Se trata de Asimet Asesorías, Ecerlab, Bureau Veritas, Capitol Group, Chile Alimentos, y Fulcro ABC.
Desde el 1 de noviembre todas las empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores deberán contar con un experto en inclusión laboral en área de recursos humanos.
Esa persona, cuyo rol será impulsar las diversas políticas y programas de inclusión, deberá estar certificados por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (Chile Valora).
De ahí que esta entidad ya facultó a seis para calificar este perfil: Ecerlab, Bureau Veritas, Capitol Group, ChileAlimentos, Asimet Asesorías y Fulcro ABC (disponibles para certificar en todo Chile).
La evaluación consiste en recoger evidencias directas o indirectas en el puesto de trabajo o bajo modalidad de simulación, donde un evaluador -que forma parte del registro de evaluadores habilitados por ChileValora- verificará el cumplimiento o no de las diversas destrezas, conocimientos, habilidades, es decir las competencias establecidas en el perfil de gestor de inclusión laboral.
Según precisaron desde ChileValora, los centros acreditados evaluarán a la o el trabajador en su puesto de trabajo para observar que cumplan con los requerimientos en cuanto a habilidades y conocimientos. “Este proceso puede realizarse en una y/o dos jornadas que podrían extenderse hasta por un par de horas, para posteriormente elaborar los informes respectivos que son presentados a ChileValora, quien se encarga de validar estos procesos, en un plazo que puede durar entre 30 a 60 días”, explicaron.
La certificación se puede pagar directamente por el interesado al centro. En el caso de las empresas, pueden financiarlo de la misma manera o también utilizar franquicia tributaria de capacitación.
Fuente: Diario Financiero, octubre 03 de 2022
El mercado esperaba que agosto registrara la primera caída mensual de economía chilena desde febrero de 2021.
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto no registró variación en comparación con igual mes del año anterior, según informó este lunes el Banco Central.
Cabe recordar que el mercado esperaba que se concretara la primera caída mensual de la economía chilena desde febrero de 2021, y con ello, el inicio de la racha negativa que encaminaría al país a la anunciada recesión.
De hecho, analistas pronosticaban una baja de hasta 1,5%.
Según la entidad presidida por Rosanna Costa, el resultado del Imacec del octavo mes del año se explicó por el crecimiento de las actividades de servicios, compensado por las caídas de la minería y el comercio.
En tanto, la serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y no exhibió variación en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que agosto de 2021.
El crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados estuvo incidida por «el desempeño de los servicios, en particular de educación».
El Imacec no minero presentó un crecimiento de 1,3% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados, lo hizo en 0,7% respecto del mes anterior.
Análisis por actividad
La producción de bienes cayó 1,8%, resultado explicado por el desempeño de la minería y la industria, que presentaron disminuciones de 7,5% y 3,3%, respectivamente. En contraste, el resto de bienes presentó un crecimiento de 4,1%.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes no presentó variación respecto del mes anterior.
Por otro lado, la actividad comercial presentó una disminución de 10,5%, resultado explicado por el comercio minorista y mayorista. En el primero destacaron las menores ventas en grandes tiendas, y en el segundo, la caída en las ventas de maquinaria y equipo.
En tanto, las cifras desestacionalizadas mostraron una caída de 2,1% respecto del mes precedente.
El sector de los servicios creció un 4,4%, resultado explicado por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación. También destacó el aporte del transporte y los servicios empresariales.
Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios presentaron un crecimiento de 1,9% respecto del mes anterior. Este resultado fue incidido por la recuperación de los servicios de educación.
Fuente: Emol economía, octubre 03 de 2022
ASIMET y firma del acuerdo: “El TPP11 no impide que Chile pueda implementar una Política Industrial”
Frente a versiones que afirman que la suscripción del tratado por parte de nuestro país significaría renunciar a la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo productivo, el gremio emitió una declaración en la que asegura que “el acuerdo señala de manera expresa que los signatarios pueden establecer sus propias políticas públicas”.
“El TPP11 no impide llevar a cabo una estrategia industrial e impulsar las iniciativas necesarias para su implementación. El acuerdo señala de manera expresa que los signatarios pueden establecer sus propias políticas públicas”. Esta es parte de la declaración pública que emitió la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, para manifestar la postura del gremio frente a versiones que afirman que la suscripción del tratado por parte de nuestro país significaría renunciar a la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo productivo.
Junto con respaldar y abogar por la pronta firma del acuerdo, la declaración firmada por el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, considera que en el debate público existe una confusión entre un tratado económico internacional, que es un instrumento más de una política de desarrollo, y la actual estrategia de desarrollo, que Chile debe cambiar. “Que la actual estrategia esté agotada no es atribuible al TPP11, ni se arregla descartándolo. Es atribuible a la carencia de una política industrial moderna, esencial para acelerar el crecimiento del país más sustentable, inclusivo y tecnológicamente más avanzado”, apunta el documento.
Agrega que ninguna de las buenas políticas económicas que deben acompañar una nueva etapa de desarrollo productivo se ve impedida por los tratados de libre comercio firmados por Chile, ni tampoco por una futura firma del TPP11. “No hay impedimento a una política económica que resguarde los equilibrios macroeconómicos, fiscales, cambiarios, inflacionarios para así apoyar la competitividad. Tampoco lo hay para políticas transversales que eleven la productividad, la alfabetización digital, la ciencia y la tecnología, la creación de un Banco de Desarrollo, la infraestructura digital y física, empleos de calidad, equilibrio territorial, descentralización, y consulta ciudadana. Nada de esto está coartado si se firma el TPP11”, sostiene la declaración.
Frente a argumentos que aseguran que el acuerdo limita la soberanía del Estado para crear empresas públicas, el texto señala que el tratado reconoce el derecho a cada país para establecer sus propias leyes, regulaciones y políticas para salvaguardar el bienestar público. “No impone limitaciones para crear una empresa pública, sí advierte contra el uso de subsidios que puedan distorsionar los precios de los bienes o servicios que compiten internacionalmente”.
En relación a las críticas que sostienen que el TPP11 otorga ventajas a las empresas internacionales que litigan contra los Estados miembros, el documento reconoce que la resolución de controversias es un tema que debe mejorarse, “pero entretanto, la establecida en el TPP mejoraría la posición de los Estados firmantes”.
Finalmente, la declaración afirma que el debate en torno al TPP11 debe ser una oportunidad para concordar una nueva Política Industrial, con más innovación, complejidad, valor agregado y menos concentración y más medianas empresas competitivas. “Las reglas globales protegen a los países pequeños: sin ellas los grandes imponen sus criterios. El mejor camino para Chile es impulsar conjuntamente los tratados internacionales, promoviendo su permanente perfeccionamiento, y poner en marcha una nueva estrategia nacional de desarrollo productivo, dialogada y compartida”, concluye el documento.
ASIMET, septiembre 30 de 2022
Prioridades serán la reactivación económica, seguridad ciudadana y protección social. Un 60% del mayor gasto se destinará a ampliar cobertura de la PGU. Además, se extenderán IFE Laboral, Ingreso Mínimo Garantizado y subsidio al aumento del precio de la canasta de alimentos.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó anoche en cadena nacional los detalles del proyecto de Ley de Presupuestos 2023, el primero de su administración y con un acento marcado por la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la protección social.
El jefe de Estado informó que el gasto público crecerá 4,2% el próximo año. De esta manera, se deja atrás la histórica caída de 24,1% del gasto público proyectada para 2022, en el marco del proceso de normalización de las finanzas públicas, tras dos años de expansión para enfrentar la pandemia.
Boric recalcó que el crecimiento del gasto “está pensado para resolver concretamente los problemas de las personas con una sólida base de responsabilidad fiscal, tal como lo hacen ustedes en sus hogares que deben administrar el presupuesto de manera responsable y anteponiendo siempre el bienestar de cada uno de sus miembros”, manifestó.
Así, el aparato estatal buscará tener un rol de contención de la crisis económica que se vislumbra para fines de este año y el próximo, con el mercado y el Banco Central apostando a una recesión que implicará una caída de entre 0,5% y 1% del PIB en 2023.
“Son tiempos difíciles para Chile y también para el mundo, pero no les quepa duda que vamos a salir adelante. La pandemia afectó nuestra vida y la guerra en Europa tiene un impacto directo en cuestiones tan sensibles como los precios de la gasolina y de los alimentos. Hoy nuestro desafío es contener estas tendencias y reactivar la economía en nuestro país. Por eso, cuando digo nuestro desafío, no estoy aludiendo sólo al Gobierno, sino también al mundo privado con quienes hemos trabajado y seguiremos trabajando en conjunto”, fue parte del mensaje que entregó Boric.
Tres ejes
Habrá tres áreas prioritarias en el gasto que realizará el Estado durante el 2023.
La primera es la reactivación económica, con una inversión pública que se expandirá un 5,5% en 2023, con foco en darle dinamismo a la actividad y al empleo. “Aumentaremos la inversión para mejorar la infraestructura pública del país, sin generar más inflación, y para crear más de 200 mil nuevos empleos”, prometió el mandatario.
Aquí se priorizarán programas como “Infraestructura para el Desarrollo”, como en el plan de trenes para Chile; un plan de emergencia habitacional con foco en subsidios y recursos para la construcción de viviendas; y la recuperación del empleo mediante la continuación de subsidios como el IFE Laboral y el Subsidio Protege para padres y madres trabajadores, el Ingreso Mínimo Garantizado y el subsidio al precio de la canasta de alimentos.
También informó que alrededor de $ 403 mil millones de inversión pública serán destinados al “Plan Buen Vivir”para La Araucanía y de las Provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.
En apoyo a las PYME, se dispondrá de $ 58 mil millones para el fortalecimiento del programa de acceso a créditos a las no bancarizadas.
Un segundo eje será la seguridad pública, con una expansión del gasto de 4,4% en 2023. Aquí, se contemplan recursos para aumentar la dotación de policías y sus traslados, la recuperación del espacio público, y el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
El tercer foco será seguridad social, cuyos fondos aumentan un 8% el próximo año. ¿Qué se financiará con esto? El gasto social para pensiones, salud, educación y niñez, como la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y subir la inversión para enfrentar las listas de espera en cirugías y atención oportuna en salud.
De hecho, un 60% del aumento del gasto público proyectado para 2023 se utilizará para expandir la cobertura de la PGU al 90% de los mayores de 65 años, que tendrán una pensión garantizada de $ 193.917.
Aquí, reiteró la meta del Gobierno de aumentar a $ 250 mil la PGU en su mandato: “Para ello serán fundamentales los recursos que generará la reforma tributaria que actualmente se discute en el Congreso y que espero los parlamentarios tengan a bien tramitar con celeridad”.
Las fechas clave para
el trámite legislativo
- El punto de partida
La comisión Especial Mixta de Presupuestos elaboró un cronograma de trabajo de la instancia a partir del ingreso de la Ley de Presupuestos 2023, contemplado para este viernes 30 de septiembre, según lo informó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. - Estado de la Hacienda Pública
La agenda presupuestaria se iniciará con la exposición del ministro Marcel sobre el Estado de Hacienda Pública el lunes 3 de octubre, de 11:30 a 13:30 horas en la Sala de Sesiones del Senado en el exCongreso. - Informe de Finanzas Públicas
El itinerario continúa el martes 4 de octubre con la exposición del Informe de Finanzas Públicas por parte de la Dirección de Presupuestos, instancia encabezada por Javiera Martínez, en la sede del Congreso en Valparaíso. - Trabajo de las subcomisiones
Entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre se realizará el trabajo de las cinco subcomisiones Mixtas de Presupuestos. - El plazo fatal
Luego corresponde que ambas salas del Parlamento se pronuncien sobre las partidas ministeriales. El plazo del trámite legislativo se cumple el 30 de noviembre.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 30 de 2022
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Producción Industrial registró una contracción interanual de 5,0%, mientras que la actividad del comercio se desplomó 11,9%.
Las desfavorables perspectivas para el desempeño de la economía siguieron reflejándose en las cifras de los principales sectores. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tras revelar que el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una contracción interanual de 5,0% -la tercera consecutiva- en agosto de 2022, debido a las incidencias negativas de los tres sectores que lo componen.
El ente estadístico informó que el Índice de Producción Minera (IPMin) fue el que más influyó en el resultado, al presentar un descenso de 7,3% respecto a igual mes del año anterior e incidir -3,065 puntos porcentuales (pp.) en el IPI. Esto, principalmente a raíz de una menor actividad registrada en la minería metálica, producto de la baja en la extracción y procesamiento de cobre.
Le siguió en incidencia el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), que se redujo 4,0% interanualmente, incidiendo -1,870 pp. en la variación del IPI. Lo anterior se explicó por la baja en la fabricación de sustancias y productos químicos.
Por su parte, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) decreció 0,9% en relación con agosto de 2021 e incidió -0,105 pp. en la variación del IPI. Esto, debido a los descensos presentados en las tres actividades que componen el índice, especialmente en agua.
Actividad del comercio
De acuerdo al INE, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes anotó una disminución interanual de 11,9% en agosto de 2022, incidida por la contracción en las tres divisiones que lo componen, acumulando con ello una variación de 0,2% al octavo mes del año.
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47) fue la que más impactó en la variación interanual del IAC, al anotar una caída de 14,7% e incidir -6,329 puntos porcentuales (pp.). En ello influyó, principalmente, la contracción en otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) se redujo 11,8% y restó 5,318 pp. al resultado del índice. Esto se debió, fundamentalmente, a la baja en venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) anotó una disminución de 2,5%, incidiendo -0,289 pp. en la variación del IAC, como consecuencia del descenso en venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.
En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes se redujo 10,6% en doce meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario decreció 1,0% respecto al mes anterior y anotó una contracción interanual de 10,0%.
Fuente: Emol economía, septiembre 30 de 2022
El registro fue levemente inferior a lo que esperaba el mercado, que anticipaba una tasa de 8% en el periodo.
La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 7,9% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2022, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El registro fue levemente inferior a lo que esperaba el mercado, considerando que Bloomberg anticipaba una tasa de 8%.
En base a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el ente estadístico, la cifra significó un descenso de 0,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (6,5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (7,2%).
Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-1,8%).
De acuerdo al sondeo, se crearon se crearon 3.462 puestos de trabajo en el periodo, lo que implica que a la fecha, según señaló la directora del INE, Sandra Quijada, se ha recuperado el 96,4% de las plazas laborales desde peor momento de la pandemia.
Al ser consultada por su lectura de las cifras, Quijada explicó que «la tasa de desocupación en este trimestre móvil llega al 7,9%, y durante todo el año 2022 no ha tenido diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos, desde el punto de vista estadístico, en una situación estable, con pequeñas variaciones».
«Lo que habíamos visto en los trimestres móviles anteriores, con ajuste estacional, es que estábamos recuperando, también, un número similar a las ocupaciones que se perdieron este trimestre móvil, y que tienen que ver con las expectativas de las personas, porque observamos que hay un tránsito de las mujeres hacia la inactividad que tiene que ver con la inactividad potencial. Pero puede ser un fenómeno transitorio, y eso va a depender mucho de cómo se van a ir asentando los indicadores económicos durante el último trimestre del año», apuntó.
Respecto a las tasas de participación y de ocupación, estas se situaron en 59,7% y 55,0%, creciendo 3,0 pp. y 3,2 pp., respectivamente, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 6,2%.
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,2%, decreciendo 0,5 pp. en doce meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 49,8% y 45,7%, avanzando 4,0 pp. y 3,9 pp., en cada caso.
En el caso de los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,7%, con un descenso de 0,8 pp., mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 70,1% y 64,7%, creciendo 2,1 pp. y 2,4 pp., respectivamente.
Al revisar el alza de las personas ocupadas, esta fue incidida tanto por las mujeres (10,4%) como por los hombres (4,9%).
«La recuperación ha ido avanzando bastante, y lo que tenemos es alrededor de unas 67 mil ocupaciones que recuperar todavía. Es bastante menor respecto de lo que observábamos en el peor momento de la pandemia, donde perdimos 1.800.000 ocupaciones en términos gruesos»
Sandra Quijada, directora nacional del INE
Los sectores que contribuyeron al aumento fueron minería (32,1%), industria manufacturera (8,1%) y comercio (4,1%), en tanto que todas categorías ocupacionales incidieron positivamente, siendo las personas asalariadas formales (7,7%) y las trabajadoras por cuenta propia (4,2%) las que más aportaron.
Sobre este punto, la directora nacional del INE manifestó que «la recuperación ha ido avanzando bastante, y lo que tenemos es alrededor de unas 67 mil ocupaciones que recuperar todavía. Es bastante menor respecto de lo que observábamos en el peor momento de la pandemia, donde perdimos 1.800.000 ocupaciones en términos gruesos».
«Lo que falta por recuperar, desglosado por hombres y mujeres, lo que tenemos es que los hombres han recuperado un 97,8%, y lo que les falta por recuperar son 20.436 ocupaciones, mientras que las mujeres alcanzan la recuperación en un 94,9%, y lo que les faltaría por recuperar en puestos de trabajo son 46.665», agregó.
Informalidad
La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,7%, descendiendo 0,4 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 5,3%, incididas por las mujeres (14,1%) y por las personas asalariadas privadas (7,7%) y trabajadoras por cuenta propia (3,3%).
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente -que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural- se situó en 7,7%, lo que implicó un aumento de 0,1% respecto al trimestre móvil anterior.
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 10,0%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 2,6%, llegando a 37,7 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial -que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos- alcanzó 15,4%, con una reducción de 2,6 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,0% y en las mujeres, en 17,2%. La brecha de género fue 3,2 pp.
En cuanto a la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre en análisis alcanzó 8,3%, disminuyendo 0,9 pp. en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5,0%) fue menor al aumento de las personas ocupadas (6,1%). Las personas desocupadas se contrajeron 5,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes.
Fuente: Emol economía, septiembre 29 de 2022
El máximo tribunal ha instruido no descontar de la indemnización por años de servicio el aporte del empleador al seguro de cesantía cuando el despido es declarado injustificado.
Preocupación y confusión hay entre los abogados laborales y las empresas producto de recientes pronunciamientos de la Corte Suprema que dicen relación con la validez de descontar de una indemnización laboral por años de servicio el aporte que haya realizado la empresa al seguro de cesantía del trabajador.
Hoy, si un trabajador es despedido por las causales del artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa o por desahucio), el empleador puede descontar de la indemnización por años de servicio la parte correspondiente al 1,6% que él ha depositado en la cuenta individual del trabajador.
Para la Suprema, la aplicación del descuento “tendría como consecuencia la atribución de validez a una conducta antijurídica, logrando así una inconsistencia, puesto que el despido sería impropio, pero el descuento mantendría su eficacia”.
Para esto, la empresa deberá pedir a la Administradora de Fondos de Cesantía que determine ese monto y la rentabilidad generada mientras se hicieron los aportes.
Sin embargo, recientes fallos, tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Apelaciones -y otros de justicia de primera instancia-, han dicho que no aplicaría este descuento y han ordenado a las firmas devolver a los trabajadores los montos por ese concepto.
En la Suprema casos recientes involucran a Epiroc Chile y al Banco de Chile, y en la Corte de Apelaciones otro a Embotelladora Andina, firma a la cual se le instruyó devolver más de $ 4,5 millones al trabajador por este concepto.
La discusión
Según contextualiza Juan Manuel Rodríguez, socio de Gazmuri & Cía. Abogados, la indemnización por años de servicios desde 1990 está reservada para la causal de despido de las necesidades de la empresa.
Pero cuando se tramitó la ley del seguro de cesantía en 2001, parte de la discusión parlamentaria se centró en si el empleador debía o no contribuir a financiar este seguro, considerando que en algunos casos debía pagar la indemnizaciones por años de servicio.
“La tramitación se destrabó incluyendo el derecho del empleador a descontar lo aportado por seguro de desempleo a la indemnización por años de servicios cuando despidiera por necesidades de la empresa”, explica Rodríguez.
Este último aspecto es el que justamente genera el debate. ¿La razón? El artículo 168 del Código del Trabajo establece que cuando un despido es declarado injustificado por un tribunal laboral, se entenderá que el despido ha sido por la causal del artículo 161, o sea, por necesidades de la empresa.
“Por esta razón, las empresas fueron hasta la Corte Suprema para exigir que, incluso en el caso de despido injustificado (por cualquier causal), se les reconozca el derecho a formular el descuento al AFC”, explica Rodríguez.
Pese a que el tema ha tomado fuerza en los últimos meses, es un debate que se arrastra hace tiempo en la Suprema.
“La doctrina en este tema ha sido zigzagueante, pero en el último tiempo se ha ido consolidando esta interpretación que ha dado la Suprema sobre la improcedencia de descontar el seguro de cesantia cuando el despido es injustificado”, dice Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ.
Rodríguez plantea una opinión en la misma línea: desde su perspectiva, como la integración de las salas puede variar (por licencias y otras razones), la jurisprudencia era variante, “todo dependía de quién estuviera en la testera ese día, y la discusión en los alegatos era irrelevante. Por así decirlo, era un asunto ‘echado a la suerte’ de la integración de la sala”.
¿Por qué el tema volvió a posicionarse ahora? Producto de la votación de la ministra María Cristina Gajardo, en un caso que involucra al Banco de Chile, en el cual su voto cambió drásticamente. En casos anteriores, ella había sido partidaria de aplicar los descuentos, pero recientemente cambió su postura.
Los efectos
Para Jaime Salinas, de Salinas Toledo, con estos nuevos pronunciamientos se produce incertidumbre y tal nivel de ambigüedad, que las partes de un litigio “pueden mantener la resolución de un juicio en vilo hasta la última etapa frente a la Corte Suprema, con todo el tiempo que ello conlleva, pues no hay certeza de cómo este asunto va a ser resuelto, en una nueva oportunidad, por nuestro máximo tribunal”.
Desde su perspectiva, en los hechos, se están observando “fallos que buscan crear criterios cuasi legislativos”, para casos en que la ley es clara. “Ello es nefasto para el ordenamiento jurídico y particularmente peligroso, pues quedamos expuestos al vaivén de la tendencia jurisprudencial imperante, y no a lo que la ley dispone en forma clara”, dice Salinas.
Según Rodríguez, este escenario podría alentar la litigación aún más respecto de esta causal y volver más costosos los despidos, porque el monto probable de condena aumenta si se tiene en vista que, al declarar injustificado el despido, la indemnización aumenta en un 30%. Ahora, además “es mucho mas seguro que antes, que al trabajador le devolverán lo descontado por AFC”, dice.
Para Arredondo, considerando estos últimos fallos, hay que monitorear con especial relevancia “no sólo a la composición de la sala, sino que también a ver si el resto de los magistrados harán cambio de interpretación y si se irá consolidando una postura en particular”, advierte.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 26 de 2022
Es el último sistema de gestión de este producto prioritario en ser aprobado por la autoridad, tras ReSimple y ProREP. Agrupa a más de 150 marcas, como Cecinas Llanquihue, Tramontina Chile, Breden Master, Colún, Miguel Torres y Quillayes.
Luego de ocho meses de tramitación, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio luz verde a GIRO, sistema de gestión colectivo de envases y embalajes (EyE) domiciliarios y no domiciliarios, para dar cumplimiento a las metas de recolección y valorización de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que entran en vigencia en septiembre de 2023.
En la antesala del término del plazo para que los sistemas de gestión de EyE presenten sus planes de gestión al Ministerio del Medio Ambiente -el cual vence este mes-, GIRO es el tercer y último sistema de gestión del producto prioritario de EyE en ser aprobado por la autoridad, luego de ReSimple y ProREP.
GIRO, que es impulsado por New Hope Ecotech -empresa de tecnología y reciclaje líder a nivel mundial que opera dos sistemas de gestión de envases post consumo en Brasil y Francia-, agrupa a más de 150 marcas, como Cecinas Llanquihue, Tramontina Chile, Breden Master, Colún, Miguel Torres y Quillayes.
“Creemos que para todos los actores que forman parte de la implementación de la Ley REP, este proceso de constitución nos ha mostrado las diversas aristas que decantan en un solo objetivo: que es poner en marcha una ley que busca fortalecer el reciclaje de manera transparente y confiable” señaló Rodrigo Sagaceta, country manager de New Hope Ecotech Chile.
Javier García Jorquera, gerente de Operaciones y responsable de la creación del Plan de Gestión de GIRO, indicó que “para cuantificar las toneladas recicladas de todas las empresas parte de GIRO, desarrollamos una plataforma tecnológica que brinda transparencia de todo el proceso, registrando el recorrido total de envase post consumo hasta su valorización”.
En 2017, New Hope Ecotech, antes de impulsar GIRO en respuesta a la Ley REP, se propone el desafío de realizar un ejercicio preliminar para una nueva propuesta de reciclaje en Chile. Así nace Todosreciclamos, modelo que les permitió al equipo de profesionales “rayar la cancha” y entender la industria de reciclaje en el territorio chileno, que hoy cuenta con más de 300 empresas adheridas.
Ley REP
La Ley REP exige a las empresas que introduzcan al mercado neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos electrónicos y eléctricos, baterías, neumáticos, pilas -categorizados como productos prioritarios-, que se hagan responsables de los residuos que generen esos productos hasta su eliminación.
La regulación autoriza a que la gestión de residuos pueda hacerse de manera individual por cada empresa o colectivamente varias de ellas, a través de sistemas de gestión colectivos. Si lo pretenden hacer colectivamente, las empresas deben solicitar un informe favorable del TDLC.
De estos seis productos prioritarios, ya están publicados los decretos de metas de neumáticos y envases y embalajes, lo que entran en vigencia en enero de 2023 y septiembre de 2023, respectivamente.
A la fecha, para el producto prioritario de EyE, tres “Gran Sistema de Gestión Colectivo” -Gransic- que integran 20 o más empresas cada uno, han iniciado sus trámites de autorización para operar en el TDLC. ReSimple fue el primero, y posteriormente iniciaron el proceso TodosReciclamos, de la brasileña New Hope Ecotech, en enero de 2022 y ProREP ingresó en febrero pasado.
Una cifra que preocupa a los expertos, ya que no sería suficiente para hacerse cargo del volumen de EyE que se genera en Chile.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 22 de 2022
Según un informe de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), la merma se explica por una baja en todos los sectores, exceptuando energía y tecnología. Desaceleración se profundizará en los próximos meses, espera la Corporación.
Ya son varios los indicadores que dan cuenta de la fuerte desaceleración que está experimentando la economía chilena, la que se profundizaría en los próximos trimestres.
Uno de los principales es el gasto realizado en grandes proyectos de inversión, tanto públicos como privados, catastrados por la Corporación de Bienes de Capital (CBC).
En su más reciente reporte, la entidad calcula que la inversión ejecutada, medida como intensidad de la inversión, se contrajo un 2% en el segundo trimestre en comparación al cuarto precedente, para totalizar US$ 5.069 millones.
La intensidad de la inversión hace referencia al gasto ejecutado en obras privadas y estatales que se encuentran en etapa de construcción, como el desembolso en insumos, mano de obra, equipamientos y otros ítemes.
Según la entidad, la caída se explica porque en el conjunto de proyectos considerados existe una mayor proporción asociada a obras en fase final o derechamente terminados, superando a aquellos que están en una etapa inicial o incorporados recientemente al catastro.
«Durante los últimos trimestres, se observa una menor reposición en casi todos los sectores económicos. Lo anterior podría estar determinado por las condiciones menos favorables del mercado, restricciones de liquidez, e incertidumbre, entre otros factores», detalla el reporte.
Ahora, al comparar con el mismo trimestre del año pasado, el gasto ejecutado repunta un 16%, lo que se explica principalmente por una baja base de comparación y por las limitaciones a la movilidad que caracterizaron al período.
«Es mejor considerar la variación trimestral, que en este caso va dando cuenta de la evolución del indicador dentro de este año y que refleja una tendencia a la baja del gasto trimestral en construcción hacia fines de año, dado que los proyectos que inician obras no alcanzan a compensar los que están terminando obras», recalca el gerente general de la CBC, Orlando Castillo.
Las iniciativas clave
El informe enfatiza que prácticamente todos los sectores económicos registraron una caída en su gasto en proyectos durante abril y junio, exceptuando energía y tecnología.
En específico, la mayor caída se produjo en el rubro forestal, con una baja de 11,4% tras la culminación del proyecto MAPA de Arauco. También, explicó la CBC, influyó el término de los trabajos de ampliación y modernización de la planta Prillex América de Enaex y la optimización y ampliación de las instalaciones de Cervecería Chile. En 12 meses, la baja se acentúa a un 25%, debido al factor MAPA y la menor reposición de proyectos.
En minería, el gasto se redujo un 2,8% debido a una mayor proporción de proyectos terminados o en fase final de obras en comparación con los nuevos ingresos. Eso sí, respecto al segundo trimestre del 2021, se anota un crecimiento de 9,3% debido al efecto positivo de una menor base comparativa.
En obras públicas se observa una caída de 1,9% por un bajo número de ingresos de proyectos nuevos, similar a lo ocurrido en el rubro minero, Por ejemplo, 21 iniciativas concluyeron sus obras entre abril y junio, mientras que 9 comenzaron obras en el citado lapso. A esto se le agrega el aumento en los costos de los materiales de construcción, que ha llevado a la insolvencia de algunos contratistas, dijo la CBC en el reporte.
El incremento de 5,8% en el gasto desembolsado en el sector energético se explica por proyectos «relevantes» que iniciaron obras, como la central eléctrica María Elena, el seccionamiento de la línea 2×66 Kv Itahue-Curicó, la central hidroeléctrica Rucalhue y genérica sub bloque Cabaña Oeste, entre otros. Versus el mismo cuarto del 2021, eso sí, se ve una caída de 16% en el gasto realizado.
En inmobiliario, el avance de los desembolsos de 1,1% fue impulsado por algunos proyectos incorporados y que están en etapa de ejecución, como el edificio Guillermo Mann Zañartu y Briones Luco 0920, entre otros. En 12 meses, la base de comparación explicó el aumento de 50% en el gasto.
Mientras que en el rubro otros sectores, se registró un alza de 11,7% gracias al avance del segmento tecnología por la instalación del 5G, lo que a su vez determinó un crecimiento de 108% respecto al mismo cuarto del 2021.
¿Y el escenario hacia adelante? Castillo prevé que en general la intensidad de la inversión continuará decreciendo en los próximos trimestres.
«De acuerdo a las condiciones actuales, tenemos una tendencia a la baja en la intensidad de inversión hacia final de año y al menos los primeros meses del próximo año», proyecta.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 20 de 2022
También se abrió a modificaciones en el secreto bancario con fines impositivos y a la Norma Antielusiva, eliminó el impuesto de salida de 5% y mantuvo exención de DFL-2 para los adultos mayores, aunque con un tope.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó ayer a los diputados de la comisión del ramo un paquete con 27 cambios a la reforma tributaria, que se enfocan en cinco áreas y cuyos detalles serán ingresados a la instancia una vez aprobada la idea de legislar.
Los ajustes se relacionan con incentivos a la inversión, con cuatro enmiendas; agenda anti evasión y elusión, con ocho indicaciones; el nuevo sistema de impuesto a la renta también con ocho; cuatro al régimen para las PYME; y tres al impuesto al patrimonio.
El ministro adelantó que algunos cambios adicionales están en proceso de “discusión y redacción”, como los relativos a la tributación de los fondos de inversión, los procedimientos para el término de giro, e IVA en inmuebles. A esto se le agregan los que se están conversando al royalty a la minería en el Senado.
Incentivos a la inversión
1 Se creará un fondo de créditos tributarios por US$ 500 millones que las empresas podrán descontar del impuesto de Primera Categoría para proyectos que tengan un efecto “multiplicador” en la economía. Las compañías podrán postular al fondo anualmente y sin superar el 20% del monto total del instrumento. El mecanismo partiría en 2023.
Otro de los incentivos es la ampliación de la depreciación semi instantánea para gastos en activo fijo, los que pueden descontarse de la base imponible. Así, se podrá descontar el 50% del gasto realizado de forma instantánea y la otra mitad de forma acelerada. La medida se ampliará hacia 2023.
Asimismo, se derogan los cambios que aumentaban la tributación sobre los contratos de leasing, incluidos en la ley que financió la Pensión Garantizada Universal (PGU). También se posterga la entrada en vigencia de la restricción para el uso de las pérdidas tributarias, situándola en 80% de la renta líquida imponible en 2025, en 65% en 2026 y en 50% en 2027.
Agenda antielusiva
2 En cuanto a la Norma General Antielusión, los cambios apuntan a establecer un “procedimiento especial” para la calificación administrativa. O sea, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda calificar de forma directa un acto como elusivo, sin pasar por el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA), como ocurre hoy. Eso sí, la reforma plantea que el contribuyente pueda reclamar dicho proceso ante el tribunal especializado.
Entre los cambios se establece que el proceso de fiscalización será siempre con audiencia del contribuyente; la decisión de calificar un acto como elusivo caerá en un cuerpo colegiado de tres subdirectores del SII, quienes deberán resolver por unanimidad; el recurso administrativo especial para reclamar la calificación podrá ser presentado ante el director del SII; si el comité resuelve que no hubo un acto elusivo o se acoge el recurso administrativo, se establece que el SII no podrá aplicar otra norma especial anti elusiva por dicha operación; se incorpora la posibilidad de conciliación judicial; y se elimina la multa que se le aplicaba al contribuyente, recayendo solo en los asesores que hayan diseñado el esquema sancionado.
También se incluyen ajustes al levantamiento del secreto bancario para fines tributarios, que la reforma original flexibilizaba.
Por ejemplo, se propone que el SII notifique tanto al contribuyente como al banco de la solicitud para acceder a las cuentas bancarias; que si el contribuyente acredita la presentación del reclamo, la institución bancaria no entregará la información requerida; y que el SII pueda solicitar al TTA que acredite que no se hayan presentado los reclamos del contribuyente para solicitar la entrega de la información financiera.
También se hacen modificaciones en las normas de fiscalización, precisando en qué condiciones el contribuyente tendrá la garantía de que no volverá a ser fiscalizado por una operación ya revisada por el SII; y de tasación, donde se precisará que las reorganizaciones empresariales tanto nacionales como internacionales gozarán de “neutralidad tributaria” (o sea, que no generan efectos, como el pago de impuestos), siempre que cumplan requisitos legales.
En cuanto a la polémica figura del denunciante anónimo, se aclara que solo se aplicará para delitos tributarios; se regulará en forma separada esta figura de la delación compensada en materia impositiva, equiparándola al tratamiento en materia de libre competencia; la recompensa del 10% de la multa se entregará solo cuando exista condena; y las denuncias “maliciosas” serán denunciadas penalmente.
Impuesto a la Renta
3 Las indicaciones ajustan el polémico impuesto de 1,8% al diferimiento del pago de los impuestos personales en sociedades de inversión no operativas.
Así, se cambia la base, la cual ahora será el 22% de las utilidades acumuladas con impuestos personales pendientes de tributación, siempre y cuando estén registradas en sociedades pasivas (que reciben más del 50% de sus ingresos de fuentes como arriendos, intereses y dividendos, por ejemplo). También, la tasa se aumenta de 1,8% a 2,5% y ya no será utilizable como crédito contra el impuesto al patrimonio.
Otra modificación tiene que ver con las sociedades en el exterior, por lo que volverá a reconocerse como crédito (utilizable contra el impuesto corporativo o adicional) los tributos pagados a nivel internacional, siempre y cuando el contribuyente pueda acreditar su trazabilidad.
También se crea una norma que prohíbe que los gastos que tengan como destino servicios prestados desde un país calificado como paraíso fiscal puedan ser aceptados como gasto deducible.
Se incorpora una nueva deducción de gasto por hasta el 10% de lo que perciben las personas con ingresos declarados por arriendos.
Hacienda también presentó cambios al término de la exención para las rentas provenientes de viviendas DFL-2. Así, apunta a que los adultos mayores cuyos ingresos (excluidos arriendos) estuvieren en el tramo exento o en el segundo tramo de impuesto personal, estarán exentos de sus rentas provenientes de DFL-2 con un tope de $ 1 millón mensual.
Además, se fija que las personas que hubieran adquirido inmuebles DFL-2 entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 mantendrán el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026; y se propone que uno de los inmuebles DFL-2 quedará exento del impuesto a la herencia (pero no a las donaciones). Si existe más de una vivienda DFL-2, el beneficio operará para la de mayor antigüedad.
Ajustes a PYME
4 Se postergará el aumento de la tasa corporativa, hoy en 10%, a 25% que debía ajustarse el próximo año. Así, subiría a 15% en 2023, a 20% en 2024 y a 25% en 2025.
En renta presunta, se establecen mejoras al mecanismo de tránsito para quienes abandonan este esquema para pasar al sistema transparente para PYME.
Adicionalmente, se amplía el beneficio de pronto pago, señalando que los convenios con condonación de multas e intereses tendrán un máximo de pie de 5% de la deuda y una duración de hasta 18 meses. El proyecto original los extendía solo por 12 meses.
Impuesto patrimonial
5 Hacienda se abrió a ajustes en el impuesto al patrimonio. Por ejemplo, propuso eliminar el gravamen de 5% de salida (conocido como exit tax) que se aplica sobre el patrimonio de los contribuyentes que pierdan su domicilio o residencia tributaria.
También se revisará la redacción para establecer normas “más simples” de valorización de los distintos activos, “sin perder la correcta determinación del patrimonio”.
Por último, el Ejecutivo plantea establecer una carga máxima que pueda aplicarse sobre los ingresos de los contribuyentes afectos al nuevo tributo, “siguiendo la experiencia de otras jurisdicciones”. Puso como ejemplo Suiza, donde se suman los impuestos a la renta y al patrimonio y si la tasa final supera cierta umbral, se procede a descontar la diferencia del tributo a la riqueza.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 14 de 2022