Sergio Lehmann Economista jefe BCI
Abordar la nueva agenda social es la prioridad para el Chile que hemos comenzado a construir, exigiendo los mayores esfuerzos de las autoridades, políticos, empresas y la sociedad toda por los próximos años. Ha sido un camino muy difícil para llegar a este punto, con cruda violencia a ratos y costos económicos elevados. Pero en momentos críticos deben emerger la mirada generosa y el bien común, para abordar los desafíos que vienen por delante de forma más unida y con una institucionalidad fortalecida.
Destacan entre quienes han pagado un alto costo en esta crisis las pequeñas y medianas empresas, que son por lejos la principal fuente de trabajo en Chile y motor central de la economía. Aproximadamente el 70% de nuestros trabajadores se emplea en una PYME, que además son origen de casi la mitad del producto nacional. La crisis social les ha pegado fuerte y en torno a 15.000 de ellas, según el último catastro del ministerio de Economía, han sufrido graves daños producto de la delincuencia y violentas agresiones, sumado a que casi todas han operado largo tiempo de forma parcial o intermitente. Esto les ha significado incurrir en gigantescos gastos, dejando a muchas en una frágil posición financiera.
Es fundamental entonces apoyar a las PYME para mantener la vitalidad de nuestra economía. El gobierno ha comprometido importantes recursos a través de subsidios y líneas de crédito para ayudar a levantarlas. Pero no es suficiente. También los bancos, proveyendo apoyo financiero, deben jugar un rol fundamental, con políticas más flexibles hacia las PYME que les permitan sobrellevar el difícil momento. Iniciativas en esa dirección han sido impulsadas por algunas instituciones bancarias, a través de la creación de fondos especiales, lo que permitirá acotar los daños y salir adelante con mayor fuerza.
En materia tributaria, el acuerdo político alcanzado contempla la reintegración para PYMEs, con incentivos bien focalizados en la inversión, a través de la depreciación instantánea de un 50% del gasto incurrido con ese propósito. Ello permitirá incrementar en torno a 3% la inversión de PYMEs, que correspondería a cerca del 25% de la inversión en Chile. Debido a la abrupta caída en la confianza producto de la crisis social, este es un incentivo fundamental para efectos de retomar una senda de crecimiento sostenido y no acallar el sueño de alcanzar el desarrollo en las próximas dos décadas.
Pero mirando en esa perspectiva, se requieren medidas adicionales que permitan situar a las PYME chilenas a un nivel global más competitivo. Para eso es primordial introducir una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Enfrentarán próximamente una reducción gradual en la jornada laboral y, de forma de adaptarse a esta nueva condición, es fundamental proveer holguras en la definición de horarios y extensión de jornadas. Al mismo tiempo, es crucial que, de forma de preparase adecuadamente para un mundo más intensivo en tecnología y conocimientos en constante evolución, se entreguen mayores incentivos para la capacitación de sus trabajadores. Bien sabemos que estamos quedando atrás en esta dimensión, fundamental para contar con PYMEs más productivas, que junto con trabajadores expertos y con buen dominio de la tecnología, permitan a nuestra economía competir exitosamente en el mundo.
Puede ser, entonces, que los traumáticos episodios que hemos debido enfrentar permitan afinar el motor de las PYME y, por qué no, elevar su potencia, reconociendo que son un eje clave de nuestra economía.
Fuente: Diario Financiero, diciembre 02 de 2019