Informamos que el 16 de mayo de 2022, entró en vigencia el Acuerdo de Integración Comercial entre Ecuador y Chile, que también será conocido como el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 75.
Este acuerdo, que cuenta con un total de 24 capítulos, fue suscrito producto por el interés de ambos países en modernizar y profundizar la relación bilateral. Incluye disciplinas de última generación, propias de la agenda del siglo XXI y la era digital; que establecen estándares adicionales en facilitación de comercio, aspectos regulatorios, servicios, comercio electrónico, entre otras.
Además, incorporó nuevas materias con un enfoque inclusivo, tales como: género; micro, pequeñas y medianas empresas; medio ambiente; asuntos laborales; cadenas regionales y globales de valor; y encadenamientos productivos, llevando de esta manera la relación bilateral al nivel más profundo de la integración. Igualmente, ambos países avanzaron en la liberalización comercial
Compartimos con el nuevo Instrumento Comerciar, preparado con ProEcuador con varias gráficas, el enlace es:
ACUERDO DE INTEGRACIÓN REGIONAL ECUADOR – CHILE – Google Drive
Cabe destacar que la concreción de este acuerdo comerciar reafirma la voluntad de ambos países de trabajar aún más en el crecimiento comerciar bilateral y promover su diversificación de manera sostenible y sustentable.
Mayo 17 de 2022
Los sistemas de gestión a cargo de recolectar y valorizar residuos aún deben concretar acuerdos con municipalidades. A la fecha, pocas empresas están adheridas a uno de estos sistemas y actores alertan de “desinformación”.
Las metas de la Ley REP para envases y embalajes entran en vigencia en septiembre de 2023.
La entrada en vigencia de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes -segundo producto prioritario- de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) está fijada para septiembre de 2023. La carrera es contra el tiempo, afirman desde el sector, y señalan que existen una serie de retos que sortear, sobre todo, a nivel de los sistemas de gestión colectivos domiciliarios y no domiciliarios.
La Ley REP establece la creación de estos sistemas de gestión colectivos, los que estarán a cargo del reciclaje de envases y embalajes, para que las empresas importadoras y productores, logren cumplir las metas de recolección y valorización.
A la fecha, tres “Gran Sistema de Gestión Colectivo” -Gransic, que integran a 20 o más empresas- han iniciado sus trámites de autorización para operar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Representantes de los Gransic señalan que hay “incertidumbre” respecto de los plazos totales de su tramitación, a lo que se suman algunos retos, como el trabajo conjunto -hoy muy incipiente- que deberán realizar con las municipalidades del país, y con las personas para que comprendan cómo funciona la ley.
Además, Todos Reciclamos, uno de los tres Gransic, alerta que menos de un 5% de un total de 14.000 empresas se han adherido a un sistema de gestión, hasta ahora.
Los tiempos del TDLC
Para que un sistema colectivo reciba la autorización para funcionar, pasa por cuatro etapas clave: su conformación, la tramitación para operar en el TDLC, la revisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de su plan de gestión -el cual deberá ser presentado en septiembre de este año- y la inscripción legal de la empresa de gestión de residuos.
El primero en iniciar los trámites fue ReSimple, sistema de gestión de residuos domiciliarios y no domiciliarios, al alero de AB Chile -gremio de alimentos y bebidas- que ingresó al Tribunal en abril de 2021.
Isidro Pereda, gerente de proyecto de ReSimple, cuenta que tuvieron su audiencia final con el TDLC en marzo de este año, etapa que podría “demorar seis meses en tener un veredicto, y que depende netamente del tiempo que se tome en la revisión de todos nuestros antecedentes”.
Frente a una posibilidad de prórroga, indica que están expectantes a lo que vaya ocurriendo en el proceso. “El decreto de metas de envases y embalajes se publicó en marzo y en abril entramos con toda la documentación al TDLC, porque de lo contrario no llegábamos con los plazos. Sabíamos que este proceso puede tomar hasta 15 meses”, dice.
En el caso de TodosReciclamos, de la francesa New Hope Ecotech, la situación ha sido similar. Rodrigo Sagaceta, líder estratégico de la firma y coordinador del Gransic de residuos domiciliarios, señala que el sistema de gestión comenzó su tramitación en enero de este año.
Hoy están a la espera de la fecha de audiencia pública para continuar avanzando en lo jurídico, sobre la cual Sagaceta dice que “hay que respetar los tiempos del Tribunal. Hay distintos procedimientos internos, el aporte de antecedentes ya terminó y no podemos acelerarlo. Consideramos que estamos bien con los tiempos”.
En la misma etapa está ProREP, Gransic de residuos no domiciliarios constituido en febrero pasado por la alemana RIGK.
Pedro Álamos, gerente de ProREP, cuenta que han visto retrasos. “Estamos bastante ajustados, pero creemos que vamos a llegar. Dependemos del TDLC. Al final el trabajo no depende 100% de nosotros, lo que nos da un poco de incertidumbre”, explica.
Al respecto, el MMA no tiene en sus planes realizar una prórroga de plazos. “Una prórroga requeriría modificar los decretos supremos, y lo que queremos como Ministerio es que la ley se aplique lo antes posible”, señala el jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Saieg.
Municipalidades y comunidad
Una arista importante de la Ley REP será la aplicación de la legislación en la práctica. En el caso de los residuos domiciliarios de envases y embalajes, esto se relaciona con el trabajo que los Gransic desarrollen con las municipalidades.
Sagaceta cuenta que “nos vamos a acoplar al trabajo que los municipios ya vienen desarrollando, porque hoy no podemos llegar y entrometernos. Hay convenios que se van a establecer con ellos, y estos van a poder decidir cuáles sistemas de gestión ingresan a su territorio. Entre diciembre y enero de 2023 pretendemos tener definidos a los municipios con los que trabajaremos”.
Otro reto que prevén para el próximo año es el trabajo con las comunidades.
Desde ReSimple, Pereda dice que “la participación de la persona es crítica. Los pilotos que hemos hecho en distintas comunas han arrojado que las tasas de participación de reciclaje llegan hasta el 50%-60%, y las tasas de rechazo bordean el 10% e incluso han llegado al 30%”.
“Para llegar a las metas, necesitamos que sobre el 75% de la gente recicle y que las tasas de rechazo estén por debajo del 15%”, sostiene Pereda.
Para Sagaceta, lo que se vendrá será “una etapa mucho más activa” en cuanto al reciclaje. “Antes estábamos hablando solo de empresas, 2022 va a terminar este tema, y va a empezar todo lo que es el vínculo con los municipios, cómo llegamos al ciudadano, cómo a través del municipio vamos a informar, por lo que será clave un trabajo educacional de por medio”, argumenta.
Retraso en empresas
De acuerdo a los tres Gransic, la incorporación de las empresas a los sistemas de gestión ha estado marcada por la “desinformación y lentitud” en el proceso.
Frente a esta situación, los Gransic han tomado la iniciativa de apoyar a las firmas a través de capacitaciones, asesorías gratuitas y difusión de información para que comprendan los plazos y sepan quiénes son los afectados por la Ley REP.
En el caso de ReSimple, “hemos estado ayudando a las empresas para que sepan qué es lo que deben tener levantado para entrar a un sistema de gestión, que es una tarea que puede tomar entre dos a tres meses. Hay muchas que aún no saben que están afectas a la ley o que no entienden bien de qué trata”.
Sagaceta menciona que “las empresas tienen que entender que ahora van a tener que cuantificar e identificar las materialidades. Lógicamente va a haber un porcentaje importante que va a quedar fuera del proceso por desinformación. A ellos se les denomina free riders, y van a ser multados”.
En el caso de los residuos no domiciliarios, ProREP también detecta dificultades. “Nosotros tenemos solo 36 empresas, pero son miles las que debiesen hacerlo. Hay una desinformación muy grande y en el fondo creemos que muchas se van a sumar al final. Además, creen que esta ley se va a aplazar o que habrá como una especie de marcha blanca, lo que no es así”, afirma Álamos.
Fuente: Diario Financiero, mayo 17 de 2022
ASIMET a Corfo: Urge activar política industrial que prometió el Gobierno para dinamizar la economía
En reunión con el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente, el gremio solicitó acelerar la puesta en marcha del Banco de Desarrollo, para que el Estado participe directamente en asociaciones público-privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadoras que generen más y mejores empleos y fortalezcan el tejido productivo.
Generar más y mejores empleos, e impulsar nuevas y más diversas actividades que vayan fortaleciendo el tejido productivo, las capacidades de desarrollo y la identidad de cada territorio son algunos de los objetivos de la estrategia que elaboró ASIMET para dinamizar la economía a través del sector industrial, y que hoy presentó a la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.
Durante la reunión sostenida con el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente, el gremio le planteó la urgencia de fomentar asociaciones público-privadas en innovaciones tecnológicas para estimular la inversión y alinear objetivos.
“Chile sostiene un nivel de venture capital que es impropio de sus ingresos per cápita. Para avanzar hacia mayores niveles de innovación se debería repensar el conjunto de herramientas de fomento y financiamiento de empresas de este tipo. Concretamente, le solicitamos a Corfo la más pronta puesta en marcha del Banco de Desarrollo para que el Estado pueda participar directamente en asociaciones público-privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadoras y alineadas con los objetivos de una Estrategia Industrial”, sostuvo Arrigoni.
El gremio propuso también a la agencia de Gobierno mejorar los incentivos para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo, a través de medidas como la ampliación del tope de crédito tributario, beneficios adicionales a las pymes, mejora en la recolección de información de I+D, tratamiento de crédito de I+D en empresas vendidas con pérdidas, entre otros elementos.
“Todas las propuestas que planteamos en nuestra Estrategia Industrial que estamos presentando a las distintas autoridades están enfocadas y conversan con el objetivo que se planteó este Gobierno de poner en marcha una nueva política industrial para Chile. Como gremio queremos aportar en este proceso y, en ese contexto, solicitamos al Gobierno acelerar la marcha para poder avanzar de manera concreta hacia ese objetivo”, concluyó Arrigoni.
En junio se deberán renovar más de 3 millones de estos seguros obligatorios. La mantención de la alerta sanitaria en el país es un factor clave en la suscripción de las pólizas.
En junio se termina el primer año de cobertura de los seguros obligatorios Covid-19 que fueron contratados por las empresas en pandemia a sus trabajadores. La situación ha generado una serie de dudas y consultas al interior de las gerencias de recursos humanos respecto de la renovación de esta póliza, considerando la mejor situación sanitaria que enfrenta el país actualmente.
La póliza es conocida como el SOAP de los seguros de salud y fue una de las medidas que activó el gobierno anterior para enfrentar la pandemia, implementada a través de la Ley Nº 21.342.
Según datos del sitio web comparaonline.cl, el costo de las pólizas varía entre los $ 7.439 y los $ 12.279. Para este proceso de renovación, en el mercado esperan que los precios caigan.
Según fuentes del mercado asegurador, las consultas de las empresas sobre la renovación de esta póliza se multiplican a medida que se acerca su término.
“Observamos un interés en los empleadores por entregar protección y bienestar a sus colaboradores a través de esta solución. Por su parte, los colaboradores también se muestran interesados en el beneficio que conlleva este seguro, pues significa poder resguardarse frente a una eventualidad en la que podrían incurrir en grandes gastos médicos, incluso en caso de fallecimiento”, comenta el gerente de vida y salud de Seguros Sura, Fernando Herrera.
Sin embargo, entre los empleadores no existe claridad respecto de los pasos a seguir respecto del proceso de renovación, ya que la contratación del seguro está ligada a la alerta sanitaria que se encuentra vigente y que fue renovada por el Ministerio de Salud el 28 de marzo, hasta el próximo 30 de septiembre.
“Las empresas están preguntando qué pasa con el seguro, cuánto va a costar. No todas tienen conocimiento y claridad de la extensión de la alerta sanitaria y, por lo tanto, casi accidentalmente se han ido informado, cuando colocan una nueva póliza del seguro al contratar a un trabajador”, dice un alto ejecutivo del sector.
Actualmente, existen casi 6.400.000 pólizas de este tipo contratadas, pero en junio, serán cerca de 3.177.000 las que deberán ser renovadas, es decir, un 50% del total.
La ley estableció que el seguro obligatorio Covid-19 lo deben suscribir los empleadores para todos los trabajadores contratados en el sector privado, sujetos al Código del Trabajo, y que estén llevando a cabo labores presenciales, de manera total o en formato híbrido.
El producto cubre gastos hospitalarios derivados del coronavirus y, además, trae aparejado un seguro de vida en caso de fallecimiento asociado al Covid-19 por un capital de UF 180 ($ 5.829.791).
Y pese a que la alerta sanitaria termina el 30 de septiembre los seguros mantendrán su cobertura por un año. Cuando acabe la alerta, solo se terminará la obligatoriedad de los empleadores de suscribir el contrato.
¿Precios a la baja?
Hasta ahora, 16 compañías de seguros comercializan el seguro obligatorio Covid-19, entre las que se encuentran 10 firmas de vida y seis generales.
Según datos del sitio web comparaonline.cl, el costo de las pólizas varía entre los $ 7.439 y los $ 12.279. Para este proceso de renovación, en el mercado esperan que los precios caigan.
“Lo que se puede decir es que las compañías esperan un precio menor que el año pasado, por razones obvias. Hoy, el escenario es muy distinto, porque pese a que se ha registrado un alza de casos en las últimas semanas, la situación sigue siendo sustancialmente mejor que al año pasado a esta misma fecha, entonces, la probabilidad de riesgo para las aseguradoras es menor”, comenta un ejecutivo del sector.
La experiencia de las compañías
La implementación del seguro Covid-19 fue un desafío para el negocio asegurador, ya que la ley se tramitó en pocos días, obligando a las compañías a actuar con rapidez.
“Las compañías necesitaron un proceso de back office bastante robusto, para que la colocación y la gestión de esta póliza operara en forma exitosa. El año pasado eso no ocurrió en un principio, hubo muchas dificultades, porque la política que originó el seguro fue muy rápida. Las compañías tuvieron que hacer esfuerzos para poder montar sus sistemas en un muy corto plazo”, señala el gerente de vida y salud de la corredora de seguros Gallagher Chile, Raúl Ossandón.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude, apunta que las firmas ya cuentan con un mayor nivel de experiencia en el seguro para llevar adelante un proceso expedito de renovación.
“Las compañías de seguros tienen todo un año de experiencia con el producto y ya desarrollaron los sistemas. Además, tienen una experiencia de siniestros que les permitirá afinar bastante más la puntería respecto de cuál será la oferta a los empleadores”, dice.
Fuente: Diario Financiero, mayo 11 de 2022
Según un estudio elaborado por Cipem este indicador ha aumentado en 11,3% en aquel grupo etario, siendo superior en el caso de las mujeres en comparación con los hombres.
El mercado laboral del país se ha visto afectado producto de la pandemia, siendo las personas mayores uno de los grupos más impactados a nivel nacional. Según un informe del programa Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem) de la Facultad de Gobierno de la UDD y Caja Los Héroes, para el trimestre enero – marzo del año 2022 los trabajadores informales mayores a 55 años aumentaron en 63.283 (11,3%) respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el análisis de Cipem, en Chile la informalidad laboral es superior en el caso de las mujeres de 55 años con un 37,8%, en comparación con el 33,9% de hombres del mismo grupo etario. Respecto al tipo de trabajo que desempeñan aquellas personas, se puede observar que 58,9% de estos trabajadores lo hacen en labores por cuenta propia. En segundo lugar, están aquellas personas mayores que son asalariadas, donde el 31,5% está en esa situación.
Con respecto a la tasa de informalidad a nivel regional, Los Ríos se posiciona como la zona con mayor porcentaje de personas mayores de 55 años que trabajan en situación de informalidad, específicamente el 46%. Por otra parte, la Región de Magallanes es la zona con menor informalidad de adultos mayores con 27,7%.
En esa línea, la gerenta Comercial de Los Héroes, Soledad Masalleras, recalca que “la incorporación del talento mayor tiene múltiples ventajas para las empresas, como la experiencia, capacidad de toma de decisiones, habilidades para formar equipos, calidad de atención, entre otras. Por eso, para promover oportunidades de acceso al mercado laboral a quienes se encuentren en búsqueda de empleo, lanzamos junto a Asimet y Sence un proyecto de vinculación laboral orientado a conectar las destrezas e intereses de personas mayores de 55 años, con las necesidades de contratación de las empresas adheridas a esta iniciativa”.
Por otra parte, el número de personas mayores de 55 años trabajando aumentó en 125.288 comparado con el mismo trimestre del año pasado. La tasa de ocupación en el segmento representa el 37,4%, es decir, 4,8 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre en el año 2020 y 6,9% menos que el 2019. Mientras que comparado al año 2021 hay un aumento en la ocupación de 1,6%.
La Región de Aysén es la que cuenta con un mayor porcentaje de personas mayores de 55 años ocupadas, con un 56,6%. En tanto, la Región de Los Lagos tiene el menor porcentaje de ocupados con un 30,9% de ocupación.
Según estimaciones del INE, en Chile hay 3.598.554 personas mayores de 55 años, de las cuales 39,4% (1.862.948) participan del mercado laboral y 37,4% (1.768.159) que se encuentran con trabajo. En el año 2019, los ocupados representaban un 44,3% (1.893.332) del total de personas mayores de 55 años, mientras que en 2020 la cifra alcanzaba 42,2% (1.872.995). En el peor momento laboral de la pandemia (trimestre mayo-julio de 2020) el porcentaje de ocupados mayores de 55 años disminuyó a 32,2% (1.445.398). Si bien en el trimestre actual se puede observar una recuperación con respecto al año 2020, aún dichas cifras están bajo los niveles previos a la pandemia.
Qué es CIPEM
El Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM) es una instancia impulsada por la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación Los Héroes que busca generar conocimiento en ámbitos que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, apuntando a ser un aporte a la creación de políticas públicas y a la generación de herramientas que impacten positivamente en temas como salud, transporte, empleo, situaciones de dependencia o recreación, entre otros.
- La compañía de soluciones integrales en gases y soldaduras del Grupo Air Products dio un vuelco a la pérdida de cerca de un 12% del acero para procesos de soldadura.
- La iniciativa fue posible gracias a una alianza con AZA y parte de los rechazos que provienen de sus operaciones.
Un tremendo paso en materia de reciclaje está dando la Planta de Electrodos de Air Products-Indura en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Cerrillos, gracias a la creación de un sistema de segregación de los residuos de acero para la industria de soldadura en dichas dependencias, sumadas a otros residuos metálicos del emplazamiento.
La iniciativa comenzó dada la necesidad de reincorporar cerca del 12% del acero comprado al proceso de soldadura, el que estaba siendo eliminado; el equipo de la planta de Indura busque de esta perdida y se elija encontrar una solucion. Así lo explica Mauricio Ibarra, gerente de Desarrollo y Producción de Soldadura de la compañía, quien detalla que junto con esto, “nos contactamos con AZA, una de las mayores empresas productoras de acero en Chile, para determinar si podrán reciclar estos tipos de rechazos metálicos, lo que dio un resultado positivo luego de todo un proceso de evaluación”, pues “entre posibles destinatarios optamos por esta empresa por ser de las más idóneas y por el proceso de segregación que acarrea”, argumenta.
Gracias a lo anterior, “ahora somos capaces de reciclar más de 200 toneladas anuales de acero, tanto provenientes de nuestra planta de electrodos y de otros residuos provenientes de nuestro Centro Técnico Indura-CETI y de procesos de cilindros”. “Si bien hace años reciclamos algunos materiales, ahora podemos ser más estrictos en segregar y reincorporar esos residuos como materia prima, generando un mayor porcentaje de material”, destaca Ibarra.
Entonces, lo novedoso de esta alianza es que Air Product-Indura tiene un destinatario de residuos que, a la vez, le da parte de la materia prima para producción de electrodos, lo que crea un efecto de economía circular. Para que esto sea óptimo, “nuestra labor es entregarles un producto estándar, acorde a los procesos de AZA, pues su insumo principal es la chatarra ferrosa y debe cumplir con la calidad de sus procesos”, aclara el gerente de Desarrollo y Producción de Soldadura .
Por su parte, Juan Greibe, gerente de Compras Metálicas de Aceros AZA señala que “la alianza con distintas empresas de los sectores industriales, minería y construcción, permite acceder a material de alta calidad y que cumple con los estándares exigidos por nuestro patio de chatarra y acería en la elaboración de acero verde, para la fabricación de barras de refuerzo para hormigón, perfiles, Saferock y alambrón”.
El ejecutivo destaca que para la empresa esto es de gran importancia, “pues mientras mayor sea la calidad de la chatarra recibida, más eficiente es el proceso de reciclaje y esto conlleva un menor uso de energía y, por lo tanto, permite seguir disminuyendo nuestra huella de carbono, la que ya es la más baja de la industria siderúrgica nacional”, argumenta. “Aceros AZA está totalmente comprometido con el modelo de economía circular, pues consideramos que éste es el camino correcto para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050; por lo tanto, concretar alianzas que permitan establecer economía circular, como el principal modelo económico y productivo, es fundamental; hay que continuar con este esfuerzo”, enfatiza.
Exigir en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países el cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de calidad, para competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros, es una de las diez propuestas que contiene la Estrategia Industrial que elaboró ASIMET para potenciar a ese sector de la economía, y que fue presentada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un encuentro realizado en la sede de la cartera.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señaló que el programa del actual Gobierno tiene reformas profundas, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo. “Estas iniciativas generan pérdidas de competitividad para la industria nacional, que implican competir en desventaja respecto de productos industriales de otros países. En ese contexto, existe un espacio importante para aumentar el cumplimiento de normas por parte de nuestros competidores extranjeros”, sostuvo.
El dirigente gremial agregó que, al armonizar las exigencias regulatorias, los competidores foráneos tendrían que cumplir los mismos estándares que se les solicitan a los productos nacionales, lo que mitigaría potenciales efectos negativos en la producción y el empleo del país.
ASIMET le planteó también al ministro Marcel la posibilidad de potenciar el trabajo que realiza actualmente la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP): “Hay un claro espacio para potenciar a esta institución entregándole dotación propia, recursos para realizar las investigaciones por denuncias de dumping y una ventana de tiempo más razonable que la actual para la aplicación de sobretasas establecidas”, acotó Arrigoni.
Al respecto, agregó que un buen referente en este tema puede ser la Comisión Australiana, donde la investigación incluye visitas de los reguladores a las instalaciones para verificar la denuncia y la información proporcionada. “En el caso de Australia, las medidas antidumping tienen una duración de cinco años, a diferencia de la legislación chilena donde estas medidas rigen por doce meses”, explicó el dirigente gremial.
Subsecretaría de la Industria
La Estrategia Industrial de ASIMET contiene diez propuestas clave para que este sector avance en competitividad, entre las que destacan redefinir la categorización de las pymes, duplicando los límites de ventas actuales; la depreciación de 150% sobre modernización de maquinaria manufacturera y productos tecnológicos, y la creación de una Subsecretaría de la Industria.
“Estamos en una oportunidad histórica para la industria chilena. El crecimiento potencial de Chile es inferior al 2% y con eso no se va a poder cumplir ningún objetivo de recaudación ni tampoco se podrán hacer las transformaciones sociales para mejorar la calidad de vida de los chilenos, señaló Arrigoni.
Agregó que tanto la pandemia como la guerra en Ucrania “han dejado de manifiesto la importancia que tiene para los países el poder contar con una industria manufacturera fuerte. Estos escenarios no han hecho sino evidenciar la necesidad de bajar la dependencia a las importaciones, y para ello se necesitan políticas para la industria productiva que incentiven su desarrollo”.
Finalmente, el presidente de ASIMET destacó la importancia de que este plan que le presentaron al ministro de Hacienda cuente con una contraparte en el Gobierno para que articule su ejecución: “Este tipo de estrategias no pueden quedar huérfanas, tienen que ser apadrinadas por una institución de Gobierno, es por eso que, para nosotros, la creación de una Subsecretaría de la Industria es clave para el éxito de este programa”, concluyó.
En reunión con el ministro Mario Marcel, el gremio señaló que proyecto de rebaja de jornada laboral y aumento del salario mínimo dejan al sector manufacturero en una condición de desventaja respecto de productores externos, que no están obligados a cumplir la normativa nacional.
Exigir en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países el cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de calidad, para competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros, es una de las diez propuestas que contiene la Estrategia Industrial que elaboró ASIMET para potenciar a ese sector de la economía, y que fue presentada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un encuentro realizado en la sede de la cartera.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señaló que el programa del actual Gobierno tiene reformas profundas, como como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo. “Estas iniciativas generan pérdidas de competitividad para la industria nacional, que implican competir en desventaja respecto de productos industriales de otros países. En ese contexto, existe un espacio importante para aumentar el cumplimiento de normas por parte de nuestros competidores extranjeros”, sostuvo.
El dirigente gremial agregó que, al armonizar las exigencias regulatorias, los competidores foráneos tendrían que cumplir los mismos estándares que se les solicitan a los productos nacionales, lo que mitigaría potenciales efectos negativos en la producción y el empleo del país.
ASIMET le planteó también al ministro Marcel la posibilidad de potenciar el trabajo que realiza actualmente la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP): “Hay un claro espacio para potenciar a esta institución entregándole dotación propia, recursos para realizar las investigaciones por denuncias de dumping y una ventana de tiempo más razonable que la actual para la aplicación de sobretasas establecidas”, acotó Arrigoni.
Al respecto, agregó que un buen referente en este tema puede ser la Comisión Australiana, donde la investigación incluye visitas de los reguladores a las instalaciones para verificar la denuncia y la información proporcionada. “En el caso de Australia, las medidas antidumping tienen una duración de cinco años, a diferencia de la legislación chilena donde estas medidas rigen por doce meses”, explicó el dirigente gremial.
Subsecretaría de la Industria
La Estrategia Industrial de ASIMET contiene diez propuestas clave para que este sector avance en competitividad, entre las que destacan redefinir la categorización de las pymes, duplicando los límites de ventas actuales; la depreciación de 150% sobre modernización de maquinaria manufacturera y productos tecnológicos, y la creación de una Subsecretaría de la Industria.
“Estamos en una oportunidad histórica para la industria chilena. El crecimiento potencial de Chile es inferior al 2% y con eso no se va a poder cumplir ningún objetivo de recaudación ni tampoco se podrán hacer las transformaciones sociales para mejorar la calidad de vida de los chilenos, señaló Arrigoni.
Agregó que tanto la pandemia como la guerra en Ucrania “han dejado de manifiesto la importancia que tiene para los países el poder contar con una industria manufacturera fuerte. Estos escenarios no han hecho sino evidenciar la necesidad de bajar la dependencia a las importaciones, y para ello se necesitan políticas para la industria productiva que incentiven su desarrollo”.
Finalmente, el presidente de ASIMET destacó la importancia de que este plan que le presentaron al ministro de Hacienda cuente con una contraparte en el Gobierno para que articule su ejecución: “Este tipo de estrategias no pueden quedar huérfanas, tienen que ser apadrinadas por una institución de Gobierno, es por eso que, para nosotros, la creación de una Subsecretaría de la Industria es clave para el éxito de este programa”, concluyó.
La semana pasada realizamos la segunda sesión del Comité regional Los Lagos en Hotel cumbres de Puerto Varas, ocasión en donde asistieron representantes de las empresas socias: B. Bosch S.A., Asociación Chilena de Seguridad, Galvanizadora y Metales S.A., Küpfer Hermanos S.A, Linde Gas Chile S.A, Otero y Domínguez Ltda., Salomón Sack S.A., Caja Compensación los Héroes, Indura S.A., Formac S.A. y representantes de empresas del sector y servicios asociados como Akva Group Chile S.A., Constructora Austral Spa y el astillero Sitecna S.A.
Este encuentro tuvo como objetivo oficializar la creación del Comité regional ASIMET Los Lagos, para potenciar el desarrollo industrial de la región y abordar temas de interés local para las empresas del sector.
Durante la reunión, Gerente General de ASIMET, Marcelo Fuster, realizó una presentación con el resumen de las actividades gremiales más relevantes durante los últimos dos periodos y los servicios que Asimet entrega a los socios a nivel nacional.
“Estamos muy satisfechos de la respuesta de las empresas en esta segunda reunión, que como ha sido en otras regiones, sin lugar a dudas serviría para unir a las empresas y a su vez dar mayor representatividad a nuestro gremio”, expresó el gerente general de ASIMET.
Reuniones con Autoridades
Otra actividad realizada en la región fue la una reunión con el Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) Los Lagos, Mauricio Lagos, quien en una grata conversación con nuestros representantes nos comentó sobre su plan de trabajo con énfasis en los temas de capacitación, empleo y mejores expectativas laborales para toda la comunidad de la zona.
Continuando con las visitas a las autoridades de la región, nuestro gerente general, Marcelo Fuster, se reunió con Viviana Godoy Toledo, Administradora Regional de Los Lagos y Gloria González Sáez, Asesora Estratégica del gobernador Regional, para delinear el trabajo en conjunto de ASIMET en la región
Visitas a nuevas empresas
Además de la reunión, el Gerente General de Asimet A.G., Marcelo Fuster y la Jefa de Servicios Gremiales de Asimet Biobío, Alejandra Bilbao, visitaron la empresa Akva Group Chile en la cual recibieron un recorrido por sus instalaciones acompañados por el Gerente Comercial, Christian Stange y el Gerente de Operaciones Claudio Bacigalupo.
El grupo AKVA, con sus más de 45 años de historia, está presente en todos los mercados con oficinas en Noruega, Chile, Dinamarca, Escocia, España, Grecia, Islandia, Canadá, Australia y Turquía, es un proveedor líder mundial en abastecimiento de jaulas metálicas de acero y por su moderno sistema de alimentación denominado Akvasmart CCS, el cual está diseñado para soportar más de 40 líneas de alimentación, funcionando en paralelo en más de 1000 jaulas/estanques. También, ofrecen soluciones y servicios que optimizan la producción y permiten una industria acuícola sostenible, rentable y segura.
Finalizando la visita a la región de Los Lagos, representantes de ASIMET se reunieron con Manuel Bagnara, Gerente General de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (ARMASUR A.G.), quien nos comentó acerca del funcionamiento del gremio y su interés de tener una cooperación mutua en temas relevantes para ambas empresas asociadas a dichos gremios.
En la ocasión, Marcelo Fuster aclaró que “todo trabajo en conjunto es bien recibido, siempre y cuando las empresas asociadas puedan recoger los esfuerzos de dicha acción, en ASIMET nos encontramos en una fuerte campaña para fidelizar a nuestras empresas socias y reforzar nuestra presencia en todo Chile, ya hemos visitados las regiones de Atacama, Valparaíso, Biobío y Los Lagos, y esperamos seguir recorriendo todo el territorio nacional antes del término del 2022.
Presidente Boric autorizó que el REL entre plenamente en vigencia en junio de 2023. La idea es dar tiempo a mejoras a la plataforma.
El Registro Electrónico Laboral (REL) se ha transformado en un dolor de cabeza para las empresas. Intermitencia del sistema, imposibilidad para subir información de manera masiva y caída de la plataforma, son algunos de los problemas que han observado en estos meses algunas firmas y sus áreas de recursos humanos, quienes -producto de la Ley de modernización de la Dirección del Trabajo- han debido publicar en la plataforma web del servicio (Portal Mi DT) una serie de antecedentes laborales.
Contratos, pactos especiales, registro de asistencia, contratos colectivos, comités paritarios, son algunos de los documentos e informaciones que los empleadores deben registrar en la plataforma de acuerdo a lo consignado en un cronograma.
Según un informe que analizó los problemas de la plataforma, entre 2019 y 2020 no se planificaron las acciones para preparar y mejorar la infraestructura y el sistema digital de forma de atender el aumento en la carga de transacciones que se pronosticaba.
Pero, debido a los inconvenientes que el sistema ha mostrado, a los empleadores se les ha hecho difícil cumplir con los plazos iniciales para registrar la información.
Las complejidades
La dificultad de la tarea de subir datos se vio graficada en un informe de diagnóstico que recientemente elaboró el servicio -ahora bajo la administración el nuevo director, Pablo Zenteno- y que fue enviado al Ministerio del Trabajo.
En dicho escrito, se explica que la causa principal de la gran mayoría de los problemas técnicos que provocan las intermitencias en los servicios digitales del servicio, es principalmente el dimensionamiento insuficiente, “ya que no se planificaron entre el 2019 y el 2020 las acciones necesarias tendientes a preparar y mejorar, tanto la infraestructura ni tampoco el sistema digital, para poder dar cuenta del aumento en la carga de transacciones que se pronosticaba una vez que el Portal MiDT entrara en completa operación”.
A modo de ejemplo, en un inicio cada registro en el Libro de Remuneraciones tomaba seis minutos en procesarse. Tiempo de carga que si bien se mejoró con posterioridad, siguió siendo insuficiente debido a otros problemas de la plataforma.
Por estas razones, Zenteno decidió solicitarle al Ministerio del Trabajo y al mandatario, Gabriel Boric, prorrogar los plazos.
“Esto no significa que estemos postergando la modernización de la Dirección del Trabajo, estamos muy de acuerdo con avanzar hacia la modernización, pero nos dimos cuenta que no están las condiciones para ello en la infraestructura tecnológica”, explica Zenteno.
De acuerdo a lo autorizado por el mandatario, el registro de las informaciones en cuestión -a excepción de los contratos de trabajo cuyo plazo no puede modificarse ya que quedó consignado directamente en la Ley de modernización-, entrará a regir en un plazo de 20 meses desde que se publicó el decreto con el reglamento que determinó los documentos que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el portal de la DT.
En resumen, el REL entrará plenamente en vigencia en junio de 2023.
“Hoy no tenemos la capacidad para atender a los usuarios. Entonces, lo que esperamos es ganar este tiempo, preparar la plataforma, mejorarla, solucionar los problemas identificados”, explicó Zenteno.
Fuente: Diario Financiero, mayo 3 de 2022