Iniciativa recaudará US$ 2.200 millones en régimen y algunos cambios ya comenzarán a operar este año.
Finalmente, la reforma tributaria vio la luz. Esta tarde, la Sala del Senado ratificó el acuerdo alcanzado por la comisión mixta ayer y despachó a Ley la iniciativa, luego de 17 meses de debate en el Congreso y con una modificación sustancial realizada tras la crisis social del 18 de octubre.
Más temprano, la Sala de la Cámara de Diputados también había ratificado el acuerdo logrado por la mixta el martes. Aquello implicó zanjar la controversia por un único artículo entre ambas cámaras, referido a la manera en que los contribuyentes podían impugnar ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y la Superintendencia de Medio Ambiente el cobro del impuesto verde a las fuentes fijas contaminantes.
El despacho a Ley de la reforma al sistema tributario marca un hito, ya que es la primera reforma emblemática del Ejecutivo que logra aprobarse íntegramente en el Congreso.
Luego del marco de entendimiento alcanzado entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el oficialismo y la oposición, se incorporaron una serie de ajustes que aumentarán en US$ 2.200 millones la recaudación fiscal por año una vez que el nuevo sistema esté en régimen. Entre los ajustes principales se ubican aumentar a 40% la tasa más alta del impuesto personal, desechar cambios a la Norma General Antielusión y aplicar una sobretasa a las contribuciones de bienes raíces con un avalúo fiscal superior a $ 400 millones, entre otros.
Todo esto implica un cambio sustancial respecto al proyecto ingresado al Congreso en agosto del 2018, proceso liderado por el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Aquella propuesta era neutral desde el punto de vista de la recaudación fiscal e implicaba cambios a la Norma General Antielusión e integraba el sistema tributario para todos los contribuyentes. Esto último significa que el 100% de lo pagado como impuesto por las utilidades corporativas podía ser descontado en los tributos personales de sus dueños.
Los cambios que operarán a partir del 2020
Nuevo sistema PYME
A partir del actual año tributario debuta el Régimen Propyme, que establece una tasa de impuesto corporativo de 25% y con una integración total entre el gravamen personal y el corporativo para las empresas con ventas anuales hasta 75 mil UF. En cambio, las sociedades que superen dicho umbral tributarán con una tasa de 27% y mantendrán una integración parcial de 65% entre la Primera Categoría y el Global Complementario. Esto, luego del acuerdo alcanzado entre Hacienda, el oficialismo y la oposición para desechar el denominado «corazón» de la reforma tributaria original.
Tasa personal sube a 40%
Derivado del acuerdo logrado a inicios de noviembre, se crea un nuevo tramo del Impuesto Global Complementario -cuyo tope hoy es 35%- para las rentas mensuales superiores a $ 15 millones, que serán gravadas con una tasa de 40%. Por este concepto se recaudarán US$ 42 millones este año y US$ 146 millones con el sistema ya en régimen.
Suben contribuciones a propiedades más caras
Otro de los ejes del marco de entendimiento Gobierno-oficialismo-oposición es crear una sobretasa para las contribuciones del patrimonio inmobiliario de mayor valor. A partir de este año, se aplicará la sobretasa para los bienes raíces con un avalúo fiscal desde $ 400 millones, a través de tramos: la sobretasa será de 0,075% para el valor entre $ 400 millones y $ 700 millones; 0,15% entre $ 700 millones y $ 900 millones; y 0,275% para las propiedades con un valor fiscal superior a $ 900 millones.
Las PYME y los fondos de pensiones estarán exentos de este tributo, que a partir de este año engrosará en US$ 128 millones las arcas públicas.
Se eliminan gradualmente los PPUA
Partiendo el año comercial 2020, comenzará gradualmente a eliminarse el beneficio tributario conocido como pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA), que dan derecho a una devolución de impuestos cuando los retiros de utilidades o dividendos son absorbidos por empresas con pérdidas tributarias. Este año se otorgará un 90% de devolución, la que se reducirá a 80% el próximo año, a 70% en 2020 y se eliminará el 2024.
Entra en vigencia el IVA a plataformas digitales
Uno de los temas más importantes para el bolsillo de los consumidores es la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas digitales. El gravamen comienza a aplicarse este año y el proyecto establece que la puesta en marcha será a partir del tercer mes de la publicación de la ley, cuando se encuentre disponible la plataforma para que las aplicaciones pueden pagar su IVA ante el SII.
Cabe señalar que el gravamen no aplica a todos los servicios digitales, sino solo para los que son provistos por entidades extranjeras no domiciliadas en Chile y que son consumidos por personas. En esta categoría entran apps como Netflix, Airbnb, Spotify y Uber Eats, pero no Uber al ser un servicio de transporte de pasajeros -exento de IVA- y tener una sociedad constituida en Chile.
Impuesto sustitutivo al FUT
A partir de este año y hasta el 2022 se abre una ventana transitoria para retirar recursos acumulados desde el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) histórico, a una tasa única de 30%. La medida recaudará US$ 437 millones este ejercicio.
Acuerdos extrajudiciales con la autoridad tributaria
La reforma abre la posibilidad, desde este año y hasta 2021, de celebrar un avenimiento en todos los juicios tributarios que hoy se encuentran pendientes, con una condonación del 100% de los intereses y multas, pero no de los impuestos adeudados. ¿Impacto en recaudación fiscal? US$ 140 millones en 2020 y la misma cantidad el próximo año.
Depreciación semi instantánea para La Araucanía y el resto del país
Con efecto retroactivo a partir del 1 de octubre de 2019, la reforma fija un beneficio tributario para incentivar la inversión. Así, se crea un régimen transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021 para descontar de la base imponible, vía depreciación instantánea, el 50% de la inversión realizada en activos fijos nuevos o importados, y de manera acelerada el restante 50%. Para La Araucanía, en tanto, el beneficio será de un 100% de depreciación instantánea.
Menos plazo para recuperar IVA
Vigente a partir de este año, se reduce desde seis a dos meses el plazo para recuperar el IVA soportado en la adquisición de activos fijos.
Bajan PPM
La tasa de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) se reduce desde 0,25% a 0,2% para los contribuyentes que se encuentren en el régimen de transparencia del sistema Pro Pyme y que tengan ingresos anuales de hasta 50.000 UF.
El debut de la Dedecon
Desde el 2020 y de forma gradual comienza a ponerse en marcha la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), organismo que tendrá la facultad de representar a los contribuyentes de menores ingresos, presentando recursos administrativos ante el SII.
Las personas con ingresos de hasta 30 UTA ($ 1,5 millones mensuales); y PYME acogidas al régimen Pro PYME con ingresos de hasta 2.400 UF al año ($ 5,6 millones al mes) podrán ser representadas por la Dedecon.
El presupuesto total del nuevo organismo ascenderá a US$ 6,7 millones en régimen. Inicialmente tendrá oficinas en Santiago y luego aterrizará en regiones.
Fuente: Diario Financiero, enero 30 de 2020
El economista jefe del Fondo para la región, Alejandro Werner, espera que el proceso constituyente abra la puerta al crecimiento inclusivo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntó ayer que la economía de América Latina se estancó en 2019, por efecto de la incertidumbre mundial, la guerra comercial y las consecuencias de las tensiones sociales que sorprendieron a varios de los países de la región.
Entre estos destacó a Chile, cuyas perspectivas de expansión están marcadas por el estallido de octubre y «las respuestas de política económica ante las demandas sociales».
«Tras un marcado descenso a finales de 2019, la actividad económica debería recuperarse gradualmente, respaldada por una importante expansión fiscal y una política monetaria más laxa, con lo cual el crecimiento debería situarse en alrededor de 1% en 2020», apuntó en un reporte el economista jefe de la entidad para la región, Alejandro Werner.
Con esto, la entidad queda en el rango bajo de las proyecciones de los agentes económicos para este año. El Banco Central de Chile espera un PIB entre 0,5% y 1,5%; el Ministerio de Hacienda estima 1,3% y la encuesta de expectativas económicas del emisor en 1,2%.
Tras el reporte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, consideró que «más que una gran caída en las proyecciones, lo que está haciendo el FMI es ajustarse a las estimaciones que ya había asumido el mercado». El funcionario recordó que la institución no había hecho actualización de proyecciones luego del 18 de octubre.
Chile y la Constitución
En esta oportunidad, las proyecciones fueron revisadas a la baja tanto para el año que ya cerró, como para el que está en curso y para el siguiente. Comparando con la actualización de octubre, Chile perdió 2 puntos porcentuales de su PIB al cerrar 2019 en 1%. En tanto, para 2020, el dato fue revisado a la baja en 2,1 puntos a 0,9%; y para 2021 le rebajó 0,5 unidades para ubicarlo en 2,7% anual.
En conferencia de prensa, Werner explicó que esto es «respuesta a la incertidumbre sobre la inversión, el consumo de bienes durables, la demanda de bienes raíces, entre otros».
Pero destacó que la situación «también abre espacios para que la sociedad debata sobre temas como el crecimiento inclusivo y para que se enfoque en esto el crecimiento más de lo que se ha hecho hasta ahora».
El FMI espera que «el proceso constituyente sea una inversión» en la que se «incurre a un costo de incertidumbre y menor crecimiento, para que al final se alcance un crecimiento más inclusivo».
«Ese es el gran desafío: que este proceso rediseñe el modelo económico y político chileno, en una dirección donde se preserven las virtudes del modelo y que fortalezca el modelo en los pilares más débiles», agregó.
Aun así, aclaró que existen riesgos y que, en este caso, apuntan a la pérdida de las fortalezas de los últimos años y a que la incertidumbre no sea transitoria.
Panorama de la región
La región tampoco está exenta de desafíos que ahora son más internos que en otras ocasiones. Entre ellos, el FMI destacó «la escasez de inversión, el lento aumento de la productividad, un clima poco propicio para los negocios y la baja calidad de la infraestructura y la educación».
Este año, el PIB de América Latina y el Caribe crecería 1,6% y el próximo, 2,3%; ambos datos por debajo de lo estimado en octubre.
En el detalle por país, para este año el Fondo proyecta una expansión de 3,2% para Perú y de 3,5% para Colombia; este último impulsado por «el continuo apoyo monetario, la migración de Venezuela, las remesas, las obras civiles y el aumento de la inversión a raíz de modificaciones recientes de la política tributaria».
En tanto, Brasil crecería 2,5% por el «repunte de la confianza tras la aprobación de la reforma de las pensiones y las menores tasas de interés de política monetaria en el contexto de una inflación baja».
Para Argentina no hubo cambio frente a octubre «por el poco tiempo del nuevo gobierno» y quedaría con una caída de 1,7% de su PIB este año.
Sin modificaciones también se mantuvo a Venezuela que se contraería 10% en 2020 en medio de su «profunda crisis económica y humanitaria».
Por su parte, México se recuperaría a 1% en 2020 por el nuevo tratado comercial y la reciente distensión de la política monetaria.
Fuente: Diario Financiero, enero 30 de 2020
Un estudio dado a conocer por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (un comité de Corfo) reveló como este instrumento que reúne a empresas de un mismo rubro, está impactando en varios sectores económicos y regiones del país.
En 2019, los Acuerdos de Producción Limpia (APL) lograron reducir 300 mil toneladas de CO2 equivalentes, lo que representa un 0,3 % de las emisiones anuales de Chile (111 millones de toneladas al año). Si bien puede parecer una cifra pequeña, los APL están influyendo cada vez más en ciertos sectores productivos a lo largo del país. Y justamente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), que administra los APL, acaba de revelar lo qué ha sido este instrumento en los últimos 8 años en el estudio “Reporte Impactos Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) y Gases Efecto Invernadero (GEI) 2012-2019”.
La fecha de inicio del análisis está dada porque ese año la ONU validó a los APL como la primera Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA por su sigla en inglés) en Chile. Así, durante ese período de tiempo, se logró una reducción total acumulada de 1.466.336 toneladas de CO2 equivalente.
La ASCC (ex Consejo de Producción Limpia) es un comité de Corfo para el fomento a la producción sustentable en empresas chilenas, así como su adaptación y mitigación al cambio climático, con énfasis en pymes y en los territorios. Sus principales instrumentos son los Acuerdos de Gestión y Cuencas, Acuerdos de Pre-inversión y los Acuerdos de Producción Limpia (APL). Con respecto a estos últimos, son un convenio de carácter voluntario celebrado entre una asociación empresarial y organismos públicos con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y ambientales, como la eficiencia energética, reducción de GEI, valorización de residuos y buenas prácticas.
El informe aprovecha de hacer un recuento de lo que ha sido este instrumento a lo largo de su historia. Así, entre 1999 y diciembre de 2019, se han logrado 159 APL, clasificados en 11 sectores económicos, los que involucran la participación de 8.400 empresas y 14.040 instalaciones productivas. La mayor cantidad de adhesiones se da entre 2014 y 2017 con 4.529 APL firmados. El sector económico con mayor participación corresponde a la industria manufacturera con 56 acuerdos, que representan un 35% del total (ver gráfico).
En cuanto a la distribución geográfica, la región con mayor nivel de adhesiones es la Metropolitana con un 22%, seguida por la Región del Maule (19%), O’Higgins (16%) y Valparaíso (12%). “Con los APL, las empresas se dan cuenta del poco control que tienen en el uso de los principales recursos productivos, como el agua y la energía, y de los beneficios económicos que logran por ahorros en consumo. Junto con ello, visualizan que tener una mayor conciencia ambiental va aparejada con su futuro comercial”, comenta Giovanni Calderón, director ejecutivo de la ASCC.
El foco del CO2
Con respecto a las reducciones de CO2 indicadas en el estudio, estas se dividen en cuatro grupos. En primer lugar, se encuentran los ahorros asociados a menores niveles de quema de combustible (en establecimiento o transporte), que representan un 41,7% del total de reducciones, con una disminución de 631.290 toneladas de CO2 equivalente.
La segunda fuente es la eliminación de desechos sólidos, sumando 320.530 toneladas de CO2 equivalente ahorrados (21,2%) y la tercera, la disminución progresiva en el uso de fertilizantes. Desde 2012 a la fecha, esta categoría da cuenta de una reducción acumulada de 305.031 toneladas de CO2 (20,2%) de las reducciones totales. Por último, está el menor consumo de energía eléctrica en las instalaciones productivas, lo que se traduce en una reducción de 255.340 toneladas de CO2 equivalente (16,9%).
Fuente: Pulso – La Tercera, enero 29 de 2020
Benjamín Costa Navarro, socio de Estudio Navarro Abogados
«…Las empresas pueden acomodarse a los tiempos actuales utilizando las herramientas que dispone la ley, sin perjuicio de otras que en la medida de lo posible puedan acordar con los trabajadores en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos individuales (…), respetando siempre como límite la función protectora del derecho laboral…»
Atendida la compleja situación nacional en las últimas semanas, se ha hecho necesario que las empresas busquen vías alternativas para soslayar los efectos del impacto, en particular en lo referido a la jornada laboral de sus trabajadores, aplicando las normas de flexibilidad que permite nuestra legislación para otorgar facilidades atendidas dificultades y situaciones de fuerza mayor. Es en este contexto que hemos recomendado la implementación de algunas herramientas que dispone el ordenamiento jurídico-laboral vigente para que puedan adaptarse al escenario actual y planificarse en el corto y mediano plazo.
Una de las mayores dificultades observadas durante estas semanas ha sido el traslado hacia los lugares de trabajo. En este sentido, existen actualmente alternativas que otorga nuestra legislación al empleador para flexibilizar la jornada laboral. Así, por ejemplo, el artículo 12 del Código del Trabajo permite adelantarla o retrasarla en 60 minutos, con lo cual en algunas ocasiones podría evitarse el registro de atrasos masivos en las empresas. En este caso señalado por el artículo 12, para que proceda la modificación unilateral de la jornada es necesario que se dé el aviso correspondiente al trabajador con, a lo menos, 30 días de anticipación. No obstante, las partes, de común acuerdo, podrían pactar una distribución de jornada distinta para los mismos efectos.
En este mismo orden, la Inspección del Trabajo, por medio de su facultad normativa, ha señalado que como excepción a la necesaria certeza que debe tener el trabajador respecto de la jornada de trabajo que le corresponde, podrán las partes del contrato convenir que este último elija el momento de inicio de la jornada dentro de una franja de tiempo máxima de una hora, ajustándose automáticamente el momento de salida según la hora efectiva de ingreso.
Por otro lado, en el caso de empresas que han sido saqueadas, quemadas o vandalizadas, impidiéndose con ello su normal funcionamiento o el de alguno de sus establecimientos, sucursales, tiendas, bodegas u otros, el mismo artículo 12 citado permite al empleador unilateralmente modificar la funciones o el lugar de trabajo, siempre que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad y que ello no importe menoscabo para el trabajador.
En casos de mayor gravedad, en los cuales no exista la posibilidad de reubicar a los trabajadores por el tiempo que duren las reparaciones u otros es posible recurrir a la facultad que otorga la ley al empleador para imponer feriado colectivo. Los empleadores podrán determinar que en sus empresas o establecimientos, o en parte de ellos, se proceda anualmente a su cierre por un mínimo de 15 días hábiles para que el personal respectivo haga uso del feriado en forma colectiva. Esta herramienta de administración procede para todos los trabajadores de la empresa o de una sección de ella que lo requiera, debiendo otorgarlo incluso a aquellos que aún no cumplen un año al interior de ella.
De este modo, las empresas pueden acomodarse a los tiempos actuales utilizando las herramientas que dispone la ley, sin perjuicio de otras que en la medida de lo posible puedan acordar con los trabajadores en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos individuales de trabajo, tales como disminuir la jornada, anticipar días de vacaciones o suspender transitoriamente los efectos del contrato, respetando siempre como límite la función protectora del derecho laboral, que es fundamento de una de sus características particulares, como es que se trata de un contrato dirigido, esto es, que la ley determina en algunas materias fundamentales el contenido máximo o mínimo que debe tener.
Fuente: El Mercurio Legal, noviembre 26 de 2019
Se trata de un incremento de 1,4% respecto de diciembre del año pasado, según el Centro de Microdatos de la U. de Chile.
Este jueves, el Centro de Microdatos (CMD) de la Universidad de Chile, dio a conocer el informe sobre la desocupación en el Gran Santiago del mes de diciembre. La cifra arrojó que el desempleo aumentó hasta 8,8%, aumentando 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año pasado.
La medición tomó en cuenta la semana comprendida entre el 8 y 14 de diciembre de 2019.
Los resultados indican que la cifra de desempleo de diciembre es la más alta observada con respecto a los últimos tres años y fue influenciada por el estallido social. Es importante señalar que se ubica sobre el promedio de los últimos 10 años, el que fue 7,7%, aunque se encuentra bajo el promedio de los últimos 20 años (9,4%).
Con respecto a la segregación por género, en relación al género masculino, el desempleo llegó al 8,7% , mientras que en el género femenino la cifra llegó a 9%. Según grupo etario, los jóvenes (14 a 24 años) presentan la tasa de desempleo más alta, con un 24,1% versus el grupo de personas que tienen entre 25 y 54 años, cuya cifra alcanzó un 7,9%.
Asimismo, en doce meses la tasa de participación laboral masculina bajó de un 72,7% a 72,2%, y la participación femenina aumentó de un 54,1% a 55,3%.
«La tasa de desempleo en un 1% sería causado por el estallido social y eso se corrobora con otras encuentas también. Lo que uno pensaría es que a partir de marzo uno debería a empezar a regularizar el efecto del estallido, a menos sigamos con estos movimientos tan fuertes y no se resuelvan las demandas que estamos pidiendo que se resuelven, pero siempre se puede estar peor»
Director del Centro de Microdatos, Fabián Duarte
En cuanto a los sectores con mayor cesantía fueron construcción (13,4%), comercio (11,1%) y transporte (9,3%), es decir las mismas cifras que el levantamiento anterior.
En el último año, el empleo asalariado cayó un 1,2%, sumado a un crecimiento de 3,3% del empleo independiente. En relación a la encuesta de septiembre, el primero disminuyó un 1,1% y el segundo aumentó un 2,5 %.
En relación a lo último, se aprecia un crecimiento constante en el porcentaje de inactivos que manifiesta deseos de trabajar, qué pasó de 10,5% en diciembre de 2018 a 11,4% en diciembre de 2019.
Fuente: Emol economía, enero 23 de 2020
![Cámara aprobó proyecto que establece 15 días de permiso pagado por nacimiento para los padres]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"53","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBZdst0.img?h=533&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBZdst0.img?h=416&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBZdst0.img?h=416&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}})
El texto modifica el Código del Trabajo en lo referente a las normas sobre «Protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar». En primer lugar, se indica que los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo, padres o madres de niños o niñas no mayores de veinticuatro meses, tendrán permiso para asistir a los controles del niño sano, hasta su último control de lactante mayor.
Dichas horas deberán ser compensadas en la forma que acuerden con el empleador, salvo que en virtud de una negociación individual o colectiva se acuerde la no restitución. En caso de ser compensadas, se deberá considerar las limitaciones ya definidas en la ley.
La solicitud del permiso deberá formalizarse por cualquier medio escrito físico o electrónico con veinticuatro horas de anticipación, acompañando el documento que acredite dicha concurrencia.
El empleador, atendiendo la naturaleza de los servicios y las actividades de la empresa, deberá velar porque las condiciones laborales de sus trabajadores, en especial la organización y distribución de la jornada ordinaria y extraordinaria y especial de trabajo permita compatibilizar las obligaciones laborales y familiares del trabajador y su corresponsabilidad en el cuidado de sus hijos.
Permiso pagado de 15 días
Además, la iniciativa indica que el padre tendrá el derecho a un permiso pagado de 15 días en caso de nacimiento de un hijo, “el que será utilizado desde el momento del parto y en forma continua», excluyendo el descanso semanal y otro permiso adicional por quince días que podrá ser pactado con el empleador y que será distribuido dentro de los 180 días siguientes a la fecha del nacimiento.
Este permiso también se otorgará al trabajador o trabajadora que se encuentre en proceso de adopción y se contará a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor.
Este derecho es irrenunciable y también será aplicable a la madre no gestante del hijo o hija en el caso de que la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida y de ello resultare el nacimiento.
Se define que el trabajador o trabajadora deberá dar aviso al empleador del nacimiento o adopción de su hijo mediante cualquier medio escrito de comunicación interna de la empresa, ya sea físico o electrónico, acompañando el respectivo certificado de nacimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación o partida de nacimiento con la debida subinscripción de la sentencia judicial correspondiente.
Cumpliéndose los requisitos establecidos, el empleador deberá informar al trabajador sobre las condiciones de uso del permiso y su derecho a utilizar el permiso postnatal parental.
El empleador que niegue o dificulte el ejercicio de este derecho, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias mensuales, monto que se podrá duplicar en caso de reincidencia. Cualquier infracción a lo acá dispuesto podrá ser denunciada a la Inspección del Trabajo, entidad que también podrá proceder de oficio a este respecto.
Permisos por salud
El proyecto también aborda la situación de permisos parentales cuando se presente una situación de salud de un niño menor de un año o cuando, siendo un menor de 18 años, el hijo o hija padezcan una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte o cuando se haya producido un accidente grave.
Respecto del fuero laboral, se establece que en el caso del padre trabajador comenzará a regir desde el día del nacimiento del niño o niña y hasta un año después de nacido. Se incluye en la regulación la situación de la fertilización asistida y la adopción.
Por último, entre las normas se considera la situación de los padres que deben alimentar a sus hijos/as menores de dos años.
Fuente: 24horas.cl, enero 22 de 2020
A pesar de esto, la rotación laboral se redujo en el último cuarto del año ante la desaceleración de la economía derivada de la crisis social.
El actual escenario de menor crecimiento y alza esperada del desempleo, como consecuencia de la crisis social iniciada el 18 de octubre, no estaría desalentando las perspectivas de los trabajadores chilenos de cambiar de empleador.
Así lo revela la última edición del Workmonitor, estudio de tendencias de la consultora de RR.HH. Randstad. El sondeo revela que el 15,6% de los trabajadores declaró estar en una búsqueda activa de un nuevo empleo en el último trimestre de 2019, 2,5 puntos porcentuales (pp) de avance respecto al mismo período de 2018. Sin embargo, la cifra está lejos del máximo histórico de 2010, cuando el 25% de los empleados aseguró estar buscando una nueva plaza laboral.
La mayor proactividad en la búsqueda de un nuevo empleo va de la mano, según Randstad, a un aumento en el temor a perder el empleo. Dicho indicador mostró un alza de 3,4 pp en el último año, situándose en un 8,6% de los consultados.
Esto implica una aceleración al evidenciar que en el primer cuarto del año pasado apenas el 5,2% expresaba tener temor a perder su actual plaza laboral.
Francisco Torres, director de Staffing & Outsourcing de Randstad, señala que el actual momento del país ha generado movimientos en el mercado, especialmente en las industrias más afectadas por el estallido social.
“Los despidos provocados por la paralización de proyectos y la caída de las ventas que desató la crisis, incrementaron el temor a perder el empleo entre la población laboralmente activa. Por lo tanto, las personas que ven amenazado su puesto de trabajo han iniciado la búsqueda de nuevas oportunidades. Para algunos sectores, como el gastronómico, el comercio y el turismo, este hecho supuso un impacto inesperado en su capital humano”, explica.
Situación por tramos
Los empleados más activos en la búsqueda de empleo son aquellos que tienen entre 45 y 54 años con 20%, ocho unidades más que hace 12 meses, lo que a juicio de Torres es “natural”, tomando en cuenta que son personas que tienen una empleabilidad más baja, y ante la posibilidad de quedarse sin trabajo prefieren sondear alguna opción que les permita conseguir mayor estabilidad.
El siguiente rango es el de 35-44 años, con 18%, cuatro pp más que el mismo trimestre del año anterior; seguido por aquellos entre 18 y 24 (15%); entre 25 y 34 años (13%), y aquellos mayores de 55 años (12%).
Si bien más personas están buscando una nueva oportunidad, la rotación laboral en Chile (porcentaje de encuestados que señaló efectivamente haber cambiado de empleo en los últimos seis meses) bajó a 20% el último trimestre de 2019, cuatro unidades menos que el periodo anterior y 1,5 pp más bajo que hace un año.
“Pese al ímpetu de la fuerza laboral por encontrar un nuevo nicho de mercado, la tendencia en épocas de desaceleración suele ser disminuir la contratación, por lo tanto, no se están dando tantas posibilidades de cambio”, aseguró el experto.
Fuente: Diario Financiero, enero 22 de 2020
Cecilia Cifuentes Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School
El gobierno ha dado a conocer la segunda parte de su reforma de pensiones, aquella destinada a mejorar las pensiones de la clase media. Recordemos que ya se está pagando la mejoría del Pilar Solidario, que llega al 60% más pobre de los jubilados. Para lograr el objetivo se introduciría ahora un componente de reparto en las cotizaciones obligatorias, mal llamado “solidaridad” a mi juicio. Es cierto que las pensiones son la principal demanda ciudadana, pero la pregunta relevante si de verdad se quiere resolver el problema es ¿por qué estamos llegando a una situación en que la mayoría de los jubilados tiene pensiones que considera insuficientes? Hay varias causas, pero probablemente las más importantes son 1) el notorio aumento en la expectativa de vida y 2) el problema de la informalidad laboral, que no ha logrado resolverse a pesar del crecimiento de la economía. Es entonces un absoluto contrasentido que la “solución” que se está eligiendo agrave los problemas que causan las bajas pensiones. Se trata entonces de “antisoluciones”.
En efecto, decimos que una de las causas de las bajas pensiones es el envejecimiento poblacional, y entonces optamos por introducir un componente de reparto, que en la propuesta del gobierno es de un 3% del ingreso imponible y en la de la oposición un 6%, por lo que no sería raro que terminara más arriba de 3%. Se trata entonces de un componente que resulta el menos indicado frente al problema demográfico, ya que es un hecho cierto e indesmentible que hacia adelante la relación entre cotizantes y jubilados irá cayendo, por lo que los beneficios que se entregan al inicio dejan de ser sostenibles en el tiempo. Por algo la mayoría de los países que tienen sistemas de reparto han ido aumentando edades de jubilación y disminuyendo beneficios, junto con introducir elementos de capitalización. Nosotros optaríamos por ir en la dirección inversa.
Por otra parte, el otro gran problema que tenemos es la informalidad y la subcotización, entonces planteamos una “solución” que encarece y desincentiva la contratación formal por parte de los empleadores (al hacer de cargo del empleador todo el aumento de cotización) y por parte de los trabajadores genera todos los incentivos a cotizar por el monto más bajo posible, de tal manera de maximizar los beneficios a recibir. Vemos, por ende, que el problema de informalidad probablemente se va a agravar, tanto por este nuevo proyecto de ley, como por la significativa mejoría del pilar solidario. Se suma a este cóctel la reducción de jornada, el proyecto de ingreso mínimo garantizado (que también fomenta cotizaciones por el mínimo), en un contexto de automatización del trabajo. Parece que fuera casi una meta de las políticas públicas dañar el mercado laboral formal.
Por último, esta reforma es de alguna manera un engaño a la clase media. Muchos de los actuales cotizantes están presionados financieramente por sus propios gastos, su necesidad de ahorro para la vejez y la ayuda económica a sus padres jubilados, por lo que demandan un apoyo de política pública en estos roles. Entonces este proyecto de reforma les plantea ahora mejores pensiones para sus padres, pero no les dice que igualmente las pagarán ellos con sus cotizaciones previsionales mediante un reparto, que además genera efectos negativos en el mercado laboral. Frente a eso, la alternativa de la verdadera solidaridad que tenemos ahora parece mucho mejor, ya que al menos no castiga las condiciones laborales actuales de esa clase media.
Fuente: Diario Financiero, enero 21 de 2020
Con fecha 15 de enero se publicaron en el Diario Oficial las resoluciones que aumentan el tope máximo de imponible para las cotizaciones de seguridad social.
Es tiempo de hacernos cargo de las problemáticas de nuestra época. Es hora de asumir una tarea urgente respecto a la salud mental de los trabajadores chilenos. Está en los medios, en nuestro día a día, en las redes sociales y en nuestros propios estudios: las enfermedades mentales causadas por factores laborales han aumentado en los últimos años, siendo hoy cerca del 60% del total de enfermedades profesionales.
Es una realidad que no debemos omitir.
Es el signo de los tiempos, es fruto del cambio de la matriz productiva de nuestro país, es la cultura de la competencia, del ritmo frenético, del estrés…. Es el resultado de una sociedad que no ha encontrado el camino óptimo para conciliar la búsqueda de mayor prosperidad y paz interior.
La Asociación Chilena de Seguridad tiene la convicción que alcanzaremos un mayor desarrollo si somos conscientes que este se logra cuidando a las personas, y no a costa de la salud de ellas. En este sentido, creemos necesario enfatizar nuestro apoyo hacia las organizaciones en la búsqueda por controlar mejor la exposición a los riesgos psicosociales.
Vivimos un momento clave, que nos obliga a visibilizar mejor esta problemática creciente, Es el momento de cuestionarnos cómo hacer las cosas mejor, diseñando procesos más robustos y desarrollando metodologías y herramientas más precisas para hacerle frente.
Por eso, hoy queremos invitarlos a conversar del desafío que tenemos respecto a la salud mental en los lugares de trabajo en Chile, a sensibilizarnos sobre su impacto y a identificar las mejores soluciones.
Nuestro deber es velar por un país que asegure entornos de trabajo libres de riesgos, contribuyendo a formas de trabajo dignas y altamente productivas. Buscamos que las personas desplieguen de manera segura todo su potencial profesional. Es un deseo que nace de una vocación de trabajo conjunta y articulada, entre ustedes y nosotros.
Sigamos avanzando juntos por este camino.
Salud Mental, un riesgo invisible
25 de marzo de 2020
08:30 am
Centro Parque, Av. Pdte. Riesco 5330, Las Condes
Fuente: AChS, enero 21 de 2020