Cecilia Cifuentes Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School
El gobierno ha dado a conocer la segunda parte de su reforma de pensiones, aquella destinada a mejorar las pensiones de la clase media. Recordemos que ya se está pagando la mejoría del Pilar Solidario, que llega al 60% más pobre de los jubilados. Para lograr el objetivo se introduciría ahora un componente de reparto en las cotizaciones obligatorias, mal llamado “solidaridad” a mi juicio. Es cierto que las pensiones son la principal demanda ciudadana, pero la pregunta relevante si de verdad se quiere resolver el problema es ¿por qué estamos llegando a una situación en que la mayoría de los jubilados tiene pensiones que considera insuficientes? Hay varias causas, pero probablemente las más importantes son 1) el notorio aumento en la expectativa de vida y 2) el problema de la informalidad laboral, que no ha logrado resolverse a pesar del crecimiento de la economía. Es entonces un absoluto contrasentido que la “solución” que se está eligiendo agrave los problemas que causan las bajas pensiones. Se trata entonces de “antisoluciones”.
En efecto, decimos que una de las causas de las bajas pensiones es el envejecimiento poblacional, y entonces optamos por introducir un componente de reparto, que en la propuesta del gobierno es de un 3% del ingreso imponible y en la de la oposición un 6%, por lo que no sería raro que terminara más arriba de 3%. Se trata entonces de un componente que resulta el menos indicado frente al problema demográfico, ya que es un hecho cierto e indesmentible que hacia adelante la relación entre cotizantes y jubilados irá cayendo, por lo que los beneficios que se entregan al inicio dejan de ser sostenibles en el tiempo. Por algo la mayoría de los países que tienen sistemas de reparto han ido aumentando edades de jubilación y disminuyendo beneficios, junto con introducir elementos de capitalización. Nosotros optaríamos por ir en la dirección inversa.
Por otra parte, el otro gran problema que tenemos es la informalidad y la subcotización, entonces planteamos una “solución” que encarece y desincentiva la contratación formal por parte de los empleadores (al hacer de cargo del empleador todo el aumento de cotización) y por parte de los trabajadores genera todos los incentivos a cotizar por el monto más bajo posible, de tal manera de maximizar los beneficios a recibir. Vemos, por ende, que el problema de informalidad probablemente se va a agravar, tanto por este nuevo proyecto de ley, como por la significativa mejoría del pilar solidario. Se suma a este cóctel la reducción de jornada, el proyecto de ingreso mínimo garantizado (que también fomenta cotizaciones por el mínimo), en un contexto de automatización del trabajo. Parece que fuera casi una meta de las políticas públicas dañar el mercado laboral formal.
Por último, esta reforma es de alguna manera un engaño a la clase media. Muchos de los actuales cotizantes están presionados financieramente por sus propios gastos, su necesidad de ahorro para la vejez y la ayuda económica a sus padres jubilados, por lo que demandan un apoyo de política pública en estos roles. Entonces este proyecto de reforma les plantea ahora mejores pensiones para sus padres, pero no les dice que igualmente las pagarán ellos con sus cotizaciones previsionales mediante un reparto, que además genera efectos negativos en el mercado laboral. Frente a eso, la alternativa de la verdadera solidaridad que tenemos ahora parece mucho mejor, ya que al menos no castiga las condiciones laborales actuales de esa clase media.
Fuente: Diario Financiero, enero 21 de 2020
Con fecha 15 de enero se publicaron en el Diario Oficial las resoluciones que aumentan el tope máximo de imponible para las cotizaciones de seguridad social.
Es tiempo de hacernos cargo de las problemáticas de nuestra época. Es hora de asumir una tarea urgente respecto a la salud mental de los trabajadores chilenos. Está en los medios, en nuestro día a día, en las redes sociales y en nuestros propios estudios: las enfermedades mentales causadas por factores laborales han aumentado en los últimos años, siendo hoy cerca del 60% del total de enfermedades profesionales.
Es una realidad que no debemos omitir.
Es el signo de los tiempos, es fruto del cambio de la matriz productiva de nuestro país, es la cultura de la competencia, del ritmo frenético, del estrés…. Es el resultado de una sociedad que no ha encontrado el camino óptimo para conciliar la búsqueda de mayor prosperidad y paz interior.
La Asociación Chilena de Seguridad tiene la convicción que alcanzaremos un mayor desarrollo si somos conscientes que este se logra cuidando a las personas, y no a costa de la salud de ellas. En este sentido, creemos necesario enfatizar nuestro apoyo hacia las organizaciones en la búsqueda por controlar mejor la exposición a los riesgos psicosociales.
Vivimos un momento clave, que nos obliga a visibilizar mejor esta problemática creciente, Es el momento de cuestionarnos cómo hacer las cosas mejor, diseñando procesos más robustos y desarrollando metodologías y herramientas más precisas para hacerle frente.
Por eso, hoy queremos invitarlos a conversar del desafío que tenemos respecto a la salud mental en los lugares de trabajo en Chile, a sensibilizarnos sobre su impacto y a identificar las mejores soluciones.
Nuestro deber es velar por un país que asegure entornos de trabajo libres de riesgos, contribuyendo a formas de trabajo dignas y altamente productivas. Buscamos que las personas desplieguen de manera segura todo su potencial profesional. Es un deseo que nace de una vocación de trabajo conjunta y articulada, entre ustedes y nosotros.
Sigamos avanzando juntos por este camino.
Salud Mental, un riesgo invisible
25 de marzo de 2020
08:30 am
Centro Parque, Av. Pdte. Riesco 5330, Las Condes
Fuente: AChS, enero 21 de 2020
Los trabajadores que hubieren cumplido un año de permanencia en la empresa en virtud de un contrato de trabajo, tienen derecho a un feriado anual de quince días hábiles, periodo durante el cual deben percibir su remuneración íntegra. En este informe de Estudio Navarro Abogados abordamos las características del feriado legal, jurisprudencia administrativa y sanciones aplicables.
Descargar informe legal en este enlace
Fuente: Estudio Navarro Abogados, enero 21 de 2020
Propuesta busca asegurar el respeto de los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando.
Se estima que unos 600 mil adultos mayores hoy se encuentran ejerciendo algún tipo de actividad productiva.
A paso lento pero seguro avanza en el Congreso el proyecto de ley que establece y regula el contrato de trabajo del adulto mayor, el cual busca que las personas mayores de 60 años puedan pactar voluntariamente con su empleador una jornada flexible.
El pasado 6 de enero los senadores aprobaron, con 28 a favor y tres abstenciones, las ideas centrales de la propuesta en primer trámite legislativo.
El proyecto -que consta de dos mociones refundidas presentadas por los senadores Carolina Goic, Francisco Chahuán, Rabindranath Quinteros y David Sandoval- toma como base la Recomendación n° 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual a nivel general establece que los adultos mayores “deberían disfrutar, sin discriminación por razón de edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores”.
El avance de la tramitación de la moción toma relevancia, ya que se trataría de la segunda propuesta que sigilosamente logra hacerse espacio en la agenda legislativa, tal como ocurrió con el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, el cual fue sumando apoyos en el Congreso. Esto en un contexto en el cual el Gobierno ha intentado posicionar sus propios proyectos.
Como eje central, la moción en discusión propone una regulación que asegura el respeto de los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando, eso sí, amparados por un tipo de contrato de trabajo simplificado.
De tres meses a un año
Así la propuesta busca que el trabajador adulto mayor -definido en la Ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor- pueda pactar con el empleador una determinada cantidad de horas de trabajo, las que se podrán distribuir en un periodo superior a tres meses e inferior a un año. Además, la distribución de las horas de cada semana por el periodo de tiempo pactado podrá ser en jornadas diarias de un máximo de 8 y un mínimo de 5 horas, distribuidos hasta en 6 días.
¿Qué ocurre con los beneficios sociales? El proyecto establece que los beneficios otorgados por el Estado u otros de diverso tipo “que les corresponda recibir o que se encuentren actualmente percibiendo no se perderán por prestar servicios conforme con un contrato de trabajo regido por este capítulo”.
Respecto a las remuneraciones, el proyecto establece que se pagará mensualmente sobre la base del total de horas trabajadas durante el mes.
“Llena un vacío”
Además, la contratación bajo esta nueva modalidad de trabajo de adultos mayores no podrá aplicarse para la realización de tareas que sean consideradas perjudiciales para la salud o para trabajos pesados.
“Este proyecto llena un vacío en nuestra legislación”, dijo el senador José Miguel Durana (UDI), en la votación en Sala de la propuesta el pasado 6 de enero, agregando que se trata de una propuesta relevante ya que “va a permitir incentivar la contratación en adecuadas condiciones de seguridad y protección para el trabajador, a través de contratos formales, con seguros de accidentes, previsión social y salud”.
El senador David Sandoval sostuvo que “en Chile existen cerca de 600 mil adultos mayores que trabajan sin ningún tipo de vínculo laboral (…) ¿por qué lo hacen? porque ellos han estimado que bajo ese sistema no pierden otro tipo de beneficios que el Estado les otorga. Esto se hace cargo”.
Fuente: Diario Financiero, enero 21 de 2020
Administración fue el área que captó la mayor parte de la inversión y los participantes involucrados. Luego se ubicó salud, comercio, y logística y transporte.
En 2018 la inversión en capacitación fue de $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria.
Desde la llegada de Juan Manuel Santa Cruz al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se han impulsado una serie de auditorías y revisiones internas para detectar falencias y mejorar el sistema de capacitación laboral.
“Sence está comprometido con la empleabilidad de los trabajadores del país, especialmente los de menores ingresos, y por lo tanto para nosotros es clave conocer la estructura de costos de los organismos de capacitación y así contar con parámetros objetivos para la determinación del nivel y reajustabilidad del aporte del Estado”, explica Pamela Arellano, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence.
Por lo mismo, el servicio solicitó a Guernica Consultores estudiar los costos de los proveedores de capacitación de Sence para diseñar una metodología que permita al servicio estimar los costos del sistema.
Capacitación en números
Según el reporte, entre 2015 y 2018 más de dos mil instituciones prestaron servicios en el sistema público de capacitación, compuesto por la franquicia tributaria y los programas sociales. En 2018, los organismos implementaron 38.500 cursos vía franquicia y 1.500 en programas sociales.
Por tamaño de proveedores -según el total de las ventas en el rubro en 2018-, el reporte da cuenta de que el 61% son microempresas, el 32% son pequeñas y el 5% son medianas y grandes.
En términos societarios, la mayor parte de los proveedores no pertenecen a entidades de mayor tamaño (81%), por lo que solo el 19% forma parte de una institución o empresa mayor. “En este último caso la capacitación es principalmente una actividad secundaria o que reporta una facturación menor al grupo empresarial”, dice el análisis.
Si bien el 61% presta servicios en la Metropolitana, la oferta en las demás regiones del país también es relevante, ya que el 60% de las entidades presta servicios en más de una zona.
La inversión en capacitación en 2018 ascendió a $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria, un 35% más que en 2015, donde el 78% correspondió a inversión realizada con financiamiento público. El sistema de franquicia fiscal permitió capacitar a casi 1,3 millones de personas en 2018, un 30% más que en 2015.
Con respecto al origen del financiamiento, el 52% proviene de la franquicia tributaria y el 20% de los programas Sence. El 18% de la facturación a empresas no está asociado a capacitación con incentivo público.
Situación por rubro
Administración es el área que concentra la mayor parte de los montos invertidos y de los participantes involucrados, absorbiendo el 28% de la inversión en el período y el 30% de los beneficiarios.
Más atrás se ubica salud, con un 11% de la inversión y un 16% de los participantes. Luego viene comercio,transporte y logística, que representan el 10% de la inversión en cada caso y el 14% y 8% de los beneficiarios, respectivamente. Esas cuatro áreas concentraron el 59% de la inversión y el 68% de los participantes.
Respecto a los costos de los cursos mediante franquicia tributaria, la investigación arrojó que los valores difieren según modalidad: más del 60% de los cursos a distancia y de E-learning tienen un valor hora bajo los $4 mil, a diferencia de los cursos presenciales, cuyo costo hora es de $5 mil. Por otro lado, los cursos de programas sociales mostraron, mayoritariamente, un valor hora menor a $4 mil (79%), y solo el 8% supera los $5 mil hora.
“El estudio muestra que el mercado de proveedores de capacitación es muy diverso y que los datos disponibles no son suficientes para captar dicha heterogeneidad. Concordamos con la necesidad de establecer políticas diferenciadas por segmento para optimizar los resultados del esfuerzo del Estado, pero nos falta avanzar en institucionalidad. El proyecto de ley de reforma al Sence, que se acaba de aprobar en la comisión de Hacienda para ser votado en Sala, avanza en esa línea, mejorando los incentivos para que las capacitaciones que se realicen agreguen valor”, agrega Arellano.
Fuente: Diario Financiero, enero 20 de 2020
Benjamín Costa Navarro socio de Estudio Navarro Abogados
«…Las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez…»
En abril próximo se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y aún existen dificultades e interrogantes en su implementación.
Esta ley ha tenido una puesta en marcha gradual, de forma que en abril de 2018 las empresas de más de 200 trabajadores debían contratar o mantener contratados a lo menos el 1% de su dotación total a personas discapacitadas o asignatarias de pensión de invalidez, mientras que las empresas de 100 a 199 trabajadores debían cumplir con esta norma a partir de abril de 2019. Lo particular de estos dos años de vigencia es que las empresas podían decidir si cumplían con la obligación de contratación directa o mediante alguna de las medidas alternativas, a su arbitrio. Sin embargo, a partir de enero de 2020 las empresas de más de 100 trabajadores deben cumplir con la contratación directa de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez y, solo en el caso de que existan razones fundadas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado, se podrá cumplir alternativamente con esta obligación legal, a través de la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o persona asignataria de invalidez, o bien, efectuando donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones corporaciones o fundaciones incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Cabe hacer presente que en cuanto a la contratación de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez no existe ninguna norma excepcional, de modo que rigen las disposiciones generales, con la única salvedad de que los contratos de trabajo celebrados con estos trabajadores deben registrarse en el sitio web de la Dirección del Trabajo.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que establece la ley respecto de la información que todos los años en el mes de enero deben enviar las empresas de más de 100 trabajadores a la Dirección del Trabajo, a través de un formulario dispuesto por dicho organismo especialmente para estos efectos, en el cual se señala la forma en que se dio cumplimiento a las obligaciones comprendidas en la Ley 21.015.
En razón de lo expuesto, todas las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez, pudiendo cumplir de forma alternativa solo cuando existan las razones fundadas que así lo autorizan, arriesgando en caso de incumplimiento multas de 40 UTM para las empresas de 100 a 199 trabajadores y de 60 UTM para las empresas de más de 200 trabajadores, ambas por cada mes de incumplimiento.
Fuente: El Mercurio – Legal, enero 17 de 2020
Empleadores ahorrarán tiempo y dinero realizando este trámite a través de la plataforma Mi DT de la Dirección del Trabajo.
El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, permite a empleadores, personas naturales o jurídicas, acreditar su conducta laboral y previsional ante instituciones públicas o privadas.
Este certificado se encuentra disponible en la plataforma Mi DT a la que se accede a través del portal www.direcciondeltrabajo.cl, no tiene costo y es de fácil obtención, incluso a través de dispositivos móviles como un teléfono celular o una Tablet.
Para realizar este trámite se debe contar con CLAVE UNICA con la que se accede a Mi DT. El sistema permite enviar el certificado a una casilla de correo electrónico o descargarlo en formato PDF.
La Dirección del Trabajo mantendrá este trámite en la modalidad presencial en cada una de las Inspecciones del Trabajo, en cuyo caso el costo del certificado es de $ 2.500 y tiene un plazo de entrega de hasta dos días hábiles.
Fuente: Dirección del Trabajo, enero 17 de 2020
La audiencia se llevará a cabo el 09 de marzo próximo, en el Juzgado de Calama.
La polémica entre Codelco y sus líderes sindicales no para. Este jueves, el tribunal de Calama citó a ambas partes a una audiencia preparatoria, en el marco de la querella interpuesta por la minera estatal que busca el desafuero laboral de una veintena de sus históricos trabajadores por estafa en la administración de seguros de vida.
Según la citación, «en esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad».
Para el 9 de marzo, tanto altos funcionarios de Codelco como los trabajadores de Chuquicamata y RadomiroTomic fueron citados, «afectándole a aquella que parte que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación».
En la demanda por supuesto sobreprecio en la contratación de seguros y en donde hasta el momento tres trabajadores fueron desvinculados de la minera, algunos de los dirigentes citados son los presidentes de los Sindicatos 1°, 2° y 3°, Cecilia González, Liliana Ugarte y Rolando Milla, respectivamente.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020
Luego de tres meses de discusión suspendida, el gobierno entregó los detalles de los cambios que propondrá al sistema de pensiones. A través de una cadena nacional de televisión, ayer el Presidente Sebastián Piñera informó que el Ejecutivo ingresará al Congreso una indicación que supone un aumento importante en las cotizaciones previsionales- de 10 a 16% de manera gradual- y ajustes al funcionamiento de las AFP.
Los cambios ya han sido discutidos preliminarmente con parlamentarios de oposición que valoran que La Moneda haya optado por un alza de 6% de la cotización extra, aunque no concuerdan con la repartición de este porcentaje entre cuentas individuales y fondos solidarios.
La propuesta plantea un 3% adicional para cada una de estas alternativas, las que se harían efectivas de manera gradual -0.5% cada año hasta totalizar el 16%- para no afectar el empleo que se verá tensionado en los años próximos por el moderado crecimiento de la economía chilena.
De hecho, en la fórmula propuesta, el Gobierno inyectará el primer año entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones para subsidiar esta cotización adicional, que en régimen se considerará de «cargo del empleador». Este subsidio es transitorio y se reducirá en el tiempo.
Este monto se suma a lo ya presupuestado para el alza del Pilar Solidario y apunta a que la agenda social llegue también a la clase media en materia de beneficios previsionales.
Adicionalmente, en el diseño de la propuesta se consideró uno de los temas más polémicos de los últimos meses: el retiro anticipado de los fondos de las cuentas individuales para hacer frente a situaciones complejas en materias de salud o financieras. En su discurso, el Presidente dijo que en casos muy excepcionales, como enfermedades terminales, se recalculará la expectativa de vida y se permitirá retirar en forma anticipada parte de los ahorros previsionales.
Administración
Estas cotizaciones adicionales serían administradas, si se aprueba la propuesta del Gobierno, por una entidad estatal autónoma que contrataría servicios de inversión a otros actores del mercado.
En la indicación, se explicitaría que no podrían ser las AFP las que compitan por estos fondos, para cumplir con la exigencia política de la oposición.
Principales cambios a la reforma
- Retiro de ahorros previsionales
Entre las nuevas indicaciones que propondrá el Ejecutivo se destaca la posibilidad de que a los afiliados de una AFP que padezcan una enfermedad terminal, se les pueda recalcular su expectativa de vida y se les permita rescatar anticipadamente una parte del total de sus ahorros previsionales. Cabe recordar que en noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional (TC) si bien admitió dos requerimientos para retirar ahorros anticipados para la pensión, posteriormente rechazó ambas solicitudes. - Adultos mayores con dependencia severa
Otra de las medidas anunciadas ayer por el Presidente Piñera busca que aquellos adultos mayores que tengan una dependencia severa sean beneficiados con un incremento adicional a su jubilación para enfrentar «los mayores gastos que su condición signifique».
Tras la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, el Presidente había anunciado un subsidio de dependencia, que comenzaría en 2020 para los beneficiarios del Programa de Atención Domiciliaria de Dependencia Severa del Ministerio de Salud. - Beneficios para actuales pensionados
La reforma, según lo anunciado ayer, permitirá que los actuales pensionados, que tengan un número mínimo de cotizaciones, apenas se apruebe la iniciativa recibirán un aumento significativo de sus pensiones.
En el caso de los hombres quienes cumplan un mínimo de 12 años, este aumento será de 2 UF, es decir, $56.600 mensuales, lo que significará un alza promedio de 20% de sus pensiones y beneficiará a más de 500 mil pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio es mayor: será de 2.5 UF, es decir, $70.800 mensuales, para aquellas que cumplan con 8 años de cotizaciones como mínimo. Esto significará un aumento promedio de 32% de sus pensiones y beneficiará a más de 350 mil pensionadas. jubilación sobre - Salario mínimo
La nueva iniciativa establece que ningún pensionado quedará por debajo de la línea de la pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo, expresado en UF. - Mayor poder para afiliados
Las nuevas indicaciones también buscan una mayor participación de los afiliados en la administración de sus ahorros. Para eso se propone la creación de un Comité de Afiliados. También se plantea la participación de un afiliado en cada directorio de las AFP. Además, se busca mayor participación del Comité de Usuarios del Sistema de Pensiones en la votación de las administradoras para designar directores en las empresas donde se han invertido los fondos de previsionales. Otra de las propuestas es la creación de una intendencia de Protección de Derechos de los Afiliados en la Superintendencia de Pensiones. - Consejo consultivo previsional
Actualmente, el Consejo Consultivo Previsional (CCP) asesora a los ministros del Trabajo y de Hacienda en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. Debe elaborar un informe anual sobre su opinión acerca del funcionamiento de la normativa, para los ministros y el Congreso.
En la nueva propuesta se establece que el CCP revise periódicamente los parámetros del sistema, incluyendo las tablas de expectativas de vida.
Con esto, deberá proponer «nuevos perfeccionamientos que aumenten la competencia y transparencia del sistema y asegure el pago de pensiones dignas y adecuadas», sostuvo el documento de La Moneda.
AFP deberán devolver parte de comisiones si la rentabilidad es negativa
Cambios «estructurales» al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones prometió ayer el Presidente Piñera, a las que se sumarían otras que no estuvieron en su discurso público, pero que estarían incluidas en el proyecto, sin contar con las exigencias que hará la oposición en el Congreso.
Primero, planteó fomentar la entrada de nuevos actores a competir por el 10% de cotización obligatoria actualmente administrada exclusivamente por las AFP a otros actores, como por ejemplo, sociedades sin fines de lucro y cooperativas de afiliados. El mecanismo que baraja La Moneda para inyectar competencia al sistema sería rebajar el actual encaje financiero.
En segundo lugar, Piñera señaló que «las administradoras tendrán que devolver a las cuentas de ahorro individual de sus cotizantes, parte de las comisiones cobradas, cuando la rentabilidad del fondo sea negativa. Así ponemos a ambos en la misma dirección y con la misma motivación».
Tercero, se buscará potenciar la participación y el compromiso de los cotizantes en sus ahorros previsionales y para esto se incluirá en la legislación propuesta una serie de medidas, entre ellas, un comité de afiliados, la participación de uno de los cotizantes en cada directorio de la AFP.
Además, las AFP «no podrán cobrar comisiones por inversiones en fondos mutuos nacionales, se restringirá el cobro de otras comisiones por servicios de inversión y deberán pagar las cuotas mortuorias de aquellos afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto», dijo Piñera.
En cuarto lugar, se crearán instancias adicionales de fiscalización y de estudio que se suman a las ya existentes como la nueva Intendencia de Protección de los Derechos de los Afiliados que estará al alero de la Superintendencia de Pensiones.
En los temas que no fueron anunciados, pero estarían en el texto a ingresar el viernes a tramitación también estaría incluido el tema del traspaso a los afiliados de las comisiones por inversiones. En este sentido, se restringiría esto solamente en los casos en que estas fueran de tipo sofisticado, pero no las habituales.
Tampoco hubo anuncios sobre limitar la rentabilidad de las AFP, algo que podría exigir la oposición en la discusión legislativa.
Las otras ideas que rondan en La Moneda
Además de la ambiciosa batería de cambios que ayer propuso el Presidente Piñera, en La Moneda también barajan otras modificaciones que por ahora quedaron fuera del discurso presidencial. Una de las que sigue analizando Palacio es separar recaudación y administración de fondos, que actualmente realizan las AFP.
La idea, comenzó a tomar fuerza en diciembre pasado y afectaría a los ingresos de la industria de AFP. De acuerdo a las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición, el objetivo es que un ente centralizado administre las cuentas y que las AFP estén a cargo de la inversión y rentabilidad de los fondos. Esto podría generar menores comisiones para los afiliados.
Otra de las ideas que se analizan es inyectar más competencia a la industria a través de mecanismos de licitaciones de cartera similares a la que actualmente se realiza con los nuevos afiliados que ingresan al sistema y que recientemente fue adjudicada a la última administradora en crearse, AFP UNO, que ofreció la menor comisión. Se buscaría licitar stock de afiliados de otros rangos de edad.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020