Con una estructura liviana, estará dirigido por cinco consejeros, quienes delegaran algunas funciones en un director ejecutivo.

Una de las principales indicaciones que presentó ayer el gobierno en el marco de la reforma previsional, fue la creación del Consejo Público Autónomo (CPA), organismo público, de estructura liviana que será el encargado de licitar y no administrar, el 4% de cotización adicional que propone el proyecto.

Según el texto del gobierno, el CPA será un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Consejo estará sometido a las disposiciones del decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, orgánico de administración financiera del Estado y estará bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.

El Consejo Público Autónomo tendrá entre sus principales objetivos administrar el Ahorro Previsional Adicional, el Seguro de Dependencia y otros programas de seguros sociales que determinen las leyes.

Entre sus principales funciones estará “evaluar periódicamente el funcionamiento del Ahorro Previsional Adicional y presentar propuestas para su perfeccionamiento”. Asimismo, deberá aprobar las bases de la licitación para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional, elaboradas por la Superintendencia de Pensiones.

Deberá además, llamar a la licitación pública para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional y adjudicar el servicio a las nuevas Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional.

Cinco concejeros y un director ejecutivo

El CPA será dirigido por cinco miembros, denominados “consejeros”, tal como en el Banco Central. Uno de ellos será escogido por el Presidente de la República; otro designado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); un tercer miembro provendrá de la Comisión de Usuarios del sistema de pensiones; el cuarto, será un exconsejero del Banco Central. Finalmente, el último, será un experto en finanzas propuesto por el Presidente y ratificado por el Senado.

Los consejeros percibirán una dieta en pesos equivalente a 17 UTM por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 34 UTM por cada mes calendario. El Presidente del Consejo percibirá una dieta de 20,5 UTM por cada sesión a la que asista, con un máximo de 41 UTM por cada mes calendario.

Considerando que la propuesta del gobierno es establecer un organismo público con una estructura liviana el Consejo del CPA designará a partir de un proceso de selección abierto y competitivo, a un director ejecutivo.

Para estos efectos, el CPA suscribirá un convenio de colaboración con la Dirección Nacional del Servicio Civil, quien prestará asesoría para definir el proceso de selección y propondrá una o más empresas especializadas en reclutamiento y selección para ejecutar el proceso.

El director ejecutivo del organismo deberá proponer a los consejeros la organización interna y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades del Consejo Público Autónomo.

Régimen de inversiones

El texto del gobierno señala que, “sujeto al régimen de inversión, (el CPA deberá) definir los límites de inversión que diferencien los Fondos de Ahorro Previsional Adicional”.

Asimismo, el CPA deberá evaluar el desempeño de las Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional, considerando aspectos tales como rentabilidad histórica, riesgo y liquidez de las inversiones, comparación con carteras de referencia y opciones equivalentes.

También deberá “emitir pronunciamiento respecto al Régimen de Inversión del Ahorro Previsional Adicional, en forma previa a su emisión por la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Consejo Técnico de Inversiones. Dicho pronunciamiento deberá ser enviado a la Superintendencia de Pensiones y no tendrá carácter vinculante”.

Además, deberá declarar aquellas infracciones graves de las obligaciones que cometan las gestoras según el procedimiento que se establezca a través de un reglamento previo informe de la Superintendencia de Pensiones.

El Consejo también desarrollará y mantendrá un sistema que permita recibir y gestionar las solicitudes de traspaso que efectúen los afiliados entre Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional o entre Fondos de Ahorro Previsional Adicional.

Asimismo, informará a las AFP, las solicitudes de traspaso que efectúen los afiliados entre Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional o entre Fondos de Ahorro Previsional Adicional. El Consejo Público Autónomo tendrá acceso a la información de los afiliados al sistema previsional que sea necesaria, en los términos que defina una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones.

Seguro de dependencia

El nuevo CPA también tendrá relevancia en el seguro de dependencia que propone la reforma, siendo su administrador. Adicionalmente, estará a cargo de otros programas de seguros sociales solidarios que establezcan las leyes, con el objeto de mitigar los riesgos de las pensiones que se financian con cotizaciones y hacer frente a riesgos catastróficos que sufran los pensionados.

También el Consejo emitirá un “pronunciamiento respecto al Régimen de Inversión del Seguro de Dependencia, en forma previa a su emisión. Dicho pronunciamiento deberá ser enviado a la Superintendencia de Pensiones y no tendrá carácter vinculante”.

Rendición de cuentas

A más tardar el 30 de abril de cada año, el CPA dará cuenta de su gestión del año calendario anterior, remitiendo un informe al Presidente de la República y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, debiendo además comparecer ante estas últimas en sesión conjunta, para presentar dicho informe y atender las consultas de dichas instancias legislativas.

En esa misma fecha deberá rendir una cuenta pública a los afiliados de su gestión del año calendario anterior. El contenido mínimo y formato de la cuenta pública será establecido por el Consejo en el reglamento a que se refiere el artículo siguiente.

El Consejo Público Autónomo podrá requerir apoyo técnico de la Superintendencia de Pensiones con el objeto de cumplir las funciones que le encomienda la ley. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en ésta y otras leyes, el Consejo Público Autónomo podrá celebrar convenios de prestación de servicios con entidades públicas o privadas. El Instituto de Previsión Social estará facultado para celebrar dichos convenios y para compartir su infraestructura con el Consejo Público Autónomo.

¿Qué son las Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional?

Una de las novedades de las indicaciones son las nuevas Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional.

Dado que el CPA licitará la gestión del 4% de cotización adicional, el gobierno estableció que podrán formar Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional los siguientes actores del mercado: Cajas de Compensación, las Administradoras Generales de Fondos, los Bancos, las Cooperativas, las Compañías de Seguros de Vida. De esta forma, se excluyeron a las AFP.

El gobierno las definió a las gestoras como “sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar los recursos provenientes de la cotización establecida en el inciso tercero del artículo 17. Las inversiones que se efectúen con dichos recursos tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Estas sociedades deberán mantener separación patrimonial entre sus recursos propios y los recursos administrados y llevar contabilidad separada del patrimonio correspondiente”.

Entre sus funciones se destacan: Invertir los recursos correspondientes a la cotización para el Ahorro Previsional Adicional; Informar a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones el número y valor cuota de cada uno de los Fondos de Ahorro Previsional Adicional que administren; Transferir los recursos a la respectiva AFP, cuando corresponda, ya sea por pensión o fallecimiento del afiliado, contratación anticipada de una renta vitalicia diferida o el retiro de fondos a que se refiere el artículo 70 bis; y transferir los recursos pertenecientes al afiliado en caso de traspaso entre Gestoras o entre Fondos de Ahorro Previsional Adicional.

Asimismo, deberá responder al Consejo Público Autónomo o a las AFP las consultas y reclamos de los afiliados, asociados a la gestión de las inversiones del Ahorro Previsional Adicional, que estos le deriven.

El capital mínimo para la formación de una Gestora del Ahorro Previsional Adicional será el equivalente a 5.000 UF. Además, la Gestora deberá mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital mínimo exigido.

Si el patrimonio se redujere de hecho a una cantidad inferior al mínimo exigido, la Gestora estará obligada, cada vez que esto ocurra, a completarlo dentro de un plazo de seis meses. Si así no lo hiciere se declarará la infracción grave de las obligaciones que le impone la ley.

Respecto de las comisiones, el texto señala que “cada entidad adjudicataria de la licitación a que se refiere el artículo anterior, recibirá para su gestión en forma mensual una misma fracción de la recaudación proveniente de la cotización para el Ahorro Previsional Adicional. Las bases de licitación establecerán el periodo durante el cual se aplicará esta distribución”.

El régimen de inversión establecerá, entre otras materias, el número de Fondos de Ahorro Previsional Adicional que las Gestoras deberán administrar, pudiendo ser hasta un máximo de tres, y los rangos para los límites de inversión por clase de activo.

“El Consejo Público Autónomo fijará límites de inversión que diferencien los Fondos de Ahorro Previsional Adicional, dentro de los rangos que determine el régimen de inversión”, sostiene el texto del Ejecutivo.

Fuente: Diario Financiero, junio 19 de 2019

Los resultados de mayo arrojan además que un 66% de los encuestados está de acuerdo con la propuesta de algunos parlamentarios de bajar a 40 horas semanales la jornada de trabajo.

La encuesta Criteria de mayo -publicada este jueves- mantuvo la tendencia de los meses anteriores y arrojó que la reforma a las pensiones continúa siendo la principal prioridad de la ciudadanía chilena.

Así, el estudio señala que un 38% de los encuestados considera dicho proyecto como «el más urgente», aumentando en seis puntos porcentuales en relación a marzo y superando a otros temas relevantes como la ley «mano dura» contra la delincuencia (25%), la reforma al sistema de salud (21%) y la reforma laboral (10%).

En ese sentido, el sondeo abordó uno de los principales puntos de discusión que ha tenido el proyecto previsional: el manejo del 4% adicional anunciado por el Gobierno.

Sobre este asunto, el 72% de los consultados afirmó preferir que un ente público sea quien administre estos recursos extras, mientras que un 28% opta porque sea una institución privada distinta a las AFP el que los maneje.

Asimismo, el 49% considera que el aumento del 4% en las cotizaciones debiera ir completamente a la cuenta personal de cada trabajador; un 31% cree que los fondos se tienen que repartir entre las cuentas personales y una cuenta común para todos los chilenos; y un 20% prefiere que el monto vaya a un fondo común para todos.

Por último, un 70% de los encuestados piensa que la reforma a las pensiones es «importante» o «muy importante», pese a que un 39% reconoció no tener información suficiente para opinar al respecto.

Reforma laboral

Otro de los temas abordados por Criteria en mayo fue la reforma laboral, ya que registró la mayor alza de interés por parte de la ciudadanía junto con el proyecto de modernización previsional, pasando de un 6% a un 10% en las prioridades que debiera tener el Ejecutivo.

El estudio consultó sobre la idea del Gobierno de flexibilizar las jornadas laborales, que da la opción de trabajar cuatro días y descansar tres, cambiando los horarios actuales, lo que fue respaldado sólo por el 32% de los encuestados. En tanto, el 43% lo rechaza.

La principal razón para desestimar la iniciativa propuesta por La Moneda es que el 64% considera que con este proyecto va a ser el empleador quien decida el nuevo horario y no los trabajadores.

De hecho, la mayoría de los encuestados se inclinó por el proyecto impulsado por un grupo de parlamentarios que busca reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral: el 66% respaldó esta iniciativa.

El informe de este mes se efectuó tras encuestar a 803 personas en total, en un muestro aleatorio estratificado por cuotas. Las preguntas se realizaron entre el 24 de mayo y el 03 de junio a personas de 18 años o más, de los niveles socioeconómicos ABCD de todo el país.

Fuente: Emol economía, junio 06 de 2019

Congestión es mayor en tribunales de primera instancia. Causas por prácticas antisindicales también mostró fuerte aumento.

La justicia laboral en Chile está colapsada. Eso es lo que reflejan las cifras de la memoria del Poder Judicial, correspondiente a 2018. Según los datos, desde 2009 a la fecha los ingresos de causas aumentaron 198%, pasando de 26.461 a 526.591 el año pasado.

El sostenido incremento de las cifras hace un tiempo despertó las señales de alerta al interior de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), quienes se reunieron con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para solicitarle la creación de un nuevo tribunal laboral para Santiago, solicitud que quedó en estudio.

Pero ¿qué tipo de causas están congestionando a los tribunales laborales?

Los casos relacionados con procedimientos de tutela laboral son los que lideran el ranking, al subir 1.638% entre 2009 y 2018, es decir, de 562 a 9.765 causas.

Estas se refieren a vulneración de derechos fundamentales del trabajador consagrados en la Constitución Política, como libertad de expresión, respeto y protección a la vida privada, libertad sindical, entre otros.

Los ingresos de causas vinculadas con prácticas antisindicales también han evidenciado un fuerte aumento. Si en 2019 eran 104, el año pasado llegaron a 585, lo que representó un alza de 463%.

Los procedimientos de reclamo, que según explicó Jorge Arredondo, director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik (AZ), corresponden a las impugnaciones que se realizan contra una resolución administrativa de cualquier autoridad administrativa laboral, son otras de las áreas que han exhibido un notorio incremento.

En concreto, dichas causas han aumentado 291%, pasando de 1.075 a 4.198 en el período considerado.

Aquellas relacionadas con procedimientos ordinarios -o sea, con contiendas que superan los diez ingresos mínimos mensuales-, presentaron un alza de 388% entre 2009 y 2018.

En tanto, los procedimientos monitorios -aquellas causas cuya cuantía no supera los 10 ingresos mínimos mensuales-, registraron un avance de 173%.

“Lo que muestran las cifras es que entre el 2009 y el 2018 el ingreso de causas claramente sobrepasa la proyección que se tuvo cuando se implementó la reforma procesal laboral”, agregó Arredondo.

Tal es el punto, explicó, que “en algunos tribunales de Santiago existe un atochamiento enorme, y eso implica que entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio pueden pasar entre seis y siete meses, cuando la ley dice que, en rigor, no pueden pasar más allá de entre 30 a 45 días. Hoy esos plazos legales no se están cumpliendo”.

Un factor a juicio de Arredondo que habría incidido también en el alza de las cifras, es la expansión que han observado las denuncias de tutela laboral llevadas adelante por trabajadores del sector público en la justicia tradicional.

“Es un tema que se ha judicializado en la competencia laboral que antes no estaba, y eso implica absorber una cantidad de demandas que no estaba programada”, dijo.

El sostenido incremento de este tipo de causas no sólo se ve reflejado en la justicia de primera instancia, ya que las causas laborales en la Corte de Apelaciones y en la Suprema también han ido al alza.

En concreto, las causas laborales en la Corte de Apelaciones entre 2017 y 2018 registraron un aumento de 6,8%, pasando de 7.790 causas a 8.317 en el ejercicio anterior.

En la Suprema, en tanto, los recursos de queja relacionados a la reforma laboral han aumentado un 7,6%, subiendo de 184 a 198 causas de este tipo.

“Las cifras demuestran que las causas laborales han aumentado, en 10 años. Ahora vale la pena preguntarse si el sistema procesal laboral y nuestros tribunales están dotados de la capacidad para resolver estos requerimientos”, agregó Arredondo.

Fuente: Diario Financiero, junio 05 de 2019

Actividades de alojamiento y servicios de comida son las más denunciadas.

El 12,7% de las acciones presentadas ante la Dirección del Trabajo provienen de extranjeros. Extensión excesiva de la jornada es la materia más sancionada en fiscalizaciones.

P.M. es un trabajador de nacionalidad haitiana que viajó a Chile hace tres años para buscar “una mejor vida”. Llegó junto a su pareja y dejó a sus dos hijos a cargo de su abuela. En su primer año en el país deambuló en distintos trabajos, hasta conseguir un puesto como personal de aseo en un conocido restaurante de Ñuñoa.

Allí trabajó dos años con contrato, en jornadas que excedían las 45 horas semanales, sin domingos de descanso ni pago de horas extras. Pese a que lo despidieron en octubre de 2018, hasta la fecha no le han pagado finiquito y le adeudan gran parte de sus imposiciones.

“En ese lugar tuve que aguantar malos tratos solo por mi color de piel. Me echaron de un día para otro sin aviso (…). Ahí me pasaron el finiquito, pero no lo firmé ante notario (…) y ahora no me lo quieren reconocer”, cuenta P.M., entre un español poco fluido y frases en inglés. “Solo quiero que me paguen las cotizaciones para renovar mi (visa) temporaria. Quiero ser regular para traer a mis hijos”, agrega.

Aumento de denuncias

Entre 2016 y 2018, las denuncias interpuestas por trabajadores migrantes en la Dirección del Trabajo, por vulneraciones a sus derechos laborales, se han triplicado: pasaron de ser 1.855 a 7.427 el año pasado, según información obtenida vía Ley de Transparencia.

Si bien la materia más sancionada en las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo (DT) es la excesiva jornada laboral, también hay altos índices de infracciones en temas previsionales y de remuneraciones.

¿La razón de este aumento? Diferentes expertos en temas de migración y autoridades creen que no es fácil esbozar una sola. Entre ellas, un factor podría ser el aumento de la población extranjera.

En 2018, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) estimaron los extranjeros residentes en Chile en un 6,6% de la población. Sin embargo, las denuncias de migrantes, ese mismo año, alcanzaron el 12,7% del total.

Según Mauricio Peñaloza, director nacional del Trabajo, “la tasa de participación laboral de los extranjeros es más alta que la de los chilenos. No tengo una cifra exacta, porque se da una informalidad importante, lo cual conlleva a una mayor infracción laboral”.

Asimismo, asegura Peñaloza, existe un “desconocimiento mayor por parte de los trabajadores extranjeros en relación a sus derechos y, lamentablemente, se puede dar que algunos empleadores abusen de esa realidad e infrinjan con mayor frecuencia respecto de los trabajadores chilenos”.

Ignacia Labbé, encargada del programa laboral del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), opina que el aumento de las denuncias de personas migrantes por abusos en sus trabajos podría explicarse porque “la preocupación de los migrantes por conocer sus derechos y deberes ha ido en aumento”.

Emilia Solís, dirigenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular , afirma que el principal problema detectado entre sus asociadas extranjeras es que sus empleadores no formalizan la relación con un contrato. “Estamos reuniendo antecedentes de varias trabajadoras que están en esta situación, para poder hacer una denuncia formal en la DT como agrupación. Conocemos el caso de una trabajadora que lleva siete años en una casa sin contrato”, dice.

Situación migratoria

Los expertos también advierten de una posible “cifra oculta”, debido al miedo de los extranjeros a denunciar por residir en el país con un estatus migratorio irregular.

Según la directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la UAH, Macarena Rodríguez, “actualmente, el trabajador depende de un contrato para mantener una condición migratoria regular. Ellos aguantan mucho y cuando se deciden a denunciar, es por no pago de sus horas extras o de finiquito”.

Para Karla Nowajewski, coordinadora de la bolsa de empleo del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), “los principales momentos cuando la persona está más susceptible a sufrir vulneraciones se dan cuando todavía no tienen permiso de trabajo o cuando ya se les venció el carné, porque es cuando tienen menos posibilidades de emplearse de manera formal”.

Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), indica que “es importante transmitir la seguridad de que, independiente de la condición migratoria, pueden denunciar. Si bien corresponde por normativa realizar una sanción si trabaja sin permiso, esta puede ser apelada y reducida o eliminada al analizar las circunstancias”.

Prevención

Con el fin de revertir estas situaciones, se han desarrollado distintas iniciativas que van desde informar a los empleadores y trabajadores sobre los derechos del trabajo, hasta incentivar el ingreso de migrantes a sindicatos.

El DEM, junto con el Ministerio del Trabajo, está elaborando un documento con recomendaciones y buenas prácticas en la materia. “Creemos que existe cierto nivel de desinformación o mitos sobre la contratación de parte de los empleadores”, dice Bellolio.

Desde la DT señalaron que es relevante realizar campañas de difusión dirigidas a los trabajadores, para que estos puedan estar más conscientes de sus derechos.

Otra de las iniciativas es el trabajo que el Movimiento de Acción Migrante (MAM) realiza con la Central Única de Trabajadores (CUT). “Es indispensable promover la incorporación de los trabajadores migrantes a los sindicatos y que sus dirigentes puedan velar porque se respeten las mismas condiciones laborales para todos”, dice Francisco Bazo, vocero del MAM.

Fuente: La Tercera, junio 03 de 2019

Mandatario también reafirmó cambios a la Dirección del Trabajo.

En materia laboral si bien no hubo novedades, el mandatario reafirmó la agenda laboral que comprometió en periodo de campaña.

En línea con eso, y bajo el lema de «Modernización laboral», el presidente Sebastián Piñera recalcó el interés del gobierno en incentivar la compatibilización del mundo del trabajo con el mundo de la familia, los estudios y el tiempo libre.

Y añadió que es clave en este escenario incorporar también al mercado laboral «las nuevas tecnologías que están cambiando profundamente la naturaleza y los requisitos de los trabajos del futuro. El cambio es tan rápido que muchos de nuestros jóvenes y trabajadores se desempeñarán en trabajos que hoy no existen, con tecnologías que aún no han sido inventadas y para satisfacer necesidades que aún no imaginamos.

En su discurso, el mandatario hizo un recuento de algunas de las iniciativas en materia laboral que ha impulsado durante su gestión, entre ellas los proyecto de trabajo a distancia o teletrabajo, estatuto laboral joven, derecho a Sala Cuna Universal y reducción de la jornada laboral de 195 a 180 horas mensuales y mayor flexibilidad en la distribución de esta nueva jornada laboral durante los diferentes días de la semana y estaciones del año.

También mencionó la reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), asegurando que los cambios apuntan a transformarlo en un eficaz instrumento de educación y capacitación permanente de nuestros trabajadores y de mejoras a su productividad y salarios.

Con respecto a lo que viene en la agenda, el Presidente recalcó que está en la agenda del gobierno la reforma a la Dirección del trabajo.

Por último, y algo que tiene expectantes a los actores del mercado laboral, Piñera recalcó la intención del gobierno de «modernizar la legislación que regula las negociaciones colectivas, los grupos negociadores y el rol de la Dirección del Trabajo, para empoderar a nuestros trabajadores».

Fuente: Diario Financiero, junio 01 de 2019

Mandatario también reafirmó cambios a la Dirección del Trabajo.

En materia laboral si bien no hubo novedades, el mandatario reafirmó la agenda laboral que comprometió en periodo de campaña.

En línea con eso, y bajo el lema de «Modernización laboral», el presidente Sebastián Piñera recalcó el interés del gobierno en incentivar la compatibilización del mundo del trabajo con el mundo de la familia, los estudios y el tiempo libre.

Y añadió que es clave en este escenario incorporar también al mercado laboral «las nuevas tecnologías que están cambiando profundamente la naturaleza y los requisitos de los trabajos del futuro. El cambio es tan rápido que muchos de nuestros jóvenes y trabajadores se desempeñarán en trabajos que hoy no existen, con tecnologías que aún no han sido inventadas y para satisfacer necesidades que aún no imaginamos.

En su discurso, el mandatario hizo un recuento de algunas de las iniciativas en materia laboral que ha impulsado durante su gestión, entre ellas los proyecto de trabajo a distancia o teletrabajo, estatuto laboral joven, derecho a Sala Cuna Universal y reducción de la jornada laboral de 195 a 180 horas mensuales y mayor flexibilidad en la distribución de esta nueva jornada laboral durante los diferentes días de la semana y estaciones del año.

También mencionó la reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), asegurando que los cambios apuntan a transformarlo en un eficaz instrumento de educación y capacitación permanente de nuestros trabajadores y de mejoras a su productividad y salarios.

Con respecto a lo que viene en la agenda, el Presidente recalcó que está en la agenda del gobierno la reforma a la Dirección del trabajo.

Por último, y algo que tiene expectantes a los actores del mercado laboral, Piñera recalcó la intención del gobierno de «modernizar la legislación que regula las negociaciones colectivas, los grupos negociadores y el rol de la Dirección del Trabajo, para empoderar a nuestros trabajadores».

Fuente: Diario Financiero, junio 01 de 2019