Ya se ha recuperado cerca del 90% de los puestos perdidos debido a la pandemia. De hecho, los trabajos formales en la industria manufacturera retornaron a niveles previo al Covid-19.
La cifra significó un descenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) frente al mismo lapso de 2021, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (8%), dijo el INE en un comunicado.
Así, en los primeros tres meses del año, se crearon 59.630 empleos. Se trata del décimo aumento consecutivo después de las caídas que se observaron durante los trimestres móviles febrero – abril 2021 y marzo – mayo 2021, hace casi un año.
Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre mayo – julio), los datos permiten ver que se ha registrado un aumento acumulado de 867.239 hombres y 748.955 mujeres ocupadas, lo que deja un alza total de 1.616.194 personas ocupadas a nivel nacional. En suma, ya se ha recuperado el 87,2% de las plazas laborales que se perdieron como consecuencia de la paralización económica que generó la crisis sanitaria.
“Es el nivel más alto de recuperación”, dijo la directora del INE, Sandra Quijada, agregando que actualmente existe un repunte importante de personas que han entrado a la fuerza de trabajo y algún porcentaje que ha transitado a la inactividad habitual.
Al observar los datos sin ajuste estacional, se constata un aumento acumulado de 903.169 ocupaciones formales y 821.200 informales, lo que deja un alza total de 1.724.369 personas ocupadas.
Como contraparte, las personas desocupadas disminuyeron un 20,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-23,1%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,2%).
¿Quiénes impulsaron las cifras?
El alza de las personas ocupadas fue incidida por las mujeres (10,5%) y luego por los hombres (6,2%).
Por sector económico, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (9,9%), actividades de salud (15,6%) y construcción (11,4%).
Quijada también destacó la recuperación de trabajos formales en los sectores de industria manufacturera, en donde se superó el nivel previo a la pandemia (131,9% de ocupados) y actividades de salud que fue uno de los pocos sectores que en el peor momento de la pandemia registró aumentos en vez de disminuciones.
Bajo la lupa de la categoría ocupacional, en el resultado influyó el crecimiento de las personas asalariadas formales (7,9%) junto con por el segmento de cuenta propia (8,2%) e informales (9,7%).
En este contexto, de hecho, la tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, lo que implicó un incremento de 0,6 pp. en doce meses, con avances sobre 10% tanto en hombres como mujeres.
Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y desocupación se situaron en 59,5% y 54,9%, respectivamente, lo que implicó aumentos de 2,2 pp. y 3,5 pp., en cada caso.
En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,1%, influida únicamente por las personas inactivas potencialmente activas (-29,7%).
Con relación a los inactivos potencialmente activos, los datos mostraron que éstos mantuvieron su dinámica decreciente en 12 meses. Así, totalizaron 850.820 personas, lo que significó una disminución respecto al trimestre móvil anterior de 4,4% (38.734 personas).
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 11,2%.
De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 3%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio para los hombres fue 38,9 y para las mujeres, 33,1 horas.
Diferencias respecto a la encuesta de la UC
Consultada respecto a los datos que ha mostrado el sondeo realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Quijada enfatizó que se trata de mediciones distintas que no deben ser comparadas debido a utilizan metodologías diferentes.
Según explicó la directora del INE, ellos como servicio muestran en sus datos “un dinamismo más parsimonioso”, debido a la metodología y los periodos analizados. “Nosotros monitoreamos el dinamismo del mercado laboral durante todo el periodo, no durante un periodo puntual, no con una foto tan acotada como lo hace la encuesta de la UC”.
Así, Quijada enfatizó que, si bien los dos instrumentos aportan a mirar lo que está pasando en el mercado laboral, “la estadística oficial es la del INE, y tiene una película de lo que pasa durante el trimestre más que una foto puntual”.
En la conferencia realizada por la directora, también se refirió al proceso de trabajo en torno al Censo 2023: “Estamos trabajando para que eso suceda durante el próximo año, y este año estamos trabajando la prueba censal”, dijo, agregando que prontamente se entregarán más antecedentes al respecto.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
En caso de que la inflación supere el 7% a diciembre de 2022, el ingreso básico se incrementará en 410.000 a contar de enero de 2023.
Este lunes, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Unidad Central Unitaria de Trabajadores, donde establecieron un reajuste de $50.000 mil pesos en el salario mínimo y otras medidas para compensar el aumento de la inflación.
En una mesa de trabajo, donde participaron los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), junto con el presidente de la CUT, David Acuña, y el secretario del organismo, Eric Campos, estos acordaron un alza de $50.000 mil pesos en 2022 para todo trabajador entre los 18 y 65 años.
«Para nosotros es motivo de satisfacción no solo por tratarse de la primera negociación formal que tenemos con la CUT, sino que también por la materialización de una parte importante de la agenda del Presidente Gabriel Boric. En este acuerdo tenemos tres grandes componentes, uno es el reajuste del salario mínimo, otro es la serie de medidas para compensar la inflación y en tercer lugar tenemos acuerdos en materia de trabajo decente», dijo el ministro Mario Marcel.
En una primera instancia, a contar del 1 de mayo de este año, se incrementará el ingreso mínimo mensual a $380 mil pesos. Posteriormente, a contar del 1 de agosto del 2022 se incrementará hasta $400 mil pesos.
En caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2022 supere el 7%, el salario mínimo se incrementará en $410.000 a contar de enero de 2023.
«El ingreso mínimo mensual para menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneraciones se reajustará en las mismas proporciones y fechas», estipula el acuerdo.
El Estado otorgará una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas destinadas a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo.
Protección frente a la inflación
Dentro de los acuerdos alcanzado en la mesa de trabajo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, se estableció un Observatorio del Valor al Público de la canasta básica de alimentos, que será implementando por el Servicio Nacional de Consumidor.
Este organismo reportará públicamente al Consejo Superior Laboral. En caso de detectar anomalías en el comportamiento de los precios, se informará a la Fiscalía Nacional Económica.
Asimismo, se estableció un beneficio, el cual será compensatorio al aumento del valor de la canasta básica de alimentos. Este se calculará mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos.
Este se otorgará por causante de Asignación Familiar y se pagará entre mayo y diciembre de este año, cuyo monto tendrá, de manera excepcional, un mes adicional por trabajador con carga.
Promoción del trabajo decente
Este lunes, el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al seguro de desempleo.
Para ello se creará una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para así considerar su diseño y gradualidad.
En esa línea, durante el 2023, se enviará al Parlamento una iniciativa que modifique las normas sobre derecho colectivo del trabajo, considerando el ámbito y nivel de la negociación colectiva.
Por último, se propondrá al Poder legislativo la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fuente: Emol economía, abril 25 de 2022
Análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP mostró que 15,6% de los asalariados es parte de alguna modalidad de subcontratación.
La legislación laboral en el el país se apresta a enfrentar una serie de cambios de aprobarse la nueva Constitución. Ya pasaron al borrador del nuevo texto propuestas en el sentido de garantizar la libertad sindical, el derecho a huelga y la posibilidad de que los trabajadores -a través de organizaciones sindicales- puedan participar en las decisiones de las empresas.
Una idea que no logró el quórum de dos tercios del pleno de la Convención Constitucional -y, por ende, volvió a comisión para una nueva redacción- fueron los límites que desde algunos sectores se querían establecer a la subcontratación o tercerización. Es decir, a aquella modalidad utilizada por las empresas para delegar en terceros ciertos procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero que usualmente no forman parte de su giro directo (core business).
Pero, ¿qué tan extendida es esta práctica en Chile? ¿Es efectivamente un tipo de trabajo precarizado? ¿Qué dicen las cifras? Estas fueron parte de las preguntas que respondió un análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, basado en la la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Bajo el título “Tercerización en Chile: magnitudes y características de las relaciones laborales multipartitas”, el economista identificó que los asalariados adscritos a alguna de las modalidades correspondientes a subcontratación sumaron 1.003.867 en el trimestre diciembre 2021 – febrero 2022, lo que equivale a 15,6% del total de personas con contrato.
La prevalencia de esta figura, que tiene como contraparte los 5.411.877 de quienes tienen una relación laboral directo con la compañía en que se desempeñan, llega a 25,7% en el sector público, mientras que en en el ámbito privado alcanza a 13,6%.
Por rubro económico, minería es el rubro que lidera en subcontratación, ya que el 52,3% de los asalariados está bajo esta modalidad.
Otras ramas con una alta participación de trabajadores tercerizados son suministro de electricidad y gas, enseñanza y salud, con niveles de 35,9%, 26,2% y 26,1%, respectivamente.
¿Precarización?
Para Bravo, el debate en torno a la tercerización se debe realizar a la luz de la evidencia, ya que ésta demuestra que los empleos tercerizados “no tienen una mayor precariedad”.
De hecho, las cifras dan cuenta de que la tasa de ocupación informal para el segmento de asalariados tercerizados es de 10,3%, la que constrasta con el 15,6% en el caso de aquellos no tercerizados.
Con respecto a la estabilidad laboral, las cifras indican que el porcentaje de contratos indefinidos es menor en el segmento de tercerizados es de 58,7% en comparación a 73,5% en los no tercerizados.
Según complementa Bravo, los trabajadores tercerizados exhiben mejores indicadores en materia de seguridad social respecto a sus contrapartes, ya que en el caso de la subcontratación existe en la legislación laboral la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria.
¿Qué significa esto? que la empresa principal (mandante) está obligada a responder por las deudas laborales y previsionales en que hayan incurrido sus contratistas o subcontratistas con sus trabajadores, por lo que tienen menos posibilidades de que nadie responda por sus cotizaciones.
De ahí que Bravo plantee que las cifras no sugieren necesariamente que los empleos asalariados tercerizados tengan un menor grado de seguridad social y, por ende, de formalidad.
A su juicio, otro elemento necesario a analizar para saber si existe precarización laboral, es la existencia de brechas de ingresos entre asalariados tercerizados y no tercerizados.
Conforme a las cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE del año 2020, el promedio del ingreso de la ocupación principal entre asalariados tercerizados fue de $615.042, mientras que entre los asalariados no tercerizados dicha cifra fue de $ 728.790. Una diferencia de 18,5%.
Bravo explica que la diferencia salarial radica en que entre los trabajadores tercerizados hay una proporción mayor de trabajadores en ocupaciones de baja calificación y una proporción menor en ocupaciones de alta calificación en comparación a los trabajadores no tercerizados.
“Quienes ejercen ocupaciones de baja calificación tienen una menor capacidad de generación de ingresos considerablemente menor a los de alta calificación”, explica el economista.
Consultado respecto a si debe o no limitarse en la Constitución el uso de esta modalidad laboral, Bravo es claro: este es un aspecto que debe ser regulado en la legislación laboral, y no en la carta fundamental.
“Cuando uno mira las normas que se han aprobado, uno ve que hay aspectos demasiado específicos sobre el mercado laboral, y la Constitución no debe transformarse en otro Código del Trabajo, porque para eso existe la legislación laboral, para ver todos los aspectos detallados del mercado laboral”, enfatiza.
Los trabajadores por turno,
otra mirada al mercado laboral
Un análisis realizado por el INE mostró que las personas ocupadas que trabajan bajo algún sistema de turno en el país sumaron 618.677 en el trimestre diciembre-febrero 2022, lo que representa un 7,1% del total. El valor más bajo observado fue en agosto-octubre de 2020, con 480.206 personas, agregó el reporte.
De todos quienes laboran por turno, el 73,1% correspondió a hombres (452.008) y el 36,9% a mujeres (166.669). Si se compara con el conjunto de ocupados por sexo, los primeros son el 5,2%y las segundas el 1,9%.
La revisión de las cifras por sector económico muestra que este esquema se encuentra concentrado en las ramas de minería, actividades de salud, industria manufacturera y transporte, los cuales -por sus características productivas- requieren un funcionamiento continuo.
Coherente con lo anterior, las regiones que presentaron las mayores participaciones relativas de personas ocupadas con turnos fueron Antofagasta (24,2%), Atacama (20,4%) y Tarapacá (13,6%).
El total de horas trabajadas por los ocupados bajo sistema de turno, luego de aplicar los ajustes correspondientes -señala el INE-, tiene una distribución similar a la de horas habituales por los ocupados nocturno, permitiendo su homologación.
De todas formas, las personas ocupadas que declaran el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales representaron al 11,5% del total de la población ocupada. Segúnsexo, los hombres ocupados representaron al 12%, mientras que en las mujeres ocupadas al 10,8%.
Fuente: Diario Financiero, abril 25 de 2022
El número de trabajadores ocupados llegó a 9,16 millones en abril, superior a lo registrado antes de la llegada del coronavirus al país.
Luego de tres meses sin realizarla, la Universidad Católica volvió con su encuesta de empleo este martes, mostrando una diagnóstico del mercado laboral chileno durante la primera semana de abril y dando cuenta de cifras positivas, sobre la recuperación de los empleos.
El número total de ocupados, según el sondeo, es de 9,16 millones de personas, superando así por primera vez el número trabajadores ocupados registrados antes de que la pandemia de covid-19 se instalara en el país en marzo de 2020.
El nivel de empleo durante la primera semana de abril es, en total, 96 mil empleos superior al existente previo a la llegada del coronavirus a territorio nacional.
La tasa de empleo, además, se recuperó con fuerza llegando a 57,2%. Es decir, solo resta subir 1 puntos porcentual (pp.) para retomar el nivel que el mercado laboral chileno exhibía en la era prepandemia (58,2%).
En todo caso, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, Davide Bravo, comentó que si bien se recuperó el nivel de ocupados previo al arribo del coronavirus, han pasado dos años desde el inicio de la crisis sanitaria y la población en edad de trabajar ha aumentado en 447 mil personas.
Por ende, comentó que para tener la misma tasa de ocupación prepandemia se requeriría tener un número total de 9,33 millones de ocupados. En concreto, aun faltan por recuperar otros 165 mil empleos.
Por género, las mujeres registraran un nivel de ocupación de 3,97 millones de trabajadoras, superior a las 3,84 millones anotadas antes de marzo de 2020. Como la tasa de ocupación femenina es de 48,6% en abril y este nivel supera el prepandemia, las mujeres se recuperaron de la crisis antes que los hombres.
Estos últimos, apuntaron un nivel de ocupación de 5,19 millones, casi igual a los 5,23 millones previos a la crisis. La tasa de ocupación masculina, en tanto, escaló a 66,2% en abril, inferior en 2,4 pp., a la era antes del covid. Los hombres aún deben recuperar 188 puestos de trabajo, 36 mil para llegar al mismo número y otros 152 mil por el aumento de la población activa.
David Bravo «Las mujeres no solamente recuperaron los empleos que habían perdido durante la pandemia, además dieron cuenta del aumento de la población femenina y están un poco por arriba incluso. Hay empleos adicionales. Las mujeres ya llegaron a la meta, es una muy buena noticia», recalcó, añadiendo que «los que aún tienen un rezago son los hombres».
Por otra parte, el nivel de empleos asalariados se ubicó 1,6% por debajo a la época prepandemia y la cifra de trabajadores de casa particular es todavía un 5,9% inferior. Distinta es la situación de los trabajadores por cuenta propia, que superaron que registro anterior a la crisis en 215 mil personas, quedando un 9,6% por arriba.
A su vez, la tasa de participación laboral sigue siendo inferior, esta vez en 2,2 pp. a lo que era antes del covid-19. Con todo, se ha recuperado en 13,4 puntos desde julio de 2020 -cuando el coronavirus golpeaba más duro al mercado laboral- y está en el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, anotando una recuperación del 86%.
Asimismo, un total de 569 mil personas declaró que habría estado buscando trabajo si existiera la crisis sanitaria: 224 mil hombres y 345 mil mujeres. Bravo, además, destacó que a medida que la tasa de participación laboral se acerca a sus niveles pre crisis, disminuye la «distorsión» de la tasa de desempleo, que se ubicó en 6,1% en abril, y en 8,2% si se le agregan las personas que buscarían trabajo sin pandemia.
En tanto, durante la primera semana de abril, un 13,8% de los ocupados trabajó al menos una hora en modalidad de trabajo remoto, es decir, u total de 1,26 millones de trabajadores.
Bravo: «Son buenas noticias»
El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, destacó que «son buenas noticias, en el sentido de que recuperamos la totalidad de los empleos que se perdieron en la pandemia. De hecho, tenemos cerca de 100 mil empleos por sobre el nivel que teníamos antes. Esta es la foto al 10 de abril».
«La meta de la tasa es volver a tener 58,2%, vemos que es 57,2%. Es un salto bien importante, dos puntos en la tasa de ocupación. Ese salto se traduce en que ya pasamos el número absoluto de empleos que teníamos antes de la pandemia, porque todavía quedan empleos por recuperar precisamente porque en el camino aumentó la población», añadió.
Además, el economista destacó que la Región Metropolitana recuperó su situación anterior a la crisis. Esto, «no solamente en número sino que su tasa, casi dos puntos superior. La Región Metropolitana dio por superada la pandemia», aseguró, con una tasa de ocupación que llegó a 61,9%, cuando antes del arribo del covid-19 era de 60,1%.
Fuente: Emol economía, abril 19 de 2022
Para los abogados, la baja cantidad de sanciones responde a diversas causas, entre las que se cuentan el mismo desconocimiento del derecho y reducidas denuncias.
En abril de 2020 comenzó a regir en el país la Ley de Teletrabajo, la cual permitió que empleadores y trabajadores pudieran acordar que los servicios y prestaciones de una persona se realicen desde un lugar distinto al de la empresa.
Dentro de las diversas exigencias incluidas la norma, un aspecto que fue muy bien recibido en el mercado laboral fue la incorporación de la figura del derecho a desconexión en este nuevo esquema. ¿Qué significa esto? Que el empleador deberá respetar los tiempos de descanso de sus trabajadores, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.
La nueva legislación, que cobró mayor importancia dada el escenario de confinamiento al que obligó la propagación de la pandemia, estableció que el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.
Además, el empleador no podrá establecer comunicaciones ni dar órdenes en días de descanso o vacaciones de los trabajadores.
Sin embargo, a pesar de que fue un derecho ampliamente difundido por las exautoridades laborales, al parecer los trabajadores aún no dimensionan su existencia, según se desprende de las cifras de multas que ha implementado la Dirección del Trabajo.
De acuerdo a datos del servicio, que fueron solicitadas por el equipo laboral del estudio jurídico de Albagli Zaliasnik (AZ), entre julio de 2020 y febrero de 2022, se han cursado sólo 16 multas relacionadas con el derecho a desconexión en el teletrabajo.
Así, el informe “Sanciones cursadas sobre trabajo a distancia o teletrabajo (Ley N° 21.220)” de la DT indica que se han cursado cuatro multas por no respetar dicho derecho, todas aplicadas en 2021.
Las otras 12 son por no consignar en el pacto de trabajo a distancia o de teletrabajo el definido tiempo de desconexión.
Factores en juego
Para los abogados, la baja cantidad de sanciones puede responder a diversos factores, como poco conocimiento en torno a este derecho, falta de fiscalización y escasas denuncias, entre otras.
Para Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ, un aspecto que podría explicar la acotada cantidad de multas es que no se ha logrado entender a cabalidad en qué consiste y cuáles son los alcances de este derecho.
“Los límites en este trabajo híbrido o deslocalizado es que el trabajador no logra fijar una frontera clara entre lo que es responder un correo fuera de su jornada y si eso invade o no su vida privada”, afirma.
Por lo mismo, sostiene que un desafío en esta materia es delimitar los contornos de este derecho. “Cómo se hace efectivo, cuáles son las medidas de resguardo. Esto es un desafío, las cifras hablan de ese desafío”, agrega Arredondo.
En el caso de Jaime Salinas, abogado de Salinas Toledo, hay diversas variables detrás de bajadas multas asociadas al derecho a desconexión.
Por un lado, el abogado dice que se trata un derecho que beneficia al personal que no está sujeto horario, y que cuenta con mayor autonomía y responsabilidad, es decir, involucra usualmente a jefaturas, subgerencias y gerencias, los que gestionan con mayor libertad sus propios tiempos dentro del día.
De ahí, estima, no está dentro de sus principales preocupaciones atender a la desconexión en sentido estricto, “la que ven, usualmente, como un asunto que ellos mismos tienen que manejar”.
En segundo lugar, considera Salinas, dada esa autonomía, es poco probable que existan denuncias al derecho desconexión, ya que se trata de un segmento de trabajadores orientados al logro de objetivos más que al cumplimiento de horarios.
Una visión similar tiene Luis Lizama, de Lizama Abogados, quien agrega otro aspecto relacionado con que muchas de las empresas implementaron el teletrabajo por la contingencia sanitaria, por lo cual no tienen interiorizado el cumplimiento de todas las exigencias de la ley.
“El empleador tuvo que mandar al trabajador a su casa y, probablemente, algunos acuerdos que se adoptaron fue que les iban a proveer de internet, escritorios, cosas como esa, pero no todos los trabajadores asumieron que tendrían este derecho”, señala.
Las observaciones del Consejo Superior
Laboral para mejorar la legislación
En abril de 2021, el Consejo Superior Laboral -instancia tripartita de diálogo que creó la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet- realizó una evaluación positiva de la normativa, pero planteó que hay desafíos en materia de implementación del teletrabajo desde el punto de vista del respeto a los tiempos de conexión y desconexión, la entrega de herramientas e implementos de trabajo, el pago de los costos de operación y funcionamiento asociados a esta modalidad, así como también mejor preparación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Tras el análisis, el consejo señaló que se requiere seguir fortaleciendo el cambio cultural que ha implicado esta modalidad de trabajo y la fiscalización, de manera tal de resguardar la delimitación entre los espacios personales y laborales, el cumplimiento de las jornadas laborales y el derecho a desconexión, entre otros.“Es importante resguardar correctamente la seguridad y salud de los trabajadores, no solo desde la perspectiva física, sino también desde la perspectiva de la salud mental”, estableció el documento.
Fuente: Diario Financiero, abril 18 de 2022
Un sondeo realizado por la consultora Randstad mostró el aumento en la búsqueda de este tipo de personas y el mayor interés de las compañías por incorporarlas.
Durante la pandemia, el trabajo temporal se consolidó como una opción al interior de las empresas para hacer frente a los desafíos internos sin la necesidad de aumentar la dotación de planta. De hecho, de acuerdo con datos de la consultora Randstad, los requerimientos de este tipo tuvieron un alza de 197% durante 2021 respecto del período anterior, con un peak en abril, julio y octubre.
El alza en este tipo de solicitudes es un fenómeno que se constata desde hace un tiempo. En 2020 ya se había observado un incremento de 38% en relación a 2019.
“Las empresas pueden acceder a talento de primer nivel para cubrir necesidades estacionales”, dijo el vocero de Randstad, Francisco Torres.
El director de Staffing & Outsourcing de la consultora multinacional especializada en el reclutamiento y selección de talentos, Francisco Torres, explicó que las cifras demuestran que la incorporación de trabajadores flexibles o por proyecto se han consolidado en Chile considerando la complejidad del escenario actual.
“Las empresas pueden acceder a talento de primer nivel para cubrir necesidades estacionales sin tener que incurrir en un aumento permanente de la dotación, aprovechando una expertise que, muchas veces, sin opciones de trabajo flexible se vuelve inalcanzable”, dijo Torres.
Según el vocero, el estudio “HR Trends Report 2021” de Randstad -en el que participaron cerca de 500 tomadores de decisión de diferentes sectores-, reveló que la intención de contratación temporal de las compañías creció un 29% en doce meses.
Además, según el mismo registro, el 76% de los líderes de capital humano incluyó talento flexible en su estrategia de RRHH.
“Lo que observamos no tiene precedentes para nosotros y sobrepasa todos los pronósticos que pudiésemos haber hecho”, señaló Torres.
Tendencia que se consolida
Para la firma, más allá de la emergencia sanitaria, las compañías comprobaron que esta modalidad permite aportar agilidad, eficiencia y productividad a las organizaciones, y los trabajadores se dieron cuenta de los beneficios que tiene, particularmente respecto a la conciliación de vida personal-laboral.
De acuerdo a Randstad -que solicitó datos a la Dirección del Trabajo-, durante el ejercicio anterior hubo un incremento de 68,6% en el promedio de colaboradores temporales contratados mensualmente, llegando a diciembre de 2021 a 66.534 personas.
Durante 2020, en tanto, se contrataron 39.474 trabajadores de este tipo.
Con respecto a los cargos más demandados para este tipo de contratación, Torres explicó que históricamente han sido posiciones administrativas, como recepcionistas, secretarias de gerencia y personas de contabilidad; puestos comerciales de primera línea, como vendedores y ejecutivos de atención al cliente; y posiciones operativas, tales como bodegueros, reponedores, guardias, auxiliares de aseo y operadores de producción; sin embargo.
Sin embargo, el vocero explicó que hoy las firmas también están requiriendo técnicos y profesionales altamente calificados para desempeñarse por proyectos, especialmente en el rubro tecnológico y financiero.
A modo de cierre, para Torres no se debe olvidar que el mundo post Covid-19 brindará mayores posibilidades para experiencias flexibles y “la incorporación de talentos temporales se vuelve clave en un contexto en el que las organizaciones necesitan más que nunca ser competitivas para recuperarse del impacto económico que dejó la pandemia”.
Fuente: Diario Financiero, abril 12 de 2022
- Palabras de Sebastián Espinoza, Subgerente de Operaciones de la empresa IMEL Ltda. al certificar las competencias de 39 trabajadores.
- El sector metalúrgico apostó por la mejora de su capital humano utilizando el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL) impulsado por ChileValora con financiamiento de Sence a través de la Franquicia Tributaria.
Luego de un exhaustivo proceso de evaluación, realizado en septiembre 2021 por la certificadora ASIMET Asesorías, en la planta empresarial de San Bernardo, 39 trabajadores de IMEL Ltda. certificaron sus competencias laborales en el perfil de Operador de grúa. El certificado los califica para operar diferentes tipos de grúas, cuya operación varía según las funciones y peso que muevan.
En su saludo al grupo de certificados, la directora del Sence Metropolitano, Verónica Garrido, recordó la gran cantidad de trabajadores activos que no tuvieron educación formal o un título profesional, y explicó: “Para esos trabajadores existe ChileValora y el proceso de certificación de competencias. Esta es la única institución tripartita con representantes de los trabajadores, de las empresas y del Estado que reconoce que hay dos caminos para desarrollarse laboralmente: una es a través de la formación o educación formal, y la otra, está relacionada con el hacer carrera dentro de la empresa e ir especializándose en el camino”.
Acompañaron a los trabajadores en la ceremonia de certificación -realizada en dependencias de la compañía, en el sector sur poniente de la capital- el gerente de Recursos Humanos de IMEL Ltda., Álvaro López; el subgerente de logística de la empresa, Maximiliano Achurra; la Jefa de Prevención de Riesgos, Patricia Herrera y el subgerente de Operaciones, Sebastián Espinoza, además del representante de ChileValora, Álvaro Aguilar y Cecilia Solís, de ASIMET Asesorías
“Estamos convencidos como empresa y como directorio de IMEL Ltda. que tenemos que seguir capacitando a nuestros trabajadores y utilizando la certificación en otras áreas de la empresa. Si queremos ser lo número uno en nuestro rubro tenemos que involucrar a nuestros trabajadores porque con la certificación de competencias y la capacitación gana la empresa y ganan los trabajadores”, comentó el subgerente de Operaciones, Sebastián Espinoza.
A nombre de los trabajadores, Maximiliano Sánchez agradeció el proceso gestionado por la empresa, “y ojalá sigamos teniendo la oportunidad de tener otros cursos para seguir perfeccionándose y aprender más de este rubro. Muchas gracias”, agregó.
La capacitación sí importa
Cuando un trabajador se capacita y hay certificación por competencias, se certifican tres elementos: el conocimiento, la habilidad y la competencia, y cuando una empresa empieza su proceso de mejora continua, con trabajadores bien capacitados, tiene más confianza en su equipo, explica el subgerente de logística de IMEL Ltda., Maximiliano Achurra: “Ya no da lo mismo decir que yo soy bueno operando la grúa horquilla porque ahora hay una entidad externa -como es el caso de ChileValora- que lo está certificando”, agrega.
La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales es realizada por instituciones acreditadas por ChileValora utilizando los perfiles levantados por el sector productivo correspondiente, y forman parte del Catálogo de Competencias Laborales ya existente.
Sence reconoce formalmente las competencias laborales de mayores de 18 años que hayan completado exitosamente el proceso, independientemente de cómo las haya adquirido y si es que cuentan o no con un título o grado académico. De esta manera, los trabajadores ponen en valor sus conocimientos y potencian su experiencia laboral.
Fuente: www.sence.cl, abril 11 de 2022
Con total éxito concluyó el Curso de Técnica de Soldadura por Oxigas, Arco Voltáico y Tig Mig financiado por el Grupo Minero Carola Coemin, a través del Sence, y cuyos beneficiarios fueron un grupo de pobladores, hombres y mujeres, del sector poblacional Algarrobo en la comuna de Tierra Amarilla.
El mencionado curso fue gestionado por Otic Asimet y ejecutado por la Otec Calar Ltda. que permitieron dar las competencias técnicas en dichas materias al grupo de pobladores referido.
Además de hacer entrega de diplomas de certificación y calificaciones, los participantes recibieron de regalo, de parte de la Compañía Minera, una máquina soldadora con potencia de 880W y una máscara de soldar, de manera que los recién formados puedan poner en práctica, de inmediato, los conocimientos adquiridos y dar inicio a un emprendimiento que les permita entregar servicios de soldadura.
A la ceremonia, que culminó con un cóctel de camaradería, asistió el representante del Sence, Nibaldo Droguett Toro; la Directora Otec Calar, Belsia Calderón Arancibia; la representante de la Otic Asimet, Solange González Sotomayor; además de las presidentas de las Juntas de Vecinos El Chañar y Algarrobo, Andrea Rodríguez y Mirna Pinto. Por parte del Grupo Minero, asistieron Eduardo Pesenti Castillo, Gerente de Medioambiente, Permisos y Comunidades y Felipe Abutter, Jefe de Desarrollo Organizacional.
Al hacer uso de la palabra, Pesenti en representación del Grupo Minero, instó a los asistentes a perseverar en los esfuerzos para alcanzar y hacer realidad los sueños, tal como el logrado con el curso de soldadura, que les permitió aprender el oficio de soldador especializado: “Este curso además nos permite asegurar el derecho a la igualdad de acceso al trabajo, destacando a las cinco mujeres que aprobaron la certificación, las que sin duda contribuirán al desarrollo y mejor futuro para ellas y sus familias”.
Mientras que Nibaldo Droguett, en representación del Sence, destacó esta nueva iniciativa del Grupo Minero Carola Coemin y dijo que la capacitación y certificación de un oficio, da las herramientas para iniciar un camino cierto y seguro en la vida laboral, recordando que el Sence también hace de puente en la búsqueda de trabajo.
Mientras que las dirigentes vecinales, Andrea Rodríguez y Mirna Pizarro, dieron los agradecimientos, principalmente a la Compañía que financió el curso, como también a quienes hicieron posible la materialización de este proyecto: “Esperamos continuar trabajando en la capacitación de nuestros pobladores, como lo hemos venido haciendo hasta hoy y, esperamos seguir contando con el respaldo y apoyo del Grupo Minero Carola Coemin para otras instancias de capacitación para nuestros pobladores”.
A nombre del curso, dio los agradecimientos la alumna Delcy Segovia Godoy.
Fuente: www.elzorronortino.cl, abril 10 de 2022
Gonzalo Sanhueza, socio director Econsult:
“Banco Central debería subir la tasa de interés a 10% a mitad de año”
Durante una conferencia con socios de ASIMET, el economista afirmó que el actual escenario macro es de los más complejos de los últimos 30 años, lo que, sumado a la incertidumbre política económica, aumentan los riesgos de recesión en 2022
Durante una conferencia on line con empresarios de ASIMET, el socio director de Econsult, Gonzalo Sanhueza, afirmó que el Banco Central “va a seguir subiendo fuerte la tasa de interés, porque la inflación va a pasar por niveles del 10%. Nos queda todavía mucha inflación de energía que se demora más en traspasarse a precios. Las empresas no tienen márgenes tan grandes como para aguantar un aumento de precios de la energía de 45% y no pasarlo a precio”, sostuvo.
En este escenario, agregó que el alza de la TPM “debería ser rápida, tiene que ser a mitad de año, porque vamos a tener que generar una tasa de interés real positiva para realmente contrarrestar la expansión de la economía, y llevarla a que vaya mas cerca de su capacidad de producción”.
En su exposición, el economista revisó también las proyecciones para este año de la economía en Chile: “En 2022 hay un ajuste fiscal muy importante, más o menos equivalente a 8 puntos del PIB, lo que va a permitir generar alguna holgura fiscal los próximos años. Existe acuerdo en pensiones y otras materias relevantes, alzas graduales de impuestos y violencia social contenida, con ese escenario base estamos fijando el crecimiento del PIB en 1%, y una caída de la inversión del 6%. El consumo va a ser 0, porque estamos con un nivel de consumo muy alto, entonces vemos difícil crecer sobre eso´”, indicó. Respecto del tipo de cambio, la proyección del economista es que se va a mantener en un valor de $790.
Para2023, Sanhueza proyectó un escenario más positivo, “porque pensamos que este año el nivel de incertidumbre es mayor. Ahí podríamos estar con crecimiento de 1,5. Nuestra estimación es que el crecimiento de tendencia de la economía hoy es cerca de 1,8%. La TPM va a bajar a 8 puntos, con una inflación más contenida”, sostuvo.
“El sesgo este año es negativo, principalmente por la incertidumbre de la economía internacional. El escenario macro es de los más complejos de los últimos 30 años porque tenemos una inflación al alza, la economía está sobre expandida, estamos usando significativamente el ahorro externo. Todo esto en un escenario de mucha incertidumbre económica que aumenta los riesgos de recesión”, indicó.
Reindustrialización de Chile
Consultado sobre la viabilidad de que en este Gobierno se lleve a cabo un proceso de reindustrialización del país, Sanhueza señaló que en el actual equipo económico hay personas que piensan que esa iniciativa se debe desarrollar a partir de la inversión pública, de las empresas públicas. “Si el proceso de reindustrialización va a ser a partir del Estado para construir empresas públicas, yo creo que eso va a ser un fracaso. Si se logra convencer al Gobierno que lo que hay que construir es un proceso en que puede participar Estado, pero que tiene que ir de la mano del sector privado, eso puede ser exitoso, con un Estado como facilitador”, aseguró.
Por su parte, el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señaló que el actual escenario que vive Chile es uno de los más desafiantes de las últimas décadas, tanto en el ámbito internacional como nacional: “Chile necesita hoy un ambiente de negocios que genere estabilidad y certezas para atraer inversiones. Como gremio, queremos hacer un llamado al Gobierno para que opte por iniciativas que permitan alejar la incertidumbre en el ámbito interno. Frente a un escenario internacional de mucha inestabilidad, Chile debería presentarse como un país confiable y atractivo para invertir. En estos escenarios es un contrasentido que se planteen propuestas refundacionales en la Convención Constituyente, o que no se condicen con el actual contexto productivo, como la de rebajar el horario laboral”, indicó.
Agregó que, como empresas que otorgan empleos de calidad, el gremio está de acuerdo en la necesidad de ajustar el sueldo mínimo en Chile. “De hecho, según nuestra última encuesta de remuneraciones, el salario base de un operario técnico en nuestro sector es de 797 mil pesos, lo que corresponde a 2,3 sueldos mínimos, no obstante, creemos que una decisión en este sentido debe contar con un necesario proceso de diálogo para aunar voluntades que permitan conjugar mejores sueldos con mayor productividad”.
Entre los desafíos que enfrenta el sector en el actual escenario, Arrigoni mencionó que la industria vuelva a tomar protagonismo en la economía nacional, como motor de la reactivación que tanto necesita Chile. “Tanto la pandemia como la guerra en Ucrania han puesto en evidencia la importancia de contar con una industria manufacturera potente, para así bajar la dependencia de otras economías. Como gremio, y como siempre lo hemos hecho, ofrecemos todo nuestro apoyo y experiencia a la nueva autoridad para el diseño de una Estrategia Industrial que marquen una hoja de ruta de largo plazo para su fomento”, concluyó.
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ASIMET, marzo 23 de 2022
Expertos analizaron cómo aplicar tanto la reducción de la jornada de trabajo como la idea de elevar el ingreso básico a $500 mil hacia el 2025, ambos ejes centrales del programa del Presidente Gabriel Boric.
A poco más de una semana desde el arribo oficial del nuevo Gobierno a La Moneda, dos son los proyectos que han protagonizado el debate en materia de empleo, tanto por las expectativas que generan en la ciudadanía, como por las dudas que surgen en torno a la aplicación de estos. Se trata de aquel que busca reducir, gradualmente, la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas y el reajuste del salario mínimo.
Ambas propuestas figuran como ejes centrales de la agenda del Presidente Gabriel Boric, sobre todo el segundo, puesto que el actual monto del ingreso básico expira el 1 de mayo, por lo que se espera que la iniciativa con el nuevo guarismo comience a ser analizada y discutida en el Parlamento durante el mes de abril.
Y si bien el objetivo es llegar a $500 mil al final de la administración –es decir, hacia 2025-, para el primer año el nuevo Ejecutivo fijó un primer escalón de subir el sueldo mínimo a $400 mil, lo que se traduce en un incremento del orden de 40%.
Así, además de enfatizar en la relevancia de sacar adelante ambas medidas, este lunes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó en Chilevisión que «la combinación de ambos proyectos hay que buscarla debidamente».
«Lo que tenemos que hacer desde el Gobierno, en conjunto con los parlamentarios, el mundo empresarial y con las y los trabajadores, es buscar cuál es esa combinación que nos permita avanzar y cuáles son esas gradualidades. Pero, sin duda, temerle a los cambios, resistir los cambios, la verdad que creo que es parte de lo que le ha hecho mal a nuestro sociedad», acotó.
Coincidente lo anterior, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló la semana pasada que el avance del salario mínimo debe ir «en armonía con el desarrollo y el dinamismo de la economía, y en particular de las empresas más pequeñas».
Y es que estos debates se instalan no solamente en un contexto con bajas proyecciones de crecimiento –en torno a 2%- sino que también en un escenario en el cual la productividad ha ido retrocediendo.
Pese a que la sexta versión del Informe Anual de Productividad de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reveló que, de la mano con la reactivación impulsada por los apoyos sociales para enfrentar la pandemia, sumado a los retiros previsionales y la flexibilización de las condiciones sanitarias, el país logró aumentar su productividad en 2021 –con un alza entre 7,4 y 8,7%-, dejando atrás dos periodos contractivos consecutivos, las cifras del año pasado fueron impulsadas por «una economía sobrecalentada».
Al respecto, Paulo Cox, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, indicó que «el número de horas y el salario mínimo son discusiones pertinentes. La evidencia empírica no es conclusiva respecto al efecto del salario mínimo sobre el empleo, y tampoco lo es respecto a la reducción de la jornada laboral sobre la capacidad de producción de la economía».
«Ello depende, en este último caso, de las horas efectivas de producción en la actualidad, y del efecto que tendrían las horas adicionales de ocio sobre la calidad de vida de los trabajadores, y a causa de ello, sobre una mayor productividad», agregó.
No obstante lo anterior, a su juicio, «no es el momento para discutir estas reformas, y tampoco debiesen abordarse ambas conjuntamente, menos cuando no contamos con datos que sustenten que no tendrán efecto en la economía chilena. Por encima de eso, se puede entrar a un escenario de riesgo si es que la discusión de estas reformas tiene efectos sobre la incertidumbre general, lo que puede traducirse en un freno para la inversión».
Desde la otra vereda, el presidente de la CNEP, Raphael Bergoeing, comentó a Emol que «si bien en medio de una pandemia como esta hacer grandes reformas que pueden incrementar el costo del proceso productivo pueden significar que los que se ven perjudicados se vean perjudicados, también es cierto que estas son reformas que tienen que hacerse pensando en los desafíos estructurales de la economía, y no solamente en el día a día».
«Más que cerrar la puerta a la discusión, o simplemente decidir ex ante que no hay ninguna posibilidad de avanzar en esta dirección, lo que yo diría que primero hay que aprender de la experiencia internacional, y darse cuenta de que estos procesos como tienen ganadores y perdedores en el corto plazo, tienen que tratar de implementarse primero haciendo varias políticas al mismo tiempo para que se hagan cargo de mitigar los costos», subrayó.
Gradualidad y mitigación
Consultado por mecanismos para conjugar ambas iniciativas con la productividad, el director del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, resaltó que, como se está proponiendo un alza de 14% del ingreso básico en un periodo de cuatro meses, considerando que el monto actual de $350 mil empezó a regir a partir del 1 de enero de este año, «según la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Central, en ese periodo de tiempo la inflación acumulada andaría en 2,8%, entonces, si a ese 14,5% le restas el 2,8%, te da un incremento en términos reales del salario de 11,5%. Es muy difícil, por no decir imposible, que la productividad laboral crezca el 11,5%».
Es más, acusó que en «en periodos tan breves de tiempo, lo más probable es que la productividad laboral no crezca casi nada, o crezca muy poco. Entonces por eso lo que se espera, y por eso es que se ha alertado bastante, es que esto generaría un daño sobre la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, particularmente en los sectores de jóvenes y las personas con menores niveles educacionales».
Así las cosas, el economista puntualizó en, al menos en el corto plazo, «resolver el problema social que genera el salario mínimo, tiene que ver con, a mí juicio, reajustar el salario mínimo en base a inflación más crecimiento de la productividad laboral, y eso complementarlo con una mejora radical al subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado, que corrija por cargas familiares y que el monto del subsidio sea tal que la fórmula de cálculo permita siempre asegurar que se supere la línea de la pobreza».
Asimismo, remarcó «hay que empezar desde ya a implementar ese tipo de reformas estructurales, eso es clave, porque eso mismo daría buenas señales de que hay una intención de mejorar los problemas estructurales y que las promesas de campaña se realicen de una manera tal que minimicen los impactos negativos que esto pueda tener en el empleo».
En ese sentido, Bergoeing sostuvo que, bajo el contexto actual, «es particularmente importante la gradualidad y el complemento de políticas en un momento de bajo crecimiento como el que está enfrenando el mundo y Chile en particular».
«Es particularmente importante la gradualidad y el complemento de políticas en un momento de bajo crecimiento como el que está enfrenando el mundo y Chile en particular»
Raphael Bergoeing, presidente de la CENP
Y ejemplificó «tú podrías hacer una reducción no de las 5 horas, pero de menor cuantía en un primer momento, esperar y luego al año evaluar qué impacto tuvo, en qué tipo de trabajadores, y en qué tipo de sectores, para ir calibrando la necesidad de tener otras herramientas que vayan suavizando los efectos negativos, y permitan que el sector productivo se vaya adaptando a esta nueva realidad».
Pero, ¿cómo mejorar la productividad? Según el titular de la CNEP, considerando las habilidades laborales y los niveles de educación técnico-profesional en el país, lo fundamental es «mejorar la capacidad de ser más productivo y adaptarse para aprovechar las tecnologías a favor del trabajo, y no para ser sustituido, sino que para complementar a las personas con las máquinas es la capacitación, y la capacitación es un tema que tiene que ser permanente».
De hecho, Cox mencionó que, dado que esta se explica por la acumulación del capital humano y la innovación tecnológica, en el corto plazo se podría impulsar «importando nuevas tecnologías y formas de uso del capital físico y humano. Para ello es clave el esfuerzo que se hace desde la inversión».
Fuente: Emol economía, marzo 22 de 2022