Análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP mostró que 15,6% de los asalariados es parte de alguna modalidad de subcontratación.
La legislación laboral en el el país se apresta a enfrentar una serie de cambios de aprobarse la nueva Constitución. Ya pasaron al borrador del nuevo texto propuestas en el sentido de garantizar la libertad sindical, el derecho a huelga y la posibilidad de que los trabajadores -a través de organizaciones sindicales- puedan participar en las decisiones de las empresas.
Una idea que no logró el quórum de dos tercios del pleno de la Convención Constitucional -y, por ende, volvió a comisión para una nueva redacción- fueron los límites que desde algunos sectores se querían establecer a la subcontratación o tercerización. Es decir, a aquella modalidad utilizada por las empresas para delegar en terceros ciertos procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero que usualmente no forman parte de su giro directo (core business).
Pero, ¿qué tan extendida es esta práctica en Chile? ¿Es efectivamente un tipo de trabajo precarizado? ¿Qué dicen las cifras? Estas fueron parte de las preguntas que respondió un análisis del director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, basado en la la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Bajo el título “Tercerización en Chile: magnitudes y características de las relaciones laborales multipartitas”, el economista identificó que los asalariados adscritos a alguna de las modalidades correspondientes a subcontratación sumaron 1.003.867 en el trimestre diciembre 2021 – febrero 2022, lo que equivale a 15,6% del total de personas con contrato.
La prevalencia de esta figura, que tiene como contraparte los 5.411.877 de quienes tienen una relación laboral directo con la compañía en que se desempeñan, llega a 25,7% en el sector público, mientras que en en el ámbito privado alcanza a 13,6%.
Por rubro económico, minería es el rubro que lidera en subcontratación, ya que el 52,3% de los asalariados está bajo esta modalidad.
Otras ramas con una alta participación de trabajadores tercerizados son suministro de electricidad y gas, enseñanza y salud, con niveles de 35,9%, 26,2% y 26,1%, respectivamente.
¿Precarización?
Para Bravo, el debate en torno a la tercerización se debe realizar a la luz de la evidencia, ya que ésta demuestra que los empleos tercerizados “no tienen una mayor precariedad”.
De hecho, las cifras dan cuenta de que la tasa de ocupación informal para el segmento de asalariados tercerizados es de 10,3%, la que constrasta con el 15,6% en el caso de aquellos no tercerizados.
Con respecto a la estabilidad laboral, las cifras indican que el porcentaje de contratos indefinidos es menor en el segmento de tercerizados es de 58,7% en comparación a 73,5% en los no tercerizados.
Según complementa Bravo, los trabajadores tercerizados exhiben mejores indicadores en materia de seguridad social respecto a sus contrapartes, ya que en el caso de la subcontratación existe en la legislación laboral la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria.
¿Qué significa esto? que la empresa principal (mandante) está obligada a responder por las deudas laborales y previsionales en que hayan incurrido sus contratistas o subcontratistas con sus trabajadores, por lo que tienen menos posibilidades de que nadie responda por sus cotizaciones.
De ahí que Bravo plantee que las cifras no sugieren necesariamente que los empleos asalariados tercerizados tengan un menor grado de seguridad social y, por ende, de formalidad.
A su juicio, otro elemento necesario a analizar para saber si existe precarización laboral, es la existencia de brechas de ingresos entre asalariados tercerizados y no tercerizados.
Conforme a las cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE del año 2020, el promedio del ingreso de la ocupación principal entre asalariados tercerizados fue de $615.042, mientras que entre los asalariados no tercerizados dicha cifra fue de $ 728.790. Una diferencia de 18,5%.
Bravo explica que la diferencia salarial radica en que entre los trabajadores tercerizados hay una proporción mayor de trabajadores en ocupaciones de baja calificación y una proporción menor en ocupaciones de alta calificación en comparación a los trabajadores no tercerizados.
“Quienes ejercen ocupaciones de baja calificación tienen una menor capacidad de generación de ingresos considerablemente menor a los de alta calificación”, explica el economista.
Consultado respecto a si debe o no limitarse en la Constitución el uso de esta modalidad laboral, Bravo es claro: este es un aspecto que debe ser regulado en la legislación laboral, y no en la carta fundamental.
“Cuando uno mira las normas que se han aprobado, uno ve que hay aspectos demasiado específicos sobre el mercado laboral, y la Constitución no debe transformarse en otro Código del Trabajo, porque para eso existe la legislación laboral, para ver todos los aspectos detallados del mercado laboral”, enfatiza.
Los trabajadores por turno,
otra mirada al mercado laboral
Un análisis realizado por el INE mostró que las personas ocupadas que trabajan bajo algún sistema de turno en el país sumaron 618.677 en el trimestre diciembre-febrero 2022, lo que representa un 7,1% del total. El valor más bajo observado fue en agosto-octubre de 2020, con 480.206 personas, agregó el reporte.
De todos quienes laboran por turno, el 73,1% correspondió a hombres (452.008) y el 36,9% a mujeres (166.669). Si se compara con el conjunto de ocupados por sexo, los primeros son el 5,2%y las segundas el 1,9%.
La revisión de las cifras por sector económico muestra que este esquema se encuentra concentrado en las ramas de minería, actividades de salud, industria manufacturera y transporte, los cuales -por sus características productivas- requieren un funcionamiento continuo.
Coherente con lo anterior, las regiones que presentaron las mayores participaciones relativas de personas ocupadas con turnos fueron Antofagasta (24,2%), Atacama (20,4%) y Tarapacá (13,6%).
El total de horas trabajadas por los ocupados bajo sistema de turno, luego de aplicar los ajustes correspondientes -señala el INE-, tiene una distribución similar a la de horas habituales por los ocupados nocturno, permitiendo su homologación.
De todas formas, las personas ocupadas que declaran el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales representaron al 11,5% del total de la población ocupada. Segúnsexo, los hombres ocupados representaron al 12%, mientras que en las mujeres ocupadas al 10,8%.
Fuente: Diario Financiero, abril 25 de 2022
Las redes del presidente Gabriel Boric con el empresariado en Chile son exiguas. El más cercano exponente del sector para el presidente es Pablo Zamora, ex NotCo, recién nombrado director de Fundación Chile. Los encargados de armar los puentes son Lucía Dammert y Diego Pardow, ambos asesores del segundo piso, quienes por estos días definen qué empresarios serán los invitados a la gira a EE.UU. en junio próximo.
La desconexión quedó en evidencia en plena campaña presidencial. Cuando el equipo de Gabriel Boric se repartió las responsabilidades y roles que cada uno debía tener, la falencia quedó al descubierto: no había nadie que tuviera redes estrechas con el mundo empresarial.
El único que cubría de cierta manera ese frente era Diego Pardow, entonces coordinador programático de Gabriel Boric. Si bien la trayectoria del abogado y expresidente ejecutivo del think tank Espacio Público ha estado ligada principalmente a la academia y a las políticas públicas, en su paso como abogado asociado por el estudio de Enrique Barros (entre 2002 y 2005) y luego por Ferrada Nehme (del 2008 al 2020), tuvo vínculos con grandes grupos empresariales.
“No había muchos puntos naturales de conexión. Y para agudizar el contraste, era muy distinto a la relación de Piñera con los empresarios. Pardow era quizás el que tenía el menor costo de entrada. Más códigos de información”, explica una persona que participó en el equipo programático de Gabriel Boric.
El abogado fue entonces el encargado de reunirse con los gremios, compañías multinacionales, grupos empresariales y asociaciones varias para dar a conocer el programa y para que el entonces candidato lograra tender puentes con ese mundo.
Y aunque Gabriel Boric participó de foros empresariales y se reunió con la CPC, la Sofofa y también con organizaciones como Icare y Endeavor, entre otros, lo cierto es que hasta hoy todavía no existen lazos consolidados desde el gobierno con el mundo de los negocios.
“Es una relación en construcción”, reconoce un cercano a esta administración.
Gabriel Boric siempre ha mirado de lejos a ese mundo. Su padre, Luis Boric, es ingeniero de Enap y militante DC, y en su entorno familiar no hay muchos empresarios. Esto no quita que no entienda el rol de la empresa en la sociedad, pero es un vínculo que está recién empezando a formar, aclara un asesor.
Aún así, desde que asumió el 11 de marzo pasado, el mandatario no ha sostenido ningún encuentro formal con ningún empresario o gremio, salvo por la gira en Argentina, donde, según quienes asistieron, se mostró interesado y cordial con los invitados y donde empezó a generar las confianzas que se esperan con ansias desde el gremio.
Consultados por DF MAS, los grandes grupos empresariales del país confirman que ninguno de sus fundadores ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Boric desde que asumió como presidente. Desde la Sofofa y la CPC dicen que aunque han pedido audiencias, todavía no logran concretar el encuentro y más de un empresario sigue recordando el que no hayan sido invitados al cambio de mando, el 11 de marzo.
Desde el gobierno replican: “La agenda ha sido dificilísima, con la cantidad de reuniones protocolares y las urgencias del día a día, no hay tiempo, pero eso debería empezar a cambiar ”. Y confirman que serán agendados en los próximos días.
Hasta ahora, la relación del gobierno con el empresariado la llevan principalmente los ministerios, en particular Hacienda, Economía y Trabajo y Secretaría General de la Presidencia, quienes tienen la misión de consolidar las conversaciones que cada uno tiene con los empresarios para traspasar al presidente esa información.
La gira a EE.UU. y las diferencias con Sutil
Si en la época de Sebastián Piñera la encargada de hacer el nexo entre el presidente y los gremios empresariales era su jefa de gabinete, Magdalena Díaz, en la administración Boric quienes asumieron ese rol son principalmente la jefa del segundo piso, Lucía Dammert, y el abogado Diego Pardow. Son ellos quienes revisan las audiencias y ordenan esa agenda.
De hecho, ya están en pleno diseño de la próxima gira presidencial a Estados Unidos, donde Boric participará de la Cumbre de los Estados Americanos que se inicia el próximo 6 de junio en Los Ángeles.
Aunque todavía no se ha extendido ninguna invitación, desde Presidencia confirman que se espera que participen representantes del mundo de la innovación y también de la agricultura, las dos grandes actividades que caracterizan al estado de California. De hecho, actualmente se está definiendo si se extenderá la invitación al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, o se optará por otro actor de este sector para que acompañe al presidente.
Y aunque todavía no está claro si los líderes de Sofofa o de CPC asistirán, el mandatario habría confirmado a los empresarios que lo acompañaron en el viaje a Argentina, que en su próxima gira serían incluidos los grandes gremios.
De hecho, fuentes de La Moneda dicen que en la última gira Sofofa estaba entre los invitados. Pero en vez del presidente del gremio Richard von Appen, fue la consejera Rosario Navarro la escogida para cumplir con los criterios de paridad de género. Sin embargo, la vicepresidenta de Sonda no pudo asistir: se encontraba en Estados Unidos en esa fecha.
El caso de la CPC fue diferente. Uno de los problemas con que se encontró el equipo de Gabriel Boric fue que todos los presidentes de rama hoy son hombres, y lo otro es que se quería evitar un episodio como el vivido durante la campaña, en el cual tras una reunión con el entonces candidato, el presidente de la CPC, Juan Sutil, realizó un punto de prensa donde criticó la participación del Partido Comunista en la alianza de gobierno.
La alocución no habría caído bien en el equipo del mandatario: días previos había estallado la colusión del gas, y ambas partes habían acordado que el encuentro sería para buscar espacios de comunión y no para marcar diferencias ni críticas.
“No tenemos ninguna relación directa con el presidente. No hemos podido concretar ninguna reunión. No conocemos su agenda y más allá de eso no podemos hacer, pero sí creo que es fundamental entender que en situaciones complejas, y especialmente en aquellas donde el país va a requerir de ciertas transformaciones, hay que concordar, y para eso hay que sentarse a conversar”, dice Sutil. De todas maneras, el líder gremial añade que sí han tenido reuniones con los ministros Siches, Grau, Marcel y Jeannette Jara, con quien trabajan en conjunto en el Consejo Superior Laboral, instancia de diálogo para buscar acuerdos en materia previsional y laboral.
¿A quién escucha?
Hoy por hoy, el empresario más cercano al presidente Gabriel Boric es Pablo Zamora, el fundador de NotCo, quien salió del día a día de la FoodTech en 2020.
Se conocieron en 2012, cuando ambos fueron elegidos por El Mercurio dentro de los 100 jóvenes líderes. Desde esa época, en la que Boric era presidente de la Fech y Pablo Zamora un emprendedor que vivía en Estados Unidos, empezaron a forjar una amistad que se ha ido estrechando con los años.
Aunque el ex NotCo no milita en ningún partido, tiene afinidad con el Frente Amplio y, por lo mismo, se empezó a topar con el actual mandatario en varios espacios en común. “Hemos conversado frecuentemente. Tengo una relación muy estrecha con él y también con el ministro Grau. Me interesa que las temáticas sobre innovación estén sobre la mesa y estoy agradecido de que estos asuntos hoy estén en la agenda”, dice Zamora.
El bioquímico, que acaba de ser nombrado como director de la Fundación Chile, jugó un rol importante en la campaña, desde donde articuló una red de emprendedores tecnológicos que funciona hasta el día de hoy. Es además una especie de asesor informal del presidente Boric, quien le pide su opinión sobre diferentes materias, entre ellas, cómo incentivar el emprendimiento, reactivación económica y también cómo el Estado puede dinamizar la economía a través de la modernización de sus instituciones.
Con el presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri, también han ido forjando una relación. No conversan comúnmente, pero tras la participación de Boric en Enade y la invitación a Gazmuri a la gira en Argentina, han ido generando mayor confianza. “Mi relación con el presidente ha sido muy fluida desde cuando era candidato. Me ha sorprendido su empatía”, afirma el presidente de Icare, organización con la cual actualmente el gobierno participa en la iniciativa Grupos Compromisos (ver recuadro).
Gabriel Boric también se ha mostrado impresionado por los planteamientos de Asimet, gremio liderado por Dante Arrigoni, otro de los que acompañó al presidente a Buenos Aires. “Lo invitamos al foro de la industria el año pasado y parece que caló hondo nuestro mensaje porque en el discurso de apertura del encuentro empresarial en Argentina mencionó nuestro foro y la necesidad de aumentar la industria en nuestro país”.
Arrigoni también ha tenido una estrecha relación con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y entre los planteamientos que han conversado está la creación de un Consejo de la Industria, compuesto por representantes regionales y de diversas asociaciones de empresas, que guíe la estrategia industrial del país y dependa de una nueva institucionalidad: la Subsecretaría de la Industria.
“Con el presidente nos vamos a reunir nuevamente. Nos pidió que le explicáramos mejor nuestra estrategia, pero principalmente con su equipo quedamos de trabajar y estamos coordinando las reuniones”, agrega Arrigoni.
Los socios de Unholster, Cristóbal Huneeus y Antonio Díaz-Araujo, también serían voces que el presidente escucha con atención. La empresa especializada en Data Science, Análisis de Datos, Desarrollo de Software fue la encargada chequear varios de los nombres para el gabinete del nuevo gobierno.
Empresas B y pluralidad
Otro foco de interés del mandatario en el mundo empresarial son las empresas B y aquellas con liderazgo femenino. Josefa Monge, presidenta de Sistema B, explica que durante la campaña se reunieron algunas veces con Diego Pardow y Giorgio Jackson. Pero fue durante la gira que conoció por primera vez al presidente.
“Fue muy cercano y entusiasta de las empresas B, muy apañador de lo que hacemos, nos presentaba siempre explicando por qué estábamos en su comitiva. La sensación que queda es de mucha apertura y de la búsqueda de una narrativa hacia el mundo empresarial. Que puede ser que la estén ensayando todavía”, dice.
Pero aunque algunos indican que ella es una de las personas que Gabriel Boric escucha, Monge es cauta: “Las empresas B tuvimos un protagonismo generoso para nuestro tamaño en la gira, pero desde ahí a que estemos ‘pauteando’ al gobierno, estamos muy lejos de eso. Sí creo que cuando encuentren esa épica sobre propósito e impacto, tendremos mucho que aportar. Si queremos una recuperación económica postpandemia, sería iluso pensar que la vamos a hacer sin la empresa. La solución son más y mejores empresas”.
Una visión similar tiene Fernanda Vicente, quien también asistió a la gira. “Tengo la sensación de que quieren entender cómo funcionan las compañías chilenas, pero no contado por los mismos líderes de siempre. No quieren defensas corporativas, sino comprender bien cómo funciona la dinámica interna desde los actores no tradicionales, lo que me parece un approach interesante”, dice la presidenta de Mujeres del Pacífico.
La decisión de prescindir de los tradicionales grupos de poder del mundo de los negocios fue absolutamente premeditada. Desde el entorno de Gabriel Boric confirman que la idea era mostrar la pluralidad de miradas que existen entre los empresarios chilenos. “Nos dimos cuenta en la campaña de que la voz del mundo empresarial era mucho más plural que como se presenta, que son un grupo heterogéneo con diferencias de opinión. En la opinión pública hay una caricatura instalada del empresario y la idea era salir de eso y visibilizar esas otras voces”, dicen.
«Me interesa participar»
Fue en enero pasado, a raíz de su participación en Enade. Ahí el presidente Gabriel Boric se hizo parte de la iniciativa levantada por Icare con el apoyo de la CPC para desarrollar grupos de trabajo en base a siete compromisos para resolver lo que han llamado “dolores ciudadanos”.
Salud, adulto mayor, agua, cambio climático, territorio y ciudades, mejores empresas y educación son las diferentes temáticas que deberán discutir, analizar e intentar resolver estos grupos con la colaboración del Estado. Por esta razón, desde presidencia ya tienen definido quiénes serán las personas que desde el gobierno se integrarán a estos equipos de trabajo.
“Esto parte como un documento que entregamos en enero, se lo mostré al Presidente y me dijo ´me interesa participar´. Estamos ya trabajando para en junio tener proyectos concretos que el gobierno pueda hacer suyos”, explica Lorenzo Gazmuri.
Fuente: Diario Financiero, abril 23 de 2022
Este año la economía nacional crecería un 1,5%, para desacelerarse a 0,5% en 2023. En ambos períodos la expansión del país estaría por debajo de la media global y de América Latina.
Un duro aterrizaje sufrirá la economía chilena tanto este año como el próximo. Así lo han anticipado diferentes actores en los últimos meses, a quienes ahora se suma el Fondo Monetario Internacional (FMI). La entidad prevé que en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se expandirá solo un 1,5%, mientras el año que viene el crecimiento llegaría a 0,5%.
El pronóstico se revisó a la baja en la actualización del Panorama Económico Mundial (WEO, su sigla en inglés), que la entidad publica en medio de sus reuniones de primavera junto al Banco Mundial. A fines de enero, el Fondo estimaba que el PIB nacional creciera un 1,9% este año, similar al alza contemplada en ese entonces para 2023.
El cuadro delineado ahora queda en medio de la proyección que el Banco Central presentó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), que contempla que la economía chilena se expanda entre 1% y 2% este año, para moderarse a un rango que iría entre una caída de 0,25% y un alza de 0,75% en 2023.
El panorama del FMI dejaría a Chile por debajo del pronóstico para la economía mundial y de América Latina. Tanto este año como el próximo, el crecimiento global se moderaría a 3,6% -desde el alza de 6,1% de 2021-, y en la región la expansión llegaría a 2,5% tanto en 2022 como en 2023.
La inflación también será una preocupación para la economía nacional y global en los años que vienen. El Fondo estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedie 7,5% en 2022 en Chile, para moderarse a 4,5% en 2023. El dato estimado para este año queda por debajo del 8,2% que estima el IPoM como media, pero el panorama del FMI para el período que viene es superior al 3,4% que proyecta el Central.
En el plano fiscal, el organismo internacional estima que el saldo de la cuenta corriente se moderará a una contracción de 4,5% este año, para seguir acotándose a una baja de 3,4% en 2023. En lo laboral, en 2022 el desempleo bajaría desde el año pasado, pero promediaría 7%, para descender a 6,9% el año que viene.
Ingresos per cápita
Hace cuatro años, el FMI apostaba a que 2022 sería el año en que el PIB per cápita de Chile -medido en dólares corrientes a paridad de poder de compra- superaría los US$ 30.000. Pero con un estallido social y una pandemia de por medio el panorama ha cambiado, y ahora el organismo estima que en 2024 la economía nacional superará ese umbral, llegando a US$ 30.186.
Con esto, el Fondo adelantó su apuesta para el período en que Chile llegará a US$ 30.000, ya que en su actualización de octubre pasado estimaba que el umbral se cruzaría en 2025, y hace un año se inclinaba por alcanzar dicho hito en 2026.
La entidad ahora prevé que los ingresos per cápita nacionales lleguen a US$ 28.526 en 2022, y hacia adelante, el avace anual sería de más o menos US$ 1.000, para llegar -se espera- a US$ 33.455 en 2027, el último año que contempla el análisis del Fondo.
En Sudamérica, Chile seguiría liderando y sería el primero en alcanzar los US$ 30.000 per cápita. Uruguay lo lograría en 2025 y al año siguiente vendría el turno de Argentina. El resto de la región estaría más bien por debajo de Chile y los países ya mencionados. En cinco años Brasil tendría un PIB per cápita de US$ 20.439, y Colombia de poco más de US$ 23.000.
Ecuador llegaría recién a US$ 15.163 al cierre del ejercicio, y México a US$ 26.469 para el mismo 2027.
Ese año, los ingresos per cápita nacionales se codearían con los de Serbia y Uruguay: el primero alcanzaría los US$ 33.231 en 2027, y el segundo treparía a US$ 33.295.
Preocupaciones globales
El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió ayer que “las perspectivas económicas mundiales se han visto seriamente afectadas, en gran parte debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia”. Afirmó que, “más allá de su impacto humanitario inmediato y trágico, la guerra frenará el crecimiento económico y aumentará la inflación”, y agregó que “los riesgos económicos generales han aumentado considerablemente, y las compensaciones de política se han vuelto aún más desafiantes”.
Para este año, el ajuste a la baja para la economía mundial fue de 0,8 puntos porcentuales, como consecuencia del impacto directo del conflicto bélico. El PIB para la Unión Europea se recortó en 1,1 pp. por los efectos indirectos de la guerra, convirtiéndose en el segundo mayor contribuyente a la revisión general a la baja. Entre las grandes potencias el cambio fue más modesto: el FMI revisó el panorama para el PIB de EEUU en 0,3 puntos, y para China el recorte fue de 0,4 unidades.
Gourinchas alertó que “la inflación se ha convertido en un peligro claro y presente para muchos países”, y planteó que, incluso antes de la invasión, se disparó gracias al aumento de los precios de las materias primas y los desequilibrios entre la oferta y la demanda.
Fuente: Diario Financiero, abril 20 de 2022
En reciente entrevista con “El Mercurio”, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, entregó algunas definiciones respecto de las tareas de su cartera para los próximos años. Considerando la importancia del comercio internacional en el desarrollo económico, y habida cuenta de los planteamientos formulados durante la Última campaña por parte de la candidatura del hoy Presidente Gabriel Boric, de revisar los tratados de libre comercio, la acción del Gobierno en esta materia cobra especial relevancia.
Las definiciones del subsecretario tienen como base un juicio enfatizado por sectores de la izquierda, pero de dudoso sustento empírico, esto es, que el desarrollo económico chileno requiere de políticas industriales que, de alguna manera, apuntan en una dirección opuesta al proceso de apertura comercial en que nuestro país ha estado inserto. Especialmente llamativa es la referencia a que los tratados deben resguardar la autonomía regulatoria del Estado -sugiriendo que los acuerdos actuales no garantizarían aquello-, y su mención al aprendizaje de la experiencia argentina por desarrollar su industria, ejemplo que se derrota a sí mismo.
El énfasis en la autonomía regulatoria, por su parte, plantea dudas sobre el verdadero alcance de este debate. Los tratados firmados por Chile no han limitado sus atribuciones para definir e impulsar políticas económicas, salvo en aspectos intrínsecos a cualquier tratado, como son el trato parejo a las inversiones extranjeras y la imposibilidad de establecer políticas que arbitrariamente beneficien a los actores domésticos. Son estas mismas exigencias, básicas en el plano internacional, las que han permitido a muchos sectores chilenos exportar a las más diversas latitudes. Es necesario, por tanto, que las autoridades de gobierno sean más específicas en explicar qué aspectos de los tratados debieran renegociarse.
Cabe también observar los alcances que puede tener la participación ciudadana en estas discusiones, aspecto enfatizado por el subsecretario. El comercio internacional, por definición, deja ganadores y perdedores dentro de un país, como consecuencia de las ventajas relativas en la producción entre distintas naciones. La bondad del comercio, por tanto, no descansa en la inexistencia de costos, sino en que los beneficios superan a las pérdidas, donde a su vez las políticas públicas pueden compensar adecuadamente a esos “perdedores”. Los esfuerzos de participación -herramienta valiosa en la discusión de ciertas iniciativas- no pueden significar dejar supeditada toda la política comercial al reclamo puntual de algún sector. Ello supondría renunciar al interés general en función de la capacidad de presión de quienes representan intereses específicos.
Las definiciones del alto funcionario también dan cuenta de la particular estrategia con que el Gobierno está abordando ciertas materias, dilatando una definición hasta el desenlace del proceso constitucional. Así lo plantea el subsecretario a propósito del TPP11, acuerdo comercial cuya injustificada dilación -con la consiguiente pérdida de oportunidades para el paÍs- ha sido, en parte, el resultado de los cuestionamientos expresados por quienes hoy integran la coalición gubernamental, incluido el propio Ahumada. Así, esta administración parece estar siguiendo un camino que involucra impulsar por ahora una agenda de temas menos controvertidos mientras en cuestiones más sustantivas evita tomar la iniciativa, esperando que la Convención lo haga. Tal fórmula presenta, sin embargo, una doble complejidad. Por una parte, implica postergar definiciones de fondo y prolongar las incertezas. Por otra, parece asignar al proceso constitucional la tarea de zanjar materias -como la suscripción o no de un tratado comercial- cuya especificidad no es propia de una Carta Fundamental, excluyéndolas así del debate político.
Fuente: El Mercurio, abril 19 de 2022
El número de trabajadores ocupados llegó a 9,16 millones en abril, superior a lo registrado antes de la llegada del coronavirus al país.
Luego de tres meses sin realizarla, la Universidad Católica volvió con su encuesta de empleo este martes, mostrando una diagnóstico del mercado laboral chileno durante la primera semana de abril y dando cuenta de cifras positivas, sobre la recuperación de los empleos.
El número total de ocupados, según el sondeo, es de 9,16 millones de personas, superando así por primera vez el número trabajadores ocupados registrados antes de que la pandemia de covid-19 se instalara en el país en marzo de 2020.
El nivel de empleo durante la primera semana de abril es, en total, 96 mil empleos superior al existente previo a la llegada del coronavirus a territorio nacional.
La tasa de empleo, además, se recuperó con fuerza llegando a 57,2%. Es decir, solo resta subir 1 puntos porcentual (pp.) para retomar el nivel que el mercado laboral chileno exhibía en la era prepandemia (58,2%).
En todo caso, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, Davide Bravo, comentó que si bien se recuperó el nivel de ocupados previo al arribo del coronavirus, han pasado dos años desde el inicio de la crisis sanitaria y la población en edad de trabajar ha aumentado en 447 mil personas.
Por ende, comentó que para tener la misma tasa de ocupación prepandemia se requeriría tener un número total de 9,33 millones de ocupados. En concreto, aun faltan por recuperar otros 165 mil empleos.
Por género, las mujeres registraran un nivel de ocupación de 3,97 millones de trabajadoras, superior a las 3,84 millones anotadas antes de marzo de 2020. Como la tasa de ocupación femenina es de 48,6% en abril y este nivel supera el prepandemia, las mujeres se recuperaron de la crisis antes que los hombres.
Estos últimos, apuntaron un nivel de ocupación de 5,19 millones, casi igual a los 5,23 millones previos a la crisis. La tasa de ocupación masculina, en tanto, escaló a 66,2% en abril, inferior en 2,4 pp., a la era antes del covid. Los hombres aún deben recuperar 188 puestos de trabajo, 36 mil para llegar al mismo número y otros 152 mil por el aumento de la población activa.
David Bravo «Las mujeres no solamente recuperaron los empleos que habían perdido durante la pandemia, además dieron cuenta del aumento de la población femenina y están un poco por arriba incluso. Hay empleos adicionales. Las mujeres ya llegaron a la meta, es una muy buena noticia», recalcó, añadiendo que «los que aún tienen un rezago son los hombres».
Por otra parte, el nivel de empleos asalariados se ubicó 1,6% por debajo a la época prepandemia y la cifra de trabajadores de casa particular es todavía un 5,9% inferior. Distinta es la situación de los trabajadores por cuenta propia, que superaron que registro anterior a la crisis en 215 mil personas, quedando un 9,6% por arriba.
A su vez, la tasa de participación laboral sigue siendo inferior, esta vez en 2,2 pp. a lo que era antes del covid-19. Con todo, se ha recuperado en 13,4 puntos desde julio de 2020 -cuando el coronavirus golpeaba más duro al mercado laboral- y está en el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, anotando una recuperación del 86%.
Asimismo, un total de 569 mil personas declaró que habría estado buscando trabajo si existiera la crisis sanitaria: 224 mil hombres y 345 mil mujeres. Bravo, además, destacó que a medida que la tasa de participación laboral se acerca a sus niveles pre crisis, disminuye la «distorsión» de la tasa de desempleo, que se ubicó en 6,1% en abril, y en 8,2% si se le agregan las personas que buscarían trabajo sin pandemia.
En tanto, durante la primera semana de abril, un 13,8% de los ocupados trabajó al menos una hora en modalidad de trabajo remoto, es decir, u total de 1,26 millones de trabajadores.
Bravo: «Son buenas noticias»
El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, destacó que «son buenas noticias, en el sentido de que recuperamos la totalidad de los empleos que se perdieron en la pandemia. De hecho, tenemos cerca de 100 mil empleos por sobre el nivel que teníamos antes. Esta es la foto al 10 de abril».
«La meta de la tasa es volver a tener 58,2%, vemos que es 57,2%. Es un salto bien importante, dos puntos en la tasa de ocupación. Ese salto se traduce en que ya pasamos el número absoluto de empleos que teníamos antes de la pandemia, porque todavía quedan empleos por recuperar precisamente porque en el camino aumentó la población», añadió.
Además, el economista destacó que la Región Metropolitana recuperó su situación anterior a la crisis. Esto, «no solamente en número sino que su tasa, casi dos puntos superior. La Región Metropolitana dio por superada la pandemia», aseguró, con una tasa de ocupación que llegó a 61,9%, cuando antes del arribo del covid-19 era de 60,1%.
Fuente: Emol economía, abril 19 de 2022
Para los abogados, la baja cantidad de sanciones responde a diversas causas, entre las que se cuentan el mismo desconocimiento del derecho y reducidas denuncias.
En abril de 2020 comenzó a regir en el país la Ley de Teletrabajo, la cual permitió que empleadores y trabajadores pudieran acordar que los servicios y prestaciones de una persona se realicen desde un lugar distinto al de la empresa.
Dentro de las diversas exigencias incluidas la norma, un aspecto que fue muy bien recibido en el mercado laboral fue la incorporación de la figura del derecho a desconexión en este nuevo esquema. ¿Qué significa esto? Que el empleador deberá respetar los tiempos de descanso de sus trabajadores, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.
La nueva legislación, que cobró mayor importancia dada el escenario de confinamiento al que obligó la propagación de la pandemia, estableció que el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas.
Además, el empleador no podrá establecer comunicaciones ni dar órdenes en días de descanso o vacaciones de los trabajadores.
Sin embargo, a pesar de que fue un derecho ampliamente difundido por las exautoridades laborales, al parecer los trabajadores aún no dimensionan su existencia, según se desprende de las cifras de multas que ha implementado la Dirección del Trabajo.
De acuerdo a datos del servicio, que fueron solicitadas por el equipo laboral del estudio jurídico de Albagli Zaliasnik (AZ), entre julio de 2020 y febrero de 2022, se han cursado sólo 16 multas relacionadas con el derecho a desconexión en el teletrabajo.
Así, el informe “Sanciones cursadas sobre trabajo a distancia o teletrabajo (Ley N° 21.220)” de la DT indica que se han cursado cuatro multas por no respetar dicho derecho, todas aplicadas en 2021.
Las otras 12 son por no consignar en el pacto de trabajo a distancia o de teletrabajo el definido tiempo de desconexión.
Factores en juego
Para los abogados, la baja cantidad de sanciones puede responder a diversos factores, como poco conocimiento en torno a este derecho, falta de fiscalización y escasas denuncias, entre otras.
Para Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ, un aspecto que podría explicar la acotada cantidad de multas es que no se ha logrado entender a cabalidad en qué consiste y cuáles son los alcances de este derecho.
“Los límites en este trabajo híbrido o deslocalizado es que el trabajador no logra fijar una frontera clara entre lo que es responder un correo fuera de su jornada y si eso invade o no su vida privada”, afirma.
Por lo mismo, sostiene que un desafío en esta materia es delimitar los contornos de este derecho. “Cómo se hace efectivo, cuáles son las medidas de resguardo. Esto es un desafío, las cifras hablan de ese desafío”, agrega Arredondo.
En el caso de Jaime Salinas, abogado de Salinas Toledo, hay diversas variables detrás de bajadas multas asociadas al derecho a desconexión.
Por un lado, el abogado dice que se trata un derecho que beneficia al personal que no está sujeto horario, y que cuenta con mayor autonomía y responsabilidad, es decir, involucra usualmente a jefaturas, subgerencias y gerencias, los que gestionan con mayor libertad sus propios tiempos dentro del día.
De ahí, estima, no está dentro de sus principales preocupaciones atender a la desconexión en sentido estricto, “la que ven, usualmente, como un asunto que ellos mismos tienen que manejar”.
En segundo lugar, considera Salinas, dada esa autonomía, es poco probable que existan denuncias al derecho desconexión, ya que se trata de un segmento de trabajadores orientados al logro de objetivos más que al cumplimiento de horarios.
Una visión similar tiene Luis Lizama, de Lizama Abogados, quien agrega otro aspecto relacionado con que muchas de las empresas implementaron el teletrabajo por la contingencia sanitaria, por lo cual no tienen interiorizado el cumplimiento de todas las exigencias de la ley.
“El empleador tuvo que mandar al trabajador a su casa y, probablemente, algunos acuerdos que se adoptaron fue que les iban a proveer de internet, escritorios, cosas como esa, pero no todos los trabajadores asumieron que tendrían este derecho”, señala.
Las observaciones del Consejo Superior
Laboral para mejorar la legislación
En abril de 2021, el Consejo Superior Laboral -instancia tripartita de diálogo que creó la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet- realizó una evaluación positiva de la normativa, pero planteó que hay desafíos en materia de implementación del teletrabajo desde el punto de vista del respeto a los tiempos de conexión y desconexión, la entrega de herramientas e implementos de trabajo, el pago de los costos de operación y funcionamiento asociados a esta modalidad, así como también mejor preparación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Tras el análisis, el consejo señaló que se requiere seguir fortaleciendo el cambio cultural que ha implicado esta modalidad de trabajo y la fiscalización, de manera tal de resguardar la delimitación entre los espacios personales y laborales, el cumplimiento de las jornadas laborales y el derecho a desconexión, entre otros.“Es importante resguardar correctamente la seguridad y salud de los trabajadores, no solo desde la perspectiva física, sino también desde la perspectiva de la salud mental”, estableció el documento.
Fuente: Diario Financiero, abril 18 de 2022
Sobre los efectos del debate constitucional, el gerente general Julio Bertrand aseguró que no les afecta en las apuestas, aunque “sí nos mantiene mucho más expectantes”.
Un plan de inversiones para este año del orden de US$ 560 millones detalló ayer CAP -uno de los más importantes de la década-, dando inicio a las primeras etapas en proyectos de crecimiento tanto en su actividad minera del hierro como siderúrgica y de procesamiento de aceros. Esto, mientras en 2021 la compañía invirtió US$ 405 millones en proyectos de capital.
Así fue informado por la empresa tras realizar su junta ordinaria de accionistas.
“La guerra ha generado una especie de escasez que ha hecho que el precio del hierro haya subido”.
Al ser consultado tras el encuentro, el gerente general de CAP, Julio Bertrand, recalcó que el plan de inversiones de este año es bastante más agresivo porque comprende inversiones de crecimiento en estudio cercano a los US$ 70 millones para la actividad minera e incluso comprende inversiones de crecimiento en la Compañía Siderúrgica Huachipato y en Cintac, lo que no se veía durante los últimos 10 años.
El ejecutivo fue enfático en que las condiciones y/o el entorno político no afecta este plan. Eso sí, reconoció que la empresa está expuesta al precio de los productos que produce y el hierro es un mineral que se transa por equilibrio económico de oferta y demanda.
“Por supuesto que la guerra de Ucrania con Rusia sí afecta a los precios del hierro. Ahora, desgraciadamente, por la guerra, nos ha afectado en forma positiva porque se ha generado una especie de escasez en el aprovisionamiento de hierro a países como China y Europa que ha hecho que el precio del hierro haya subido”, explicó.
A su juicio, los cambios que se producen dentro de Chile desde el punto de vista regulatorio también afectan a la empresa, pero su impacto sería menor si se consideran estas condiciones del mercado internacional. “Estamos afectos por lo que está pasando en las variables del entorno económico y macroeconómico internacional en todas las formas”, dijo.
Consultado por si el debate constitucional que está en su recta final impacta el clima de inversión, Bertrand aseguró que no les afecta en las inversiones, aunque “sí nos mantiene mucho más expectantes y mucho más observadores”.
En ese sentido, reiteró que están a favor de -por ejemplo- discutir un royalty y que la forma en cómo se aplica es propia de cada mineral. Mientras, el presidente de CAP, Jorge Salvatierra agregó: “Hemos sido enfáticos en el diseño y aplicación de un royalty adecuado al modelo de negocios de la minería del hierro que es distinto al de la minería del cobre y otros minerales”.
Para Salvatierra, “este royalty minero no debería ser aditivo al impuesto específico a los minerales y sino más bien sustitutivo, como también considerar deducciones en el pago del royalty por inversiones realizadas por el productor en materias de sostenibilidad medioambiental y social”.
Oportunidades
En cuanto a oportunidades de crecimiento a nivel internacional, donde se ha comentado que la atención está en países como Norteamérica, indicó que continúan estudiando, porque “sí creemos que como minería del hierro chilena tenemos algo que decir”. “Tenemos un expertise bastante fuerte”, aseguró.
Sobre los avances puntuales en Norteamérica lanzó: “Hemos visto en todos lados, siempre nos llegan ofertas, pero estamos estudiándolo porque queremos hacerlo bien, queremos que de verdad podamos tener nuestro modelo de negocio allá, que nos genere beneficios y traer buenas prácticas, si no, no tiene sentido, porque recurso acá en Chile nos sobra”.
Fuente: Diario Financiero, abril 13 de 2022
Un sondeo realizado por la consultora Randstad mostró el aumento en la búsqueda de este tipo de personas y el mayor interés de las compañías por incorporarlas.
Durante la pandemia, el trabajo temporal se consolidó como una opción al interior de las empresas para hacer frente a los desafíos internos sin la necesidad de aumentar la dotación de planta. De hecho, de acuerdo con datos de la consultora Randstad, los requerimientos de este tipo tuvieron un alza de 197% durante 2021 respecto del período anterior, con un peak en abril, julio y octubre.
El alza en este tipo de solicitudes es un fenómeno que se constata desde hace un tiempo. En 2020 ya se había observado un incremento de 38% en relación a 2019.
“Las empresas pueden acceder a talento de primer nivel para cubrir necesidades estacionales”, dijo el vocero de Randstad, Francisco Torres.
El director de Staffing & Outsourcing de la consultora multinacional especializada en el reclutamiento y selección de talentos, Francisco Torres, explicó que las cifras demuestran que la incorporación de trabajadores flexibles o por proyecto se han consolidado en Chile considerando la complejidad del escenario actual.
“Las empresas pueden acceder a talento de primer nivel para cubrir necesidades estacionales sin tener que incurrir en un aumento permanente de la dotación, aprovechando una expertise que, muchas veces, sin opciones de trabajo flexible se vuelve inalcanzable”, dijo Torres.
Según el vocero, el estudio “HR Trends Report 2021” de Randstad -en el que participaron cerca de 500 tomadores de decisión de diferentes sectores-, reveló que la intención de contratación temporal de las compañías creció un 29% en doce meses.
Además, según el mismo registro, el 76% de los líderes de capital humano incluyó talento flexible en su estrategia de RRHH.
“Lo que observamos no tiene precedentes para nosotros y sobrepasa todos los pronósticos que pudiésemos haber hecho”, señaló Torres.
Tendencia que se consolida
Para la firma, más allá de la emergencia sanitaria, las compañías comprobaron que esta modalidad permite aportar agilidad, eficiencia y productividad a las organizaciones, y los trabajadores se dieron cuenta de los beneficios que tiene, particularmente respecto a la conciliación de vida personal-laboral.
De acuerdo a Randstad -que solicitó datos a la Dirección del Trabajo-, durante el ejercicio anterior hubo un incremento de 68,6% en el promedio de colaboradores temporales contratados mensualmente, llegando a diciembre de 2021 a 66.534 personas.
Durante 2020, en tanto, se contrataron 39.474 trabajadores de este tipo.
Con respecto a los cargos más demandados para este tipo de contratación, Torres explicó que históricamente han sido posiciones administrativas, como recepcionistas, secretarias de gerencia y personas de contabilidad; puestos comerciales de primera línea, como vendedores y ejecutivos de atención al cliente; y posiciones operativas, tales como bodegueros, reponedores, guardias, auxiliares de aseo y operadores de producción; sin embargo.
Sin embargo, el vocero explicó que hoy las firmas también están requiriendo técnicos y profesionales altamente calificados para desempeñarse por proyectos, especialmente en el rubro tecnológico y financiero.
A modo de cierre, para Torres no se debe olvidar que el mundo post Covid-19 brindará mayores posibilidades para experiencias flexibles y “la incorporación de talentos temporales se vuelve clave en un contexto en el que las organizaciones necesitan más que nunca ser competitivas para recuperarse del impacto económico que dejó la pandemia”.
Fuente: Diario Financiero, abril 12 de 2022
- Palabras de Sebastián Espinoza, Subgerente de Operaciones de la empresa IMEL Ltda. al certificar las competencias de 39 trabajadores.
- El sector metalúrgico apostó por la mejora de su capital humano utilizando el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL) impulsado por ChileValora con financiamiento de Sence a través de la Franquicia Tributaria.
Luego de un exhaustivo proceso de evaluación, realizado en septiembre 2021 por la certificadora ASIMET Asesorías, en la planta empresarial de San Bernardo, 39 trabajadores de IMEL Ltda. certificaron sus competencias laborales en el perfil de Operador de grúa. El certificado los califica para operar diferentes tipos de grúas, cuya operación varía según las funciones y peso que muevan.
En su saludo al grupo de certificados, la directora del Sence Metropolitano, Verónica Garrido, recordó la gran cantidad de trabajadores activos que no tuvieron educación formal o un título profesional, y explicó: “Para esos trabajadores existe ChileValora y el proceso de certificación de competencias. Esta es la única institución tripartita con representantes de los trabajadores, de las empresas y del Estado que reconoce que hay dos caminos para desarrollarse laboralmente: una es a través de la formación o educación formal, y la otra, está relacionada con el hacer carrera dentro de la empresa e ir especializándose en el camino”.
Acompañaron a los trabajadores en la ceremonia de certificación -realizada en dependencias de la compañía, en el sector sur poniente de la capital- el gerente de Recursos Humanos de IMEL Ltda., Álvaro López; el subgerente de logística de la empresa, Maximiliano Achurra; la Jefa de Prevención de Riesgos, Patricia Herrera y el subgerente de Operaciones, Sebastián Espinoza, además del representante de ChileValora, Álvaro Aguilar y Cecilia Solís, de ASIMET Asesorías
“Estamos convencidos como empresa y como directorio de IMEL Ltda. que tenemos que seguir capacitando a nuestros trabajadores y utilizando la certificación en otras áreas de la empresa. Si queremos ser lo número uno en nuestro rubro tenemos que involucrar a nuestros trabajadores porque con la certificación de competencias y la capacitación gana la empresa y ganan los trabajadores”, comentó el subgerente de Operaciones, Sebastián Espinoza.
A nombre de los trabajadores, Maximiliano Sánchez agradeció el proceso gestionado por la empresa, “y ojalá sigamos teniendo la oportunidad de tener otros cursos para seguir perfeccionándose y aprender más de este rubro. Muchas gracias”, agregó.
La capacitación sí importa
Cuando un trabajador se capacita y hay certificación por competencias, se certifican tres elementos: el conocimiento, la habilidad y la competencia, y cuando una empresa empieza su proceso de mejora continua, con trabajadores bien capacitados, tiene más confianza en su equipo, explica el subgerente de logística de IMEL Ltda., Maximiliano Achurra: “Ya no da lo mismo decir que yo soy bueno operando la grúa horquilla porque ahora hay una entidad externa -como es el caso de ChileValora- que lo está certificando”, agrega.
La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales es realizada por instituciones acreditadas por ChileValora utilizando los perfiles levantados por el sector productivo correspondiente, y forman parte del Catálogo de Competencias Laborales ya existente.
Sence reconoce formalmente las competencias laborales de mayores de 18 años que hayan completado exitosamente el proceso, independientemente de cómo las haya adquirido y si es que cuentan o no con un título o grado académico. De esta manera, los trabajadores ponen en valor sus conocimientos y potencian su experiencia laboral.
Fuente: www.sence.cl, abril 11 de 2022
Con total éxito concluyó el Curso de Técnica de Soldadura por Oxigas, Arco Voltáico y Tig Mig financiado por el Grupo Minero Carola Coemin, a través del Sence, y cuyos beneficiarios fueron un grupo de pobladores, hombres y mujeres, del sector poblacional Algarrobo en la comuna de Tierra Amarilla.
El mencionado curso fue gestionado por Otic Asimet y ejecutado por la Otec Calar Ltda. que permitieron dar las competencias técnicas en dichas materias al grupo de pobladores referido.
Además de hacer entrega de diplomas de certificación y calificaciones, los participantes recibieron de regalo, de parte de la Compañía Minera, una máquina soldadora con potencia de 880W y una máscara de soldar, de manera que los recién formados puedan poner en práctica, de inmediato, los conocimientos adquiridos y dar inicio a un emprendimiento que les permita entregar servicios de soldadura.
A la ceremonia, que culminó con un cóctel de camaradería, asistió el representante del Sence, Nibaldo Droguett Toro; la Directora Otec Calar, Belsia Calderón Arancibia; la representante de la Otic Asimet, Solange González Sotomayor; además de las presidentas de las Juntas de Vecinos El Chañar y Algarrobo, Andrea Rodríguez y Mirna Pinto. Por parte del Grupo Minero, asistieron Eduardo Pesenti Castillo, Gerente de Medioambiente, Permisos y Comunidades y Felipe Abutter, Jefe de Desarrollo Organizacional.
Al hacer uso de la palabra, Pesenti en representación del Grupo Minero, instó a los asistentes a perseverar en los esfuerzos para alcanzar y hacer realidad los sueños, tal como el logrado con el curso de soldadura, que les permitió aprender el oficio de soldador especializado: “Este curso además nos permite asegurar el derecho a la igualdad de acceso al trabajo, destacando a las cinco mujeres que aprobaron la certificación, las que sin duda contribuirán al desarrollo y mejor futuro para ellas y sus familias”.
Mientras que Nibaldo Droguett, en representación del Sence, destacó esta nueva iniciativa del Grupo Minero Carola Coemin y dijo que la capacitación y certificación de un oficio, da las herramientas para iniciar un camino cierto y seguro en la vida laboral, recordando que el Sence también hace de puente en la búsqueda de trabajo.
Mientras que las dirigentes vecinales, Andrea Rodríguez y Mirna Pizarro, dieron los agradecimientos, principalmente a la Compañía que financió el curso, como también a quienes hicieron posible la materialización de este proyecto: “Esperamos continuar trabajando en la capacitación de nuestros pobladores, como lo hemos venido haciendo hasta hoy y, esperamos seguir contando con el respaldo y apoyo del Grupo Minero Carola Coemin para otras instancias de capacitación para nuestros pobladores”.
A nombre del curso, dio los agradecimientos la alumna Delcy Segovia Godoy.
Fuente: www.elzorronortino.cl, abril 10 de 2022