En el marco de la pandemia causada por el coronavirus, la Resolución N°8.668 del Ministerio de Salud publicada con fecha 20 del presente, instruye a los empleadores a implementar las medidas para proteger la salud de sus trabajadores, incorporando para ello la desinfección necesaria en sus procesos y labores diarias, así como evitar la concentración de más de 50 trabajadores en un lugar o sección de la empresa. Asimismo, indica qué prevenciones deben tomarse en materia de transporte de personal y lugares de trabajo en general, además de definir qué es lo que debe entenderse por “caso sospechoso”. Estas medidas se aplican exclusivamente en la Décima Región de Los Lagos, y afectan a toda sucursal, establecimiento u otro dentro de dicha jurisdicción.
Revise publicación en Diario Oficial
De las empresas que se han acogido a los beneficios de la norma, un 92,4% corresponde a micro y pequeñas empresas, mientras que las medianas representaron el 3,4% y las grandes un 1,3%.
Sigue aumentando el número de empresas que buscan acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Así lo demuestra el último balance realizado hoy por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien informó que hasta al 23 de abril 66.573 compañías han decidido acogerse a los beneficios de la norma.
Esto se compara con las 23 mil sociedades reportadas el 17 de abril, el primer balance que realizó el Ejecutivo.
De acuerdo al detalle presentado, 516.826 trabajadores accederán a las prestaciones del Seguro de Cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones. Esto implica casi el doble en relación a los 270 mil que fueron informados el 17 de abril.
Respecto a qué firmas se están acogiendo a la norma, la ministra reiteró que las empresas de gran tamaño no son las que más están usando la Ley. El balance mostró que las solicitudes se concentraron mayoritariamente en las micro y pequeñas empresas, que son el 92,4% del total, mientras que las medianas representaron el 3,4% y las grandes un 1,3%.
«Toda empresa tiene posibilidad de acogerse si se ha visto afectada. Aquí lo importante es que no hay una distinción ni por tamaño de empresa, ni por actividad productiva, ni por región, sino que lo que hay que demostrar es realmente la necesidad de acogerse producto de que por la pandemia sus ingresos se han visto disminuidos y no están en condiciones de poder hacer frente a todas sus obligaciones», recalcó Zaldívar.
Al ser consultada por la decisión de algunas clínicas de acogerse a la norma, la ministra explicó que «aquí lo que nosotros tenemos que velar es porque efectivamente las empresas que se acojan a esta Ley sean empresas que lo necesiten, pero nosotros también tenemos una distinción, nosotros tenemos ciertas actividades productivas que deben seguir funcionando, pero esas actividades que deben seguir funcionando deben también tener los ingresos para poder seguir haciéndolo», recalcó.
Sobre las críticas de que algunas firmas estarían haciendo mal uso de los beneficios de la norma, Zaldívar sostuvo que «aquí, mayoritariamente, nosotros no vemos un abuso de la Ley, y en caso de que hubiese abuso existen las sanciones, existen los mecanismos para poder controlar aquellos abusos».
De los 516.826 trabajadores acogidos a la Ley, el 54,0% de ellos pertenecen a las empresas pequeñas y medianas. En tanto el 29,3% de los trabajadores suspendidos son de las grandes empresas. Además, el 54,4% de ellos pactaron un acuerdo de suspensión de contrato con su empleador, mientras que el 45,6% lo hicieron porque fueron afectados por acto de autoridad.
«Con esta ley buscamos proteger los puestos de trabajo y parte importante de los ingresos de los trabajadores, los que pueden verse afectados independientemente si su empresa es grande, pequeña o mediana. Por eso es necesario recalcar que si una empresa se ha visto fuertemente afectada por lo que estamos viviendo producto del Covid-19, se puede acoger a esta norma independientemente del tamaño, porque debemos llegar a todos los trabajadores sin distinción», dijo Zaldívar.
Respecto a las trabajadoras de casa particular, la secretaría de Estado informó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), han registrado un total de 6.193 solicitudes, para acogerse a la suspensión de contrato que contempla la Ley, y que en este caso opera con cargo a los fondos de indemnización.
Seguro de cesantía
Por último, la ministra informó sobre las solicitudes que han realizado los trabajadores despedidos ante el Seguro de Cesantía, las que en comparación con el mismo mes del año anterior con cierre al décimo sexto día hábil, pasaron de 98.234 a 118.506, lo que significa un incremento de 20,6% en el total.
Otro punto que abordó la titular de Trabajo fue el criticado plan de retorno que elaboró el Ejecutivo, el cual busca que los funcionarios públicos vuelvan gradualmente a desempeñar sus labores de forma presencial.
Sobre el tema, Zaldívar aseguró que es un plan «que respeta a todos aquellos trabajadores o funcionarios públicos que están en situación de riesgo, nosotros tenemos que potenciar el trabajo a distancia respecto de aquellas personas que son adultos mayores, respecto de personas que son embarazadas, que tienen enfermedades de base, tenemos que buscar el mecanismo para que todos quienes estamos trabajando acá tengamos las medidas de distanciamiento social, las medidas de protección», dijo la ministra, agregando que al mismo tiempo se debe priorizar lo que es la atención al público: «No puede ser que un adulto mayor no pueda ver pagada su pensión», acotó.
Fuente: Diario Financiero, abril 27 de 2020
Un total de 31 centros a lo largo del país y cerca de 1.600 camas se suman a las residencias de aislamiento transitorias para adultos mayores.
El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel; el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward; el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro y el director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, Octavio Vergara, junto al presidente de Cajas de Compensación de Chile, Tomás Campero, participaron en la firma de un convenio de colaboración con dicha institución, con el fin de contribuir en la implementación de medidas de protección y apoyo frente al coronavirus para las personas mayores.
El convenio establecido entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, SENAMA y Cajas de Chile, permitirá que se sumen a las residencias de aislamiento transitorias para mayores (RATM), 31 centros pertenecientes a las Cajas de Compensación a lo largo del país.
Estas residencias de las Cajas Los Andes, La Araucana, Los Héroes y 18, permitirán el traslado de adultos mayores que viven en establecimientos de larga estadía en caso de posibles brotes al interior de ellos. En estos centros se entregan todas las atenciones y cuidado que los mayores requieren.
El ministro Sichel, recalcó que la firma de este convenio es “es clave, porque no se concentra sólo en Santiago, sino que estas cerca de 1.600 camas y 31 centros están distribuidos en todo el país, por lo tanto, nos permite tener condiciones de respaldo para la residencia en todo Chile. También es clave, porque la residencia en que hoy día están los adultos mayores cuando hay situaciones de contagio no permiten mantener las condiciones necesarias sanitarias por el distanciamiento que tienen que tener y estas residencias que pertenecen a las Cajas de Compensación si tienen estas condiciones, además incluyen alimentación, cuidados debidos y toda la protección necesaria para las personas”.
Añadió que “esto lo estamos haciendo como medida preventiva, no es que estas camas se necesiten hoy día, sino que desde el principio como Gobierno nos hemos adelantado en proteger a la población vulnerable que son los adultos mayores, eso significó que el 16 de marzo ya teníamos protocolos sanitarios, hace más de tres semanas ya tenemos en cuarentena estas residencias y hoy día significa que aun cuando no tenemos la cantidad de contagios necesarios para ocupar estas camas, ya tenemos camas disponibles en caso que necesitemos trasladar adultos mayores”.
Por su parte el ministro Felipe Ward, manifestó que “en ese tiempo de pandemia, como Gobierno nos hemos propuesto proteger y resguardar al grupo más vulnerable que son los adultos mayores. En el Congreso hemos avanzado en esa línea, con una mejora inmediata de las pensiones de 1,6 millones de adultos mayores, la disminución de contribuciones para este grupo y la rebaja del 50% en la tarifa de transportes para todos los mayores de 65 años”
En tanto el director nacional de SENAMA, Octavio Vergara, precisó respecto a la firma de este convenio que “lo que estamos garantizando con esta alianza es que efectivamente exista la disponibilidad de camas a lo largo de todo el país, para poder, en caso de ser necesario y que la residencia original no pueda aislar adecuadamente a la persona y cumplir los protocolos que hemos trabajado con el Ministerio de Salud, contar con residencias de aislamiento transitorio que cumplan con el nivel, con la calidad y sobre todo con un estándar sumamente alto para que las personas mayores, puedan ser aisladas correctamente. Tenemos ya lugares dispuestos en todas las regiones y todo articulado para que, en caso de que lo necesitemos, podamos activar el protocolo de manera inmediata. Estamos preparándonos para posibles escenarios futuros, adelantándonos a la situación antes de que esto ocurra”.
Mientras que el presidente de la Asociación de Cajas, Tomás Campero, señaló que “las Cajas de Compensación somos una institución sin fines de lucro y parte activa del sistema de protección social del país. Contamos con 7 millones de afiliados, por lo que conocemos muy de cerca las necesidades que enfrentan nuestros adultos mayores. Por lo tanto, para nosotros es un motivo de alegría poner a disposición de SENAMA 31 centros y las cerca de 1.600 camas para su uso como Residencias de Aislamiento Transitorias para Mayores (RATM) a nivel nacional”.
Es así como todas las Cajas de Compensación han puesto a disposición de SENAMA, sus centros, para contribuir en el resguardo, protección y cuidado de las personas mayores, que hoy constituyen el grupo más vulnerable de nuestra población.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Fuente: Los Héroes CCAF, abril 23 de 2020
Cecilia Cifuentes Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School
Existe bastante consenso de que Chile ha manejado razonablemente bien la crisis sanitaria, en forma comparable a países que cuentan con sistemas de salud superiores al nuestro, y aunque por supuesto no podemos cantar victoria, los buenos resultados hasta ahora nos permiten empezar a mirar cómo podemos enfrentar la profunda crisis económica en que estamos entrando.
Esto porque, en forma contraria al número de contagiados que parece estar bajo control, las cifras preliminares de lo que está ocurriendo en materia laboral son alarmantes. Fue un verdadero balde de agua fría conocer la semana pasada el número de empresas y trabajadores que se acogerían al plan de protección al empleo. A poco más de una semana desde que la AFC habilitara el pre-registro para acogerse a la nueva ley, se conoció que cerca de 57 mil empresas optarían por la suspensión de contratos, lo que implica casi 800 mil trabajadores.
Resulta evidente que esta ley fue un acierto en términos de atenuar un gran salto del desempleo. Sin embargo, es muy preocupante que cerca de un 17% de los cotizantes al seguro de cesantía se encuentre en esta situación, porcentaje que posiblemente subirá en los próximos meses. Si extrapolamos esta magnitud de ajuste a los trabajadores informales, es muy probable que, aun excluyendo a los trabajadores con relación laboral suspendida, en el corto plazo la tasa de desempleo supere niveles de 10%. Estas cifras muestran la urgencia de que, sin descuidar el problema sanitario, se empiecen a buscar caminos para ir retomando la actividad económica.
En esta dirección parece necesario que el regreso a una nueva normalidad tome en consideración tres aspectos clave.
Lo primero es que, al igual como se ha hecho con el manejo del coronavirus hasta ahora, los pasos que se vayan tomando se basen en un análisis científico serio, en la experiencia comparada, y no en consignas simplistas esgrimidas por políticos ignorantes en temas epidemiológicos, que buscan popularidad a expensas de perjudicar al Gobierno. Si el Gobierno hubiera cedido a las presiones de una “cuarentena total” o slogans del tipo la “salud está por sobre la economía”, tendríamos sin duda un problema más grave aún. Podemos ver claramente que el cuidado de la salud requiere una economía funcionando, por lo que no se trata de elegir una u otra. Se debe perseverar en este camino científico para enfrentar el problema sanitario, que no será de corto plazo.
Segundo aspecto, en ese contexto de manejo de crisis es necesario ir retomando la actividad económica, con los cuidados necesarios, ya que de lo contrario el remedio saldrá más caro que la enfermedad. Existen ya propuestas serias de cómo implementar testeos masivos que eviten que personas contagiadas asintomáticas concurran a trabajar, lo que sin duda es menos costoso que la paralización de la producción.
Por último, un tercer aspecto clave para salir más rápido y con menos daños de la crisis, es la responsabilidad individual, tanto en materia sanitaria, como también en la mantención de la cadena de pagos en la medida que las condiciones de cada uno lo permitan, sin abusar de los salvavidas que la política macro está poniendo a disposición del mundo privado. Estamos hablando de civismo y responsabilidad social, cualidades muy necesarias en estas difíciles circunstancias.
Lo positivo es que, si logramos mantener hacia adelante la rigurosidad técnica en el manejo de las políticas públicas y un mayor nivel de civismo en nuestro comportamiento personal, habremos dado dos pasos muy importantes para recuperar el camino del desarrollo una vez que superemos esta adversidad.
Fuente: Diario Financiero, abril 21 de 2020
Padre Hugo Tagle
Nuestra innata tendencia a juntarnos se ha puesto a prueba. A algunos les ha costado mucho. Tenemos que pedir permiso para salir. Grandes y chicos. Pero convénzanse: una de las medidas más efectivas para evitar el contagio del coronavirus es la distancia. Paradojal forma de “protegernos”. Entre más separados estemos, tanto más seguros y sanos saldremos de esta pandemia.
Una buena lección de vida para el futuro próximo. Lo “normal”, como lo conocíamos, no será nunca igual. Cambiamos y para siempre. Nuestros hábitos de vida ya han encontrado nuevas formas de expresión.
Algunos puntos para considerar. El comercio cambió sin vuelta atrás. El mercado digital, las compras por la web, dejaron de ser la excepción para transformarse definitivamente en el camino de intercambio del futuro próximo. Para quienes lo veían con algo de distancia, desde hoy será herramienta tan cotidiana como obligatoria.
Una gran tarea es la construcción de espacios sociales seguros y construcción de viviendas. Es fácil hablar de cuarentena cuando se tiene una casa grande. La inmensa mayoría de los chilenos vive en casas pequeñas. Hay que repensar los espacios comunes. Que sean seguros y accesibles para todos. La construcción de comunidades habitacionales no se puede reducir a casas, sino que debe incorporar por fuerza espacios que hagan la vida más llevadera. La “prolongación” de la vivienda en un espacio sano, verde, será una exigencia vital.
Hemos aprendido a vivir con menos, en forma más sencilla. Tantas cosas que pensábamos esenciales, no lo son.
La vida familiar es exigente. Y seguro lo hemos descubierto en estas semanas. Exige creatividad, solidaridad, generosidad. Nada es obvio en la vida familiar. Supone una gran proactividad y dedicación. La familia no es un elemento más en la vida personal, sino que una prolongación de la propia existencia. De ahí que hay que cuidarla, estimularla, revitalizarla.
Seguro repensaremos el equilibrio entre la educación presencial y la virtual. La sala de clases no desaparecerá. Muchos cursos que se ofrecen “online” tienen en algún momento bloques de trabajo presencial. Es de humanos encontrarse. Pero, ¿necesitamos tantas clases como tenemos hoy? Una pregunta válida a raíz de lo que hemos vivido en este tiempo insólito.
Y cambió nuestra relación con Dios. La humanidad se ha experimentado más frágil, tomado conciencia de sus debilidades, flaquezas y miserias. Obligados a sincerarnos y reconocer nuestra dependencia de algo que nos supera. Hacerle un mayor espacio a Dios es volverse más cercano, más humano.
Fuente: Diario Financiero, abril 13 de 2020
Documento establece cierta flexibilidad para modificar las dotaciones de trabajadores de dichos rubros.
A días de que entrara en vigencia la Ley de Protección al Empleo, que establece beneficios como la suspensión de la relación laboral para las compañías que no puedan operar debido a resolución sanitaria y el pago de los sueldos de los trabajadores desde sus cuentas individuales del Seguro de Cesantía, el Ministerio de Hacienda publicó esta mañana la actualización del listado de sectores económicos con prohibición de paralizar en medio del estado de catástrofe y las cuarentenas a lo largo del país.
La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial, fija los rubros esenciales para el funcionamiento del país. Al no poder cesar sus actividades, dichos sectores no podrán ser clausurados por razones sanitarias y, por tanto, no podrían acogerse a los beneficios de la Ley de Protección al Empleo.
Eso sí, la resolución establece que las empresas de dichos sectores podrán realizar ajustes a su dotación.
«Las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización podrán considerar un funcionamiento necesario o indispensable, resguardando siempre la seguridad y salud de sus trabajadores, así como la adecuada provisión de los bienes y servicios a la ciudadanía», señala el documento firmado por los subsecretarios de Hacienda, Francisco Moreno, y del Trabajo, Fernando Arab.
El documento también establece cierta flexibilidad para las industrias que se encuentren paralizadas ante la emergencia sanitaria.
«Aquellas actividades o establecimientos que se encuentren impedidas o prohibidas de funcionar a consecuencia del acto o declaración de autoridad competente, solo podrán considerar un funcionamiento necesario o indispensable a fin de resguardar tanto la seguridad de las instalaciones como su adecuada mantención. Para ello, deberán destinar el personal necesario para cumplir con dicho objetivo, resguardando siempre la seguridad y salud de sus trabajadores», señala.
El detalle de las actividades con prohibición de paralizar:
1.- Salud
- Instituciones de la salud, incorporando a empresas que ofrecen servicios de alimento, limpieza, reparación y mantenimiento esencial para el funcionamiento de estos recintos.
Extiéndase a hoteles de cuarentena, estadios y centros de convenciones u otros destinados a
atención de pacientes, y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
- Farmacias, laboratorios, empresas químicas y productores de medicamentos. Asimismo,
empresas destinadas a la producción de insumos médicos, dispositivos médicos, elementos de
protección personal y de insumos para su almacenamiento y conservación. - Servicios veterinarios y servicios para el cuidado animal en bioterios, zoológicos,
hipódromos, estaciones experimentales, campus universitarios y otras instituciones que posean o alojen animales. Se entenderán incluidas las organizaciones sin fines de lucro que realicen labores destinadas al cuidado animal, debidamente calificados por la autoridad competente.
2.- Emergencias
Servicios de emergencias para la prevención y combate de incendios, y la respuesta a emergencias de empresas de transporte, distribución de gas, empresas de transmisión y distribución de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento y control de plagas. Asimismo, Bomberos.
3.- Servicios de utilidad pública
- Puertos y aeropuertos del país.
- Suministro de energía y de las centrales de operaciones (generación, transmisión,
almacenamiento y distribución). - Suministro de agua potable, centrales de operaciones, tratamiento de aguas servidas y
riles. Asimismo, servicios para la elaboración de los insumos que son utilizados para la producción de agua potable. - Suministro de gas y centrales de operaciones.
- Estaciones de servicio y distribuidoras de combustible.
- Labores esenciales para el funcionamiento de las autopistas.
- Servicios de telecomunicaciones, data center y centrales de operaciones.
- Reactores nucleares.
- Bancos e instituciones financieras, cajas de compensación, transporte de valores, empresas de seguros generales para efectos del pago de siniestros que deban realizarse de manera presencial, empresas de seguros que pagan rentas vitalicias y otras empresas de infraestructura financiera crítica. Asimismo, los servicios para la administración de fondos de cesantía.
- Instituciones de Salud Previsional (Isapres), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.
- Servicios funerarios y cementerios.
- Empresas recolectoras de basura, de transporte de residuos, fosas sépticas, rellenos
sanitarios, limpieza y lavado de áreas públicas y empresas e instituciones que transporten y procesen materiales reciclables, embalajes y envases. - Servicios en empresas de correos y de delivery, incluidos los servicios de cadena
logística y de reparto de correspondencia y encomiendas. - Servicios en residencias destinadas a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y de
personas con discapacidad o en situación de calle. Asimismo, los Centros de la Mujer y Casas de Acogida. - Notarías, de acuerdo al turno que establezca la respectiva Corte de Apelaciones para este
efecto, y de los Conservadores de Bienes Raíces. - Servicios esenciales para la facilitación del comercio exterior del país, tales como Agencias de Aduana.
- Servicios para el mantenimiento, reparación y funcionamiento de la infraestructura pública, tales como edificios públicos, aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, ríos, canales, embalses y cárceles.
- Servicios destinados a la producción, elaboración y entrega de alimentos a instituciones públicas y a aquellas que prestan servicios para las mismas.
4.- Alimentos y Comercio Esencial
- Supermercados, panaderías, mercados, centros de abastecimiento, distribución,
producción de alimentos y los que provean los insumos y servicios logísticos para ellos.
Asimismo, entidades que se dediquen a la producción, distribución, comercio y delivery de
alimentos o de bienes esenciales para el hogar y las dedicadas a la producción de insumos para su almacenamiento y conservación. Además, las ferias libres respecto de los feriantes solo cuando presenten su patente y su respectiva cédula de identidad.
- Almacenes de barrio, locales de expendio de alimentos, ferreterías y otros insumos
básicos, sólo cuando sean atendidos por sus propios dueños. - Empresas de agroalimentos y productores silvoagropecuarios, respecto de los predios y
faenas en los que se estén realizando procesos críticos (siembra, cosecha, procesamiento y distribución), así como labores de pesca y procesamiento de pescados y mariscos, producción de alimentos para animales, aves y piscicultura y producción de celulosa y productos de papel,
cartón, derivados envases y embalajes.
5.- Transportes
- Transporte y sus respectivos terminales.
- Transporte de bienes, transporte de carga y descarga de bienes de las empresas respecto
de los rubros señalados en este resuelvo.
6.- Seguridad
- Conserjerías y servicios de seguridad ya sean de edificios, condominios y otro tipo de
propiedades. - Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas.
7.- Prensa
Medios de comunicación (canales de TV, prensa escrita, radio y medios de comunicación
online).
8.- Educación
- Jardines infantiles y establecimientos educacionales respecto de los asistentes de la
educación y docentes que estén cumpliendo turnos éticos. - Servicios para el soporte y mantenimiento tecnológico de las instituciones educacionales,
sean éstas públicas o privadas.
9.- Otros
- Hoteles en la medida que mantengan huéspedes o cuenten con reservas confirmadas de
pasajeros. - Actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción genera una
alteración para el funcionamiento del país, debidamente determinado por la autoridad
competente. - Empresas y servicios externos o de abastecimientos que sean indispensables para el
funcionamiento de las actividades que no puedan paralizar. - Servicios de mantenimiento, aseo, reparación y funcionamiento de las actividades que no
puedan paralizar. - Establecimientos penitenciarios.
Fuente: Diario Financiero online, abril 08 de 2020
El presidente de la República, Sebastián Piñera, detalló hace minutos la iniciativa.
Así, el mandatario detalló que las propuestas son complementarias a lo anunciado el 19 de marzo y que, en ese momento, involucraban recursos por US$ 11.750 millones.
Piñera señaló que la prioridad del paquete es proteger a las familias vulnerables y ayudar a las PYME a través de mayor liquidez:
Fondo de US$ 2.000 millones: instrumento se crea para entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables. Esto beneficiará especialmente a 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo. El fondo se financiará con reasignaciones de gasto público.
Un documento oficial del Ejecutivo señala que este mecanismo beneficiará a cerca de 3 millones de personas, su uso será «flexible», a medida que la «situación lo requiera y dependiendo del contexto, otorgando así flexibilidad al Fisco para responder a las necesidades de acuerdo a la evolución de la crisis sanitaria».
Adicionalmente, el jefe de Estado reveló que están trabajando en un sistema «permanente» que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Eso sí, no dio detalles.
US$ 24.000 millones en garantías de crédito: Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el estado de emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta.
Esta línea estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US$ 24 mil millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles, dijo Piñera.
¿Cómo se materializará? A partir de modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), al que se le inyectarán US$ 3.000 millones para aumentar su capacidad crediticia.
Asimismo, se aumentará el tope de ventas anuales para acceder a dicho instrumentos, desde UF 350 mil por año a 1 millón de UF.
Las condiciones para los bancos que usen las garantías: Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito Covid-19 para capital de trabajo fresco en forma simple, masiva, expedita y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.
Por otra parte, los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas, con garantías del Estado, deberán reprogramar todos los créditos prexistentes del deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados. Estas medidas permiten dar un alivio a las empresas necesitadas y proteger las garantías otorgadas por el Estado.
¿Quiénes se pueden acoger a estas garantías? La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta 70% para empresas con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y de hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.
¿Para qué pueden usar los créditos las empresas? Las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis.
Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables.
¿Cuánto cuesta el nuevo plan? Según Hacienda, se inyectarán US$ 3.000 millones al Fogape y US$ 2.000 millones al fondo para trabajadores informales, por lo que el costo total para el Fisco será de US$ 5.000 millones. Dichos recursos se liberarán a través de reasignaciones de gasto público.
Fuente: Diario Financiero online, abril 08 de 2020
Presidente Sebastián Piñera E.
08 de abril 2020
La pandemia del coronavirus no sólo amenaza la salud de muchos compatriotas y la vida de aquellos que están en los grupos mayor riesgo, como nuestros adultos mayores y enfermos crónicos. También está afectando los ingresos y los empleos de muchos chilenos y poniendo en riesgo la supervivencia de muchas micro, pequeñas y medianas empresas.
Nuestras prioridades y compromisos siempre han sido:
1. Proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas.
2. Asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicamentos, y servicios de utilizad pública, como electricidad, agua y telecomunicaciones.
3. Proteger los empleos de los trabajadores y los ingresos de las familias.
4. Apoyar a los emprendedores, las Pymes y las empresas en general para que puedan superar esta emergencia.
Estamos plenamente conscientes de los temores, angustias y problemas que esta pandemia, y su impacto sobre la calidad de vida, los empleos y los ingresos, está causando a las familias chilenas. También estamos plenamente conscientes de las dificultades que están enfrentando los emprendedores y pequeños empresarios, para poder mantener en marcha sus proyectos, emprendimientos y empresas, y poder sobrevivir a esta crisis.
Por estas razones, y desde comienzos del mes de enero, nos hemos estado preparando para poder cumplir con eficacia las prioridades y compromisos mencionados anteriormente.
El 19 de marzo pasado el Gobierno puso en marcha un Primer Plan de Emergencia, por casi 12 mil millones de dólares, equivalentes a casi un 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Ese Plan incluyó un mecanismo, ya en vigencia, para proteger los empleos e ingresos de 4.6 millones de trabajadores chilenos, permitiéndoles acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo y mantener su relación laboral.
El Plan también incluyó un bono, el Bono Covid19, que se benefició a 2.8 millones de personas vulnerables.
Adicionalmente, el plan fortaleció la capacidad de nuestro Banco Estado para dar mayores créditos para capital de trabajo a los emprendedores, pequeñas y medianas
empresas. Para ello incrementamos en US 500 millones adicionales el capital del Banco Estado.
Este Plan también aportó recursos adicionales al Fisco para financiar el apoyo del Estado a los chilenos y empresas más vulnerables, de forma de facilitarles la superación de este shock profundo pero transitorio.
El Plan también incorporó un conjunto de medidas tributarias en beneficio de las Pymes y de los trabajadores independientes, aceleró los pagos del Fisco a sus proveedores y creó un Fondo Solidario Municipal por 100 US MM.
Hoy anunciamos una segunda etapa de este Plan de Emergencia, que complementa las medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer la liquidez en el mercado financiero y por la Comisión de Mercado Financiero para flexibilizar normas que permitan un mejor acceso de las empresas a los créditos.
Agradezco sinceramente las oportunas y eficaces contribuciones realizadas por estas dos instituciones.
El Plan del Gobierno que anunciamos hoy tiene dos grandes focos:
El primero, proteger a las familias a través de la creación de un fondo de US 2.000 millones para entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables. Esto beneficiará especialmente a los 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo.
El segundo foco consiste en ayudar a nuestros emprendedores, Pymes y empresarios que lo requieran, a través de líneas de financiamiento con garantías del Estado.
Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el Estado de Emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta. Esta línea estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US 24 mil millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles.
Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito COVID19 para capital de trabajo fresco en forma simple, masiva, expedita y a tasas
preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.
Por otra parte, los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas, con garantías del Estado, deberán reprogramar todos los créditos prexistentes del deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados. Estas medidas permiten dar un alivio a las empresas necesitadas y proteger las garantías otorgadas por el Estado
La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta 70% para empresas con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y de hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.
Las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis
Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables.
Adicionalmente, estamos trabajando en un sistema permanente que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, frente a situaciones de catástrofe como la generada por la pandemia del coronavirus.
Queridos compatriotas: el mundo y Chile estamos enfrentando el mayor desafío y amenaza de los últimos 100 años. Y tal como lo dije al inicio de estas palabras, estamos plenamente conscientes de los temores, angustias e incertidumbres que afectan a las familias chilenas debido a esta pandemia. También estamos plenamente conscientes de las dificultades que significa para muchos tener que enfrentar un menor sueldo o menores ingresos a fin de mes, o la pérdida de empleos para los trabajadores y las familias chilenas. También estamos plenamente conscientes de los problemas que enfrentan los emprendedores y empresas que han visto reducidas sus ventas, para poder cumplir con sus compromisos, superar esta crisis y recuperar la normalidad de sus operaciones.
Sabemos que esta pandemia, y las medidas restrictivas que hemos debido adoptar, han significado separar familias y
alejar seres queridos, y también, obstaculizar el cumplimiento de muchos de los proyectos y sueños de nuestros compatriotas.
Quiero reiterar nuestro compromiso permanente con todos los chilenos. Nuestra principal prioridad ha sido cuidar la salud y la vida de todos. Proteger los ingresos y empleos de las familias. Ayudar a las Pymes y empresas. Y, también lograr que esta crisis transitoria producto del coronavirus no se transforme en una crisis permanente que afecte la calidad de vida y los sueños y proyectos de futuro de todos los chilenos.
Quiero agradecer a todos mis compatriotas su aporte y compromiso para superar esta crisis y reiterarles nuestra plena convicción que juntos y unidos vamos a superar esta crisis y podremos volver a saludarnos con cariño, abrazar a nuestros seres queridos y recuperar nuestras libertades y derechos, para buscar la felicidad junto a nuestros seres queridos.
Iniciativa busca evitar los despidos en las compañías que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la llamada Ley de Protección del Empleo, la cual busca resguardar los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores en el complejo escenario económico que ha provocado el coronavirus en el país.
La norma, que hoy entró en vigencia, permite que los trabajadores -manteniendo la relación laboral vigente con su empleador- puedan acceder a los beneficios del Seguro de Cesantía cuando los actos de la autoridad, como el establecimiento de cuarentenas obligatorias o cierres de empresa, impidan al trabajador prestar sus servicios.
¿Qué permite?
Así, la norma ofrece tres alternativas para hacer frente a la compleja situación laboral: suspensión del contrato por acto de autoridad; pacto de suspensión de contrato; y pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.
La suspensión del contrato por acto de autoridad contempla que se suspenda la relación laboral o contrato por el solo efecto de la Ley, cuando la autoridad declara la paralización de las actividades económicas de manera temporal, para el país o una zona particular.
¿Qué significa esto? Los empleadores deberán continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, y los trabajadores «recibirán remuneraciones con cargo al Seguro de Cesantía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el caso de empleados de casa particular. Esto según la gradualidad de pago del Seguro, partiendo en 70% de los ingresos de los últimos 3 meses», explican desde el Ministerio del Trabajo.
La segunda opción, que corresponde a los pactos de suspensión de contrato, es similar a la primera pero rige para los empleadores cuya actividad se vea afectada, total o parcialmente, por la crisis Covid-19, permitiendo a estos acordar con sus trabajadores la suspensión temporal de sus contratos.
Las empresas que se acojan a esta alternativa deberán continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, y los trabajadores recibirán remuneraciones también con cargo al Seguro de Cesantía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el caso de empleados de casa particular.
La última alternativa es la realización de pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo. Los empleadores que opten por esta medida podrán acordar con sus trabajadores de manera individual o colectiva la reducción de hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo.
¿Qué efectos tiene esta opción? Según explica el portal protecciondelempleo.cl, el empleador pagará la remuneración de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas y las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada.
El trabajador, por su parte, recibirá un complemento adicional a su sueldo de hasta un 25% con cargo al Seguro de Cesantía. Además, se mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos.
Un aspecto relevante que contempla la norma es que no se podrá despedir a los trabajadores por razones de fuerza mayor.
Beneficiados y exigencias
Según han explicado las autoridades, la ley beneficia a los trabajadores que cotizan para el Seguro de Cesantía y las trabajadoras de casa particular, que se vean afectados por las implicancias negativas que ha generado la llegada del Covid-19 al país.
Asimismo, el portal del Gobierno explica que también «podrán acogerse con efecto retroactivo aquellas personas que hayan celebrado pactos o iniciado procesos de desvinculación a partir del 18 de marzo de 2020«.
¿Quiénes no pueden acceder a los beneficios de la norma? Los trabajadores que no se rijan por el Código del Trabajo, y aquellos que no estén afiliados al Seguro de Desempleo; aquellos que hayan celebrado con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley; y los trabajadores que se encuentren percibiendo subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciban dicho subsidio.
Respecto a las exigencias para acogerse a las alternativas que ofrece la nueva norma, para la suspensión del contrato «los trabajadores deben registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses, o seis cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. De estas, las dos últimas cotizaciones deben ser con el mismo empleador», explica el portal protecciondelempleo.cl.
En el caso de los pactos de reducción de jornada, la ley exige tener contrato indefinido con diez cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, con el mismo empleador. En el caso de los trabajadores con contrato a plazo, se les exige tener cinco cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas.
Con relación a los trámites que deben realizarse para acceder a los beneficios, la norma establece que el trabajador no debe realizar ningún trámite. «Será el empleador el encargado de solicitar la suspensión de contrato de manera online ante la AFC, o ante la DT, en caso de pacto de reducción de jornada laboral. El trabajador que quede excluido, por alguna razón, podrá hacer la solicitud directamente ante la AFC», explica el portal habilitado por el Ministerio del Trabajo.
Sólo en el caso de las trabajadoras de casa particular, el trámite lo debe hacer el trabajador directamente en la AFP donde cotiza mensualmente.
Más información en torno a la norma, en www.protecciondelempleo.cl
Fuente: Diario Financiero, abril 06 de 2020
En un contexto en el que cada mes con restricciones le puede restar un 1% al PIB, dijo que el nivel de tasa de 0,5% se mantendrá por más de un año.
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, reiteró ayer su expectativa de que la economía local comenzará a dejar en el tercer trimestre de este año los nocivos efectos de la expansión del coronavirus, y que dicha recuperación se extenderá hasta los siguientes.
En el marco de una teleconferencia con socios y ejecutivos de Icare, el economista profundizó en el contenido del Informe de Política Monetaria (IPoM) que presentó el miércoles ante la comisión de Hacienda del Senado, el cual asume que el Producto Interno Bruto (PIB) acusará una caída de 1,5% a 2,5% este ejercicio para luego crecer entre 3,75% y 4,75% en 2021 y de 3% a 4% en 2022.
Dentro de los elementos a considerar para el repunte destacó que“este es un shock que frena muy rápido la actividad, que afecta a las cadenas logísticas, a las empresas, pero que no destruye necesariamente capital y empleo”. Esto último, advirtió, es lo que se debe evitar, por lo que es fundamental “cómo nos manejamos durante estos meses”.
Así, reiteró que el mayor daño a la economía se registrará en el segundo trimestre del año, conforme se mantengan las actuales medidas más restrictivas de aislamiento social. Sus cálculos apuntan a que por cada mes que persista este escenario de cuarentena -que incluye la obligatoriedad de confinamiento en algunas comunas del país-, se pierde alrededor de 1% del PIB del año, lo que significará caídas en la actividad mensual de 12% o 14%. De hecho, mencionó que en la segunda mitad de marzo la contracción de la actividad fue mayor a la que se registró en la segunda quincena de octubre, posterior al estallido social.
“Proyectar una recuperación rápida descansa en que la mayoría de las empresas y los trabajadores sean capaces de retomar sus actividades, a medida que se controla la expansión del virus y se van retirando las medidas de control”, señaló.
En este escenario, el presidente del ente emisor reparó en dos aspectos centrales para que se dé: el primero, es mantener encauzado por la vía institucional el conflicto social; y, el segundo, es evitar la quiebra de empresas para que no se origine un deterioro profundo en el empleo.
En este último punto, reconoció que el financiamiento hacia las personas y las empresas es fundamental. “Si al final, cuando se terminen estas medidas restrictivas, tenemos a las empresas en pie y tenemos a los trabajadores listos para volver a su trabajo, aun cuando esto sea de manera gradual, la recuperación de la actividad puede ser relativamente rápida”, destacó.
A su juicio, el problema al que hoy se enfrentan los gobiernos y los bancos centrales en el mundo, es evitar que se origine un efecto dominó desde el shock que reciben las empresas hacia el sector financiero.
Ante esto, mencionó que la alternativa de que se le permita al ente emisor comprar bonos del Fisco en el mercado secundario reforzaría aún más su labor.
En este contexto, señaló que el actual nivel de 0,5% de la TPM está en el mínimo técnico para el sistema financiero local y en “el límite de lo prudente”.
Explicó que a diferencia de otros países el mínimo técnico de TPM no es 0% por las características del sistema financiero chileno que si bien es un mercado profundo en comparación con el de países emergentes, no llega a los niveles de aquellos más desarrollados.
A su vez dijo que el actual nivel de tasa “extraordinariamente baja” se mantendrá probablemente por más de un año, lo que ayudará a estimular la economía.
“Hemos dado una señal de persistencia del impulso expansivo de la economía, que no es para el próximo mes, no es hasta la próxima RPM, no es hasta el final de las medidas de contención sanitaria”, señaló.
Fuente: Diario Financiero, abril 03 de 2020