Administración fue el área que captó la mayor parte de la inversión y los participantes involucrados. Luego se ubicó salud, comercio, y logística y transporte.
En 2018 la inversión en capacitación fue de $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria.
Desde la llegada de Juan Manuel Santa Cruz al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se han impulsado una serie de auditorías y revisiones internas para detectar falencias y mejorar el sistema de capacitación laboral.
“Sence está comprometido con la empleabilidad de los trabajadores del país, especialmente los de menores ingresos, y por lo tanto para nosotros es clave conocer la estructura de costos de los organismos de capacitación y así contar con parámetros objetivos para la determinación del nivel y reajustabilidad del aporte del Estado”, explica Pamela Arellano, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence.
Por lo mismo, el servicio solicitó a Guernica Consultores estudiar los costos de los proveedores de capacitación de Sence para diseñar una metodología que permita al servicio estimar los costos del sistema.
Capacitación en números
Según el reporte, entre 2015 y 2018 más de dos mil instituciones prestaron servicios en el sistema público de capacitación, compuesto por la franquicia tributaria y los programas sociales. En 2018, los organismos implementaron 38.500 cursos vía franquicia y 1.500 en programas sociales.
Por tamaño de proveedores -según el total de las ventas en el rubro en 2018-, el reporte da cuenta de que el 61% son microempresas, el 32% son pequeñas y el 5% son medianas y grandes.
En términos societarios, la mayor parte de los proveedores no pertenecen a entidades de mayor tamaño (81%), por lo que solo el 19% forma parte de una institución o empresa mayor. “En este último caso la capacitación es principalmente una actividad secundaria o que reporta una facturación menor al grupo empresarial”, dice el análisis.
Si bien el 61% presta servicios en la Metropolitana, la oferta en las demás regiones del país también es relevante, ya que el 60% de las entidades presta servicios en más de una zona.
La inversión en capacitación en 2018 ascendió a $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria, un 35% más que en 2015, donde el 78% correspondió a inversión realizada con financiamiento público. El sistema de franquicia fiscal permitió capacitar a casi 1,3 millones de personas en 2018, un 30% más que en 2015.
Con respecto al origen del financiamiento, el 52% proviene de la franquicia tributaria y el 20% de los programas Sence. El 18% de la facturación a empresas no está asociado a capacitación con incentivo público.
Situación por rubro
Administración es el área que concentra la mayor parte de los montos invertidos y de los participantes involucrados, absorbiendo el 28% de la inversión en el período y el 30% de los beneficiarios.
Más atrás se ubica salud, con un 11% de la inversión y un 16% de los participantes. Luego viene comercio,transporte y logística, que representan el 10% de la inversión en cada caso y el 14% y 8% de los beneficiarios, respectivamente. Esas cuatro áreas concentraron el 59% de la inversión y el 68% de los participantes.
Respecto a los costos de los cursos mediante franquicia tributaria, la investigación arrojó que los valores difieren según modalidad: más del 60% de los cursos a distancia y de E-learning tienen un valor hora bajo los $4 mil, a diferencia de los cursos presenciales, cuyo costo hora es de $5 mil. Por otro lado, los cursos de programas sociales mostraron, mayoritariamente, un valor hora menor a $4 mil (79%), y solo el 8% supera los $5 mil hora.
“El estudio muestra que el mercado de proveedores de capacitación es muy diverso y que los datos disponibles no son suficientes para captar dicha heterogeneidad. Concordamos con la necesidad de establecer políticas diferenciadas por segmento para optimizar los resultados del esfuerzo del Estado, pero nos falta avanzar en institucionalidad. El proyecto de ley de reforma al Sence, que se acaba de aprobar en la comisión de Hacienda para ser votado en Sala, avanza en esa línea, mejorando los incentivos para que las capacitaciones que se realicen agreguen valor”, agrega Arellano.
Fuente: Diario Financiero, enero 20 de 2020
Benjamín Costa Navarro socio de Estudio Navarro Abogados
«…Las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez…»
En abril próximo se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y aún existen dificultades e interrogantes en su implementación.
Esta ley ha tenido una puesta en marcha gradual, de forma que en abril de 2018 las empresas de más de 200 trabajadores debían contratar o mantener contratados a lo menos el 1% de su dotación total a personas discapacitadas o asignatarias de pensión de invalidez, mientras que las empresas de 100 a 199 trabajadores debían cumplir con esta norma a partir de abril de 2019. Lo particular de estos dos años de vigencia es que las empresas podían decidir si cumplían con la obligación de contratación directa o mediante alguna de las medidas alternativas, a su arbitrio. Sin embargo, a partir de enero de 2020 las empresas de más de 100 trabajadores deben cumplir con la contratación directa de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez y, solo en el caso de que existan razones fundadas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado, se podrá cumplir alternativamente con esta obligación legal, a través de la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o persona asignataria de invalidez, o bien, efectuando donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones corporaciones o fundaciones incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Cabe hacer presente que en cuanto a la contratación de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez no existe ninguna norma excepcional, de modo que rigen las disposiciones generales, con la única salvedad de que los contratos de trabajo celebrados con estos trabajadores deben registrarse en el sitio web de la Dirección del Trabajo.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que establece la ley respecto de la información que todos los años en el mes de enero deben enviar las empresas de más de 100 trabajadores a la Dirección del Trabajo, a través de un formulario dispuesto por dicho organismo especialmente para estos efectos, en el cual se señala la forma en que se dio cumplimiento a las obligaciones comprendidas en la Ley 21.015.
En razón de lo expuesto, todas las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez, pudiendo cumplir de forma alternativa solo cuando existan las razones fundadas que así lo autorizan, arriesgando en caso de incumplimiento multas de 40 UTM para las empresas de 100 a 199 trabajadores y de 60 UTM para las empresas de más de 200 trabajadores, ambas por cada mes de incumplimiento.
Fuente: El Mercurio – Legal, enero 17 de 2020
Empleadores ahorrarán tiempo y dinero realizando este trámite a través de la plataforma Mi DT de la Dirección del Trabajo.
El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, permite a empleadores, personas naturales o jurídicas, acreditar su conducta laboral y previsional ante instituciones públicas o privadas.
Este certificado se encuentra disponible en la plataforma Mi DT a la que se accede a través del portal www.direcciondeltrabajo.cl, no tiene costo y es de fácil obtención, incluso a través de dispositivos móviles como un teléfono celular o una Tablet.
Para realizar este trámite se debe contar con CLAVE UNICA con la que se accede a Mi DT. El sistema permite enviar el certificado a una casilla de correo electrónico o descargarlo en formato PDF.
La Dirección del Trabajo mantendrá este trámite en la modalidad presencial en cada una de las Inspecciones del Trabajo, en cuyo caso el costo del certificado es de $ 2.500 y tiene un plazo de entrega de hasta dos días hábiles.
Fuente: Dirección del Trabajo, enero 17 de 2020
La audiencia se llevará a cabo el 09 de marzo próximo, en el Juzgado de Calama.
La polémica entre Codelco y sus líderes sindicales no para. Este jueves, el tribunal de Calama citó a ambas partes a una audiencia preparatoria, en el marco de la querella interpuesta por la minera estatal que busca el desafuero laboral de una veintena de sus históricos trabajadores por estafa en la administración de seguros de vida.
Según la citación, «en esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad».
Para el 9 de marzo, tanto altos funcionarios de Codelco como los trabajadores de Chuquicamata y RadomiroTomic fueron citados, «afectándole a aquella que parte que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación».
En la demanda por supuesto sobreprecio en la contratación de seguros y en donde hasta el momento tres trabajadores fueron desvinculados de la minera, algunos de los dirigentes citados son los presidentes de los Sindicatos 1°, 2° y 3°, Cecilia González, Liliana Ugarte y Rolando Milla, respectivamente.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020
Luego de tres meses de discusión suspendida, el gobierno entregó los detalles de los cambios que propondrá al sistema de pensiones. A través de una cadena nacional de televisión, ayer el Presidente Sebastián Piñera informó que el Ejecutivo ingresará al Congreso una indicación que supone un aumento importante en las cotizaciones previsionales- de 10 a 16% de manera gradual- y ajustes al funcionamiento de las AFP.
Los cambios ya han sido discutidos preliminarmente con parlamentarios de oposición que valoran que La Moneda haya optado por un alza de 6% de la cotización extra, aunque no concuerdan con la repartición de este porcentaje entre cuentas individuales y fondos solidarios.
La propuesta plantea un 3% adicional para cada una de estas alternativas, las que se harían efectivas de manera gradual -0.5% cada año hasta totalizar el 16%- para no afectar el empleo que se verá tensionado en los años próximos por el moderado crecimiento de la economía chilena.
De hecho, en la fórmula propuesta, el Gobierno inyectará el primer año entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones para subsidiar esta cotización adicional, que en régimen se considerará de «cargo del empleador». Este subsidio es transitorio y se reducirá en el tiempo.
Este monto se suma a lo ya presupuestado para el alza del Pilar Solidario y apunta a que la agenda social llegue también a la clase media en materia de beneficios previsionales.
Adicionalmente, en el diseño de la propuesta se consideró uno de los temas más polémicos de los últimos meses: el retiro anticipado de los fondos de las cuentas individuales para hacer frente a situaciones complejas en materias de salud o financieras. En su discurso, el Presidente dijo que en casos muy excepcionales, como enfermedades terminales, se recalculará la expectativa de vida y se permitirá retirar en forma anticipada parte de los ahorros previsionales.
Administración
Estas cotizaciones adicionales serían administradas, si se aprueba la propuesta del Gobierno, por una entidad estatal autónoma que contrataría servicios de inversión a otros actores del mercado.
En la indicación, se explicitaría que no podrían ser las AFP las que compitan por estos fondos, para cumplir con la exigencia política de la oposición.
Principales cambios a la reforma
- Retiro de ahorros previsionales
Entre las nuevas indicaciones que propondrá el Ejecutivo se destaca la posibilidad de que a los afiliados de una AFP que padezcan una enfermedad terminal, se les pueda recalcular su expectativa de vida y se les permita rescatar anticipadamente una parte del total de sus ahorros previsionales. Cabe recordar que en noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional (TC) si bien admitió dos requerimientos para retirar ahorros anticipados para la pensión, posteriormente rechazó ambas solicitudes. - Adultos mayores con dependencia severa
Otra de las medidas anunciadas ayer por el Presidente Piñera busca que aquellos adultos mayores que tengan una dependencia severa sean beneficiados con un incremento adicional a su jubilación para enfrentar «los mayores gastos que su condición signifique».
Tras la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, el Presidente había anunciado un subsidio de dependencia, que comenzaría en 2020 para los beneficiarios del Programa de Atención Domiciliaria de Dependencia Severa del Ministerio de Salud. - Beneficios para actuales pensionados
La reforma, según lo anunciado ayer, permitirá que los actuales pensionados, que tengan un número mínimo de cotizaciones, apenas se apruebe la iniciativa recibirán un aumento significativo de sus pensiones.
En el caso de los hombres quienes cumplan un mínimo de 12 años, este aumento será de 2 UF, es decir, $56.600 mensuales, lo que significará un alza promedio de 20% de sus pensiones y beneficiará a más de 500 mil pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio es mayor: será de 2.5 UF, es decir, $70.800 mensuales, para aquellas que cumplan con 8 años de cotizaciones como mínimo. Esto significará un aumento promedio de 32% de sus pensiones y beneficiará a más de 350 mil pensionadas. jubilación sobre - Salario mínimo
La nueva iniciativa establece que ningún pensionado quedará por debajo de la línea de la pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo, expresado en UF. - Mayor poder para afiliados
Las nuevas indicaciones también buscan una mayor participación de los afiliados en la administración de sus ahorros. Para eso se propone la creación de un Comité de Afiliados. También se plantea la participación de un afiliado en cada directorio de las AFP. Además, se busca mayor participación del Comité de Usuarios del Sistema de Pensiones en la votación de las administradoras para designar directores en las empresas donde se han invertido los fondos de previsionales. Otra de las propuestas es la creación de una intendencia de Protección de Derechos de los Afiliados en la Superintendencia de Pensiones. - Consejo consultivo previsional
Actualmente, el Consejo Consultivo Previsional (CCP) asesora a los ministros del Trabajo y de Hacienda en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. Debe elaborar un informe anual sobre su opinión acerca del funcionamiento de la normativa, para los ministros y el Congreso.
En la nueva propuesta se establece que el CCP revise periódicamente los parámetros del sistema, incluyendo las tablas de expectativas de vida.
Con esto, deberá proponer «nuevos perfeccionamientos que aumenten la competencia y transparencia del sistema y asegure el pago de pensiones dignas y adecuadas», sostuvo el documento de La Moneda.
AFP deberán devolver parte de comisiones si la rentabilidad es negativa
Cambios «estructurales» al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones prometió ayer el Presidente Piñera, a las que se sumarían otras que no estuvieron en su discurso público, pero que estarían incluidas en el proyecto, sin contar con las exigencias que hará la oposición en el Congreso.
Primero, planteó fomentar la entrada de nuevos actores a competir por el 10% de cotización obligatoria actualmente administrada exclusivamente por las AFP a otros actores, como por ejemplo, sociedades sin fines de lucro y cooperativas de afiliados. El mecanismo que baraja La Moneda para inyectar competencia al sistema sería rebajar el actual encaje financiero.
En segundo lugar, Piñera señaló que «las administradoras tendrán que devolver a las cuentas de ahorro individual de sus cotizantes, parte de las comisiones cobradas, cuando la rentabilidad del fondo sea negativa. Así ponemos a ambos en la misma dirección y con la misma motivación».
Tercero, se buscará potenciar la participación y el compromiso de los cotizantes en sus ahorros previsionales y para esto se incluirá en la legislación propuesta una serie de medidas, entre ellas, un comité de afiliados, la participación de uno de los cotizantes en cada directorio de la AFP.
Además, las AFP «no podrán cobrar comisiones por inversiones en fondos mutuos nacionales, se restringirá el cobro de otras comisiones por servicios de inversión y deberán pagar las cuotas mortuorias de aquellos afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto», dijo Piñera.
En cuarto lugar, se crearán instancias adicionales de fiscalización y de estudio que se suman a las ya existentes como la nueva Intendencia de Protección de los Derechos de los Afiliados que estará al alero de la Superintendencia de Pensiones.
En los temas que no fueron anunciados, pero estarían en el texto a ingresar el viernes a tramitación también estaría incluido el tema del traspaso a los afiliados de las comisiones por inversiones. En este sentido, se restringiría esto solamente en los casos en que estas fueran de tipo sofisticado, pero no las habituales.
Tampoco hubo anuncios sobre limitar la rentabilidad de las AFP, algo que podría exigir la oposición en la discusión legislativa.
Las otras ideas que rondan en La Moneda
Además de la ambiciosa batería de cambios que ayer propuso el Presidente Piñera, en La Moneda también barajan otras modificaciones que por ahora quedaron fuera del discurso presidencial. Una de las que sigue analizando Palacio es separar recaudación y administración de fondos, que actualmente realizan las AFP.
La idea, comenzó a tomar fuerza en diciembre pasado y afectaría a los ingresos de la industria de AFP. De acuerdo a las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición, el objetivo es que un ente centralizado administre las cuentas y que las AFP estén a cargo de la inversión y rentabilidad de los fondos. Esto podría generar menores comisiones para los afiliados.
Otra de las ideas que se analizan es inyectar más competencia a la industria a través de mecanismos de licitaciones de cartera similares a la que actualmente se realiza con los nuevos afiliados que ingresan al sistema y que recientemente fue adjudicada a la última administradora en crearse, AFP UNO, que ofreció la menor comisión. Se buscaría licitar stock de afiliados de otros rangos de edad.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020
En el mes de enero la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen sobre el sentido y alcance de la Ley N° 21.165 que aborda la jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores. El ordinario N° 316/3 del 16 de enero de 2020 viene a complementar el dictamen Nº4533/28 del 24 de septiembre de 2019. Este nuevo dictamen trata materias relativas al descanso para colación de los estudiantes trabajadores, el permiso para rendir exámenes académicos, indica cuáles son las empresas con prohibición de pactar jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores y define a qué tipo de prestaciones de salud puede optar el estudiante trabajador cuándo cesa dicha calidad.
En la presentación de su guía salarial, la entidad advirtió de que tras la crisis social se postergaron varias firmas de contratos laborales. Construcción, servicios y retail serán los rubros más afectados.
Una mayor orientación al empleo flexible, alta demanda de nivel avanzado de inglés, servicios temporales, y cambio en el modelo de trabajo, son algunos de los desafíos que la Guía Salarial, presentada por la consultora de recursos humanos Robert Half, anticipa para este año en Chile.
Aunque se espera una contracción en la economía del país, la empresa de reclutamiento y selección no espera un desempleo muy alto en los segmentos profesionales. Si bien existe una demanda de cargos, la reactivación será más lenta durante este año y se centrará más en el recambio de equipos.
La directora asociada de Robert Half para Chile, Karina Pérez, dijo que si bien la tasa de desempleo aun no ha aumentado producto de la crisis social y los más de 170 mil despidos por necesidades de la empresa que se han registrado, manifestó que «hay muchas decisiones rezagadas de contratación y eso sí está afectando en términos de empleo profesional».
Las áreas que más se verán afectadas este año, según el estudio, serían servicios, retail y construcción. Para los dos primeros rubros, se esperan despidos o «redefiniciones del equipo comercial», mientras que en construcción se esperan despidos ante la menor actividad de parte del sector privado, a pesar de un plan de reactivación económica impulsada por el Gobierno y que tiene como foco el empleo en este rubro.
En función de esto, la consultora cree la situación del mercado laboral podría recuperarse recién hacia el segundo semestre de este año.
En cuanto a tendencias del mercado laboral en 2020, la empresa destaca seis puntos: La minería y construcción aportarán al empleo; habrá un aumento de servicios transitorios profesionales; la discusión de la flexibilidad laboral, horas de trabajo y sistema de pensiones estarán presentes durante el año; las empresas notan una falta de profesionales capacitados, en su mayoría sin nivel avanzado de inglés; habrá mayor movimiento en los empleos de finanzas y contabilidad; y, se mantendrá la demanda en el área de tecnología.
Servicios transitorios se destacarán este 2020
En cuanto a las áreas que tendrán mayor y menor remuneración este año, la guía de Robert Half menciona a Ingeniería, Tecnología, Servicios Financieros, y Finanzas y Contabilidad como áreas que se mantendrán con un nivel de ocupación y remuneraciones similar al de 2019. Por otra parte, Recursos Humanos y Ventas y Marketing serán las más afectadas por los despidos a partir de la crisis social.
En Ingeniería, el promedio -correspondiente al percentil 50 de la guía- de los sueldos están en $ 9.300.000 para el cargo más alto y en $ 3.000.000 para el cargo más bajo. Tecnología ubica los sueldos respectivamente entre $ 8.524.800 y $ 3.729.600; Servicios Financieros entre $ 7.500.000 y $ 2.650.000; y Finanzas y Contabilidad entre $ 18.200.000 y $ 1.975.000.
Mientras que Ventas y Marketing se enfrentarán a una probable reducción de equipos comerciales y tendrán sueldos entre $ 14.400.000 y $ 2.150.000. Recursos Humanos, que también será golpeado a raíz del estallido social y tendrá una contratación moderada, ubica sus sueldos entre $ 6.925.000 y $ 1.425.000.
Pero lo que ha sorprendido es el área de Servicios Transitorios (como contratos a plazo y subcontratos). La tendencia de las contrataciones temporales y outsourcing se verá cada vez más- y se incrementará debido al desempleo- este 2020, ya que varias compañías querrán reestructurar y flexibilizar sus procesos. Los cargos que serán más solicitados por las empresas son analistas contables, analistas de cuentas por pagar y por cobrar, analistas de recursos humanos, jefaturas de proyectos, analistas de sistemas y desarrolladores tecnológicos
Desafíos empresariales 2020
Frente a la crisis social y como consecuencia del 18 de octubre, Robert Half establece desafíos claros para las empresas y sus modelos de trabajo.
Dentro de los cambios que se ven están el de promover un entorno laboral diverso, un liderazgo organizacional que escuche y repensar las relaciones con los colaboradores. Se debe considerar que hoy en día existen cinco generaciones distintas trabajando juntas y generar un ambiente adecuado para que convivan, además de seguir impulsando la incorporación de la mujer.
En cuanto al escenario de las discusiones legislativas de la jornada laboral, las empresas deben optar por un cambio de modelo hacia al de trabajo por objetivos y flexibilidad de horario.
Fuente: Diario Financiero, enero 15 de 2020
Es la madre de todas las batallas. Antes de iniciar su gobierno, el Presidente Sebastián Piñera ya decía que la previsional se proyectaba como la reforma más ambiciosa de su mandato a la vez que la más costosa. De hecho, los análisis señalaban en ese entonces que aquí se jugaba su administración y una posterior posta a un segundo.
Ha pasado agua bajo el puente -bastante-, pero el proyecto que modifica el sistema de pensiones continúa siendo la punta de lanza del Ejecutivo, aunque con grandes cambios a cómo se planteó en un comienzo, allá por ahora un lejano 2018.
La noche de este miércoles, el mandatario entregó la última versión de su propuesta y lo hizo en cadena nacional. Las indicaciones que ingresarán al Congreso cambian en varios aspectos el proyecto que descansa en el Congreso y a continuación están sus claves.
1.- La creación de un nuevo pilar del sistema de pensiones
El anuncio del Presidente considera la creación de un nuevo pilar dentro del sistema previsional. En la actualidad, el modelo de pensiones está compuesto por tres pilares: el contributivo, el solidario y el voluntario.
La propuesta del gobierno considera estos tres pilares: un pilar solidario, el que será financiado por el Estado, lo que no modifica la presente situación de este eje; un pilar del Ahorro Individual, que será financiado tanto por trabajadores como empleadores; y un tercer pilar del Ahorro Colectivo y Solidario, en el que contribuirán los empleadores y que contará con un aporte inicial por parte del Estado.
La duda que cabe por resolver es qué ocurrirá con el pilar voluntario, es decir, con las cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV).
2.- Los seis puntos de cotización adicional
La propuesta del Ejecutivo considera un alza de la cotización en seis puntos porcentuales. Actualmente, la imposición para la pensión es de 10% de la renta imponible para la cuenta individual, es decir, en el pilar contributivo.
El anuncio del mandatario considera que tres puntos de la cotización extra serán de cargo del empleador y se sumarán al 10% actual, por lo que complementará el ahorro previsional de cada trabajador. En régimen, esto significaría un aumento del 30% en las pensiones.
Por otro lado, la reforma crea un Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que se financiará con los otros tres puntos de cotización adicional, los que estarán también a cargo del empleador y que tendrán un aporte inicial del Estado. Este Fondo Solidario va a entregar una pensión adicional a aquella financiada con ahorros propios o del Pilar Solidario, a los jubilados actuales y futuros. De acuerdo a lo anunciado, beneficiaría en forma muy especial a las mujeres, a la clase media y a los adultos mayores con dependencia severa.
3.- Un nuevo ente público
Los seis puntos adicionales de cotización no serán administrados por las AFP. El gobierno propone la creación de una Institución Pública Autónoma, la que tendría exigentes requisitos de sustentabilidad, profesionalismo, eficacia y transparencia.
De esta forma, se hace eco de lo que propuso la expresidenta Michelle Bachelet en su reforma previsional, con la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo (CAC), entidad que iba a a administrar la cotización extra.
4.- Mayor competencia en la administración del 10%
Una de las frases con la que la administración del Presidente Piñera ingresó al debate previsional cuando recién inició su mandato fue el aplicar «mayor competencia a la industria de AFP».
Esta reforma pretende precisamente eso. Abre la industria de Administración de Fondos de Pensiones a nuevos actores como sociedades sin fines de lucro, cooperativas de afiliados y otras, de forma, dijo el mandatario, de fortalecer la competitividad de la industria, mejorar la calidad de los servicios, reducir las comisiones cobradas y permitir que los afiliados puedan participar en la creación de nuevas AFP.
5.- AFP tendrán que devolver plata si pierden
Esta reforma considera que las gestoras previsionales tendrán que devolver a las cuentas de ahorro individual de sus cotizantes, parte de las comisiones cobradas, cuando la rentabilidad del fondo sea negativa. La idea es, de acuerdo a lo dicho por el Presidente, alinear los incentivos.
Por otro lado, las administradoras no podrán cobrar comisiones por inversiones en Fondos Mutuos Nacionales, se restringirá el cobro de otras comisiones por servicios de inversión y deberán pagar las cuotas mortuorias de aquellos afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto.
Cabe destacar que hoy las AFP mantienen un encaje compuesto por parte de su patrimonio en los fondos que administran.
6.- Un afiliado en el directorio de las AFP
La reforma incluye más participación de los afiliados en la gestión de las AFP. Considera la creación de un Comité de Afiliados, además de la participación de uno de ellos en el directorio de cada una de las administradoras.
También se agrega una mayor participación del Comité de Usuarios del Sistema de Pensiones en la votación que hacen las gestoras para designar directores en las empresas donde invierten fondos previsionales y también la creación de una Intendencia de Protección de Derechos de los Afiliados en la Superintendencia de Pensiones, entidad que hoy dirige Osvaldo Macías.
7.- Revisión de las tablas de mortalidad
El Consejo Consultivo Previsional, hoy encabezado por Carlos Díaz, deberá revisar periódicamente los parámetros del sistema, incluyendo las tablas de expectativas de vida, de forma de proponer nuevos perfeccionamientos que aumenten la competencia y la transparencia del sistema y, sobre todo, que aseguren el pago de pensiones dignas y adecuadas de forma permanente.
Fuente: Diario Financiero, enero 15 de 2020
Dante Arrigoni, presidente del gremio, sostuvo que las cifras «no son muy alentadoras» y que las personas empleadas en el área caerían de 825 mil hasta las 800 mil.
El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Dante Arrigoni, se mostró preocupado este martes en un desayuno con empresarios donde dio a conocer las proyecciones para su sector en 2020. Es que de acuerdo a los cálculos del gremio, este año la manufactura perdería más de 25 mil empleos producto de la crisis social.
«Según nuestras estimaciones, el shock de incertidumbre y deterioro de expectativas, junto a condiciones financieras menos favorables producto de aumentos en las tasas de interés, nos hacen proyectar esta cifra no muy alentadora en materia de destrucción de empleos«, dijo Arrigoni.
En ese sentido, comentó que «mientras no se restablezca por completo el orden público, que permita el normal funcionamiento de las fuentes productivas, al igual que un mejoramiento del escenario político y económico, creemos que no será posible generar las confianzas que permitan reactivar la actividad productiva. Esperamos que las autoridades, y la clase política, empiecen a dar señales de convergencia».
En esa línea, y respecto a lo que ha hecho el Ejecutivo en medio de la crisis, Arrigoni valoró las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda Ignacio Briones «en el sentido de que Chile tiene que modernizar su modelo económico».
«Tenemos que tener planes de desarrollo productivo, apuntar a la industrialización del país, aumentar el valor agregado, crecer en el índice de complejidad económica, que son medidas que apuntan a mejorar la competitividad de nuestra industria«, dijo tras el desayuno.
Agregó así que para medir el avance del sector manufacturero en el mercado globalizado se debe considerar el índice de medición de Complejidad Económica (ICE), que es un concepto que mide la cantidad de conocimiento de los productos que exportan los países, y que en el caso nacional hoy exhibe el último lugar entre las economías de la OCDE, y similar ranking entre las naciones con las que tenemos tratados de libre comercio.
825 mil personas emplea actualmente el sector manufacturero, la cifra caería a 800 mil este año
«Para mejorar este índice es imprescindible una nueva industrialización del aparato productivo nacional, que previo a la crisis social, ya venía mostrando una pérdida de competitividad, bajo crecimiento y creación de empleo«, sostuvo el presidente de Asimet.
«Para tener un crecimiento económico sostenido y una reducción progresiva de la desigualdad, se necesitan políticas industriales modernas, que agreguen conocimiento a la matriz productiva de los países, y que se complementen a las políticas sociales», aseguró el dirigente gremial.
Fuente: Emol economía, enero 14 de 2020
En Chile la palabra proactividad es sinónimo de alta iniciativa, o un nivel superior de iniciativa. Se valora como un bien escaso que sólo algunos poseen, pero que casi todos los empleos actuales lo requieren en quien cumple las funciones del cargo. Desde el punto de vista de la búsqueda y contratación de personas, formación y entrenamiento de estas, así como en funciones de retención de personas valiosas en la empresa, el ser proactivo es un elemento distintivo y sin duda una ventaja comparativa en los equipos de trabajo que poseen esta cualidad.
Para S. Covey la proactividad o iniciativa se basa en la libertad interior de elegir que cada persona tiene respecto a la forma de responder a un estímulo o circunstancia, y esta libertad interior de elegir se basa a su vez en nuestra capacidad de autoconciencia, la voluntad independiente, la capacidad de imaginación y la conciencia moral. Proactividad es tomar la iniciativa y hacernos responsable por nuestras decisiones.
Iniciativa es la predisposición a anticiparse, a ver lo que hay que hacer en el futuro. En términos conductuales desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas.
La iniciativa se puede entender como una competencia laboral fundamental hoy en día, y como competencia está compuesta por comportamientos específicos, comportamientos se pueden aprender, practicar, entrenar, desarrollar en definitiva, de modo de instalarlos en nuestro repertorio conductual como un hábito, firme e indestructible al paso del tiempo.
La iniciativa puede ser inexistente o en niveles cercanos a cero en algunas personas, y en otras puede estar en un nivel bastante evolucionado. La iniciativa en su nivel más primario se expresa en abordar oportunidades o problemas en el momento que se presentan con diligencia y prontitud.
En un segundo nivel, la persona es capaz de tomar decisiones en forma rápida y decidida en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las situaciones que puedan surgir, tiene distintos enfoque para afrontar una situación problema.
En un tercer nivel de desarrollo de la iniciativa, la persona se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza los problemas potenciales. Es capaz de evaluar las principales consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en la respuesta a los cambios. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.
Y, en un cuarto nivel de desarrollo de la iniciativa, se puede observar que la persona se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas innovadoras. Se le puede considerar como un referente y modelo a seguir.