Según el Banco Central, el resultado fue explicado principalmente por el dinamismo de las actividades de servicios.
Una importante expansión de 7,2% anotó en marzo de 2022 la economía chilena en comparación al mismo mes del año pasado, según señaló el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) publicado este lunes por el Banco Central.
Se trata de un dato robusto considerando una alta base de comparación -en marzo de 2021 la actividad se creció 6,5%- y que se ubicó en la parte de arriba de las estimaciones de analistas, que preveían un crecimiento de entre 6% y 7,5%.
Análisis por actividad
En su análisis por actividad, el Banco Central señaló que la producción de bienes cayó 1,5%, resultado explicado por el desempeño de la minería y resto de bienes con tasas de -2,4% y -1,1% respectivamente. En tanto, la industria manufacturera creció un 3,3%.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes creció 3,9% respecto del mes anterior. «Este resultado fue determinado por el aumento de todos sus componentes, en particular de la minería», expuso.
El comercio, por su parte, se expandió 8,6%, impulsado principalmente por las ventas minoristas y mayoristas de vestuario, calzado y equipamiento doméstico y, en menor medida, por el comercio automotor.
En tanto, las cifras desestacionalizadas muestran un aumento de 0,5% respecto del mes precedente, resultado explicado principalmente por el desempeño del comercio mayorista.
En cuanto a servicios, estos anotaron un fuerte crecimiento de 12,2%, debido al desempeño de los servicios personales. También contribuyeron al resultado de la agrupación, el transporte y los servicios empresariales.
«Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios crecieron 0,7% respecto del mes anterior», concluyó el ente rector.
Fuente: Emol economía, mayo 02 de 2022
El organismo permitirá obtener un certificado de indisponibilidad técnica a los empleadores que han tenido dificultades para cumplir con la exigencia.
Este sábado el plazo para que los empleadores registren los contratos de trabajo suscritos antes del 1 de octubre de 2021 en el Registro Electrónico Laboral (REL) en la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, pese a que ese es el plazo que estableció la Ley de Modernización de dicho servicio, muchos empleadores no han podido dar cumplimiento a la exigencia.
¿La razón? Las intermitencias en el funcionamiento de la plataforma han impedido que los empleadores puedan registrar los contratos.
“La Ley dice que los empleadores deben registrar hasta el 30 de abril todos los contratos de trabajo que haya suscrito antes del 1 de octubre de 2021, hemos tenido muchas dificultades en nuestras plataformas, no se adoptaron las medidas suficientes para tener todo el respaldo y el soporte tecnológico que nos permita registrar toda esa información”, cuenta el director del Trabajo, Pablo Zenteno.
Por este motivo, la Dirección del Trabajo abrió la posibilidad de obtener un certificado acreditador de esa dificultad a fin de que el empleador no sea objeto de las sanciones y multas previstas legalmente.
Según explicó Zenteno, lo que decidió el servicio fue implementar una solución “que dé un alivio” a los empleadores.
Así, a través de un certificado de indisponibilidad técnica -que se tiene que pedir en la página de la DT-, se constata que debido al fallo de la plataforma no se pudo cumplir con el plazo exigido por la Ley. “Esto va a permitir que los empleadores y empleadoras no sean multados, ni sancionados, porque sabemos que la plataforma tiene que funcionar para que puedan registrar esta información”.
Los empleadores podrán acceder a esta herramienta hasta el lunes 2 de mayo.
Consultado respecto a por qué no se amplió el plazo para dar cumplimiento a esta obligatoriedad, Zenteno explicó que ese es el plazo que quedó consignado en la Ley, y para modificarlo se debe impulsar un cambio legal. “Estamos tomando todas las medidas para dar solución a estos problemas”, agregó el director.
Para conseguir el certificado, el empleador debe ingresar a www.direcciondeltrabajo.cl, y allí ingresar a la plataforma MiDT y solicitarlo. El certificado se entregará independiente del número de contratos que no haya podido registrar. Luego, en un plazo máximo de tres días hábiles este certificado será enviado a la casilla de correo electrónico registrada por el empleador ante la Dirección del Trabajo.
Fuente: Diario Financiero, abril 29 de 2022
El IPI estuvo impulsado, principalmente, por el positivo desempeño de las manufacturas. En cambio, la actividad del comercio creció 8,1% en el tercer mes del año.
El Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mostró una expansión interanual de 0,8%. Esto, en medio del consenso de las expectativas -tanto de autoridades como del mercado- que apuntan a una desaceleración del crecimiento.
La producción industrial en el país venía de anotar dos meses consecutivos de caídas, al contraerse 3% en febrero -su peor desempeño desde diciembre de 2020- y 1,2% en enero.
El crecimiento de marzo, explicó el INE, se debió a las incidencias positivas de dos de los tres sectores que componen el IPI, siendo el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue el que más influyó en el resultado al presentar un aumento de 3,3% respecto a igual mes del año pasado.
«Esto, principalmente a raíz del incremento en elaboración de productos alimentaciones, debido a una mayor producción de pan», señaló la entidad estadística.
Le siguió en incidencia el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), que creció 1,4% en relación con marzo de 2021. Ello, explicado por el hecho de que dos de las tres actividades que lo componen anotaron aumentos, en especial la electricidad.
En contraste, el Índice de Producción Minera (IPMin) descendió 2,2% interanualmente, debido a una menor actividad registrada en la minería metálica, producto de la baja en la extracción y procesamiento de cobre.
Comercio
Por su parte, el INE también entregó buenas noticias para el comercio, dado que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes un alza de 8,1% en el tercer mes del año, incidido por el crecimiento en tres divisiones que lo componen.
Comercio al por menor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- fue la que más aportó en la variación interanual del IAC, al anotar un incremento de 11,4%. «En esta división destacó el alza en venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados», indicó la entidad.
A su vez, comercio al por mayor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- creció 5,2%, influyendo, principalmente, el aumento en venta al por mayor de otros enseres domésticos.
Mientras que comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas anotó un alza de 9,1%, debido, fundamentalmente, a mayores ventas de vehículos automotores.
En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes se incrementó 1,5% en doce meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un descenso de 2,9% respecto al mes anterior y un aumento interanual de 2,4%.
Fuente: Emol economía, abril 29 de 2022
“Tras un año muy intensivo en diseño, ya partimos las primeras construcciones” que modernizarán el 70% del área destinada a la atención ambulatoria, señala el nuevo gerente general de la entidad, Juan Luis Moreno.
En enero pasado, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) inició una nueva etapa con el nombramiento de Juan Luis Moreno al frente de la gerencia general. Con una trayectoria de nueve años en diferentes cargos en esa entidad, el ingeniero comercial UC y MBA de la London Business School, asumió funciones tras un cuidado plan de sucesión que se inició en 2019 con la identificación de los candidatos y luego con una acabada preparación del sucesor de Cristóbal Prado.
El proceso de cambio también consideró la instalación de un nuevo equipo –conformado tanto por ejecutivos que ya tenían responsabilidades en la ACHS como por fichajes externos- a cargo de un porcentaje importante de las gerencias de división, renovando la composición del Comité Ejecutivo.
“Tenemos la motivación, capacidades y responsabilidad de ser parte de la solución al problema de la salud pública en Chile”.
En sus primeras definiciones al frente de ACHS, Moreno señala que “junto con seguir asegurando una gestión impecable -activo que no podemos descuidar-, el hecho de liderar esta organización en el contexto que vivimos requiere algunos énfasis en la mirada de futuro, como vincularnos de manera más intensa con el entorno, participar en la discusión pública, poner nuestras capacidades a disposición de encontrar mejores soluciones a los problemas que enfrenta el país y generar alianzas”.
Una misión que aborda, dice, desde su prioridad por “buscar espacios de diálogo, interna y externamente, para incorporar más visiones e ideas a las propuestas de una manera muy abierta”.
Planes en infraestructura
La tarea de Moreno tiene entre sus ejes continuar la ejecución del ambicioso plan de desarrollo de su infraestructura de atención de salud. Aquí el hito principal ha sido la modernización el Hospital del Trabajador de Santiago con una inversión global de US$ 140 millones. “Considera dos edificios nuevos conectados entre sí, de los cuales el primero ya está hecho y ahora estamos iniciando la construcción del segundo. Realizar este proyecto sobre un hospital en operación ha implicado un gran desafío ya que, por ejemplo, durante la pandemia decidimos no demoler ningún espacio que pudiera limitar nuestra capacidad de proveer camas críticas para pacientes Covid”, relata Moreno. Finalmente, dice, pudimos “ajustar la hoja de ruta para así cumplir con el término del proyecto establecido hacia fines de 2023”.
En paralelo, la entidad comenzó a implementar en 2021 el plan de modernización de la Red de Agencias ACHS, que apunta a intervenir el 70% de los 91.000 m2 que totalizan sus 86 centros de atención ambulatoria en el país con una inversión global de US$ 150 millones.
Luego de un primer año “muy intensivo en diseño, arquitectura y definición de estándares”, el ejecutivo señala que en 2022 “ya partimos con las primeras construcciones, fase que va a ir aumentando en intensidad de intervenciones, obras y remodelaciones de centros durante 2023 y en 2024, que es cuando apuntamos a terminar este otro gran proyecto que tenemos”.
Es así que a las dos nuevas sedes en ejecución en Calama y Los Andes, se suman otros “17 centros en etapa de arquitectura o de preparación para la licitación, más una serie de remodelaciones en curso”.
El ejecutivo aclara que más que aumentar la capacidad de atención de esta red, el foco está en mejorar la experiencia de los pacientes con acciones como ampliar las áreas de admisión, modernizar las áreas de kinesiología e imagenología, mejorar los flujos de circulación y rediseñar los boxes en línea con los nuevos estándares de la práctica médica.
Además, la ACHS tiene en su horizonte la tarea de imprimir su sello en la Red de Clínicas Regionales -integrada por siete instituciones, una de ellas dedicada a la neurorehabilitación en Santiago- tras adquirir la participación de 50% que pertenecía a la Mutual de Seguridad en una operación por $ 38 mil millones en 2020. “Lo que viene son inversiones –relevantes, pero marginales respecto a lo que involucró la compra- en infraestructura para acercar sus estándares a los de nuestras clínicas, en proyecto ambicioso en materia de integración como parte de nuestra red”, indicó.
“El foco es que los pacientes Fonasa que no
están teniendo acceso puedan atenderse con nosotros”
Además de optimizar el cumplimiento de los objetivos propios de su misión bajo la Ley 16.744, la ACHS puso en marcha un proyecto de Salud No Laboral “con el único interés de aportar a los desafíos en salud pública del país”, explica Moreno. La iniciativa -en fase piloto tras su autorización por la SUCESO en julio- es un “proyecto inédito en la atención primaria, que entrega atenciones ambulatorias en traumatología y salud mental con un modelo basado en la interacción entre médicos generales y especialistas apoyados en tecnología y telemedicina”, dice.
A partir de esa primera experiencia de la estrategia iniciada en 2021 en la Red de Agencias ACHS, Moreno señala que “ahora tenemos una autorización para ampliarla a 40 centros a partir de este mes, y sobre la base de nuestro expertise buscamos modelos más eficaces y accesibles de atención a pacientes”.
Este programa se inscribe en el objetivo general de la ACHS de aumentar su presencia en las prestaciones generales de salud para la población, apuntando a ampliar las opciones para los beneficiarios del seguro público.
“Nuestro foco es generar capacidad para que los pacientes Fonasa que no están teniendo acceso hoy, ya sea en el sistema público o en el privado, puedan atenderse con nosotros”, destaca Moreno, quien detalla que este programa -iniciado en un primer grupo de centros en agosto del año pasado- a la fecha ya ha realizado en torno a 3.000 atenciones entre salud mental y traumatología. “Esto nos tiene muy entusiasmados y existe una muy buena evaluación de experiencia”, añade.
– ¿Cómo opera actualmente la colaboración de la ACHS con Fonasa?
-Operamos en la modalidad de libre elección de Fonasa, a través de la cual un trabajador afiliado a ésta, o un paciente, puede elegir dónde atenderse. Dado que la gran mayoría de los prestadores privados son de nivel tres, y por lo tanto tienen un copago más alto que el de Fonasa nivel uno, eso puede ser una barrera de acceso para algunos pacientes. Entonces, el paciente que decide ir a un centro y atenderse con esta modalidad tiene el beneficio de un precio más accesible. A nivel general, funcionamos hace varias décadas con Fonasa en nuestro hospital atendiendo pacientes en intervención quirúrgica y también tenemos la modalidad de pago asociado a diagnóstico de salud (PAD).
– ¿En qué etapa se encuentra el programa que se está implementando en la red de centros?
-Estamos en una fase de capacidad acotada para probar el modelo. Nuestro foco este año es asegurar que el modelo funciona y cubre necesidades de pacientes que no tienen acceso, pero que a la vez convive de manera óptima con nuestros pacientes de la ley.
-¿Cuál es el próximo objetivo del plan?
– Queremos poder llegar a convertirlo en un prestador Fonasa a nivel uno, para que los pacientes que no están teniendo acceso puedan venir. No queremos competir con los pacientes que está atendiendo el sector público o que son atendidos a través de Fonasa en el sector privado, sino que queremos generar capacidad para los que no están teniendo acceso. Y creo que a través de estos modelos de atención también vamos a tener una propuesta atractiva desde la perspectiva sanitaria.
-¿Qué otros proyectos hacia la salud pública están viendo?
-Siempre hemos buscado la forma de transferir toda nuestra eficiencia a precio. Por lo tanto, tenemos un foco en que la actividad quirúrgica no ley pueda estar disponible para pacientes Fonasa; por ejemplo, ya 60% de las atenciones de la red de Clínica Regional corresponden a Fonasa. Por lo tanto, también tenemos un esfuerzo desde lo quirúrgico hospitalario para priorizar nuestra capacidad.
-La ACHS participa en la provisión de atenciones de mayor complejidad para el sistema público a través de la licitación que hizo Fonasa el año pasado, adjudicándose el mayor porcentaje ¿Cómo se ha desarrollado ese proceso?
-Respecto a las listas de espera, tenemos dos experiencias muy positivas. La primera en 2018, en que se nos asignó de manera directa un universo de pacientes para que resolviéramos sus intervenciones quirúrgicas, y en esa oportunidad operamos a 3.000 personas. Y en la licitación del año pasado fuimos el prestador privado que tuvo el mayor porcentaje de adjudicación con un 58% de los cupos. Ese proceso se definió un precio máximo y nosotros fuimos a un 40% menos que ese precio y por eso obtuvimos mayores cupos.
En nuestro hospital y en nuestra red de clínicas regionales hemos hecho un poco más de 2.000 cirugías de gente que llevaba mucho tiempo en lista de espera con muy buenos resultados.
Reforma al sistema de salud
En el marco de las definiciones que el país está adoptando para transformar el sistema de salud, Moreno subraya que “en la ACHS tenemos la motivación, capacidades y responsabilidad de ser parte de la solución al problema de la salud pública en general en Chile. No creemos en la competencia entre el sector público y el sector privado, y sí en la complementariedad”.
-¿Cuál es su visión de la forma en que se está llevando a cabo la discusión para definir la futura estructura del sistema de salud?
– Para todos los que somos parte del sistema de salud no nos puede ser indiferente que hoy tenemos un sistema que no está funcionando óptimamente. Las dificultades que tienen muchos millones de chilenos y chilenas para acceder a resolver su problema de salud se establecen en una situación de desequilibrio que no se puede sostener por mucho tiempo, por lo tanto que hay que hacer ajustes. En eso creo que hay bastante consenso y es la opinión nuestra también.
Desde esa convicción, creemos que los actores privados tenemos un rol relevante en complementarnos. Creo que el problema de acceso a la salud que tienen muchos de nuestros compatriotas solo se puede resolver si es que trabajamos de manera más integrada entre el sistema público y el privado. Ninguno por sí solo va a ser capaz de resolverlo.
-¿De qué manera debiera potenciarse la complementariedad público-privada en salud?
-Por ejemplo, el gran aprendizaje respecto a cómo se enfrentó una emergencia sanitaria como la pandemia integrando las capacidades públicas y privadas, creemos que es el camino para abordar el problema de la salud. Nosotros hemos hecho muchas propuestas y también acciones que apuntan en esa dirección: hemos trabajado con Fonasa en dos oportunidades para poner nuestras capacidades a disposición de resolver la situación de pacientes que están esperando por una intervención quirúrgica.
-Al interior de la Convención Constituyente ya se aprobaron las normas generales derecho a la salud y está en discusión el rediseño de la estructura de los prestadores y aseguradores privados en función de un sistema universal público. ¿Cuál es su visión sobre los cuidados y factores que deberían tenerse en cuenta en este proceso?
– Restringir la participación de cualquier actor implica, a su vez, restringir las capacidades del sistema de salud en Chile, que hoy tiene una problemática de acceso y para eso, tenemos que buscar sistemas que den el acceso en función de la necesidad que tengan los pacientes y no de la capacidad que tengan para pagar. Pero creo que restringir participación de actores va a agudizar el problema y creemos en una solución en la que participen conjuntamente actores públicos y privados.
Fuente: Diario Financiero, abril 29 de 2022
La ministra Jara señaló que los resultados del Informe Anual de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo estuvieron influidos por la baja tasa de comparación de 2020, año marcado por las restricciones a la movilidad.
El Gobierno dio a conocer este jueves el Informe Anual de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2021, el cual reporta las cifras del ejercicio pasado sobre accidentabilidad en el trabajo, o en el trayecto, de fatalidades y de enfermadades de origen laboral.
Entre las principales conclusiones del estudio destaca que la tasa de accidentabilidad registrada el año pasado alcanzó a 2,6 accidente de trabajo por cada 100 trabajadores. Si bien el resultado representa un aumento de 0,4 punto respecto al período anterior, dicha alza se explica por la baja tasa de comparación de 2020, año en el cual las restricciones de movilidad y cuarentenas, producto de la pandemia, afectaron fuertemente el mercado del trabajo y la presencialidad laboral.
Sobre esto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara señaló «es necesario destacar, más allá del alza puntual de 2021, la baja sostenida que ha presentado este indicador como tendencia durante los últimos diez años. Es algo positivo que nos permite señalar que hay una mejora en las condiciones y espacios laborales».
Por otro lado, los accidentes de trabajo aumentaron de 113.202 a 135.715 y afectaron, principalmente, a hombres, en el 72% de los casos, mientras que los accidentes de trabajo de las mujeres representaron el 28%.
Respecto de los accidentes en el trayecto, y dada la mayor movilidad experimentada por los trabajadores en 2021, se observó un incremento del 15%, llegando a 45.601 casos, casi 6 mil más que el año anterior. La diferencia por sexo en el caso de accidentes de trayecto es menor, siendo un 56% en hombres y un 44% en mujeres.
En cuanto a los accidentes laborales de trabajo y trayecto con resultado de muerte, se ve un aumento de 35 casos respecto al año 2020, alcanzando las 339 personas fallecidas en 2021.
En materia de enfermedades profesionales, el número de denuncias creció en 18,4% comparado con 2020, llegando a 241.968, en las que se incluyen los casos de covid-19 confirmados; covid-19 contacto estrecho y, en menor medida, covid-19 sospechosos.
No obstante, al excluir los casos asociados a coronavirus, igualmente se observa un alza de un 14,3% en las denuncias en el resto de los diagnósticos respecto al año anterior y de 18,9% respecto de 2019, año sin efectos ocasionados por la pandemia.
«Es necesario destacar, más allá del alza puntual de 2021, la baja sostenida que ha presentado este indicador como tendencia durante los últimos diez años. Es algo positivo que nos permite señalar que hay una mejora en las condiciones y espacios laborales»
Jeannette Jara, ministra del Trabajo
Respecto a la calificación de origen, del total de las denuncias el 67% fueron calificadas como de origen laboral, porcentaje mayor al 56% del año 2020 continuando la influencia de la cobertura del Seguro de los casos de covid-19 contactos estrechos, de covid-19 confirmados y covid-sospechosos, que en el 88%, 70% y 25% de las denuncias, respectivamente, fueron calificadas como de origen laboral.
Así, del total de enfermedades de origen laboral (excluyendo los casos de coronavirus por contacto estrecho y sospechosos), el 60,1% corresponde a casos de covid-19 confirmados, un 20,6% de casos de salud mental, un 8,3% a enfermedades musculoesqueléticas y un 10,9% asociados a otros diagnósticos. Si se excluyen los casos asociados a la pandemia que fueron confirmados, las enfermedades de salud mental representan un 51,5% del total de enfermedades laborales.
Las enfermedades laborales se distribuyen en un 40% en el caso de las mujeres y un 60% en el caso de los hombres.
Sin considerar los contagios por covid-19, los principales diagnósticos para las mujeres son las enfermedades de salud mental (64%), dermatológicas (15%) y musculoesqueléticas (12%). Para los hombres las principales enfermedades tienen relación a los diagnósticos de salud mental (38%), musculoesqueléticas (31%) y audiológicas (13%).
Fuente: Emol economía, abril 29 de 2022
Si en enero de 2023 el sueldo mínimo sube a $ 410.000, desde ese mes y hasta abril el aporte del gobierno será de $ 32.000 por cada funcionario.
Casi cinco horas estuvieron reunidas las autoridades del Ministerio de Economía -lideradas por el titular de la cartera, Nicolás Grau, y la susbecretaria Javiera Petersen- y los gremios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) hasta que alcanzaron un acuerdo sobre el apoyo que se entregará a las firmas para que puedan pagar un salario mínimo más alto, que subirá un primer peldaño en mayo, y que en agosto llegará a $ 400.000.
Pasadas las 17:00, Petersen comenzó a leer lo convenido, que establece un subsidio base para las MiPyme de $ 22 mil por trabajador que antes de mayo ganaba el mínimo. El mismo aporte se entregará entre mayo y abril de 2023 si en enero el salario mínimo se mantiene en $ 400.000.
Pero, si se ajusta a $ 410 mil en enero de 2023 -lo que pasaría si la inflación supera el 7%-, el subsidio subirá a $ 32 mil, y los detalles serán especificados en un anexo.
La propuesta anterior del Ejecutivo planteaba que las empresas se hicieran cargo del aumento equivalente a la inflación, y que el gobierno subsidiara el “alza real”, o sea sobre el IPC.
El ministro reconoció que el que el subsidio sea estable y no dependa de la inflación de cada mes se acogió en pos de la mayor estabilidad para las MiPyme. Y aclaró que si una empresa contrata trabajadores cuando el beneficio ya esté vigente, va a subir el subsidio proporcionalmente a la cantidad de personas que contrataron.
Detalló que el monto total de la iniciativa también será mayor, pero que su costo fiscal estará especificado en el proyecto de ley que ingresará al Congreso mañana. Tanto el alza del salario mínimo como el subsidio a las MiPyme ingresarán como un mismo proyecto de ley.
Lo que sí se mantiene desde el plan original es que la Tesorería será la encargada de pagar el aporte, y que su entrega se hará de la misma forma que se hizo con el Bono PYME.
Otro punto clave para los gremios fue que en el acuerdo se incluyeran preocupaciones de largo plazo, que se comenzarán a abordar el viernes en el Consejo Consultivo PYME. Ahí se abordarán temas como la reducción de jornada laboral, la modificación de la Ley de Pago a 30 días, la reforma a la Ley de Compras Públicas, y las medidas anunciadas en el plan “Chile Apoya”. El gobierno también se comprometió a estudiar alternativas de refinanciamiento de los Fogape adquiridos en pandemia.
Los que no firmaron
Firmaron el acuerdo la Asech, Conupia, CNDC, la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Asexma, Convergencia Nacional de Gremios Pyme y Cooperativas de Chile, Unapyme, Aneet Chile, y Mipymes A.G.
La Multigremial Nacional de Emprendedores, Fedetur y Conapyme decidieron restarse de la firma. El primer gremio valoró la instancia de diálogo, pero no estuvieron de acuerdo con la propuesta final, ya que acusan que el gobierno no se está haciendo de cargo de toda la inflación de 2022.
Su presidente, Juan Pablo Swett, agregó que “el subsidio debe prolongarse por mucho más tiempo que un año, porque si no en abril de 2023 las MiPyme tendrán un aumento mucho más fuerte del salario mínimo del que no podrán hacerse cargo”.
Según detallaron dirigentes PYME, uno de los puntos que retrasó la discusión fue que el gobierno planteó que el subsidio fuera decreciendo en el tiempo. Puntualmente, se proponía que en mayo el aporte del gobierno fuera de $ 15.000, pero fuera bajando los dos meses siguientes. En agosto -cuando se llegara a los $ 400.000- el subsidio volvería a subir, ahí a $ 29.000, pero iría disminuyendo hasta abril de 2023.
La idea de que el subsidio fuera decreciendo no fue bien recibida por los dirigentes PYME, y finalmente las partes optaron por un monto fijo a lo largo del tiempo -como impulsaban algunos gremios-, y no por ajustar el subsidio cuando se produzca el aumento general en agosto.
El ministro Grau destacó que “el resultado de este subsidio que estamos haciendo para las MiPyme es no solamente un buen acuerdo por quienes lo componen, sino que el diseño ahora es mejor”. Destacó que “cuando se conversa con quienes están a cargo de emprendimientos, con quienes están ahí, mejora la política pública”, y agregó que “el hecho de tener un Gobierno que escucha y que tiene participación social y que escucha a los gremios no es un asunto cosmético”.
“Estamos convencidos de que un proyecto que aumenta el salario mínimo y que está firmado por la CUT y el mismo proyecto tiene un acuerdo con las MiPyme para ayudarlos a cubrir ese aumento, es una señal importante para el país de que somos capaces de ponernos de acuerdo y una señal importante para el Parlamento”, insistió la autoridad.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Ya se ha recuperado cerca del 90% de los puestos perdidos debido a la pandemia. De hecho, los trabajos formales en la industria manufacturera retornaron a niveles previo al Covid-19.
La cifra significó un descenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) frente al mismo lapso de 2021, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (8%), dijo el INE en un comunicado.
Así, en los primeros tres meses del año, se crearon 59.630 empleos. Se trata del décimo aumento consecutivo después de las caídas que se observaron durante los trimestres móviles febrero – abril 2021 y marzo – mayo 2021, hace casi un año.
Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre mayo – julio), los datos permiten ver que se ha registrado un aumento acumulado de 867.239 hombres y 748.955 mujeres ocupadas, lo que deja un alza total de 1.616.194 personas ocupadas a nivel nacional. En suma, ya se ha recuperado el 87,2% de las plazas laborales que se perdieron como consecuencia de la paralización económica que generó la crisis sanitaria.
“Es el nivel más alto de recuperación”, dijo la directora del INE, Sandra Quijada, agregando que actualmente existe un repunte importante de personas que han entrado a la fuerza de trabajo y algún porcentaje que ha transitado a la inactividad habitual.
Al observar los datos sin ajuste estacional, se constata un aumento acumulado de 903.169 ocupaciones formales y 821.200 informales, lo que deja un alza total de 1.724.369 personas ocupadas.
Como contraparte, las personas desocupadas disminuyeron un 20,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-23,1%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,2%).
¿Quiénes impulsaron las cifras?
El alza de las personas ocupadas fue incidida por las mujeres (10,5%) y luego por los hombres (6,2%).
Por sector económico, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (9,9%), actividades de salud (15,6%) y construcción (11,4%).
Quijada también destacó la recuperación de trabajos formales en los sectores de industria manufacturera, en donde se superó el nivel previo a la pandemia (131,9% de ocupados) y actividades de salud que fue uno de los pocos sectores que en el peor momento de la pandemia registró aumentos en vez de disminuciones.
Bajo la lupa de la categoría ocupacional, en el resultado influyó el crecimiento de las personas asalariadas formales (7,9%) junto con por el segmento de cuenta propia (8,2%) e informales (9,7%).
En este contexto, de hecho, la tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, lo que implicó un incremento de 0,6 pp. en doce meses, con avances sobre 10% tanto en hombres como mujeres.
Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y desocupación se situaron en 59,5% y 54,9%, respectivamente, lo que implicó aumentos de 2,2 pp. y 3,5 pp., en cada caso.
En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,1%, influida únicamente por las personas inactivas potencialmente activas (-29,7%).
Con relación a los inactivos potencialmente activos, los datos mostraron que éstos mantuvieron su dinámica decreciente en 12 meses. Así, totalizaron 850.820 personas, lo que significó una disminución respecto al trimestre móvil anterior de 4,4% (38.734 personas).
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 11,2%.
De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 3%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio para los hombres fue 38,9 y para las mujeres, 33,1 horas.
Diferencias respecto a la encuesta de la UC
Consultada respecto a los datos que ha mostrado el sondeo realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Quijada enfatizó que se trata de mediciones distintas que no deben ser comparadas debido a utilizan metodologías diferentes.
Según explicó la directora del INE, ellos como servicio muestran en sus datos “un dinamismo más parsimonioso”, debido a la metodología y los periodos analizados. “Nosotros monitoreamos el dinamismo del mercado laboral durante todo el periodo, no durante un periodo puntual, no con una foto tan acotada como lo hace la encuesta de la UC”.
Así, Quijada enfatizó que, si bien los dos instrumentos aportan a mirar lo que está pasando en el mercado laboral, “la estadística oficial es la del INE, y tiene una película de lo que pasa durante el trimestre más que una foto puntual”.
En la conferencia realizada por la directora, también se refirió al proceso de trabajo en torno al Censo 2023: “Estamos trabajando para que eso suceda durante el próximo año, y este año estamos trabajando la prueba censal”, dijo, agregando que prontamente se entregarán más antecedentes al respecto.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Primer rompehielos de la Armada presenta 59% de avance y podría estar listo en diciembre de este año
La nave construida por Asmar, que albergará a 86 tripulantes y 34 científicos, además de poseer una autonomía de 60 días, podrá ser usada por la institución marina a fines de 2024.
Desde 2018, en Talcahuano se construye el primer buque rompehielos que es fabricado en el país, el cual podrá romper una capa de hielo de hasta un metro de espesor, permitiendo a la Armada de Chile realizar múltiples tareas de logísticas e investigaciones.
El denominado «Proyecto Antártica I» actualmente presenta un 59% de avance «por lo que ya es posible observar la conformación y estructura general del buque, cuyas dimensiones son impactantes», señala el director de Asmar, empresa que lleva a cabo la fabricación del navío, Jaime Sotomayor.
La construcción del buque rompehielo es el resultado de un codiseño entre Vard Marine, la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada y Asmar.
Con esta iniciativa, la Armada de Chile podrá realizar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones científicas de Chile en la Antártica.
El barco, que está siendo construido en la planta principal de la industria Asmar, tendrá una clasificación Ice Class PC5, que le permitirá quebrar una capa de hielo de hasta un metro de espesor, de un año de antigüedad, cubierto con hasta 20 centímetros de nieve, y a una velocidad de tres nudos.
Sus dimensiones comprenden de una eslora de 111 metros, una manga de 21 metros y un calado de 7,2 metros, siendo capaz de operar a una temperatura de -30 grados Celsius. Tendrá un alcance de 14.000 millas náuticas, autonomía para operar 60 días y podrá llegar a una velocidad máxima de 15 nudos.
Una vez operativo, el buque podrá disponer de una dotación de 86 tripulantes y podrá transportar a 34 científicos. Tendrá la capacidad para transportar 19 contenedores de 20 pies, 400 metros cúbicos de combustible y 400 metros cúbicos de carga pallets.
Para investigaciones, los científicos tendrán a bordo equipos de ecosondas, sonares, perfilador de fondo, perfilador de corrientes y posicionador acústico de alta precisión para desarrollar estudios de oceanografía física, química, geológica y geofísica. Además, el buque contará con laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, como también elementos para la recolección, almacenamiento y conservación de muestras del mar y del fondo submarino en cámaras frigoríficas.
Dentro de las labores de búsqueda, el navío podrá operar en caso de siniestros marítimos, aéreos o terrestres en la Antártica, empleando para ello helicópteros embarcados, botes de rescate y una enfermería con capacidad quirúrgica.
«Durante los próximos meses esperamos poder finalizar la instalación de bloques, continuar avanzando en la instalación de sistemas y las terminaciones de departamentos interiores. El próximo hito importante es el lanzamiento del casco al mar», señaló Jaime Sotomayor.
Asmar proyecta lanzar el buque rompehielo al mar entre diciembre de este año y enero de 2023, mientras que la Armada podrá disponer de su uso a fines del año 2024.
Maqueta del rompehielo. Crédito: Asmar
Fuente: Emol economía, abril 26 de 2022
Consensus Forecast actualizó sus perspectivas de largo plazo para el PIB chileno. Proyecciones de Producto, consumo e inversión para 2022 y 2023 también se redujeron.
Luego de un crecimiento histórico cercano al 12% durante 2021, el panorama económico para este año y los siguientes se ha deteriorado de forma relevante, con perspectivas que incluso hablan de una recesión que podría iniciarse a fines de este año y extenderse hacia 2023.
¿La razón? En lo interno, la alta base de comparación y la ausencia de factores que impulsaron la alta expansión de la economía, como los retiros anticipados de fondos previsionales y las masivas transferencias estatales entregadas durante los últimos dos años; mientras que nivel externo aún impera la incertidumbre por la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania.
Un escenario de estancamiento económico para Chile que no será un fenómeno aislado del actual bienio, sino que promete extenderse a la próxima década.
Así lo consideran los bancos de inversión, departamentos de estudios y consultoras encuestadas por Consensus Forecast, que entregaron sus perspectivas macroeconómicas para el país a diez años.
Así, los 26 consultados prevén que en promedio el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá un 2,1% entre 2022 y 2032, una rebaja si se compara con la última revisión de largo plazo (octubre), cuando preveían un 3,4%. Eso sí, dicha estimación incorporaba el crecimiento del PIB sobre el 10% para el 2021.
Consensus Forecast entrega estimaciones de más largo aliento en dos oportunidades al año: en abril y octubre.
La trayectoria alcanzará su punto más bajo de crecimiento el próximo año, con un avance de apenas 1%, para luego crecer sobre el 2% hasta el final del horizonte de proyección. ¿El punto más alto? El 2,4% de expansión el 2027.
Las apuestas para los componentes del Producto también se revisaron a la baja. Por una parte, el consumo privado crecerá en promedio un 2% en los próximos diez años, una rebaja desde el 4,3% previsto en octubre pasado. Eso sí, esos datos incorporaban el histórico crecimiento del 2021, con un avance esperado superior al 15%.
Al igual que el PIB, el consumo tendrá su punto más bajo de crecimiento en 2023, para luego normalizarse a tasas de expansión levemente superiores al 2% hasta el 2032.
Por el lado de la inversión, también se anotó una rebaja: en la próxima década, los consultados proyectan un crecimiento promedio de 1,4% en el lapso, menor al 3,8% de hace seis meses, que incluía los cálculos para el 2021, año en que se preveía una variación de 13,1% para el indicador.
Corto plazo
Para este año, el mercado redujo a 2% su proyección de crecimiento del PIB, una décima menor al mes previo.
Así, el dato se ubica sobre el rango medio del Banco Central (1,5%) para el actual período y por debajo del 3,5% que prevé el Ministerio de Hacienda y que actualizará el próximo 3 de mayo.
Las perspectivas oscilan entre un avance de 3,3% (Citigroup) y una contracción de 0,8% de parte de S&P Global Market Intel (ver tabla).
Para el próximo año, en tanto, las apuestas se redujeron en dos décimas a 1%, todavía sobre la media que prevé el instituto emisor para el año siguiente (0,3%).
Las apuestas para el consumo se redujeron en cuatro décimas para este año, a 1,8%, y en dos décimas a 0,4% el próximo año.
Mientras que, para la inversión, se espera un avance de 0,4% en el actual ejercicio (un punto menos que en marzo) y una caída de 0,3% el próximo. El mes pasado preveían un aumento de 0,6%.
Fuente: Diario Financiero, abril 26 de 2022
En caso de que la inflación supere el 7% a diciembre de 2022, el ingreso básico se incrementará en 410.000 a contar de enero de 2023.
Este lunes, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Unidad Central Unitaria de Trabajadores, donde establecieron un reajuste de $50.000 mil pesos en el salario mínimo y otras medidas para compensar el aumento de la inflación.
En una mesa de trabajo, donde participaron los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), junto con el presidente de la CUT, David Acuña, y el secretario del organismo, Eric Campos, estos acordaron un alza de $50.000 mil pesos en 2022 para todo trabajador entre los 18 y 65 años.
«Para nosotros es motivo de satisfacción no solo por tratarse de la primera negociación formal que tenemos con la CUT, sino que también por la materialización de una parte importante de la agenda del Presidente Gabriel Boric. En este acuerdo tenemos tres grandes componentes, uno es el reajuste del salario mínimo, otro es la serie de medidas para compensar la inflación y en tercer lugar tenemos acuerdos en materia de trabajo decente», dijo el ministro Mario Marcel.
En una primera instancia, a contar del 1 de mayo de este año, se incrementará el ingreso mínimo mensual a $380 mil pesos. Posteriormente, a contar del 1 de agosto del 2022 se incrementará hasta $400 mil pesos.
En caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2022 supere el 7%, el salario mínimo se incrementará en $410.000 a contar de enero de 2023.
«El ingreso mínimo mensual para menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneraciones se reajustará en las mismas proporciones y fechas», estipula el acuerdo.
El Estado otorgará una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas destinadas a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo.
Protección frente a la inflación
Dentro de los acuerdos alcanzado en la mesa de trabajo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, se estableció un Observatorio del Valor al Público de la canasta básica de alimentos, que será implementando por el Servicio Nacional de Consumidor.
Este organismo reportará públicamente al Consejo Superior Laboral. En caso de detectar anomalías en el comportamiento de los precios, se informará a la Fiscalía Nacional Económica.
Asimismo, se estableció un beneficio, el cual será compensatorio al aumento del valor de la canasta básica de alimentos. Este se calculará mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos.
Este se otorgará por causante de Asignación Familiar y se pagará entre mayo y diciembre de este año, cuyo monto tendrá, de manera excepcional, un mes adicional por trabajador con carga.
Promoción del trabajo decente
Este lunes, el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al seguro de desempleo.
Para ello se creará una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para así considerar su diseño y gradualidad.
En esa línea, durante el 2023, se enviará al Parlamento una iniciativa que modifique las normas sobre derecho colectivo del trabajo, considerando el ámbito y nivel de la negociación colectiva.
Por último, se propondrá al Poder legislativo la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fuente: Emol economía, abril 25 de 2022