Constitución, reforma tributaria y PYME: los focos de acción de los candidatos al consejo industrial
Joaquín Cruz, gerente general de Abastible, Katia Trusich, directora de Aguas Andinas y Eugenio Arteaga, gerente general de Elecmetal, delinearon el rol que debe tomar el gremio en estos temas.
Hasta el próximo 12 de mayo, a las 12 del día, las empresas socias de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) podrán votar electrónicamente por los nuevos nombres que quieren que se sumen al consejo electivo del gremio, el cual debe renovar a 30 de sus 60 consejeros.
Además de mantener y fomentar la participación de Sofofa en las discusiones de políticas públicas, los candidatos han mostrado una especial preocupación por temas como la nueva Constitución, el debate tributario y el emprendimiento, temas en los que buscan aportar desde su experiencia empresarial.
El aporte del gremio
“Tener un texto constitucional, que por una parte consagre los valores y principios que nos unen como sociedad y, por la otra, el respeto a las libertades y la garantía de participación del mundo privado en las actividades productivas es un objetivo clave de este proceso constitucional”, comenta Katia Trusich, directora de Aguas Andina.
Para ella, la nueva carta fundamental debe hacerse cargo de temas emergentes como los nuevos desafíos del planeta, el cambio climático, la inclusión y la revolución digital “que está impactando la actividad social, empresarial y la formación de las nuevas generaciones”.
“Sofofa debe seguir participando activamente en el debate público, aportando evidencia de la contribución de sus socios”.
Katia Trusich, directora de Aguas Andinas.
“Hoy nos encontramos en un momento donde se requiere con urgencia volver a potenciar el crecimiento”.
Joaquín Cruz, gerente general de Abastible.
“El rol de la Sofofa es en primer lugar reposicionar y resignificar el aporte positivo de las empresas”.
Eugenio Arteaga, gerente general Elecmetal.
Con relación al tema tributario, desde su punto de vista y, como primer punto, es de especial relevancia definir en qué se utilizarán los recursos. Como segundo tema, dice, se debe exigir que aquellos recursos que hoy están disponibles “sean usados de manera eficiente y, en tercer lugar, abrirse a modificaciones tributarias sostenibles, que también incentiven actividades económicas, a la vez que permitan proyectar adecuadamente las inversiones en el tiempo”.
Una lectura similar entrega el gerente general de Elecmetal, Eugenio Arteaga. Para él, en este contexto, el rol de la Sofofa es, en primer lugar, reposicionar y resignificar “el aporte positivo de las empresas impulsando políticas públicas que les permitan ser un real aporte al país, generando más y mejores empleos, más y mejores productos y servicios y más bienestar y desarrollo”.
A su juicio, también es relevante trabajar en fomentar buenas prácticas empresariales y lograr un compromiso con el desarrollo sostenible “en un ambiente de libre y leal competencia”.
Con respecto al debate constitucional, su posición es clara: “El gremio debe hacer ver la realidad y puntos de vista de las empresas, tanto grandes como PYME, frente a los redactores de la nueva propuesta constitucional, del Gobierno y del Congreso, de manera que el marco resultante de estos procesos de reforma no solo permita, sino que incentive el desarrollo de las empresas”.
En el terreno de la reforma tributaria, Arteaga plantea que la mejor forma de aumentar la recaudación “es fomentar el crecimiento a través de la inversión de las empresas. Estoy convencido que no es posible lograr una sociedad exitosa, desarrollada y de bienestar sin un sector empresarial pujante”.
Para el gerente general Abastible, Joaquín Cruz, el emprendimiento y el desarrollo de las empresas de menor tamaño es otro aspecto clave en el cual el gremio debe involucrarse.
“Nuestra institucionalidad está al debe con el fomento del emprendimiento. Ejemplo de ello, es que actualmente una de cada tres PYME muere antes de los tres años en Chile y esto se produce porque no cuentan con fuentes de financiamiento, les faltan herramientas de gestión, tienen problemas para competir, para poder crecer y mantenerse”, dice Cruz.
Desde su perspectiva, es “indispensable” que se reconozca a las PYME como el motor del desarrollo social y económico de Chile, “y base para alcanzar una sociedad más digna, solidaria y respetuosa donde prime la confianza. Desde la Sofofa me gustaría que esta cruzada convoque a entidades públicas y privadas, a todas las comunidades y las personas del país”, plantea el ejecutivo.
Fuente: Diario Financiero, mayo 05 de 2023
Inversión ejecutada en grandes proyectos profundiza desaceleración y cae más de 6% al cierre de 2022
Según la CBC, el resultado se explica porque hay varias iniciativas en fase final de obras o terminadas, así como una menor reposición. Industria, minería, energía e inmobiliario incidieron en la merma.
La economía chilena cerró el 2022 e inició el 2023 en una franca curva descendente, acumulando dos trimestres consecutivos de contracción anualizada del Producto Interno Bruto (PIB).
En línea con lo anterior, los distintos componentes del gasto interno en el país se han resentido, siendo uno de los principales la inversión, medida como formación bruta de capital fijo (FBCF).
Esta tendencia también permeó en el gasto realizado en grandes proyectos de inversión, tanto públicos como privados, que son seguidos trimestralmente por la Corporación de Bienes de Capital (CBC).
Acorde al organismo, en el cuarto trimestre del año pasado -dato más reciente- la intensidad de la inversión registró una caída de 6,3% respecto al mismo lapso del 2021, para totalizar US$ 4.840 millones. Respecto al tercer trimestre de 2022, la baja fue de 3,4%.
Por intensidad de la inversión la CBC se refiere a la estimación de inversión ejecutada trimestralmente en el país, según su catastro, en proyectos privados y estatales que se encuentran en la etapa de construcción. Se contempla el gasto en construcción propiamente tal (insumos, mano de obra), como en equipamiento y en otros.
Acorde al reporte trimestral, el resultado se explica por proyectos «relevantes» que se encuentran en su etapa final de inversión, tanto en obras como ya terminados, así como a una menor reposición de iniciativas de forma transversal en rubros como la industria, la minería, la energía y el inmobiliario. Solo la tecnología y las obras públicas compensaron en algo el desempeño de sus pares sectoriales.
«En ambos casos, hubo iniciativas relevantes con inicio de obras reciente y en fase de gasto creciente, que elevaron el registro», detalló la corporación.
Los sectores que explican la baja
El descenso más relevante se produjo en el sector industrial, con una contracción del gasto de un 55,8%, debido a iniciativas terminadas o en fase final de obras, como la culminación del proyecto MAPA de Celulosa Arauco en el segmento forestal.
La baja de 8,6% en la minería se debió a una mayor proporción de proyectos concluidos o en fase final de obras en relación a los nuevos ingresados al catastro.
Un 24,5% se redujo la inversión ejecutada en el sector energía, ante la menor reposición de proyectos registrado en los últimos meses.
En el sector inmobiliario hubo dos tendencias que se contraponen. En el resultado trimestral se anotó una caída de 4,9% en la intensidad de la inversión, mientras que respecto al mismo trimestre del año previo se produjo un aumento de 8,9% gracias al ingreso de nuevas inversiones al sistema.
La expansión de 2,1% en obras públicas se apoyó en el inicio de algunos proyectos, como Ampliación Planta Desaladora Norte, Construcción Nuevo Puente Ferroviario Biobío, Construcción Hospital Provincia Cordillera Puente Alto, y Reposición Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, entre otros. Esto fue compensado a la baja por algunas obras que concluyeron o que entraron en fase final de obras en el período, como Construcción Extensión Línea 3 de Metro, Reposición con Relocalización del Hospital de Melipilla, Proyecto Aconcagua, Segunda Concesión Túnel El Melón, y Construcción Parque Mapocho Río-Cerro Navia y Quinta Normal, por citar algunas.
Mientras que en tecnología el incremento de 73% en su inversión se debió al avance del proyecto red 5G, cuya inversión ha sido creciente en los últimos meses, consignó la corporación.
Fuente: Diario Financiero, mayo 04 de 2023
El indicador de actividad económica retrocedió 2,1% en comparación con igual mes del año anterior.
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una caída interanual de 2,1% en marzo, informó el martes el Banco Central, en un descenso que fue más profundo que la mayoría de las estimaciones del mercado. Dado este resultado del Imacec, la economía chilena entró en un escenario de recesión técnica -dos trimestres en rojo-, con un período enero-marzo donde la actividad habría caído 0,9%, lo que de todas formas es inferior al retroceso de 2,3% observado en octubre-diciembre de 2022.
El Banco Central indicó que en marzo de 2023 la serie desestacionalizada disminuyó 0,1% respecto del mes precedente y cayó 1,9% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que marzo de 2022.
«La variación anual del Imacec fue explicada principalmente por la caída de la minería y del comercio. En tanto, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados se explicó por la mayoría de sus componentes, lo que fue parcialmente compensado por el aumento de los servicios», dijo sobre la variación en marzo.
Las proyecciones de los analistas para el desempeño del Imacec apuntaban a una baja entre 1,3% y 2,3%, tras el descenso que registraron la producción industrial y la actividad del comercio ese mes. El consenso del mercado en la encuesta de Bloomberg apuntaba a una caída interanual de 1,7% en el Imacec en marzo.
Impacto sectorial
Como bien anticiparon el viernes algunos analistas, la cifra se teñiría de rojo afectada por la minería, tal como lo constató el Central. La producción de esta área disminuyó 8,5%, según el reporte, lo que añadido al tropezón de 2,5% de la industria manufacturera, se tradujo en un retroceso de 3,5% en la producción de bienes.
En términos desestacionalizados, la contracción fue de 0,7% respecto del mes precedente.
La actividad comercial también se resintió en términos anuales al presentar un descenso de 5,4%. Este resultado reflejó el desempeño del segmento minorista, donde se registraron menores ventas en supermercados, grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario y calzado.
En menor medida, el comercio mayorista también bajó, explicado por las ventas de materias primas, alimentos y enseres domésticos.
En contraste, el comercio automotor presentó resultados positivos.
Como ha ocurrido en el último tiempo, los servicios se mantuvieron en azul y aumentaron un 0,9%, siendo los del área personal -como salud y enseñanza- los de mayor contribución, seguido por los empresariales.
El resultado ajustado por estacionalidad dio cuenta de un crecimiento de 0,9% respecto del mes precedente.
Fuente: Diario Financiero, mayo 02 de 2023
Por otro lado, el INE informó que el comercio también anotó caídas en marzo, acumulando una contracción de 4,9% al tercer mes del año.
Una reducción en doce meses de 5,9% registró en marzo de 2023 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, informó la mañana de este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Se trata del segundo retroceso consecutivo en términos anuales y de la mayor caída desde mayo de 2020 (-6,0%).
El Índice de Producción Minera (IPMin) fue el que más determinó el resultado, al decrecer 8,7% respecto a igual mes del año anterior e incidir -3,441 puntos porcentuales en el IPI. Esto, a raíz de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que componen el IPMin, en especial la minería metálica, por el descenso en la extracción y procesamiento de cobre.
De igual forma, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) se redujo 5,5% en relación con marzo de 2022 y restó 2,712 puntos porcentuales a la variación del IPI. El resultado se explicó, en gran medida, por la baja interanual de 18,7% en fabricación de sustancias y productos químicos.
Por el contrario, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 2,3% en doce meses y contribuyó con 0,246 puntos porcentuales a la variación del IPI. Lo anterior, debido al alza que anotaron las tres actividades que componen el índice, en especial la electricidad.
Comercio
Por otro lado, el INE indicó que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes registró una disminución interanual de 4,0% en marzo de 2023, incidida por la baja en dos de las tres divisiones que lo componen, acumulando una contracción de 4,9% al tercer mes del año.
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47) fue la que más impactó en la variación interanual del IAC, al anotar una caída de 11,2% e incidir -4,611 puntos porcentuales. En ello influyó, principalmente, la disminución en otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.
A su vez, comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) decreció 2,2% y restó 1,030 puntos porcentuales al resultado del índice. Esto se debió, fundamentalmente, al descenso en venta al por mayor de otros enseres domésticos.
En contraste, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) se incrementó 13,2%, aportando 1,642 puntos porcentuales en la variación del IAC, como consecuencia del alza en venta de vehículos automotores.
El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes se redujo 10,6% en doce meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una contracción mensual de 1,9% y una baja interanual de 11,8%
Fuente: Emol economía, abril 28 de 2023
La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,8%, según informó este viernes el INE.
Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,8% durante el trimestre móvil comprendido entre enero y marzo de 2023, concretando de esta forma su segundo incremento consecutivo.
Con esto, la tasa alcanzó su mayor nivel desde julio de 2021, cuando se ubicó en 8,9%
En base a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el ente estadístico, la cifra significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en doce meses -el quinto incremento anual después de continuas disminuciones desde marzo-mayo 2021-, dado que el alza de la fuerza de trabajo (3,5%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,4%).
En ese sentido, se registraron 24 mil personas ocupadas menos respecto al trimestre inmediatamente anterior.
Por su parte, las personas desocupadas se expandieron 16,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (20,3%).
En ese sentido, Leonardo González, subdirector técnico del INE, indicó que, en términos acumulados, desde el peor momento de la pandemia se ha recuperado el 99,3% de las ocupaciones (1.840.409 con ajuste estacional), y que aún restan por recuperar 13.358 ocupaciones.
«Respecto a la evolución de la tasa de desocupación en doce meses, muestra que, luego de sostenidas disminuciones, se observa el quinto aumento en la tasa de desocupación nacional y el sexto en la población femenina», indicó González, añadiendo que «todavía sigue retornando gente desde la inactividad al mercado del trabajo, pero la brecha de recuperación respecto de los valores que teníamos pre pandemia se ha ralentizado, y esto es porque queda menos brecha por recuperar».
Por otro lado, las tasas de participación y de ocupación continuaron aumentando (aunque a un menor ritmo) y se situaron en 61,0% y 55,7%, creciendo 1,5 pp. y 0,8 pp., respectivamente. Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,8%.
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,5%, aumentando 0,8 pp. en doce meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 51,1% y 46,3%, avanzando 1,9 pp. y 1,4 pp., en cada caso.
Mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 8,3%, con un alza de 1,1 pp., mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 71,4% y 65,4%, creciendo 1,1 pp. y 0,1 pp., respectivamente.
Alza de personas ocupadas
El alza de las personas ocupadas fue incidida tanto por las mujeres (4,0%) como por los hombres (1,2%). Los sectores que contribuyeron al aumento fueron actividades de salud (8,5%), agricultura y pesca (5,2%) y enseñanza (3,9%), mientras que los sectores que presentaron los principales descensos fueron construcción (-5,5%) y hogares como empleadores (-4,9%).
Por categoría ocupacional incidieron positivamente las personas asalariadas formales (1,9%), las trabajadoras por cuenta propia (3,7%) y las personas asalariadas informales (4,0%).
Informalidad
La tasa de ocupación informal se ubicó en 27,4%, aumentando 0,1 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales crecieron 3,1%, incididas solo por las mujeres (9,1%), ya que los hombres disminuyeron 1,4%.
«Todavía sigue retornando gente desde la inactividad al mercado del trabajo, pero la brecha de recuperación respecto de los valores que teníamos pre pandemia se ha ralentizado, y esto es porque queda menos brecha por recuperar»
Leonardo González, subdirector técnico del INE
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente -que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural- se situó en 8,5%, sin presentar variación respecto al trimestre móvil anterior.
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 2,3%, en tanto que el promedio de horas trabajadas llegó a 36,7 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos) alcanzó 16,7%, con un alza de 1,0 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,5% y en las mujeres, en 19,4%. La brecha de género fue 4,9 pp.
En la Región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre en análisis alcanzó 10,1%, aumentando 1,4 pp. en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (3,1%) fue mayor al incremento de las personas ocupadas (1,5%). Las personas desocupadas crecieron 20,3%, incididas principalmente por quienes se encontraban cesantes.
Fuente: Emol economía, abril 28 de 2023
Realizar mejoras al rendimiento del equipo productivo, así como la reposición de equipos antiguos por nuevos de mejor rendimiento, son algunas de las inversiones que las empresas del sector metalúrgico metalmecánico tienen contemplado realizar en el próximo trienio. Así lo dio a conocer el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, durante una conferencia a la que fue invitado a exponer el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo.
Según informó el dirigente gremial, un 70% de las empresas del sector tiene contemplado realizar algún tipo de inversión durante ese periodo, no obstante, un 43,2% de los consultados confirmó que este año su inversión será inferior a la realizada en 2022. De acuerdo a la muestra, un 32,4% señaló que este año la inversión será superior que el periodo anterior, mientras que un 16,2% afirmó que se mantendrá igual.
Respecto de las principales razones que ponen en duda la decisión de inversión para los próximos años, un 67,6% de las empresas señaló la incertidumbre en torno a la economía nacional; un 44,1% mencionó la escasez de medidas que impulsen a la industria manufacturera; un 41,2% expuso como trabas las incertezas políticas y económicas en el mundo, y un 29,4% indicó como factor anti-inversión la falta de políticas de seguridad para el control del orden público.
En relación a las expectativas económicas de las empresas para 2023, un 51,4% las calificó de “regular”, un 32,4% dijo tener “buenas” expectativas, y un 13,5% señaló que para este año son “malas”.
Al comentar la encuesta realizada a los socios de ASIMET, Arrigoni destacó la importancia de incentivar la inversión en nuevas tecnologías para que la industria no pierda competitividad: “Como ASIMET hemos insistido en la importancia de que la nueva propuesta de reforma tributaria en la que está trabajando el Gobierno incluya incentivos a la inversión y el ahorro, principalmente porque es la forma más eficiente de generar empleos formales y de calidad para los chilenos. Especial llamado hacemos al ministro de Hacienda para que se pongan los incentivos en medidas que tengan impacto en inversiones para la nueva industria 4.0”, sostuvo.
Más adelante, el timonel de ASIMET destacó la importancia de que los países fomenten entornos favorables para incentivar la inversión, señalando que debemos reflexionar respecto de si Chile presenta hoy las mejores condiciones para que ello ocurra. “La reducción de la jornada laboral a 40 horas, la reforma a las pensiones y ahora subir el sueldo mínimo el próximo año a 500 mil pesos, sin duda que van en el camino para mejorar la calidad de vida de los chilenos… pero, ¿existe una contraparte de medidas ideadas para que las empresas que compiten con productos importados puedan hacer frente a los mayores costos que implicarán esas iniciativas legales?”, se preguntó.
En relación al tema de la seguridad, Arrigoni también alertó sobre las consecuencias de no tomar medidas a tiempo, señalando que en una economía donde se respetan las leyes y el estado de derecho las empresas tienen más confianza para invertir y desarrollarse, ya que se garantiza la seguridad jurídica, la protección de los derechos de propiedad y el control del orden público. “Esto contribuye a aumentar la productividad ya que se incentiva la toma de decisiones de inversión de largo plazo, como también la de innovar y de mejorar la calidad de los productos”, aseguró.
La industrialización del litio: una buena noticia para la manufactura
Al referirse a la Estrategia Nacional del Litio, el presidente de ASIMET señaló que el alto precio del mineral es una situación extraordinaria, y que, por lo tanto, hay que actuar rápido, y explotar la riqueza al mayor valor posible. “No hay nada más estratégico para Chile que incrementar su riqueza a través de la activa participación del sector privado, el que, al aumentar su actividad económica, genera significativos aportes al fisco. En el caso del litio, el mayor valor para el Estado de Chile está en recaudar, por medio de impuestos y royalty a la explotación, a través de un modelo de colaboración publico privada que ha funcionado con éxito. Tratar de innovar en este modelo puede atrasar procesos que son vitales para el desarrollo del país”, indicó.
Agregó que la buena noticia para la industria nacional es que se haya considerado como uno de los ejes centrales de esta estrategia el promover la producción de productos con valor agregado, con el fin de convertir la materia prima en nuevos productos de alto valor tecnológico. “El litio debe ser la piedra angular para la generación de encadenamientos productivos que incorporen a las empresas chilenas, en una industria paralela a la extracción, con conocimiento y tecnología nacionales que otorguen empleos de calidad a los chilenos. Estos productos ¡se pueden hacer en Chile! Pero para ello necesitamos otra estrategia: una Estrategia Industrial que impulse al sector manufacturero, entregándole las herramientas y condiciones para poder desarrollar todo su potencial para competir así con las economías más avanzadas del mundo”, concluyó.
Fuente Diario Estrategia, abril 25 de 2023
Por David Villaseca
Gerente del Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+)
La revolución tecnológica que estamos viviendo impactará de manera brutal la actividad económica mundial en todas las industrias. Hoy ya vemos cómo las empresas relacionadas a manufactura, transporte, minería, alimentos, servicios, energía, entre otras, están replanteando su forma de operar para poder dar respuesta a las demandas existentes. El plazo final para los cambios llegará más temprano que tarde, y es necesario estar preparados. Algunos países han tomado la delantera por sobre otros. Pero, finalmente, todos tendremos que incorporarnos a la nueva forma de hacer negocios. Y quien no lo haga, quedará en una posición económica muy disminuida.
Las revoluciones tecnológicas generan un proceso de transformación y, como todo cambio, involucra destrucción y creación. Se destruye aquello que queda obsoleto, puesto que no puede competir con aquello que es nuevo, y tanto las personas, como las empresas y los países deben transitar entre la obsolescencia y lo novedoso, generando un proceso de cambio difícil de gestionar y de alto riesgo de fracaso; pero que de lograrse consigue frutos directos altamente rentables y genera un ecosistema de crecimiento.
Las empresas deben, por tanto, acelerar su transformación incorporando tecnologías a sus procesos productivos y también desarrollando nuevas propuestas de valor materializadas en bienes y servicios asociados a modelos de negocio que reemplacen a los actuales. La buena noticia es que no están solas. En este camino pueden recurrir a las universidades chilenas como fuente de conocimiento, formación de profesionales y desarrollo tecnológico. Por su parte, las Universidades también deben adecuarse en materia administrativa y social para dar respuesta concreta a los requerimientos y desafíos que les planteen las empresas e introducirse en la aventura de la revolución. Algunas, ya lo están haciendo y con fuerza.
En el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+) nos hemos propuesto poner a disposición nuestras capacidades para dar respuesta a las necesidades concretas de la industria nacional. No se trata de desarrollar tecnologías ideadas en la seguridad de un laboratorio, sino de establecer una comunicación bilateral con las empresas para entender de manera profunda cuáles son sus problemas, necesidades y desafíos; lo que luego permite generar propuestas que apunten a aumentar sus competencias y competitividad, finalizando en una dinámica de co-creación en la que las empresas tienen un rol central en aportar información sobre uso de sus recursos, cuál es la situación actual y cómo debiera ser el diseño de los productos o servicios para que se ajusten a sus expectativas.
Las conversaciones en el Programa IMA+ siguen teniendo la profundidad técnica y científica que caracteriza a las universidades que lo conforman, pero también hablamos de beneficios, modelos de negocios, diferenciación o segmentación. Entendemos que nuestros desarrollos deberán incorporarse al mercado en una dinámica competitiva donde habrá otros productos que intentarán resolver esas mismas necesidades, y la única forma en que generemos impacto será entregando más beneficios a los usuarios finales.
La revolución tecnológica está sucediendo y las empresas y universidades que colaboren tendrán mayor oportunidad de triunfar, para ello deberán entender a sus partners; lo que buscan, cómo operan, su lenguaje, debilidades y fortalezas. Desde el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada decidimos tomar ese camino y esperamos que muchos más lo hagan, por lo que la invitación es a sumarse y crecer juntos.
Se trata de una iniciativa que busca que las empresas, ante este tipo de situaciones, activen un diálogo con sus organizaciones sindicales para diseñar planes de reconversión laboral.
La semana pasada, la comisión de Trabajo del Senado inició el análisis de un proyecto que busca proteger el empleo ante despidos masivos.
La propuesta, impulsada por los senadores socialistas Isabel Allende, José Miguel Insulza, Gastón Saavedra, la PPD Loreto Carvajal, y la representante de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, busca regular las desvinculaciones que, en la gran y mediana empresa, involucren al 10% o más del total de la planilla o afecten a más de 1.000 trabajadores de un mismo empleador, en un período de 90 días corridos.
“Permitiría establecer un diálogo entre los trabajadores y la empresa para así, en conjunto, buscar la posibilidad de mantener los empleos, en la medida que ello sea factible”.
Giorgio boccardo, subsecretario del Trabajo.
Dicha regulación, dice el proyecto, será aplicable a la gran y mediana empresa.
El objetivo de la iniciativa es que los empleadores deban iniciar un proceso de consulta con las organizaciones sindicales previo a la implementación de los despidos, así como el deber de comunicar el inicio de este a la Dirección del Trabajo.
Como parte de esa dinámica, que será previa y obligatoria, se deberá abordar con los trabajadores las necesidades que determinan la decisión de los despidos masivos, y las medidas para evitarlos, reducirlos o atenuar sus consecuencias, a través de acciones de apoyo destinadas a la reconversión o readaptación de las personas afectadas.
La consulta deberá tener una duración no inferior a 45 días hábiles, que serán prorrogables por igual término, y el empleador no podrá proceder con los despidos hasta finalizado dicho proceso.
En los primeros cinco días, dice la propuesta, el empleador deberá comunicar a los trabajadores los motivos de la decisión de despidos; el número y los cargos de los trabajadores que serán despedidos; el período en que se realizarán las desvinculaciones; los criterios que se utilizarán para definir a las personas que serán afectadas; las condiciones de salida que se ofrecerán a las personas; y toda la información que sirva de sustento a la medida.
También se propone que exista una fiscalización especial destinada a evaluar la pertinencia y calidad de la capacitación, en el caso que los empleadores hayan utilizado franquicia tributaria con la finalidad de facilitar su reconversión o readaptación laboral de su personal.
Las observaciones del Gobierno
La semana pasada, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, expuso ante la comisión las primeras observaciones del Ejecutivo respecto a la propuesta legislativa.
“La preocupación del Ejecutivo, tanto por los despidos masivos en algunos sectores productivos, como la necesidad de contar con herramientas de capacitación ante eventuales transformaciones tecnológicas productivas, es compartida”, comenzó señalando.
Desde su perspectiva, se requiere de herramientas para enfrentar estas situaciones, algo que se ha confirmado en encuentros que han sostenido con diversos dirigentes sindicales.
De hecho, la autoridad laboral comentó que la regulación del despido masivo o colectivo es “una valiosa herramienta utilizada en distintos ordenamientos jurídicos y que existió en algunas ocasiones en nuestro país”.
Así, ejemplificó que la ley n° 7.747 de 1943, modificó el artículo 86 del Código del Trabajo del año 1931, incorporando un procedimiento ante la ocurrencia de despidos colectivos, el cual incluía diálogo con los actores y entidades públicas. No fue la única vez, en 1978 se crearon normas transitorias para actuar ante este tipo de desvinculaciones.
Si bien Boccardo recalcó que actualmente no existen mecanismos de este tipo en la actual legislación laboral, señaló que de igual modo se activan medidas similares al interior del Ministerio del Trabajo ante este tipo de situaciones.
“No contamos con una legislación, pero cuando los conflictos involucran a una cantidad importante de trabajadores, el Ministerio del Trabajo de facto interviene. No es algo ajeno a la realidad cotidiana que debemos enfrentar desde el ministerio”, comentó Boccardo, ejemplificando el diálogo y medidas que se activaron ante el cierre de termoeléctricas.
En la presentación que entregó la autoridad a los senadores de la comisión, se señala que el contar con este tipo de procesos “permitiría establecer un diálogo entre los trabajadores y la empresa, para así en conjunto buscar la posibilidad de mantener los empleos, en la medida que ello sea factible, propiciando relaciones laborales armoniosas y, con ello, la consecuente disminución del conflicto laboral”.
A modo de cierre ante la comisión, Boccardo planteó a los senadores la necesidad de escuchar la opinión de los diversos actores sobre este tema para construir una normativa que recoja los planteamientos de los involucrados.
Consultado hoy por el tema, el subsecretario recalcó que ven con buenos ojos la iniciativa.
«Nosotros como Ejecutivo valoramos que se comiencen a discutir este tipo de iniciativas, no solamente por la coyuntura económica que enfrentamos, sino que, porque nos parece importante dotar al Estado, en este caso al ministerio del Trabajo, de herramientas que tienen que ver con la consulta, que tienen que ver con preparar a las empresas cuando se van a producir este tipo de cambios que son tan disruptivos, sobre todo porque como ministerio tenemos una experiencia práctica», comentó.
En esa línea, la autoridad laboral señaló que se trata de una iniciativa a la que van a darle seguimiento en su discusión, y que incluso se evaluará la posibilidad de ingresarle indicaciones.
«Contar con herramientas que puedan anticipar la preparación de este proceso o bien que Sence pueda comenzar a preparar con antelación a las personas para la reconversión laboral nos parece que es el camino. Nosotros vamos hacer el seguimiento, por supuesto evaluar si se le pueden hacer algún tipo de indicaciones por parte del Ejecutivo, pero en este momento nos encontramos evaluando el proyecto», dijo el subsecretario Boccardo.
Fuente: Diario Financiero, abril 13 de 2023
Multifuncionalidad, que permite que el trabajador o trabajadora sea más productivo, destaca Dante Arrigoni; y la formalización del empleo, subraya Richard von Appen. «Acá no hay milagros», dice este último.
Tras la aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas, varios gremios han reaccionado a lo que implicaría su aplicación y han propuesto acciones para acompañarla.
Entre ellos está la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), quienes, si bien valoraron la legislación, advirtieron que, de no ser acompañada por otras medidas, podría significar un “duro golpe” para la industria.
Dante Arrigoni, presidente del gremio, explica que el costo que podría tener la reducción de la jornada llegaría a ser del 10%, una vez se cumpla con la gradualidad y en cinco años se llegue a las 40 horas de trabajo semanales. Sumado al 6% adicional que contempla el proyecto de pensiones, podría significar un 16% de los costos relacionados a la mano de obra.
“El costo es lineal, al igual que la dirección de las 45 a las 40 horas, son cinco años, será un aumento de un 2% por año”, dice.
El impacto, cuenta, sería muy grande para el sector, que en los últimos 25 años han perdido la mitad de la manufactura. Explica que en aquel periodo la producción era cerca del 22% del Producto Interno Bruto (PIB), pero que hoy es el 10%.
“La mitad de los productos que se hacían ya no se hacen y con este proyecto de las 40 horas va a seguir disminuyendo, lamentablemente lo que eso acarrea es la pérdida de puestos de trabajo”, indica.
Agrega que la industria nacional compite con los productos importados de “economías que tienen mucho más de 40 horas de trabajo”, por lo que el sector compite en desigualdad de condiciones.
“La disminución de las 45 a las 40 horas es aumentar la diferencia y seguir aumentando la brecha de desigualdad en la cual nuestra industria compite. Es un duro golpe”, señala.
Medidas para la industria
De acuerdo a Arrigoni, la reducción de la jornada laboral debe ir de la mano con el aumento de la productividad, como se ha hecho en economías de la OCDE.
“Ellos lo que han hecho es que han desarrollado políticas o puesto en marcha políticas de desarrollo productivo, de tal manera que la empresa aumente la productividad y, una vez que la industria aumentó su productividad, disminuir la jornada de trabajo”, explica.
Desde su perspectiva, se deberían tomar medidas para contrarrestar, como incorporar al proyecto la multifuncionalidad, es decir, que los trabajadores puedan desarrollar diferentes funciones. “Eso permite que el trabajador o trabajadora sea más productivo y también pueda acceder a una mayor remuneración”, señala.
Además, se debe enfatizar a la productividad con la modernización de la industria a través de una estrategia de desarrollo productivo que contemple políticas, inversión en nuevas tecnologías y maquinarias, automatización y digitalización.
“Le hemos dicho al Gobierno que se necesita aumentar el tema de la inversión de la industria 4.0, cambiar el umbral de la definición de las PYME y pequeñas empresas”, señala.
Desde la Sofofa también consideran “fundamental” acompañar la aprobación e implementación de la ley con “medidas concretas para incrementar la productividad y reducir la informalidad laboral”.
“Porque acá no hay milagros. Sin estas políticas complementarias, la reducción de la jornada laboral tendrá un impacto negativo en la competitividad de las empresas, en el empleo, salarios y en la formalidad”, señala una carta publicada por el presidente del gremio, Richard von Appen, en la edición de El Mercurio de este jueves.
Lo anterior, en el entendido que la reducción de jornada apunta a la legítima la aspiración de mejorar en el tiempo el balance de vida laboral y personal y, con ello, la calidad de vida de las personas.
Von Appen también reconoce que durante el trámite del proyecto se acordó en forma transversal la incorporación de medidas de adaptabilidad y flexibilidad.
Fuente: Diario Financiero, abril 13 de 2023
El presidente del gremio, Dante Arrigoni, señaló que la norma que finalmente se aprobó “sin duda que es mucho mejor a la iniciativa planteada originalmente. El factor de gradualidad para poder prepararnos al nuevo ajuste, y que era un tema que nos preocupaba, felizmente fue acogido, y es así que tendremos el tiempo necesario para adaptarnos”, sostuvo.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, valoró que el proyecto de ley de 40 horas laborales haya sido aprobado con las mejoras planteadas por el sector productivo: “Sin duda que es mucho mejor a la iniciativa planteada originalmente. El factor de gradualidad para poder prepararnos al nuevo ajuste, y que era un tema que nos preocupaba, felizmente fue acogido, y es así que tendremos el tiempo necesario para adaptarnos”, sostuvo el presidente del gremio, Dante Arrigoni.
Al respecto, explica que en el rubro metalúrgico metalmecánico trabajan colaboradores con jornadas ordinarias y jornadas excepcionales (continuas). En estas últimas, operan personas que demoran hasta 3 años en capacitarse, porque son oficios que se perfeccionan in situ y en el tiempo. Por lo mismo, esos colaboradores no son fáciles de reemplazar. “Con esta ley las empresas de nuestro sector tendrán que aumentar su dotación de colaboradores, y es por eso que el factor tiempo es clave para poder capacitar a los nuevos trabajadores”, indica.
Agrega que, en el tema de las compensaciones, el proyecto también se abrió a que estas fueran pecuniarias, es decir, cambiar los días de descanso por compensación económica. “Por experiencia, los colaboradores de nuestro sector en su mayoría prefieren la compensación económica, por lo tanto, en ese aspecto también consideramos que hubo un avance positivo”.
No obstante, el dirigente gremial alerta que este ajuste significara, por concepto de contratación de nuevas personas, un aumento en los costos de aproximadamente un 10%. “Si a esto le sumamos un aumento del 6% por parte del empleador que está indicado en el proyecto de ley de pensiones, significa un 16% de aumento en los costos relacionados a mano de obra, cifra que generará un alto impacto en las empresas y que no todas serán capaces de resistir. Esto es relevante cuando la industria nacional compite contra importaciones que no están sujetas a las mismas presiones de costo e, indudablemente, impacta la competitividad de la industria local, que en definitiva es la que da empleos en Chile”, señala.
Finalmente, Arrigoni enfatiza que este tipo de iniciativas deben ir necesariamente acompañadas de otras medidas para compensar el impacto que pueden generar, “y que en este caso debe ser la implementación de una estrategia que busque aumentar nuestra productividad, porque Chile, según el ranking de la OCDE, se ubica dentro de los 10 países menos productivos de ese grupo”, concluye.