El banco de inversión estadounidense alerta que la tasa impositiva contemplada para los altos patrimonios “parece relativamente alta, así como la recaudación esperada para un impuesto cuyo control es difícil de aplicar”.
La reforma tributaria, con la que el gobierno apunta a recaudar 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años, no pasa inadvertida. Una de las advertencias que más se repitió durante el fin de semana fue que la propuesta podría afectar a la inversión, en un año en que el Banco Central espera que la misma se contraiga un 4,8%, una inquietud que comparte JP Morgan.
El banco de inversión estadounidense envió ayer un informe a sus clientes analizando los puntos de la propuesta fiscal, y alerta que “el principal lastre para la recaudación del impuesto sobre la renta, si se compara con las medias de la OCDE, parece estar más relacionado con la relativa reducción de la base de contribuyentes, que no se aborda en esta reforma”. En la propuesta, se aumenta la tasa marginal del impuesto a la renta desde el quinto tramo del Global Complementario, o sea para quienes reciben desde $ 4.030.000 mensuales.
“Los proyectos de ley podrían apoyar el crecimiento a través de un mayor gasto público. Pero el efecto llegaría, como muy pronto, en 2023”, señalan desde Capital Economics.
El reporte recuerda que el gobierno apunta a desintegrar el sistema, separando la tributación de las empresas de la de sus propietarios -dejando fuera de esta medida a las firmas de menor tamaño-, y detalla que se busca aplicar un impuesto a los dividendos, equivalente al 22%, a las sociedades anónimas cuando los distribuyan a personas físicas o no residentes.
El informe elaborado por el economista Diego Pereira alerta que la propuesta de desintegración y el impuesto a los dividendos “elevarían significativamente las tasas impositivas efectivas para una amplia gama de accionistas, con un potencial impacto en la inversión”.
El documento desmenuza el impuesto a los altos patrimonios, que gravaría a 6.300 contribuyentes con más de US$ 4,9 millones, divididos en dos tramos. Al primero, entre dicho piso y US$ 14,7 millones, se le aplicaría una tasa marginal del 1%, y para el segundo, sobre el techo del tramo inicial, el cobro sería del 1,8%, con lo que se espera recaudar un 0,5% del PIB.
Pero las tasas previstas “parecen relativamente altas, así como la recaudación esperada para un impuesto cuyo control es difícil de aplicar”, para JP Morgan.
“En la dirección correcta”
La propuesta de reforma también considera disminuir el impuesto a las sociedades a 25%, desde el 27% actual, si esa diferencia de 2% se invierte en inversión y desarrollo (I+D). Con la rebaja, la nueva tasa seguiría por sobre el 22,8% que promedian los países de la OCDE que tienen un sistema tributario no integrado. Si bien Pereira destaca que la medida para fomentar la productividad “va en la dirección correcta”, repara en que, como incentivo a la inversión “todavía parece tímido”.
El economista de JP Morgan advierte que la combinación de efectos derivados del nuevo debate constitucional y el plebiscito de salida previsto para el 4 de septiembre; la alta inflación, agravada recientemente por el comportamiento de la moneda; y el riesgo de un aterrizaje duro, como consecuencia de los riesgos de una recesión mundial, “crean un escenario complejo para la discusión legislativa tributaria”.
¿Un mayor crecimiento?
La aprobación de los proyectos de ley en el Congreso podría apoyar el crecimiento a través de mayor gasto público, pero el efecto llegaría recién en 2023, anticipa Kimberley Sperrfechter, economista de Capital Economics para América Latina. “A corto plazo, es probable que la elevada inflación, la estricta política monetaria y la caída de los precios del cobre pesen sobre el crecimiento”, precisa la analista.
Sperrfechter agrega que, si bien es factible que el gobierno lleve a cabo una cierta consolidación fiscal, es poco probable que impulse “la dura austeridad necesaria para frenar el déficit fiscal y evitar que la relación entre la deuda pública y el PIB siga aumentando”. Así, añade que, por ende, es poco posible que la reforma implique una modificación sobre la clasificación soberana de Chile.
Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, considera que los efectos de la reforma sobre la inversión este año “deberían ser nulos”, debido a que gran parte de esas decisiones ya fueron tomadas. Pero, aclara que otros impactos de la misma dependerán de su forma final e implementación.
“Al aumentar los tramos de impuestos a los patrimonios más altos se podría dar una salida de capitales que afecte la inversión por esa vía”, alerta Correa.
Pero, el analista añade que “sería positivo establecer ingresos permanentes para gastos permanentes mayores, según se especificaba el programa de este gobierno”.
Fuente: Diario Financiero, julio 05 de 2022