal.
Las observaciones del Gobierno
La semana pasada, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, expuso ante la comisión las primeras observaciones del Ejecutivo respecto a la propuesta legislativa.
“La preocupación del Ejecutivo, tanto por los despidos masivos en algunos sectores productivos, como la necesidad de contar con herramientas de capacitación ante eventuales transformaciones tecnológicas productivas, es compartida”, comenzó señalando.
Desde su perspectiva, se requiere de herramientas para enfrentar estas situaciones, algo que se ha confirmado en encuentros que han sostenido con diversos dirigentes sindicales.
De hecho, la autoridad laboral comentó que la regulación del despido masivo o colectivo es “una valiosa herramienta utilizada en distintos ordenamientos jurídicos y que existió en algunas ocasiones en nuestro país”.
Así, ejemplificó que la ley n° 7.747 de 1943, modificó el artículo 86 del Código del Trabajo del año 1931, incorporando un procedimiento ante la ocurrencia de despidos colectivos, el cual incluía diálogo con los actores y entidades públicas. No fue la única vez, en 1978 se crearon normas transitorias para actuar ante este tipo de desvinculaciones.
Si bien Boccardo recalcó que actualmente no existen mecanismos de este tipo en la actual legislación laboral, señaló que de igual modo se activan medidas similares al interior del Ministerio del Trabajo ante este tipo de situaciones.
“No contamos con una legislación, pero cuando los conflictos involucran a una cantidad importante de trabajadores, el Ministerio del Trabajo de facto interviene. No es algo ajeno a la realidad cotidiana que debemos enfrentar desde el ministerio”, comentó Boccardo, ejemplificando el diálogo y medidas que se activaron ante el cierre de termoeléctricas.
En la presentación que entregó la autoridad a los senadores de la comisión, se señala que el contar con este tipo de procesos “permitiría establecer un diálogo entre los trabajadores y la empresa, para así en conjunto buscar la posibilidad de mantener los empleos, en la medida que ello sea factible, propiciando relaciones laborales armoniosas y, con ello, la consecuente disminución del conflicto laboral”.
A modo de cierre ante la comisión, Boccardo planteó a los senadores la necesidad de escuchar la opinión de los diversos actores sobre este tema para construir una normativa que recoja los planteamientos de los involucrados.
Consultado hoy por el tema, el subsecretario recalcó que ven con buenos ojos la iniciativa.
«Nosotros como Ejecutivo valoramos que se comiencen a discutir este tipo de iniciativas, no solamente por la coyuntura económica que enfrentamos, sino que, porque nos parece importante dotar al Estado, en este caso al ministerio del Trabajo, de herramientas que tienen que ver con la consulta, que tienen que ver con preparar a las empresas cuando se van a producir este tipo de cambios que son tan disruptivos, sobre todo porque como ministerio tenemos una experiencia práctica», comentó.
En esa línea, la autoridad laboral señaló que se trata de una iniciativa a la que van a darle seguimiento en su discusión, y que incluso se evaluará la posibilidad de ingresarle indicaciones.
«Contar con herramientas que puedan anticipar la preparación de este proceso o bien que Sence pueda comenzar a preparar con antelación a las personas para la reconversión laboral nos parece que es el camino. Nosotros vamos hacer el seguimiento, por supuesto evaluar si se le pueden hacer algún tipo de indicaciones por parte del Ejecutivo, pero en este momento nos encontramos evaluando el proyecto», dijo el subsecretario Boccardo.
Fuente: Diario Financiero, abril 13 de 2023
Multifuncionalidad, que permite que el trabajador o trabajadora sea más productivo, destaca Dante Arrigoni; y la formalización del empleo, subraya Richard von Appen. «Acá no hay milagros», dice este último.
Tras la aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas, varios gremios han reaccionado a lo que implicaría su aplicación y han propuesto acciones para acompañarla.
Entre ellos está la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), quienes, si bien valoraron la legislación, advirtieron que, de no ser acompañada por otras medidas, podría significar un “duro golpe” para la industria.
Dante Arrigoni, presidente del gremio, explica que el costo que podría tener la reducción de la jornada llegaría a ser del 10%, una vez se cumpla con la gradualidad y en cinco años se llegue a las 40 horas de trabajo semanales. Sumado al 6% adicional que contempla el proyecto de pensiones, podría significar un 16% de los costos relacionados a la mano de obra.
“El costo es lineal, al igual que la dirección de las 45 a las 40 horas, son cinco años, será un aumento de un 2% por año”, dice.
El impacto, cuenta, sería muy grande para el sector, que en los últimos 25 años han perdido la mitad de la manufactura. Explica que en aquel periodo la producción era cerca del 22% del Producto Interno Bruto (PIB), pero que hoy es el 10%.
“La mitad de los productos que se hacían ya no se hacen y con este proyecto de las 40 horas va a seguir disminuyendo, lamentablemente lo que eso acarrea es la pérdida de puestos de trabajo”, indica.
Agrega que la industria nacional compite con los productos importados de “economías que tienen mucho más de 40 horas de trabajo”, por lo que el sector compite en desigualdad de condiciones.
“La disminución de las 45 a las 40 horas es aumentar la diferencia y seguir aumentando la brecha de desigualdad en la cual nuestra industria compite. Es un duro golpe”, señala.
Medidas para la industria
De acuerdo a Arrigoni, la reducción de la jornada laboral debe ir de la mano con el aumento de la productividad, como se ha hecho en economías de la OCDE.
“Ellos lo que han hecho es que han desarrollado políticas o puesto en marcha políticas de desarrollo productivo, de tal manera que la empresa aumente la productividad y, una vez que la industria aumentó su productividad, disminuir la jornada de trabajo”, explica.
Desde su perspectiva, se deberían tomar medidas para contrarrestar, como incorporar al proyecto la multifuncionalidad, es decir, que los trabajadores puedan desarrollar diferentes funciones. “Eso permite que el trabajador o trabajadora sea más productivo y también pueda acceder a una mayor remuneración”, señala.
Además, se debe enfatizar a la productividad con la modernización de la industria a través de una estrategia de desarrollo productivo que contemple políticas, inversión en nuevas tecnologías y maquinarias, automatización y digitalización.
“Le hemos dicho al Gobierno que se necesita aumentar el tema de la inversión de la industria 4.0, cambiar el umbral de la definición de las PYME y pequeñas empresas”, señala.
Desde la Sofofa también consideran “fundamental” acompañar la aprobación e implementación de la ley con “medidas concretas para incrementar la productividad y reducir la informalidad laboral”.
“Porque acá no hay milagros. Sin estas políticas complementarias, la reducción de la jornada laboral tendrá un impacto negativo en la competitividad de las empresas, en el empleo, salarios y en la formalidad”, señala una carta publicada por el presidente del gremio, Richard von Appen, en la edición de El Mercurio de este jueves.
Lo anterior, en el entendido que la reducción de jornada apunta a la legítima la aspiración de mejorar en el tiempo el balance de vida laboral y personal y, con ello, la calidad de vida de las personas.
Von Appen también reconoce que durante el trámite del proyecto se acordó en forma transversal la incorporación de medidas de adaptabilidad y flexibilidad.
Fuente: Diario Financiero, abril 13 de 2023
El presidente del gremio, Dante Arrigoni, señaló que la norma que finalmente se aprobó “sin duda que es mucho mejor a la iniciativa planteada originalmente. El factor de gradualidad para poder prepararnos al nuevo ajuste, y que era un tema que nos preocupaba, felizmente fue acogido, y es así que tendremos el tiempo necesario para adaptarnos”, sostuvo.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, valoró que el proyecto de ley de 40 horas laborales haya sido aprobado con las mejoras planteadas por el sector productivo: “Sin duda que es mucho mejor a la iniciativa planteada originalmente. El factor de gradualidad para poder prepararnos al nuevo ajuste, y que era un tema que nos preocupaba, felizmente fue acogido, y es así que tendremos el tiempo necesario para adaptarnos”, sostuvo el presidente del gremio, Dante Arrigoni.
Al respecto, explica que en el rubro metalúrgico metalmecánico trabajan colaboradores con jornadas ordinarias y jornadas excepcionales (continuas). En estas últimas, operan personas que demoran hasta 3 años en capacitarse, porque son oficios que se perfeccionan in situ y en el tiempo. Por lo mismo, esos colaboradores no son fáciles de reemplazar. “Con esta ley las empresas de nuestro sector tendrán que aumentar su dotación de colaboradores, y es por eso que el factor tiempo es clave para poder capacitar a los nuevos trabajadores”, indica.
Agrega que, en el tema de las compensaciones, el proyecto también se abrió a que estas fueran pecuniarias, es decir, cambiar los días de descanso por compensación económica. “Por experiencia, los colaboradores de nuestro sector en su mayoría prefieren la compensación económica, por lo tanto, en ese aspecto también consideramos que hubo un avance positivo”.
No obstante, el dirigente gremial alerta que este ajuste significara, por concepto de contratación de nuevas personas, un aumento en los costos de aproximadamente un 10%. “Si a esto le sumamos un aumento del 6% por parte del empleador que está indicado en el proyecto de ley de pensiones, significa un 16% de aumento en los costos relacionados a mano de obra, cifra que generará un alto impacto en las empresas y que no todas serán capaces de resistir. Esto es relevante cuando la industria nacional compite contra importaciones que no están sujetas a las mismas presiones de costo e, indudablemente, impacta la competitividad de la industria local, que en definitiva es la que da empleos en Chile”, señala.
Finalmente, Arrigoni enfatiza que este tipo de iniciativas deben ir necesariamente acompañadas de otras medidas para compensar el impacto que pueden generar, “y que en este caso debe ser la implementación de una estrategia que busque aumentar nuestra productividad, porque Chile, según el ranking de la OCDE, se ubica dentro de los 10 países menos productivos de ese grupo”, concluye.
El comercio, por su parte, siguió moderando sus bajas en el segundo mes del año.
Tras cortar en enero su negativa racha, la producción industrial en el país retomó las caídas. Según informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la producción cayó 1,1% en febrero, comparado con el mismo mes de 2022.
Lo anterior, debido a la incidencia negativa de uno de los tres sectores que lo componen. En concreto, la producción manufacturera determinó el resultado al decrecer 3,6%, producto de la baja interanual en fabricación de sustancias y productos químicos.
Por otra parte, la producción minera escaló 1,7% en el segundo mes del año, a raíz de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que componen el indicador, destacando la minería metálica, que presentó un incremento en la extracción y procesamiento de cobre.
A su vez, la producción de electricidad, gas y agua creció 0,1% en doce meses, debido al alza que anotó la electricidad.
Comercio
¿En tanto, el comercio volvió a mostrar cifras negativas en febrero, pero también un aumento en la moderación de su descenso.
Las ventas minoristas cayeron 9,2% interanual, luego de consecutivas caídas sobre 10% durante los tres meses previos. Incluso, en noviembre pasado, se desplomó 15,4%.
Alimentos, productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos, y materiales para la construcción, fueron las líneas de producción que más golpearon la disminución de las ventas del comercio.
Fuente: Emol economía, marzo 31 de 2023
Este resultado derivó de un alza de la fuerza de trabajo de mayor cuantía (4%) frente a la generación de ocupaciones en el país (3%).
A 8,4% alcanzó la tasa de desocupación nacional en el trimestre móvil diciembre-febrero, lo que representa un aumento de 0,9 punto porcentual en doce meses, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este resultado derivó de un alza de la fuerza de trabajo de mayor cuantía (4%) frente a la generación de ocupaciones en el país (3%).
En este escenario, las personas desocupadas subieron 16%, incididas por quienes se encontraban cesantes (16,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%).
El subdirector técnico del INE, Leonardo González, explicó que la variación de la tasa de desocupación es el cuarto aumento después de continuas disminuciones observadas desde el trimestre febrero-abril 2021, a pesar de que no registró cambios respecto al trimestre anterior.
“Es un aumento estadísticamente significativo y lo que estamos observando es que junto con aumentar la desocupación aumenta también la ocupación y eso significa que las personas que estaban en la inactividad están volviendo al mercado del trabajo y ese retorno al mercado del trabajo genera una presión”, señaló.
También apuntó a un menor dinamismo en el crecimiento de los ocupados, recordando que en el periodo de pandemia la ocupación tuvo importantes aumentos en 12 meses en la ocupación, “lo que estamos observando es que esos aumentos se están ralentizando y dado que sigue retornando gente al mercado, también eso presiona al mercado del trabajo aumentando la desocupación”.
Según sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en 9%, muy por encima de la que presentan los hombres, de 7,9%.
Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por alojamiento y servicio de comidas (12,6%), actividades de salud (7,6%) y agricultura y pesca (6,0%), en tanto que, por categoría ocupacional, el avance se observó en personas asalariadas formales (3,1%) y trabajadoras por cuenta propia (2,6%).
La tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, decreciendo 0,5 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 1,1%, incididas por las mujeres (7,7%) y por las personas asalariadas privadas (1,9%).
Horas de trabajo
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, subió 3,5%. El promedio de horas trabajadas creció 0,5%, llegando a 36,7 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos) alcanzó 16,5%, con un alza de 0,7 pp. en el período.
En los hombres se situó en 14,4% y en las mujeres, en 19,2%. La brecha de género fue 4,8 pp.
Horas de trabajo
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, subió 3,5%. El promedio de horas trabajadas creció 0,5%, llegando a 36,7 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos) alcanzó 16,5%, con un alza de 0,7 pp. en el período.
En los hombres se situó en 14,4% y en las mujeres, en 19,2%. La brecha de género fue 4,8 pp.
Regiones bajo presión
En diez regiones el desempleo experimentó un incremento. En la Metropolitana alcanzó a 9,7%, lo que representa un salto de 1,2 puntos porcentuales en el último año, dado que el alza de la fuerza de trabajo (4,2%) fue mayor al incremento de las personas ocupadas (2,8%).
Las personas desocupadas crecieron 18,7%, incididas principalmente por quienes se encontraban cesantes.
Fuente: Diario Financiero, marzo 30 de 2023
Los sueldos de los chilenos recibieron un duro golpe el año pasado producto de la fuerte alza de los precios en el país.
La fuerte inflación que afectó -y sigue golpeando- al país en 2022 significó un duro perjuicio al poder adquisitivo de los chilenos.
Lo anterior, lo reflejó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de su Índice de Remuneraciones Reales -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-, informando una caída acumulada de 1,7% en el sueldo real de las personas al cierre del año pasado.
Por otra parte, sin considerar la inflación, las remuneraciones registraron un alza de 10,8% en doce meses -menor al IPC de 12,8% con el que terminó 2022-, mientras que el costo de la mano de obra subió 10,5% el año pasado.
Por sector económico, el ente estadístico indicó que comercio, industria manufacturera, actividades financieras y de seguros y minería consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.
La remuneración media por hora ordinaria fue $6.162, anotando un alza interanual de 10,6%. Este valor se ubicó en $5.847 para las mujeres, lo que significó una variación anual de 11,1%, mientras que para los hombres se situó en $6.435, registrando un aumento de 10,3% en el mismo período.
El costo medio de la mano de obra por hora total fue $7.112, consignando un crecimiento de 10,4% en doce meses. Este valor se ubicó en $6.750 para las mujeres, lo que implicó un incremento interanual de 11,1%, y de $7.428 para los hombres, registrando un alza de 9,9% en el mismo período.
La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -9,2%, mientras que la del costo medio de la mano de obra por hora total fue -9,1%.
Fuente: Diario Financiero, febrero 07 de 2023
El máximo tribunal estableció que para que una empresa pueda usar esta causal “no basta la simple decisión patronal», ya que se requiere de una razón económica «grave y exterior».
La automatización y la reestructuración de los negocios no es una razón válida para que las empresas puedan desvincular trabajadores bajo la causal establecida en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, más conocida como despidos por necesidades de la empresa. Así deriva de un nuevo fallo de la Corte Suprema, en el cual la máxima instancia judicial volvió a limitar los alcances de esta figura.
Recientemente, el tribunal falló a favor de una trabajadora que recurrió a la justicia luego de que su empleador, Hipermercados Tottus, la despidiera bajo el paraguas antes mencionado.
Según describe la demanda ingresada por la trabajadora al Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, la empresa le explicó en la carta de despido que su desvinculación se debía a procesos internos de reorganización y readecuación, y que su cargo de supervisora de cajas “ha sido objeto de un proceso de racionalización y restructuración debido a los cambios estructurales que experimenta la compañía”.
La empresa, además, habría impulsado todo un proceso de incorporación de nuevas tecnologías, ya que integró cajas de autoservicio a sus locales.
Considerando estos hechos, la trabajadora pidió que su despido se calificara como injustificado, ya que desde su perspectiva, dicha causal solo puede ser invocada por el empleador a partir de factores económicos externos ajenos a su voluntad.
La justicia en primera instancia desestimó la demanda, tras lo cual la afectada recurrió a la Corte de Apelaciones, pero el pronunciamiento se repitió. La mujer escaló su disputa y obtuvo el respaldo de la Suprema.
Los términos de la decisión
En su fallo, la corte destaca que uno de los principios del derecho laboral es la protección del trabajador, puesto que contiene normas de orden público que establecen “prerrogativas irrenunciables en materia de remuneraciones, descansos y feriados, además de aquellas que reglamentan la forma de término del respectivo contrato, constituyendo una manifestación concreta de aquel principio la continuidad o estabilidad en el empleo”.
Considerando esto como eje, la causal de despido reglada en artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, sostiene la Suprema, exige la concurrencia de aspectos técnicos o económicos, y al ser objetiva, no puede fundarse en la simple voluntad del empleador, sino que en situaciones graves que den cuenta que “forzosamente” debió adoptar procesos de modernización o de racionalización en el funcionamiento de la empresa, en circunstancias financieras adversas, como bajas en la productividad o cambios en las condiciones del mercado.
“No basta la simple decisión patronal para justificar la desvinculación del dependiente, puesto que se requiere de una razón adicional, grave y exterior a su intención para sostenerla, conjunto de exigencias que en este caso no concurren”, concluye el fallo de la Suprema.
Para los expertos, se trata de un pronunciamiento en el cual la justicia está reforzando una postura que podría complicar a las empresas.
“La Suprema vuelve a ratificar su postura en cuanto a que la causal de necesidades de la empresa debe fundarse en razones exógenas a la organización, que sean permanentes y que hagan inviable mantener la relación laboral”, destaca Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ.
A su juicio, este pronunciamiento limita o establece un alcance más restringido respecto a la causal de despido por necesidades de la empresa, “estableciendo en consecuencia que sus motivaciones pueden derivarse en situaciones en las cuales el empleador no tenga ningún tipo de incidencia o decisión”.
Para Jaime Salinas, de Salinas Toledo, se han vuelto una constante las sentencias que han rigidizado los requisitos de las necesidades de la empresa, en las que la justicia ha desatendido el dinamismo propio de las situaciones de crisis y variaciones de mercado.
“La exigencia de que una situación financiera desfavorable sea permanente deja en total incertidumbre a las empresas respecto a qué se entiende por dicha exigencia, que tan desastrosos deben ser los efectos de una crisis y qué sucede con las circunstancias transitorias que pueden sobrellevarse con adecuaciones temporales, como el despido de cierto número de trabajadores hasta que las finanzas se recompongan”, cuestiona.
Algo que está claro, agrega, es que “las exigencias de que las razones objetivas ajenas a la empresa sean permanentes, es algo que no lo exige la Ley”.
Consultado por el fallo, Tottus señaló que como firma “respetamos la decisión de los tribunales y cumpliremos con lo determinado por la Corte Suprema”.
Fuente: Diario Financiero, febrero 02 de 2023
Según el INE, la cifra significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas.
La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 7,9% durante el trimestre móvil octubre-diciembre de 2022, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En base a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el ente estadístico, la cifra significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales (pp.) en doce meses -siendo el segundo incremento anual después de continuas disminuciones desde febrero-abril 2021-, dado que el alza de la fuerza de trabajo (4,1%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (3,3%).
Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 13,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (14,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,7%).
Asimismo, en dicho periodo se crearon 82.140 puestos de trabajo, en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. Esto, considerando que en el trimestre previo se crearon poco más de 13 mil empleos.
«De la serie completa, entre 2010 y 2019, lo que tenemos en general es un promedio de tasa de desocupación de 6,5%, por lo tanto, este 7,9% se encuentra 1,4 puntos porcentuales por encima de ese promedio, por lo tanto, ahí hay todavía una brecha importante que hay que atenuar en el tiempo que corresponda hacia adelante», advirtió la directora nacional del INE, Sandra Quijada.
Las tasas de participación y de ocupación continuaron aumentando (aunque a menor ritmo que en trimestres previos) y se situaron en 60,3% y 55,5%, creciendo 1,8 pp. y 1,2 pp., respectivamente, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 3,4%.
Se destaca que la tasa de participación superó el 60%, situación no observada desde enero-marzo de 2020.
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,6%, aumentando 1,2 pp. en doce meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 50,8% y 46,4%, avanzando 2,7 pp. y 1,9 pp., en cada caso.
En los hombres, la tasa de desocupación fue 7,3%, con un alza de 0,2 pp., mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 70,2% y 65,0%, creciendo 0,9 pp. y 0,6 pp. en cada caso.
«Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre móvil mayo-julio), se constata un aumento acumulado de 1.767.937 personas ocupadas a nivel nacional, con ajuste estacional, lo que representa una recuperación del 95,4% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento de la pandemia», indicó Quijada.
Junto con ello, precisó que «en esta línea, con ajuste estacional, restaría por recuperar alrededor de 85.624 ocupaciones, las que corresponderían a 54.321 hombres y 31.303 a mujeres. Si observamos este dato sin ajuste estacional, estaríamos ya con todas las ocupaciones perdidas recuperadas en el total -desde el peor momento de la pandemia-, no así en los distintos sectores económicos».
Alza de personas ocupadas
El alza de las personas ocupadas fue incidida tanto por las mujeres (5,2%) como por los hombres (1,9%).
Los sectores que contribuyeron al aumento fueron transporte (11,6%), hogares como empleadores (15,2%) y enseñanza (5,4%), mientras que las categorías ocupacionales que incidieron positivamente fueron las personas asalariadas formales (4,7%), las personas asalariadas informales (7,4%) y personal de servicio doméstico (9,4%).
La tasa de ocupación informal se ubicó en 27,4%, descendiendo 0,9 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales presentaron nula variación, ya que los hombres retrocedieron 1,0% y las mujeres aumentaron 1,2%.
Estacionalidad y volumen de trabajo
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,3%, lo que implicó un aumento de 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior.
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 3,0%. El promedio de horas trabajadas decreció 0,3%, llegando a 38,2 horas.
«De la serie completa, entre 2010 y 2019, lo que tenemos en general es un promedio de tasa de desocupación de 6,5%, por lo tanto, este 7,9% se encuentra 1,4 puntos porcentuales por encima de ese promedio, por lo tanto, ahí hay todavía una brecha importante que hay que atenuar en el tiempo que corresponda hacia adelante»
Sandra Quijada, directora nacional del INE
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos) alcanzó 15,8%, con un alza de 0,5 pp. en el período. En los hombres se situó en 13,9% y en las mujeres, en 18,3%. La brecha de género fue 4,4 pp.
En la Región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre en análisis alcanzó 8,9%, aumentando 0,9 pp. en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (2,8%) fue mayor al incremento de las personas ocupadas (1,9%). Las personas desocupadas crecieron 13,8%, incididas principalmente por quienes se encontraban cesantes.
A modo de resumen, el INE destacó que al cierre del año calendario 2022 se observó una tasa de desocupación más alta en el trimestre octubre-diciembre en comparación a 2021 (sin diferencias estadísticamente significativas), pero menor a 2020 (10,3%), cuando por efecto de la pandemia se registraron los mayores niveles de la tasa de desocupación.
Las tasas de ocupación y participación en los trimestres de octubre-diciembre 2021 y 2022 presentaron aumentos respecto a 2020 producto de la recuperación de las ocupaciones. Sin embargo, en el 2022 ambos indicadores siguen levemente por debajo de los niveles pre-pandemia.
Fuente: Emol economía, enero 30 de 2023
ASIMET y Agenda de Productividad:
El presidente del gremio, Dante Arrigoni, destacó la iniciativa anunciada hoy por el Gobierno, señalando que fomentar al sector productivo “es el camio correcto para retomar el camino del crecimiento y lograr el desarrollo”.
Como un “plan robusto que piensa en Chile en el largo plazo” calificó esta mañana el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, la Agenda de Productividad anunciada hoy por el Gobierno.
El dirigente gremial señaló que esta iniciativa era esperada hace meses por el sector productivo nacional: “Que la productividad vuelva a crecer a un 1,5% anual, para terminar con el estancamiento de la última década, fue un compromiso del Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública, por lo tanto, hoy vemos con satisfacción que, al menos, existe la voluntad del Gobierno para avanzar de manera concreta en esa dirección”, sostuvo.
Entre las medidas de la agenda que Arrigoni destaca como primordiales figuran la de mejorar sustancialmente la institucionalidad para la tramitación de proyectos de inversión, “que apunta a entregar certeza jurídica que hoy se ha puesto en entredicho”. La facilitación del comercio, a través de la digitalización y simplificación de procesos, para reducir costos y tiempos, así como una mayor competencia en el cabotaje marítimo también fue nombrada por el dirigente gremial como una medida clave para el sector manufacturero.
Respecto de la iniciativa que busca reducir la informalidad laboral, Arrigoni indicó que este es un problema social que se ha visto incrementado últimamente en el país, resaltando, sin embargo, que la industria manufacturera es el sector de la economía que entrega empleos de mayor calidad, con una menor informalidad y rotación y mejores remuneraciones, “por lo tanto, en este punto nuestra industria tiene mucho que aportar al país”, sostuvo.
Finalmente, el presidente de ASIMET destacó el eje que apunta a la innovación y transformación productiva: “Nuestro gremio ha venido insistiendo hace mucho tiempo en que la innovación, la ciencia y la tecnología son elementos clave para volver a impulsar la productividad en el país. Por ello valoramos medidas como la implementación de pilotos de compras públicas de innovación y la puesta en marcha de seis nuevas Mesas Ejecutivas para la Productividad para destrabar cuellos de botella específicos en estas materias”.
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ASIMET, enero 27 de 2023